Las disputas en tomo al reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, han sido históricamente transversales a las relaciones entre estas poblaciones, el Estado y el resto de la sociedad colon1biana. Si bien hoy, tras un largo proceso de reivindicaciones, los pueblos indígenas cuentan con un 1narco normativo y jurisprudencial nacional e internacional que reconoce estos derechos; tales disputas, y en particular aquellas por el control y ad1ninistración de la tierra y sus recursos naturales, vienen en un incremento proporcional al decidido avance de un modelo de desarrollo sustentado en gran 1nedida en la explotación y aprovechamiento de estos recursos. La investigación cuyos resultados presenta este texto se planteó caracterizar las disputas configuradas y desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, que han llevado a la existencia de una brecha entre el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su eficacia en Colombia. En cuatro capítulos está caracterización se presenta partiendo de una aproximación a los antecedentes históricos de estas disputas y su expresión en el derecho nacional e internacional, y luego, a través de un análisis crítico en el que se aborda su posterior configuración en el marco de la vigencia del actual ordenamiento constitucional, a instancias de la expedición de las norn1as, la formulación de las políticas y el control judicial constitucional; dando cuenta de su inherente vínculo con tensiones del orden social, político, econó1nico, cultural y ambiental.

La brecha de implementación

Actualmente no hay un consenso en la categorización jurídica de los mal llamados «falsos positivos» debido a que en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que los juzgue. Por eso se hace imprescindible la integración de conceptos para que se pueda generar seguridad jurídica en el derecho administrativo colombiano en lo referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. El concepto de reparación adoptado en los estamentos de derecho administrativo colombiano no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los «falsos positivos». Esto hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas para buscar mejorar los estándares nacionales de reparación. Si se unifican los criterios de calificación jurídica de los «falsos positivos» se dará un avance en el ámbito del derecho administrativo colombiano, porque dicha calificación hace más expedita e inequívoca la aplicación de la convención interamericana sobre desaparición forzada y la jurisprudencia de la corte interamericana en las sentencias del Consejo de Estado

Textos de Jurisprudencia, Serie Maestría

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