Varios autores Joyitas

Una de las cosas llamativas de esta nueva denuncia es que Rosas reconoció en una declaración judicial que el exministro movió hilos para conseguirle trabajo en tribunales del país. Pero en 2014, cuando esos antecedentes fueron conocidos en las altas esferas del Poder Judicial, nadie se escandalizó y Elgueta no fue sancionado. Más tarde el escenario fue otro.

Al exministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua también se le cuestionó por nombramientos irregulares en esa jurisdicción y por influir o presionar para abrirles espacio en tribunales e instituciones públicas a personas de su círculo. Parejas y alumnas, entre ellas.

Los vínculos que ha establecido Emilio Elgueta –a veces más allá de lo profesional– con estudiantes de distintos centros de educación superior le han pasado la cuenta. Dos de ellas, a quienes Elgueta conoció en labores de docencia cuando ya ejercía como magistrado en Rancagua, figuran en los antecedentes del proceso disciplinario que desencadenó su remoción definitiva. En ambos casos se le acusa de hacer gestiones para ubicarlas en tribunales de esa región.

Elgueta ha insistido en que solo buscaba darles una mano. Un cercano da fe de la preocupación del exministro por sus estudiantes y de que solía ofrecerles apoyo cuando enfrentaban necesidades o problemas. Asegura que lo hacía de manera desinteresada, porque el exministro –definido por quien fuera uno de sus estudiantes como uno de los profesores “más carismáticos” que tuvo en su carrera– construyó su vida en medio de varias adversidades. Perdió a su madre a los seis años y, poco después, a una de sus hermanas. Cuando tenía 15, su padre, miembro del Comité Central del Partido Comunista y quien falleció de cáncer en 1987, fue apresado y torturado por agentes de la CNI.

Emilio Elgueta terminó sus estudios primarios en el emblemático Liceo Manuel Barros Borgoño, para luego ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se graduó de abogado en 1978. Ya siendo ministro de corte y profesor universitario, le gustaba imprimir el valor del esfuerzo y la meritocracia en sus estudiantes. “No me digan a mí lo que es vivir en piso de tierra”, era una de sus frases recurrentes en clases, según una exalumna. Su historia, la de un hombre sin redes, contactos ni apellidos influyentes ejerciendo cargos de importancia en la judicatura nacional, estaba envuelta en esa épica.

Pero hay quienes también señalan que era usual que Elgueta alardeara sobre sus redes y contactos, y que no era raro que ofreciera a algunas de sus alumnas oportunidades laborales. Una funcionaria del Primer Juzgado Civil de Rancagua, y también exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua, entregó su testimonio en el último proceso administrativo contra el exministro. Dijo que Elgueta, en más de una oportunidad, le ofreció ayuda, pero que nunca la aceptó porque sabía que era un ofrecimiento “interesado”. A raíz de ese rechazo, agregó, siempre sintió que su permanencia en ese tribunal era inestable. Al menos en ese juzgado de Rancagua corría el rumor de que si no tenías un buen contacto, como el que ofrecía Elgueta, era difícil hacer carrera.

Son varios los antecedentes con los que la Corte Suprema delineó un patrón en su desempeño como ministro del Poder Judicial al momento de considerar su remoción: Elgueta hace valer su posición y presiona para obtener favores: era ministro de corte y no gásfiter, y algunos de esos favores comprometían la independencia de su labor.

Pero vamos al principio.

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Hasta julio de 2010, fecha en que su entonces esposa, Alejandra Rebolledo, lo denunció en la Corte de Apelaciones de Santiago –lo que hizo que su nombre saltara por primera vez a los titulares de la prensa–, Emilio Elgueta era prácticamente desconocido para cualquier persona ajena al círculo de ministros, jueces, secretarios y funcionarios del Poder Judicial. A ellos habría que agregar algunas decenas de estudiantes de un par de centros de educación superior en la Región del Maule y en Santiago, donde se desempeñó como académico impartiendo materias civiles, procesales y penales.

Elgueta mantenía un bajo perfil público y llevaba una carrera judicial ascendente, iniciada en 1979 como oficial tercero del Juzgado de Menores de San Miguel, y luego en cargos de cada vez mayor peso en tribunales de Santiago, Coyhaique, Curicó y Talca. Fue en Talca donde llegó en 2001 a integrar la Corte de Apelaciones de la ciudad. Allí, el juez se convirtió –por primera vez– en ministro del Poder Judicial, escalando a la presidencia de ese tribunal un año más tarde. “Partió de abajo. Mientras estudiaba trabajó como actuario, en los tiempos en que se cosían los expedientes a mano”, dice una cercana.

