Joaquín Fermandois La democracia en Chile

La definición de pueblo que subyace en este texto, esto es, la de la totalidad de los habitantes y no la de la representación emocional de una parte de ellos, es quizás la más verdadera, pero también la menos mentada en forma explícita. Apunta a la experiencia de frustración por la aparición de numerosas pretensiones de representar o de actuar en nombre del pueblo, lo que, dicho sea de paso, es una de las características de la democracia moderna, tal como se ha desplegado en los países con regímenes de este tipo. En su reverso, los despotismos contemporáneos abusaron (y abusan) de la regla, toda vez que para mantener su poder requieren de la legitimidad con que solo la democracia puede dotarlos, aunque esta referencia en boca de dictadores la mayoría de las veces no sea más que un discurso vacío. Se apela a esa parte de la experiencia de hombres y mujeres de “la base” de no ser partícipes plenos de los derechos ciudadanos.

Los seis años del gobierno de O’Higgins se consumieron en la empresa de completar la independencia, intentando eliminar los residuos de resistencia no extinguidos o que podían resurgir y, ante todo, en la preparación estratégica y el recaudamiento de fondos para la onerosa expedición libertadora al Perú. Esta fue, tal vez, la obra que el Director Supremo más acariciaba como meta de vida. Hacia 1820, aún se transitaba por una etapa transnacional de la empresa emancipadora, de lo cual daban vívido testimonio este afán libertador y su alianza con el prócer argentino José de San Martín, casi la única coalición permanente en estos años de oscilaciones en las adhesiones personales y partidistas. Varios factores, que se irían complejizando a lo largo de la tercera década del XIX, completaron el escenario al que tuvo que enfrentarse O’Higgins: el paulatino aumento del bandidaje rural y una guerrilla realista más o menos confundida con la anterior, tendencia tantas veces repetida en guerras irregulares cuando la causa original se va perdiendo en el olvido.148

La expedición libertadora del Perú no solo consumió el erario público, esfuerzo que luego dejaría sentir todo su peso en las finanzas del país, sino que también la energía política de O’Higgins. Asimismo, fue el escenario donde el Director Supremo conquistó un éxito pleno, aun si se considera que los frutos de este laurel se desdibujarían en las décadas siguientes por la sostenida rivalidad entre Chile y Perú, que desembocó en la Guerra del Pacífico —de la que también tomó parte Bolivia— entre 1879 y 1883. Una vez obtenidos los primeros triunfos militares, el estrellato americano recaería sobre San Martín. El Director Supremo tendría que desgastarse en la lucha interna y en la guerrilla de intrigas en que se convertiría Santiago. En 1818, aconsejado entre otros por Camilo Henríquez, O’Higgins dictó una Constitución provisoria, que fue sancionada el 23 de octubre de dicho año. Ante la imposibilidad de que un Congreso de diputados se reuniera a la brevedad, el texto constitucional disponía un Senado de emergencia, cuyos diez miembros (cinco vocales y cinco suplentes) serían escogidos por el Supremo Director.149 Cuatro años después, en medio de los crecientes reclamos contra el autoritarismo o’higginiano, el Director Supremo aprobó, tras la labor de una Convención Preparatoria formada por 33 diputados, una nueva Constitución (30 de octubre de 1822). El artículo 80 prescribía que el Poder Ejecutivo sería “siempre electivo, i jamás hereditario” y limitaba su duración a seis años, aunque permitía una única reelección por cuatro años. El artículo 84, en la práctica, extendía el mandato de O’Higgins por al menos seis años más, al señalar que “se tendrá por primera elección la que ha hecho del actual Director la presente legislatura de 1822”.150

