Oriana Bernasconi Documentar la atrocidad

Basándonos en las obras de los pensadores franceses Michel Foucault (1970) y Jacques Derrida (s. f [1968]), del filósofo italiano Maurizio Ferraris (2013), en los escritos de la socióloga británica Vikki Bell (2014, 2016) y en nuestro propio trabajo (Bernasconi 2018; Bernasconi, Lira y Ruiz 2018, 2019), nos proponemos abordar el registro de las violaciones a los derechos humanos como un conjunto de prácticas complejas y diversas, que suelen incluir elementos sociales, políticos, morales, afectivos y técnicos (Trace 2002, 152). Siguiendo los planteamientos de Foucault (1970), entendemos que el registro es la actividad práctica o proceso mediante el cual un evento es transformado en un enunciado. De esta forma, el registro permite vincular lo visible, un evento, con lo enunciable, una narrativa. El registro es también el resultado o el producto material de esta labor: un documento, una imagen, un dibujo.

Sostenemos que la relación entre una declaración y un evento –descrita por Foucault en La arqueología del saber (1970, 28)– se hace evidente en el análisis de estas prácticas documentales. Cada declaración escrita por estas organizaciones de derechos humanos fue al mismo tiempo un acto de inscripción de los eventos represivos, un acto de revelamiento de los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba y un acto por hacer de la violencia un objeto de conocimiento para la intervención.

A través de ese acto documental, los artefactos de registro permitieron que la situación de daño o violencia traspasara su contexto de ocurrencia para convertirse en una “inscripción”, es decir, un “registro idiomático del evento” (Ferraris 2013, 166). En este sentido, y como demuestra este libro, la inscripción es una acción de transferencia (Taylor 2003) y, potencialmente también, un acto de trascendencia de tiempo y espacio.

Utilizamos la noción de “transposición” para nombrar las operaciones mediante las cuales los actos documentales se transfieren en el tiempo y el espacio debido a su materialidad. El término transposición conserva la capacidad que también tiene la inscripción, de fijar una realidad y diferirla para usos futuros (Derrida s. f [1968]; Taylor 2003; Bell 2016). De esta manera, la idea de la transposición abre un espacio para examinar las inscripciones en relación con sus creadores y los propósitos que deben cumplir: ya sea previsto o no, en el presente o en el futuro. Finalmente, la consideración de los usos y capacidades de la transposición también conecta la reflexión sobre los actos documentales y su inscripción, con el tema de las formas de legibilidad pública (Ferraris 2003, 201 y 174) y la(s) audiencia(s) que son abordadas o alcanzadas por las prácticas documentales.

Este libro describirá algunas de las audiencias con las cuales el trabajo documental del Comité y la Vicaria se ha involucrado en los últimos 45 años, discutiendo su contexto de legibilidad y sus efectos. La capacidad de la documentación e inscripción para involucrar a diferentes audiencias, en diferentes momentos, puede constituir, en la práctica, uno de los legados más importantes del registro de violaciones de derechos humanos realizado durante la dictadura militar chilena, directamente relacionado con la promesa de garantías de no repetición.

Comúnmente, la literatura académica ha concebido las prácticas de registro como tecnologías que condensan y expresan el control gubernamental, es decir, “repositorios del trabajo de las instituciones burocráticas modernas occidentales” (Scott 1998; Ketelaar 2002; Foucault 1970, 1979; Derrida 1995; Stoler 2002).

Este libro propone que el registro y documentación de eventos horrorosos y siniestros como los perpetrados por la dictadura militar chilena es de naturaleza distinta. En primer lugar, porque se está procesando un acontecimiento que, como señala Das, “no se define tanto por el final del consenso social, ni por la destrucción de la comunidad, sino por la desaparición de criterios” (citado por F. A. Ortega, en Das 2008, 31) capaces de organizar y sostener consensos normativos y, más aún, por la naturalización de esta imposibilidad en la vida cotidiana de la sociedad que los sufre. En segundo lugar, porque en ese contexto el registro de la violencia estatal no es un mecanismo para gobernar poblaciones, sino más bien una tecnología política destinada a ayudar a las víctimas y revelar y resistir las políticas represivas y los crímenes perpetrados por el propio Estado. En este sentido, el acto de nombrar debe ser considerado no solo en su capacidad de proveer de información sobre aquello que ha sido nominado. Nombrar es un medio para ejercer control sobre el significado y fijar el valor de términos particulares.