Los hechos indican que 2002 fue un año auspicioso para él. Como presidente del máximo tribunal de la Región del Maule, coronaba una trayectoria de más de dos décadas en el Poder Judicial, donde fue escalando con buenas calificaciones. Se había separado no hacía mucho de su primera mujer –con quien tuvo dos hijos y una relación que no terminó en los mejores términos–, y el 14 de noviembre de ese año se casó con Alejandra Rebolledo, a quien había conocido en 1998. De esa relación también nacieron dos hijos.

Rebolledo cursaba por entonces estudios de sicología en la Universidad de Las Américas, en Santiago, establecimiento contra el que Elgueta inició una acción judicial en 2005. ¿El motivo? Hacer valer los derechos de su esposa, luego de que la universidad decidiera incorporar inglés en su malla académica como asignatura obligatoria. Pero el tribunal ni siquiera se pronunció sobre el fondo: el recurso fue desestimado por extemporáneo. Elgueta, que fue el que litigó, perdió.

En este episodio hay un detalle. Puede leerse como un sutil despliegue de poder, una manera de facilitar el trámite judicial o como un simple descuido. El hecho es el siguiente: al presentar el recurso contra la Universidad de Las Américas, Emilio Elgueta, actuando como abogado, fijó domicilio en calle Álvarez de Toledo Nº 1022. No es cualquier domicilio. Allí funciona la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal donde, tras su paso por Talca, había aterrizado como fiscal judicial.

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El removido ministro Elgueta siempre tuvo en mente llegar a la Suprema. Su retorno a Santiago desde la Región del Maule pudo tener que ver, entre otras cosas, con el deseo de pavimentar ese camino que, como condición deseable –no excluyente–, tiene un paso previo: la Corte de Apelaciones de Santiago o, en su defecto, otra corte de peso a nivel nacional.

La mitad de los miembros que actualmente componen el pleno de la Suprema ocupó el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago antes de escalar a la máxima magistratura. Otro puñado, los que han hecho carrera judicial (cinco de sus integrantes deben ser abogados ajenos al Poder Judicial), proviene de cortes prominentes como las de Valparaíso, Concepción, Rancagua y San Miguel.

En 2004, y a la par de sus labores como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Emilio Elgueta retomó la academia. Estando en Santiago ejerció como docente de derecho procesal en la Uniacc. Allí obtuvo en 2007 el premio al mejor profesor de la carrera de Derecho, año en que la directora de esa escuela era la exministra de Educación y Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga.

“Era un excelente profesor y, además, una buena persona. Un valor que siempre nos inculcó es el de la austeridad y él lo encarnaba. También el de la empatía. Te pongo un ejemplo: cuando tú no estabas al día en el pago de la mensualidad no se podían rendir los exámenes. Emilio igual los tomaba. Entre impartir justicia ciega y ser empático, él optaba, cuando había mérito suficiente, por la empatía con sus alumnos”, cuenta la abogada y exalumna de Elgueta en la Uniacc, Tábata Recabarren.

Fue la propia abogada Recabarren quien asumió la defensa administrativa del exministro ante la Corte Suprema, cuando se decidía su remoción del Poder Judicial en 2019. Dice que lo hizo convencida de que la conducta de su exprofesor no fue éticamente reprochable. Asegura que en la preparación de esa defensa participaron más exalumnos, incluso de otras universidades:

“Defendí al más humilde de los ministros y, como su alumna, fue un honor hacerlo. Lamento enormemente la decisión adoptada”.

Paralelamente con sus clases en la Uniacc, Emilio Elgueta impartió cursos en la Academia Judicial y enseñó materias procesales y penales en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, un centro de formación técnica al que en 2014 se le rechazó la acreditación.

La llegada de Emilio Elgueta al Instituto Canon revolvió su vida personal. Fue allí donde conoció a Cristina Rosas, su alumna en derecho procesal y con quien inició más tarde una relación sentimental paralela a su matrimonio. La relación con Alejandra Rebolledo –de la que se separó oficialmente en 2015– pasaba por una severa crisis.