En cierta manera, la Constitución de O’Higgins anticipaba algunos aspectos de los proyectos constitucionales de lo que más adelante llamo “democracia postergada”, aunque en un contexto más legítimo desde el punto de vista de las instituciones políticas modernas. La prolongación del mandato de O’Higgins fue un acicate más para las críticas y el levantamiento de un nuevo caudillo militar avecindado en Concepción, ciudad que desde siempre y hasta mediados del XIX disputó la primacía política con Santiago, el general Ramón Freire.151 Lo que lo diferencia con la transición de las dictaduras militares del siglo XX latinoamericano es que O’Higgins se hallaba en aquella etapa inaugural en que las sociedades occidentales —Europa y América— se movían entre el antiguo régimen y las formas políticas modernas. Salvo el caso de Estados Unidos —y aún esto podría discutirse por tantas razones por el tema de la esclavitud—, todas ellas naturalmente mostraban rasgos de ambas etapas y no podía ser de otra manera. El lenguaje de O’Higgins traslucía tanto un ideal republicano y democrático como la conciencia de que, si no se era prudente, no habría una organización civilizada posible.

Prontamente acaeció la abdicación de O’Higgins el 28 de enero de 1823. Al aceptar su derrota política, el Director Supremo reconocía explícitamente que los triunfos militares y el logro de la independencia, de la cual él junto a San Martín habían sido los grandes artífices, no constituían prerrogativas suficientes para instaurar un régimen personalista. Vistas las cosas desde este ángulo, es justificable que también se haya reconocido en O’Higgins a un padre del espíritu democrático, el que por cierto cobijaba una clara orientación al orden, tal como era entendido en esos momentos.152 Hundido el naciente orden, se desataría algo parecido a un proceso político según el espíritu democrático, pero que no desembocaría ni en el imperio de reglas del juego compartidas por todos los actores, ni en un aquietamiento anímico, características fundamentales de lo que entendemos por Estado de derecho.

En fin, O’Higgins, el Director Supremo, ¿fue un dictador? Estuvo lejos de un despotismo arbitrario o cruel. En términos de categoría, si se quiere, técnicos, fue una dictadura si esta significa la concentración del poder político y público en una sola mano. No fue una situación remotamente distinta a la del general De Gaulle en 1944 —y en potencia en 1958—, una clásica reproducción del tránsito del antiguo régimen a los modernos sistemas políticos, teniendo lo que hoy llamamos democracia como horizonte a alcanzarse, aunque la palabra aparece poco en el general.153 Este dilema se reprodujo y se reproduce infinitamente en la modernidad a lo largo de gran parte del globo; define ese estar entre dos legitimidades de los sistemas autoritarios: el democrático y el del dictador soberano que crea un sistema arreglado para sus fines personales, en parte porque no tiene alternativa. Sin embargo, al revés de los dilemas del siglo XX, la dictadura era parte de los dolores de parto del paso del antiguo régimen a un sistema político moderno; buscaba un orden republicano y tanteaba lo que después se llamaría democracia en el sentido descrito por este libro, con el frescor de la creación y no con la experiencia de haber tenido ya un orden considerado normal, como Ibáñez en 1925/27 y después, o como la Junta y Pinochet en 1973.

Durante la década de 1820, el sistema político chileno, con todas sus particularidades, estuvo inmerso en este devenir latinoamericano. Los siete años corridos entre la caída de O’Higgins y el triunfo de las fuerzas conservadoras en Lircay, pasaron a la posteridad en la narrativa conservadora como la época de la “anarquía”, aunque la palabra “caos” parece más adecuada, como sugiere Mario Góngora.154 En años más recientes, los historiadores chilenos han discutido acerca de si los males de este período han sido exagerados.155 Algunos, como Gabriel Salazar, lo han apreciado como un conjunto de experiencias en que se intentó practicar una democracia verdadera, con tintes populares o populistas, “desde abajo”.156 ¿Sería como considerar al 18 de septiembre de 1810 como un ejercicio soberano “desde abajo”?