Las prácticas de documentación que analizamos se realizaron mediante la inscripción o indexación de una situación, a través de acciones que fueron iterativas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo (Taylor 2003; Butler 2004). El registro surgió a través de una serie de operaciones, artefactos y procesos que permitieron que lo enunciado se transmitiera, agrupara y creara otras inscripciones y nuevas articulaciones, produjera “datos” y, en última instancia, configurara un “sistema de información”. El trabajo organizativo del Comité y la Vicaría se codificó e incorporó a dicho sistema de varias maneras, incluidos los procesos de categorización, denominación, definición, operacionalización (codificación) y composición narrativa. Este sistema de información también incluye traducciones entre modos o técnicas de soporte (del oral al escrito, por ejemplo), y entre géneros. Esto último puede incluir, por ejemplo, la traducción del testimonio a la acción legal, o de la denuncia internacional al diagnóstico psicológico. Listas, informes, estadísticas y otras representaciones gráficas permitieron construir perspectivas sinópticas para distintos tipos de caso e identificar patrones que también alimentaron el sistema de información. Mediante procesos de inscripción, este tipo de operaciones y objetos de registro se convirtieron en “artefactos cognitivos y políticos” (Fraenkel 2008; Desrosières 1998). Ellos permitieron a sus creadores pensar y guiar acciones, al tiempo que rastreaban activamente el terrorismo de Estado: una práctica de gobierno clandestina, oculta, negada y cruel (Stoler 2016, 8). Desde este punto de vista, esperamos retener la visión foucaultiana de los artefactos y la tecnología como medios que constituyen, y no “simplemente reflejan, el estado de cosas que provocan” (Brown 2012, 238).

Los artefactos, procesos y procedimientos de registro que exploramos en este libro forman la piedra angular del “repertorio de enunciabilidad” de las atrocidades cometidas en Chile. Por repertorio de enunciabilidad, nos referimos a un sistema arraigado de pensamiento y acción sobre esta catástrofe, compuesto por prácticas discursivas y no discursivas. Este repertorio toma la forma de hábitos, rutinas, gestos y capacidades transmitidas y transmisibles (Taylor 2003), que hacen que el terror se vuelva visible, legible y comprensible para el conocimiento y la acción legal y política. En el caso chileno, este repertorio no caduca al final de la dictadura. Su alta calidad, legitimidad y estado de conservación permitieron su transposición a tiempos y procesos posteriores. Estos han incluido el reconocimiento de víctimas individuales y la definición de programas de reparación estatales en el período de transición democrática; casos judiciales, prácticas de memoria, obras de arte y actividades de investigación y educación, particularmente aquellas que proponen narraciones históricas del pasado reciente.

Tecnologías políticas de registro y denuncia

En el campo de los derechos humanos y los estudios de memoria, la cuestión de la documentación de severas violaciones a los derechos humanos ha permanecido virtualmente inexplorada8. Creemos que hay al menos dos factores que contribuyen a explicar esta situación: la necesidad de un “giro material” en los estudios del período y, complementariamente, el ineludible cambio de escala con relación al objeto de análisis, desde el archivo a los artefactos que lo constituyen. Uno y otro permiten que, en lugar de tomar al archivo per se y en tanto fuente de información, exploremos las tecnologías, operaciones y procedimientos cotidianos y generalmente invisibilizados, que permiten procesar los testimonios de los afectados y prestarles asistencia. Este giro implica prestar atención a los rastros materiales que dejan las prácticas y procesos documentales, así como a la producción, organización y uso de información provocadas por prácticas de registro. Esta ha sido la tarea emprendida en este libro. Hemos intentado deshacer analíticamente un proceso de documentación, para subrayar el papel sin precedentes que ha desempeñado. En el caso que exploramos, la documentación ha organizado un modo de resistencia, creando conmensurabilidad entre experiencias inaprensibles. Al hacerlo, ha contribuido a generar un espacio social más o menos fluido dentro del cual hablar y actuar en defensa de los reprimidos: salvaguardar la verdad sobre el pasado, sus actores y pruebas, y mantener convenciones discursivas sobre esta tragedia durante más de cuarenta y cinco años.