A mediados de 2007 apareció la oportunidad que Emilio Elgueta esperaba para seguir escalando posiciones. En mayo de ese año, se abrió una vacante en la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la ratificación de la entonces ministra de esa corte Gabriela Pérez Paredes, como nueva integrante de la Suprema. A fines de noviembre, siendo aún fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Elgueta fue incorporado en la terna para ocupar la plaza dejada por Pérez en el tribunal de alzada de Santiago. Sorpresa causó en algunos miembros del Poder Judicial ver su nombre en esa instancia. Lo veían como un salto inesperado en su carrera.

Contra el pronóstico de algunos, a comienzos de 2008 Emilio Elgueta tomó posición de su nueva investidura, en reemplazo de la ministra Gabriela Pérez. Quedaba a pocos escalones de la más alta magistratura.

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Cuando a fines de marzo de 2019 salieron a la luz pública los primeros indicios que lo vinculaban a graves casos de corrupción, la Policía de Investigaciones allanó la oficina del exministro Elgueta en la Corte de Apelaciones de Rancagua. En la gaveta de su escritorio –que fue descerrajada– los detectives encontraron una foto de Gabriela Pérez; otra de un demonio con una mujer desnuda con sus ojos recortados y un muñeco de mimbre con billetes falsos de 10 mil pesos, entre otros objetos. Trascendió entonces que la imagen de Gabriela Pérez –la ministra a quien Elgueta reemplazó en la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– estaba atravesada por tres clavos.

Fue un bocado, de esos que aparecen dos o tres veces al año, para los matinales de televisión que llenaron sus horas de transmisión con ese hallazgo. Unos pusieron a noteros a recoger la impresión de la calle: “Malo, ese hombre no tiene corazón... es un brujo de esos malos”, se escuchó en el programa Mucho Gusto, de Mega, que también llevó al set a un miembro de la Iglesia Ortodoxa para aclarar:

–Reverendo –preguntó el animador José Miguel Viñuela–, ¿existe realmente o se podría avalar la magia negra?

–Tal como existe la fuerza vivificadora que proviene de Dios, existe la fuerza negativa, la magia negra, que viene del demonio –respondió el sacerdote.

–¿Y uno la puede ocupar como ser humano? –contrapreguntó Viñuela.

–Es que son dos entidades que emanan energías: Dios, positivas; y el diablo, negativas. Ahora, si tú eres capaz de involucrarte con una de estas dos, vas a tener resultados diferentes.

Eso era lo que ofrecía la televisión abierta a las 10 de la mañana del 2 de abril de 2019. La prensa también estalló con la noticia. Vudú, magia negra, ocultismo, satanismo, brujería por todos lados. En medio de ese tráfago, los motivos de la animadversión de Elgueta hacia Gabriela Pérez pasaron a segundo plano, hasta que el diario El Mercurio logró hablar con la exministra:

–(Periodista) Cercanos a Elgueta comentan que él siempre decía que usted se habría reído de él cuando se acercó para decirle que la había reemplazado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

–(Ministra Pérez) Es probable que se lo haya dicho, porque ya tenía problemas. Yo nunca he votado por él. No desconozco que se lo pude haber dicho. Obviamente que no me podía reemplazar, modestia aparte, porque siempre estuvo con un pie como para que lo sancionaran.

La exministra –con fama de eficiente, prolija y estricta– agregó que nunca tuvo buena opinión de Elgueta, que no era un buen ministro y que ella lo evaluaba siempre con un cuatro. Nota “regular” en la escala de calificaciones del Poder Judicial, de acuerdo con el tecnicismo del Código ­Orgánico de Tribunales. Baja, en definitiva, para alguien que aspira a llegar a la Corte Suprema. Las notas de la ministra Pérez le bajaban el promedio a Elgueta porque, pese a sus antecedentes administrativos, la mayoría de los ministros de la Suprema lo evaluaron por años con calificaciones sobresalientes.

Acá otro motivo probable para el encono de Elgueta con Pérez: en más de una ocasión, Gabriela Pérez ha criticado públicamente la soterrada influencia en el Poder Judicial de la masonería, institución de la que Emilio Elgueta fue expulsado en abril de 2019 y que durante años le proveyó de una red de contactos en la judicatura y entre autoridades de gobierno de la Nueva Mayoría.