Sea cual sea el prisma que adoptemos, es preciso destacar que a los contemporáneos no les cabía ninguna duda de estar en presencia de un mundo en crisis, al que después sucedería un orden. Incluso quienes más tarde clamarían invectivas contra el despotismo y las costumbres inculcadas durante los años de la república autoritaria, entenderían que después de la caída de O’Higgins el estado de las cosas se había ido desintegrando. En realidad, lo que se engendró fue el despuntar de una lucha de caudillos y fuerzas encontradas. Las reyertas políticas contribuían a trazar un paisaje general que, hipotéticamente hablando, perfectamente podría haber devenido en un proceso de desquiciamiento institucional no muy diferente al de los restantes países hispanoamericanos. Por otra parte, como ha señalado Simon Collier, la abdicación de O’Higgins marcaría el final de la relación directa de Chile con el proceso de emancipación hispanoamericano, con la parte anárquica del mismo.157 Con toda el agua corrida, es imposible no ver como un hecho positivo el no haber desembocado en una sempiterna contienda de personalismos. Desde luego, no se puede olvidar que, de la imbricación de Chile con la región y la inestabilidad política con que se habían contagiado los procesos particulares de sus países vecinos, resultó un coletazo bélico que dejaría sus huellas. Me refiero a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839.158 Fue combinación de guerra civil extendida y despunte de conflicto internacional; solo después de 1879 pasaría a significar —me parece que engañosamente— una primera fase de enfrentamiento con los países vecinos.

La política de los notables y las reglas del juego tendientes a favorecer la aparición de caudillos militares, más o menos efímeros en la práctica, caracterizó solo parcialmente a la época con Ramón Freire, la que después se consideró como una etapa con identidad propia de la evolución institucional, hasta 1830. En primer lugar, se constituyó una Junta Gubernativa formada por Agustín Eyzaguirre, José Miguel Infante y Fernando Errázuriz y que había sido nombrada por O’Higgins con el pretexto de entregarles su renuncia. La Junta organizó una “asamblea provincial” de cuya representatividad es difícil poder decir algo. A fines de marzo, esta confirmó el nombramiento de Ramón Freire, el caudillo militar levantado contra O’Higgins, como Director Supremo. A fines de 1823 se promulgó una nueva Constitución en línea con una parte al parecer inextinguible de la cultura hispanoamericana.

La principal cabeza de esta Constitución fue Juan Egaña, una combinación de conservador con elementos ilustrados y hasta utópicos: “Cuanto hubo de bueno en el admirable gobierno de los incas y cuanto contribuyó a la prolongada permanencia del de Lacedemonia e imperial de la China, todo se debe a este gran principio de transformar las leyes en costumbres”.159 Curioso, aunque no único caso de un conservadurismo utópico, más aún que el liberalismo que le seguiría.

Es común considerar al binomio de pelucones y pipiolos como el molde exacto de conservadores y liberales. Hay alguna semejanza, poniendo énfasis en que se trata de conceptos absolutamente relacionales, casi meros nombres para ubicarse en el mapa político específicamente chileno, no exactamente como ocurría en la Europa contemporánea, si bien no radicalmente distinto. Como sea, aquí tomamos la dicotomía entre conservadores y liberales como un hecho fundamental de la historia de Chile y del mundo, que emergería bajo el signo de la política mundial en los modernos sistemas políticos, y la simultaneidad emocional y verbal de los hechos que se desarrollaban. Esta distinción básica entre liberalismo y conservadurismo ya asomaba la cabeza en los 1820, para más adelante, a lo largo del siglo XIX, ir definiendo las diversas posiciones y los límites de la realidad política.160