Este libro adopta la noción de “tecnologías políticas” para denominar los efectos duraderos de artefactos de registro y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Extendiendo la conceptualización de Foucault (1988, 18), con la noción de tecnologías políticas consideramos un arreglo sociotécnico complejo que incluye un conjunto de técnicas, artefactos y procedimientos relacionados con el ejercicio de una racionalidad práctica en la que convergen tipos específicos de conocimiento, propósitos, usos y urgencias políticas, para crear conocimiento y guiar la acción para la defensa y asistencia de las personas. A diferencia del “dispositivo”, la tecnología, así como la conceptualizara Foucault, no puede ser localizada en un aparato o institución particular, y tiene la capacidad de transitar a otros lugares y tiempos (Dreyfus y Rabinow 1982, 113). Esto es, a nuestro entender, lo que sucedió con el sistema de registro y documentación creado por el Comité Pro Paz y por la Vicaría de la Solidaridad en Chile y que devino paradigma del trabajo de una red de organismos de asistencia a las víctimas durante la dictadura y de subsecuentes acciones estatales y privadas en torno a ellas. Estas tecnologías documentales emergieron durante la dictadura. Al sobrevivir las amenazas del régimen, pudieron servir de fuente documental y taxonómica a las comisiones de la verdad. Utilizando su información, las comisiones Rettig (1991) y Valech (2004 y 2011) pudieron tomar decisiones sobre la calificación de los casos conocidos por el Estado9. A partir de 1991, esta información se utilizó para definir los derechos de las víctimas en los programas de reparación. También participó en la creación gradual de una nueva institucionalidad pública y privada en materia de derechos humanos, que ha incluido la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2010), del MMDH (2010) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Además, frente a conflictos que asolan a otras sociedades, la experiencia chilena ha constituido una referencia para orientar la gestión de este tipo de catástrofes.

En síntesis, las tecnologías políticas son artefactos de referencia convencionales que inscriben el terror, permiten establecer vínculos entre diferentes períodos y mantener viva la realidad de la violencia más allá de la fecha de su cese. El uso de esta noción nos permite visibilizar la capacidad del registro de severas violaciones a los derechos humanos para trascender el pasado y afectar el presente mediante nuevos usos y apropiaciones, otras audiencias y “contextos de legibilidad” (Bell 2016).

Violencia política: resistir documentando

En la literatura académica, la noción de “violencia” se emplea bastante ampliamente. Esto puede explicar el rango de definiciones disponibles para este término y que revelan sus diferentes manifestaciones, temas, causas o escalas10. La violencia es inherente a la existencia humana y opera tanto a nivel cotidiano y ordinario como a nivel excepcional, incluyendo guerras, conflictos internos y revoluciones. El término nombra una práctica, una experiencia y una ocurrencia social total: una performance del poder ante los ojos de una determinada audiencia11.

En los estudios sobre violencia política existe una importante reflexión sobre la relación entre violencia, ley y justicia, comenzando con el artículo pionero que Georg Simmel publicara en 1922. Reconociendo aquella línea de indagación, nuestro interés radica más bien en la “relación crecientemente ambigua entre política y violencia” (Agamben 1970), dos términos que, si bien en la época griega se suponían excluyentes, en la contemporánea se han vuelto complementarios (Calveiro 2015).