Hay un tercer elemento a considerar –el más relevante– y que nos lleva de vuelta al exministro Elgueta ocupando el asiento dejado por Gabriela Pérez en el tribunal de alzada santiaguino. El 7 de diciembre de 2010, tras un proceso de meses, la Corte Suprema decidió sancionar a Emilio Elgueta. Fue una medida disciplinaria que puso fin al sumario iniciado en julio de ese año, tras la denuncia que Alejandra Rebolledo interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra su entonces marido. Dice el documento:

Emilio Elgueta Torres desplegó conductas al margen de los procedimientos establecidos por la ley al efecto, valiéndose de la calidad ya señalada [ministro] de manera tal que no cabe sino concluir que se vulneró el principio de ética judicial vinculada a la probidad, cuyo respeto irrestricto exigía al señor ministro conducirse de un modo diverso al que lo hizo y no valerse de su investidura a fin de obtener algún provecho o ventaja personal.

La suspensión por cuatro meses con apertura de un cuaderno de remoción es la sanción más grave que puede recaer sobre un funcionario del Poder Judicial. Fue justamente esa la determinación que tomó la Corte Suprema en 2019 cuando decidió apartar a Elgueta de la Corte de Rancagua y luego expulsarlo de la judicatura.

Pero hace 10 años, y en el contexto de ese sumario administrativo, el pleno de la Suprema optó por castigarlo con la medida más leve contemplada en la normativa judicial: una amonestación privada.

Fue votación dividida.

La suprema Gabriela Pérez no quedó conforme con la medida disciplinaria. La encontró insuficiente para lo que ella consideraba una falta grave. Su propuesta, a la que ­adhirió el también ministro Pedro Pierry, apuntaba mucho más lejos: suspender a Elgueta de sus funciones por un mes con goce de media remuneración, una sanción tres grados más arriba de la que dictaminó la corte.

Otros tres magistrados estuvieron por no levantarle cargos a Elgueta y sobreseerlo: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Araya.

–¿A qué atribuye que se le aplicara una baja sanción?

–Lo atribuyo a sus vinculaciones con algunos ministros de la Corte Suprema y de otras personas por la masonería –dijo la exministra Pérez en la entrevista con El Mercurio el 6 de abril de 2019.

Un dato de contexto: Dolmestch y Araya –quienes dejaron la Corte Suprema en 2019 y 2014, respectivamente– son miembros de la masonería. El primero, de hecho, ostenta el grado 33, el más alto de la Gran Logia, equivalente al título de Soberano Gran Inspector General de la Orden.

Un matiz, también de contexto: la postura de Dolmestch, Araya y Künsemüller estaba en línea con la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo y en la que siete integrantes de ese tribunal, en acuerdo con el fallo, solo le recomendaron “mayor prudencia” al ministro sumariado.

Fue en la Corte Suprema –con la exministra Pérez solicitando la sanción disciplinaria más dura– donde la decisión de primera instancia que dejaba a Elgueta sin tacha en su hoja de vida cambió.

En 2010, y por primera vez, Emilio Elgueta obtuvo un promedio de calificaciones en el Poder Judicial solo “satisfactorio” (nota 5,9). Sus líos dejaron una estela que también le pasó la cuenta al año siguiente: obtuvo una ponderación de notas “regular”, con un 5,2. Su hoja de vida del Poder Judicial muestra que fue un bajón de solo dos años. Antes y después solo registra evaluaciones que lo ubican en la escala “muy buena” o “sobresaliente”.

Gabriela Pérez dejó la magistratura en enero de 2013. Su foto apareció en el cajón del despacho del removido ministro seis años después de su retiro del Poder Judicial.

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La historia que originó el primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta en julio de 2010 es compleja y, sobre todo, delicada.

A comienzos de junio de 2010, Elgueta presentó una denuncia en Fiscalía por violencia intrafamiliar, tras una fuerte discusión con su esposa, Alejandra Rebolledo. Según el expediente judicial de esa causa, la Fiscalía decidió no perseverar en el asunto. Rebolledo terminó internada en una clínica de Ñuñoa con un cuadro depresivo. Ambos dieron versiones contradictorias del origen de la pelea.

El asunto no quedó allí y comenzó una batalla por la custodia de sus hijos. Elgueta, tras un veredicto de tribunales, consigue que queden a su cuidado. Rebolledo contraataca con otra acción judicial por violencia intrafamiliar en contra de su marido, y el 5 de junio denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago que Elgueta utiliza influencias para privarla de sus hijos. Allí introduce la metáfora del gásfiter, dando a entender que su esposo se aprovecha de su cargo ministerial.