El general Freire, más preocupado de liberar Chiloé, de donde tuvo que regresar sin conseguir su objetivo en junio de 1824, no manifestó ni un apego muy pronunciado ni un rechazo absoluto hacia la Constitución diseñada por Juan Egaña. Independientemente de ello, la agitación política tuvo en un segundo plano la existencia de una Constitución. Freire, de regreso en Santiago, convocó a un nuevo Congreso Nacional, en teoría elegido en sufragio universal, que a fines de 1824 declararía “insubsistente” la Constitución recientemente promulgada. Se desarrollaría una lucha entre diferentes asambleas provinciales que muchos contemporáneos observaron como anarquía, pero hay que repetir que más se parecía a un caos. Entre otras acciones, Freire disolvió la asamblea de Santiago que le era afín y partió nuevamente a Chiloé dejando a un Consejo Directorial encabezado por José Miguel Infante, convertido ahora en un ardoroso federalista. Después de someter a este último reducto español —en la isla quedó un dejo de lealtad a la Corona que todavía era audible en ciertas manifestaciones verbales a fines de siglo XX, además de ser hasta el XXI una zona especial, tradicional de una forma que no tiene el resto de Chile—, convocó a un nuevo Congreso, que a su vez eligió, en términos nominales, al primer Presidente de la República, el almirante Manuel Blanco Encalada. Clase militar y clase política estaban sumamente imbricadas en la fase inaugural de la república, tal como sucedería en el resto de América hispana y en la fase de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial.

Al parecer sin ambiciones personales, ni siquiera las indispensables para otorgar estrategia y sentido a un desarrollo político, en la práctica Ramón Freire, más que ser un liberal de tomo y lomo, poseía cierta liberalidad. Su contraparte era José Miguel Infante. El diputado federalista era un revolucionario no solamente sin armas, sino que sin ningún afán ni participación en sucesos sanguinarios; por cierto, su imperativo categórico personal no le dejaba apreciar que el país se encaminaba claramente al desgobierno crónico. Más temprano que tarde, el ímpetu federal comenzó a retroceder.161

Tras la nueva renuncia de Freire (5 de mayo de 1827), la elevación del vicepresidente Francisco Antonio Pinto y el receso autoinfringido del Congreso federalista con el afán de consultar a las asambleas provinciales la forma de gobierno que debía adoptar la nación, se formó una Comisión elegida por el Congreso saliente y las asambleas, cuya principal función fue elaborar el reglamento de las elecciones que darían lugar al Congreso Constituyente de 1828, el tercero desde la caída de O’Higgins.162 De este organismo surgió la Constitución de 1828, promulgada en agosto de ese año por el vicepresidente Pinto. Intentaba ser un camino intermedio entre el liberalismo y el federalismo. Fue redactada bajo la inspiración del gaditano José Joaquín de Mora y encarnaba la esencia del experimento de una república liberal, solo que estaba desconectada de la capacidad de traducirla en esa síntesis de acción, práctica y orientación en que consiste la creación institucional.

Hablando desde una perspectiva general, por una parte, los jefes políticos de la década de 1820 tenían pocos arrestos de caudillismo, pocas ambiciones personales. Quizás primaba la obediencia a la ley, aunque sea una actitud que se confunde con un acto semiautomático. Porque, por otro lado, existía un país ideal que era tocado solo mediante los documentos oficiales y las discusiones públicas, de todos modos, escasas, mientras que el país real, es decir, la vida cotidiana misma de los individuos y las familias, se desgranaba en disolución, además muy encrespada por las rabias que se comenzaban a acumular. En ese ambiente fermentaría al interior de la clase política un estado de ánimo que deseaba organizar un orden funcional a las necesidades de un Estado moderno, aunque no le ponían esa palabra y hay varios grados y versiones de esa modernidad. Quienes darían voz política a ese estado de ánimo serían los “estanqueros”, subsumidos pronto bajo el nombre de Diego Portales. En ese entonces, el grupo de Portales representaba a la típica reacción conservadora que, con o sin éxito, emerge siempre en los procesos conducentes tanto a una disolución como a una revolución, que establece nuevas formas de adquisición, circulación y/u orientación del poder.163