Para efectos de este libro, la violencia política refiere a aquellos mecanismos ilegítimos de coerción destinados a controlar el poder o el sistema político de una sociedad, usados por quien ejerce la fuerza a través de las instituciones y recursos del Estado (Aróstegui 1994, 44). Se trata de medidas instrumentales (Arendt 1973, 148), desmesuradas e imprevisibles, cuyo resultado es el miedo y el sometimiento a las condiciones impuestas, con escasa o nula capacidad de resistencia inmediata ante el temor del uso de la violencia nuevamente. En estas situaciones el poder no solo invoca continuamente la excepción, la urgencia y una noción “ficcionalizada” del enemigo, sino que “trabaja para producir esta misma excepción, urgencia y enemigos ficcionalizados” (Mbembe 2006, 21). Asimismo, activa un sistema de incentivos para forzar la adhesión al régimen y la colaboración de la comunidad (Luneke 2000, 17), que pueden incluir llamados al patriotismo y a “salvar el país” de alguna amenaza. Desde nuestro punto de vista, la violencia política no se restringe al uso de la fuerza o al daño físico, psíquico o moral directo, sino que incluye amenazas diversas que generan miedo a padecer daños, sufrimientos y pérdidas, especialmente, de la vida.

El terrorismo de Estado es una forma de violencia política. Se constituye cuando un gobierno que ejerce control sobre los medios de coerción estatal ordena, administra y financia una política destinada a difundir el terror entre la población civil. Dicho gobierno viola los derechos humanos con absoluta impunidad y sin controles ni equilibrios de ningún tipo, y bajo circunstancias en las cuales las víctimas no pueden recurrir a entidades internas en busca de protección.

En este libro también usamos el término “resistencia”. Como nota Pilar Calveiro (2015), las estrategias de resistencia política pueden adoptar distintos formatos: abierta oposición –lo que la autora propone llamar “confrontación”–, o vías laterales o incluso subterráneas, pero no por ello menos relevantes. Formas de confrontación son la rebelión, la revolución y la demanda frente a la institucionalidad que puede operar generando transformaciones a costa de su inclusión o reconversión al sistema que antes cuestionaba. Este libro plantea que el registro y documentación de la violencia política y las prácticas de asistencia y denuncia a las que nutría y de las que se enriquecía, constituyen no solo una acción humanitaria y moral invaluable sino una forma de resistencia antidictatorial. El registro de las denuncias liderado por los organismos de derechos humanos en Chile contrarrestó la realidad tergiversada que proponía la dictadura con la realidad de la violencia perpetrada, al tiempo que permitió guiar las acciones de defensa de las víctimas.

Un objetivo transversal de este libro es dilucidar y caracterizar el desarrollo de esta forma de resistencia antidictatorial. Para ello es necesario concebir al poder no como propiedad sino como potencia distribuida desigualmente en una red de actores y espacios. Entre todos ellos, esa distribución no está predefinida, sino que depende del curso de las interacciones, las relaciones de fuerza y las prácticas sociales. Desde esta perspectiva, y citando a Foucault, la noción de poder refiere a la…

…multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras […]; y las estrategias, por último, que las tornan efectivas (2005, 112-113).

En este escenario, tanto las redes de poder hegemónico como las redes de resistencia tienen zonas de potencialidad. En otras palabras: ambas tienen la capacidad de crear, innovar, actuar de manera diferente o subvertir zonas de impotencia (puntos ciegos) y/o zonas de indiscernibilidad que se hallan en disputa (Calveiro 2012; Deleuze y Guattari 1988, 230).

Aproximación genealógica a la documentación del terrorismo de Estado

Para emprender la tarea que este libro y el proyecto de investigación a su base se propusieron, elegimos el enfoque genealógico. La noción de “genealogía” se usa ampliamente hoy en día en varias disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, incluyendo historia, sociología, antropología, literatura y psicología. A la luz de este amplio alcance es necesario detenernos para explicar su significado y uso en este libro.

