Oriana Bernasconi Documentar la atrocidad

Debido a que muchos de estos instrumentos de registro recogen datos privados de las personas y, a la vez, fueron pensados para la denuncia de las violaciones de sus derechos, esta investigación siguió los resguardos éticos que Funvisol debe garantizar, borrando la identificación de las personas en los documentos cuyas imágenes reproducimos en esta publicación.

También consultamos libros y documentales sobre el trabajo del Comité y la Vicaría. Junto a ello, fue necesario considerar las referencias sociohistóricas que modelan los eventos que se registran. Para ello creamos una línea del tiempo evolutiva en formato digital y de acceso público y gratuito, que funcionó como una herramienta de consulta en línea. Ella permite apreciar alrededor de 1.500 acontecimientos relacionados con los derechos humanos entre 1973 y 201316. Los eventos están organizados en seis categorías: hitos legales, agencias represivas, eventos internacionales, organizaciones de derechos humanos, hitos generales y casos emblemáticos.

Al emplear todas estas técnicas y recursos y, al mismo tiempo, adherir al espíritu etnográfico, nuestro objetivo fue abordar los documentos en sus propios términos. Vale decir, intentar relacionarnos con ellos a medida que eran producidos y usados, interrogarlos desde nuestros intereses contemporáneos, y evitar la sobreinterpretación.

También estudiamos la incorporación de estos registros como evidencia en procesos legales luego del fin de la dictadura (véase Capítulo VII). Para ello estudiamos 216 veredictos emitidos (generalmente por la Corte Suprema) en casos de violaciones de derechos humanos, tal como figuran en una base de datos producida por el MMDH. Asimismo, referimos a las resoluciones iniciales dictadas en cada uno de esos casos.

La perspectiva que seguimos no solo define una aproximación al acervo documental hoy organizado en un archivo de derechos humanos, sino también solicita discutir y explicitar la propia postura de quienes se acercan a él: los investigadores y las investigadoras. Suscribiendo reflexiones recientes del denominado campo de la antropología del sufrimiento social (por ejemplo, Das 2008), asumimos que la investigación de la violencia política requiere un particular esfuerzo por explicitar sus coordenadas éticas y políticas. Este libro es resultado del trabajo interdisciplinar de un grupo intergeneracional de investigadores e investigadoras. Nos convoca la relevancia y urgencia del tema que abordamos, debido a intereses intelectuales, afectivos, vitales, morales y políticos. Varios de los autores y las autoras crecimos en el período de dictadura. Problematizar y escribir sobre el episodio más cruento de la historia contemporánea de nuestra sociedad es también visitar nuestras biografías y trayectorias familiares, generacionales y afectivas. Otros autores y autoras revisan hoy el trabajo de asistencia a los perseguidos del que participaron activamente durante el régimen o su propia posición de víctimas sobrevivientes de las políticas represivas de la dictadura. Este libro está escrito desde todos estos lugares de afectación.

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1 En 1962, surgió la posibilidad de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos debido al inicio de la construcción de sitios para misiles soviéticos en Cuba. El incidente provocó un enfrentamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las tensiones entre los dos países disminuyeron un poco en 2014, al final de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2012-2016), quien tomó las medidas iniciales para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960.

2 La dictadura chilena no solo operó localmente. A partir de 1975, se coordinó con otros regímenes dictatoriales de la región para perseguir a miembros de partidos y organizaciones de izquierda y, en muchos casos, hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La “Operación Cóndor”, nombre dado a esta coordinación transnacional, aumentó el alcance geográfico de la represión en todo el Cono Sur. Articuló los servicios de inteligencia de varios países en torno a lo que definió como la “lucha contra la subversión”, adhiriendo a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los servicios de inteligencia de la dictadura chilena también se dirigieron directamente a individuos que articularon oposición, o fueron definidos como enemigos de los intereses del régimen. Tales fueron los casos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en el exilio en Buenos Aires, Argentina, en 1974; el intento fallido de asesinato del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bernardo Leighton, en el exilio en Roma en 1975; y el asesinato por coche bomba del exministro de Asuntos Exteriores de la Unidad Popular, Orlando Letelier y su compañera de trabajo, la estadounidense Ronni Moffitt, en Washington D. C. en 1976. Estos crímenes fueron planeados desde Chile y apoyados por otras fuerzas de seguridad de la región.

3 En la jerga carcelaria, las “calugas” son cartas o mensajes clandestinos en miniatura, escritos en trozos de papel rescatados y sacados de contrabando de los centros de detención. El término hace referencia a la forma que toman dichos mensajes cuando se pliegan y comprimen, que asemeja a la de estos dulces.

4 Véase http://www.memorialdelashoah.org/en/archives-and-documentation/the-documenta tion-center/the-history-of-the-cdjc.html.

5 El término “archivos de derechos humanos” no incluye la documentación derivada de los registros de los autores de la persecución y la represión desatada por las dictaduras, que se conocen como “archivos de la represión”. En Chile, solo están disponibles pequeños segmentos de este segundo tipo de archivo. Como señalan López y Hevia (2016) y la “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile” (2017), dichos segmentos incluyen documentación que el juez Jorge Zepeda confiscó en 2000 y 2005 en las instalaciones de la ex Colonia Dignidad. Se descubrió otro conjunto de 429 documentos en un antiguo edificio de oficinas de la policía secreta (Central Nacional de Informaciones, CNI) en 2005, durante el proceso de transformación del edificio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Además, en 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) recibió una donación de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, así como con las acciones posteriores tomadas por la Junta Militar de las que los Estados Unidos tenían conocimiento directo. En 2015, se donó un segundo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El MMDH también recibió una donación, de Argentina, de documentación compilada por la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Los registros se referían a personas deportadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973. La Comisión Provincial de la Memoria, en La Plata, Argentina, es el depósito de dichos archivos. Desafortunadamente, el Estado chileno posterior a la transición no se ha esforzado por obtener acceso a la información producida y archivada por las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia relacionadas. Sin duda, esta información representaría una contribución a la verdad y la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y ayudaría a una mayor comprensión del terrorismo de Estado. La falta de acceso a dicha información se ve exacerbada por la existencia de la Ley 18.771. Esta legislación permite que el Ministerio de Defensa de Chile y las Fuerzas Armadas eliminen y destruyan documentos cada cinco años, en lugar de enviar sus archivos al Archivo Nacional como todas las demás entidades estatales están obligadas a hacerlo. La exención se adoptó en 1989, aún durante la dictadura, pero poco después del plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 que dio paso a las elecciones presidenciales que llevarían al régimen a su fin a principios de 1990. Al momento en que escribimos este libro (mediados de 2018), el Congreso chileno se encontraba debatiendo un proyecto de ley para derogar esa exención. Para comprender el impacto del acceso a los archivos de la represión, véase González (2002, 2016); el libro de Hetherington (2011), Guerrilla Auditors, sobre los archivos del Terror de Paraguay; el libro de Weld (2014), Paper Cadavers, sobre el descubrimiento y rescate del archivo policial secreto de Guatemala; y el texto de Olmo (2002) sobre la recuperación de los archivos de la Dippba.