De todas maneras, bajo los apelativos de pipiolos y pelucones —esto último dicho al comienzo en forma burlesca y luego adoptado por aquellos—, o liberales y conservadores al modo de whigs y tories en Inglaterra, o del burro y el elefante en la política norteamericana, la visión del espectro político que podríamos ofrecer según tales denominaciones es sumamente difusa e incompleta. Si bien al interior de esta clase política existían tendencias que podrían ser reconocidas una como liberal y la otra como conservadora, considerando que sus motivaciones se conectaban con las corrientes generales de la política moderna —la polaridad entre libertad y orden, o la más visible de orden e igualdad—, ninguno de ambos polos tenía expresión organizativa alguna, y los congresos y grupos eran pasto del individualismo más exacerbado y del cambio constante de posiciones. La justificación más reiteradamente pronunciada por los liberales era de índole moral: había que luchar contra todo tipo de despotismo. No consideraban que el cambio permanente produce una sensación de despotismo del azar en la percepción tanto del hombre común como en la de muchos miembros de la clase política de turno. Es altamente posible que un trastocamiento de tal magnitud haya condenado a esta breve república liberal al estrépito, sin perjuicio de que tuvo la oportunidad de madurar e ir creando su propia versión de “Estado en forma”, y haber sido la base de la democracia chilena moderna. Como en toda América, tardaría en arribar.

En todo caso, se debe acoger la idea de algunos historiadores, como Ricardo Donoso, Julio Heise y Sergio Villalobos, que sostuvieron que este período, preludio del colapso de la república, fue un momento de experimentos. Dicho esto no solo para destacar el sentido negativo de la irresponsabilidad política imperante, sino que también con el objeto de poner de relieve el aprendizaje que implicaba, siendo el necesario paso previo a una organización más autocontenida. Se ha insistido aquí que sobre todo para la primera mitad del XIX se produce en Chile, como en muchas partes, ese proceso de cambio con mezcla y mezcolanza entre el antiguo régimen y la política moderna; las sociedades en términos de organización y de técnica incorporan lo moderno, pero el arte de autogobernarse parece esquivo la mayoría de las veces.164 Se repetía también un tema latinoamericano, que el liberalismo político tenía escasa densidad, pero no se puede decir que no existía. No mostraba vigor para fundar democracias, acorde con la época, y a la vez no era simplemente una planta exótica, sino que se erguía en valla para la perpetuación de los despotismos en lo que había devenido el orden político autoritario en la modernidad, el que también mostró una persistencia en la historia latinoamericana en los siglos que vendrían.

La violencia política hasta la batalla de Lircay —en la medida en que se pueda evaluar— fue comparativamente baja, si tomamos como metro las muertes debidas directamente a esa violencia, aparte del bandolerismo en que devinieron antiguas guerrillas realistas. Esta imagen es la que quizás hace posible que desde el siglo XXI se puedan idealizar esos años como los que tuvieron una posibilidad cierta, y tal vez única, de erigir una democracia real, surgida del pueblo, cualquiera que sea el fenómeno que designe esta última palabra.165

Por cierto, decayó el nivel de gobernabilidad del país. Cedieron tanto la capacidad administrativa del Estado de hacer cumplir las funciones como el orden social indispensable para que las normas sirvieran de contención. El debilitamiento parejo del Estado y el tejido social se sucedían simultáneamente, algo nada de raro en este tipo de circunstancias críticas. No era una situación excepcional en América Latina, en que hubo una especie de explosión por la exigencia de “libertad”, el grito de la época. Hay interpretaciones que sostienen una explicación plausible. En ellas se afirma que la demanda liberal era la exclamación de una aristocracia que rechazaba toda interferencia de la sociedad en la vida individual, proviniese de los representantes de la corona o de un dictador al estilo de O`Higgins.166