“Genealogía” es un concepto nietzscheano reelaborado por Michel Foucault en su trabajo desde 1971. El término hace referencia al análisis de la descendencia histórica o de la procedencia de la actualidad. A diferencia de la historiografía tradicional, dirigida a desentrañar los orígenes de las cosas, en la genealogía no hay esencias fijas, ni leyes subyacentes, ni finalidades metafísicas. La genealogía “concibe la realidad humana como un efecto del entrelazamiento de ciertas prácticas históricas y culturales” (Tamboukou 1999, 203). Por lo tanto, intenta descifrar la organización y el significado de la realidad actual, investigando sus condiciones de posibilidad y los regímenes discursivos y prácticos que la enuncian y crean a través del tiempo, rastreando sus relaciones: recurrencias, pausas, discontinuidades, omisiones12. El concepto marca el orden epistémico discursivo de una era, entendido como relaciones de poder y libertad “que permiten, sostienen y se alimentan de ese conocimiento” (Moyano 2015, 132).

Empleando un método meticuloso y paciente, el ejercicio genealógico desplegado en este libro consiste en comprender la estructura material e ideacional que ha permitido que ciertos enunciados surjan y sobrevivan en el tiempo del modo en que los conocemos hoy (Derrida 1995, 58). También nos interesaba ahondar en el “sistema de expectativas” (Stoler 1992) que se vierten sobre él, los criterios y fines con que se organiza, las relaciones de poder y saber en que participa, los enfrentamientos, controversias e intervenciones que ha sufrido. Finalmente, también aspirábamos a comprender cómo este modo de inscripción de la violencia estatal fue siendo modelado por la lucha política en curso y de la cual formó parte13.

Una genealogía no es solo una metodología histórica: es también una forma de intervención política en el presente (Eichhorn 2013). Este libro aspira a intervenir en los debates actuales sobre el pasado reciente de Chile y el Cono Sur, desenterrando una historia de resistencia política y ética.

Desenterrando prácticas documentales y sus artefactos

Este libro se basa en 16 meses de investigación de archivo en Funvisol que conserva y protege los documentos del Comité y la Vicaría. Entendimos nuestra inmersión en el archivo como un esfuerzo etnográfico. El trabajo de archivo se realizó como un estudio in situ, sistemático y multirreferencial, guiado por un enfoque relacional. De acuerdo con las perspectivas genealógicas e infraestructurales del proyecto, nuestro objetivo era sacar a la superficie las condiciones en las que surgió y se mantuvo en el tiempo un proceso documental, deconstruyendo, analizando y problematizando ese proceso (Bosa 2010; Comaroff y Comaroff 1992). Para este fin, fue clave entender los documentos no como unidades discretas, sino como parte de una red de relaciones y prácticas que se unieron para producirlos. Por lo tanto, nuestro objetivo era realizar lo que Bowker denomina “inversión infraestructural” (1994, 2016), una forma de “poner la trastienda en primer plano” (Bowker et al. 2016, 476) y “dar a conocer el trabajo invisible” (Ibid., 481). En este caso particular, sacamos a la superficie el trabajo de una organización de defensa de los derechos humanos, a través de los rastros que dejó en los procesos de producción, estandarización, organización y difusión de información.