Se parte de la base de que existe la racionalidad del interés de clase que se expresaría en un tipo de lenguaje y de construcción políticos. Dado que la clase política se reclutaba principalmente de aquello que se llama aristocracia o elite —conceptos escuálidos para designar la realidad—, uno se preguntaría con extrañeza por qué esta clase en cuanto tal, sin demasiadas presiones ni apuros por arrostrar la cuestión social, no hubiera perdurado más tiempo íntegra en ese estado de libertad. Es decir, no alcanzó a escapar del dilema entre automutilarse y, a la vez, estabilizar el funcionamiento del Estado. Este período, que se ha llamado indistintamente pipiolo, liberal o federal, fue después denominado, no sin injusticia, como anarquía. No hubo, sin embargo, la perpetuación de una verdadera oligarquía impermeable a los cambios. Precisamente porque también se había constituido como clase política casi idéntica a una clase dirigente, hizo que surgiera una estructura nueva dentro de esta especie de proto-democracia que se iría construyendo. Existe una distinción entre los sectores altos y la clase política que los representa. Ello no quita que ambos provenían en general de un grupo homogéneo en lo social, pero que al momento de expresarse en la lógica política desarrollaba un tipo de política que era distinto a un simple automatismo, que expresaría los intereses indubitables de los sectores encumbrados, los “vecinos” de la época colonial.167

Por ello, el ideario sobre la libertad, que tanta adhesión ganó dentro de la imaginación colectiva, puesto que solo tenía sentido para una parte de la población, hace surgir la sospecha de que, enunciando la libertad, habría sido un mero acomodamiento de clase. A pesar de ello tenía también su propia fuerza, no obstante estas dudas más de hoy que de ayer. El imaginario federal fue una de esas explosiones cuya intensidad nos engañan; se acercaba más a un lugar común —el grito de última hora— que a una pasión demasiado fuerte. Rafael Vicuña afirmaba con candor o con retórica de moda que lo importante era siempre limitar el Poder Ejecutivo y que con el sistema federativo se había proporcionado a Chile “una lei ante la cual deben temblar los tiranos”.168

Esta desafiante postura se empalmaba con una lucha que, desde sus orígenes, ha acompañado a la historia de Chile y de muchos países de América Latina: la pugna entre las provincias y la capital, que en la primera mitad del siglo XIX chileno se verificó principalmente entre Concepción y Santiago, aunque Coquimbo también desempeñó un papel en varios momentos.169 Las disputas entre el centro y el sur llegarían a presentar un cariz en algún sentido cercano a la trama de la “descentralización” a comienzos del siglo XXI. La persistencia de este embarazoso problema se debe a factores más bien estructurales, no al simple acaparamiento de autoridad administrativa por parte de Santiago. En este sentido, es muy razonable que haya surgido la pregunta por el poder relativo de cada zona del país al momento de pensar la república. A pesar de ello, al asumirse las banderas de la federación destacaba con más fuerza una cierta liviandad utópica, incluso en alguien como José Miguel Infante, que en su cruzada por esta finalidad expresaba una personalidad que no era leve. En una sesión de la Asamblea de Diputados de Santiago de 1825, apuntaba que “las provincias siempre se han quejado de que, en la capital de Santiago, hai un espíritu de capitalismo”; [“capitalismo” se refiere aquí a un modelo de gobierno centralista] “yo creo que injustamente ya hieren al pueblo de Santiago, porque el espíritu de capitalismo solo ha existido en los gobernantes i sus prosélitos i no en Santiago”.170 Más enfático, Infante proclamaba que “la unidad tiende solo a la opresión de los pueblos i la federación a su libertad”.171 Se debe añadir que sobre los partidarios del federalismo ejercía un especial embrujo el ejemplo norteamericano; se creía que una reproducción idéntica del mismo llevaría a resultados similares.172 Las divisiones político-administrativas han tenido siempre un grado de arbitrariedad, de lo cual no se sigue su contrario, esto es, que en todo tiempo deban perseguir representar a una unidad perfectamente homogénea, ya que este horizonte termina siendo una utopía. En el contexto del desarrollo moderno, han devenido siempre en la creación de un nuevo Estado y no en entidades autorreguladas más allá de la política entendida como el control del orden.