Debido a la distancia temporal que nos separa del fenómeno en estudio, hicimos dialogar el material del archivo con el relato de sus creadores y usuarios. Realizamos 18 entrevistas formales con extrabajadores y extrabajadoras del Comité y la Vicaría, y con el personal actual de Funvisol. Otras seis entrevistas realizadas con anterioridad para una investigación de una de las autoras son también citadas14. Una serie de conversaciones informales sostenidas con el personal anterior en actividades públicas realizadas durante estos años de investigación también ha contribuido a este libro. Al combinar las técnicas de archivo y entrevista, nuestra metodología creó un diálogo entre el trabajo histórico y de memoria y los datos análogos propios de los métodos etnográficos. Las entrevistas nos ayudaron a descifrar los documentos contenidos en el archivo de Funvisol, conectándolos con rutinas y convenciones laborales que ya no son visibles. También nos dieron información sobre recursos y compromisos organizacionales; medios técnicos (estándares, protocolos) y el orden general al que las prácticas documentales pertenecían. Las entrevistas también nos permitieron acercarnos a las culturas epistémicas que modelaron la comprensión, registro y reacción frente al terrorismo de Estado y contribuyeron a identificar y describir categorías residuales, silencios y limitaciones en la producción de conocimiento. Por último, las entrevistas recogieron la significación que este proceso de documentación, defensa y asistencia tuvo para los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos durante la dictadura y a lo largo de su trayectoria vital.

Producto de la diversidad de formas de violencia política y la complejidad y variedad de situaciones de represión y desposesión que estas organizaciones ayudaron a enfrentar, decidimos acotar el radio de documentación que el estudio abarcaría. La opción fue concentrarnos en aquel segmento del corpus de referencia que refiere directamente a la violación del derecho a la integridad y seguridad personal y a la libertad de la persona. Asimismo, debido a que en el archivo Funvisol los documentos e instrumentos creados por el Comité y la Vicaría coexisten con otros creados y/o emitidos por instituciones externas, decidimos centrar el análisis en los primeros y considerar como referencia aquellos emitidos por terceras partes, especialmente los emanados de organismos internacionales y también desde el propio gobierno, cuya “verdad” esta documentación disputa.

La asistencia a víctimas de la violencia política se efectuaba individualmente y, en los casos que procedía, era inaugurada mediante la creación de una carpeta del caso. En retrospectiva, esa carpeta es una vía de acceso a los soportes materiales de la atención ofrecida a cada víctima o a sus familiares por la organización a través del tiempo (véase Capítulo III). De los más de 48.500 casos con carpeta de atención en el archivo Funvisol15, elaboramos una muestra representativa por año de atención compuesta por un total de 171 casos. Luego ingresamos en una base de datos información descriptiva de cada uno de los documentos contenidos en cada carpeta muestreada, arrojando un total de más de 2.250 documentos descritos. Es importante señalar que 45 años después del inicio del trabajo de asistencia del Comité, y más de 15 años desde el cierre de la Vicaría, el archivo Funvisol no había sistematizado el repertorio de instrumentos creado y empleado para el registro de las distintas situaciones represivas experimentadas por la población durante la dictadura. En consecuencia, nuestra investigación aplicó distintas estrategias complementarias para minar el archivo en busca de este material.

Mediante el análisis de la documentación contenida en cada carpeta de atención, pudimos encontrar y censar las fichas y formularios usados durante el período 1973-1992 para registrar la violación a los derechos humanos. En base al análisis del caso al que pertenecían estas fichas fue conformada una segunda base de datos que consigna, entre otras características, información sobre las funciones, período de uso y campos de registro de cada uno de los 122 instrumentos hallados mediante el análisis de las carpetas de atención o, secundariamente, entregados directamente por las custodias del archivo al equipo de investigación. También fueron censadas e ingresadas a una base de datos descriptiva las diez “sábanas” –o planillas de datos manuscritas– que se encuentran en la actualidad en el archivo Funvisol y que fueron usadas por sus trabajadores y trabajadoras para consolidar información agregada sobre distintas situaciones represivas. La cuarta base de datos que produjimos en esta investigación contiene información sobre los 251 informes periódicos producidos por la Vicaría. En particular, analizamos la sección estadística y las categorías asociadas al hecho represivo, con el fin de identificar la genealogía de la clasificación de la violencia política (que a menudo se transfiere a los informes producidos por el Estado chileno durante la transición). Así pudimos identificar categorías recurrentes, resignificaciones e innovaciones a lo largo del tiempo y a través de diferentes agentes (véase Capítulo VI).