“Me amenaza con que no los volveré a ver, amenaza a mis familiares de que perderán el trabajo y presiona a funcionarios policiales, médicos y a toda persona que me presta ayuda”, declaró en esa oportunidad. Define a Elgueta como un celópata y a su matrimonio, como un martirio.

Tras un encuentro fortuito en la calle, Elgueta asegura haber sido golpeado por su esposa. Se dirige al hospital El Salvador a constatar lesiones y presenta una nueva denuncia por violencia intrafamiliar. El relato posterior del exministro indica que, a esas alturas, una de sus mayores preocupaciones era que la prensa pudiera hacer un festín de su situación, tomando en cuenta su calidad de ministro.

El tema traspasó la esfera de lo privado los días 26 y 27 de julio de ese 2010. En ese lapso, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó 10 llamados desde el teléfono celular del Poder Judicial que tenía asignado. Los destinatarios: el juez titular del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés Mellado, donde quedó radicada la causa por violencia intrafamiliar presentada por Elgueta, y el entonces jefe de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Violencia Intrafamiliar de la zona oriente, Matías Moya Lehuedé, a cargo de las diligencias.

A ambos los puso al tanto de la situación en la que se encontraba. Al fiscal, a quien contactó ocho veces, le informó en un primer llamado que estaba en una comisaría de Providencia denunciando a Rebolledo por violencia intrafamiliar. Le preguntó qué podía hacer. Moya Lehuedé, según la declaración que prestó después, le comunicó las diligencias que vendrían luego de su denuncia y le pidió que colaborara con la investigación, que lo llamarían de Carabineros para evaluar el “grado de riesgo” en el que podría encontrarse, siguiendo el protocolo institucional.

El fiscal agregó que, como el procedimiento arrojó un rango de riesgo “alto/vital”, envió a un policía de punto fijo al domicilio del exministro.

En llamados posteriores, Elgueta le preguntó, muy alterado, si se había notificado la orden que prohibía a su mujer acercarse a sus hijos. Le respondió que no, pero que se comunicarían con la comisaría y con el juez Avilés para pedir una constancia judicial.

Luis Avilés dijo que no sabía cómo Emilio Elgueta consiguió su número telefónico y que era primera vez que hablaba con él. Cuando contestó, agregó, su interlocutor se identificó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que luego lo puso al tanto de la situación y le avisó que el fiscal Moya Lehuedé lo iba a contactar para pedirle una orden en contra de su señora. Horas después, el juez Avilés recibió el llamado de la ­Fiscalía.

¿Puede un gásfiter hacer lo mismo?

El último llamado de Elgueta al fiscal Moya Lehuedé está registrado el 3 de agosto. Justo el día anterior, los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se reunieron para decidir la terna entre los nueve candidatos que se postulaban para el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte. Entre ellos figuraba el fiscal Moya Lehuedé. Andrés Montes –quien finalmente ocuparía el puesto– obtuvo 22 votos. Moya Lehuedé solo tres. Uno de ellos, de Elgueta.

En este primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta, Moya Lehuedé declaró que el entonces ministro solo recibió trato de víctima, que nunca se sintió presionado por él y que jamás le hizo referencia al concurso para fiscal regional. Moya Lehuedé, de buena trayectoria en el Ministerio Público, dejó esa institución a comienzos de 2015.

El 2 de septiembre de 2010, el juez instructor a cargo del proceso disciplinario propuso que Elgueta fuese sancionado con una amonestación privada por el siguiente cargo:

Vulnerar el principio de ética judicial, vinculado a la probidad, que exige abstenerse de intervenir de cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate, lo que se traduce en la especie en una presión indebida con el objeto de conseguir un beneficio directo.

Como sabemos, fue sobreseído –con cuatro votos en contra– por sus pares de la Corte de Apelaciones. En la Suprema, con el voto de la exministra Gabriela Pérez, las cosas cambiaron.

En medio de este proceso, una de las cosas que más desestabilizó al ministro Elgueta fue ver su nombre en la ­prensa. No por un logro, claro, sino asociado a una causa de violencia intrafamiliar y a la mala utilización de su cargo. También que su intimidad quedara expuesta –y sin mucho filtro– ante colegas y funcionarios de la corte de Santiago.

A principios de agosto de 2010, pocas semanas antes de que le formularan los cargos, Emilio Elgueta solicitó ser trasladado de la corte de Santiago a la de San Miguel, pero le denegaron la petición. Fue una permanencia incómoda que se extendió por nueve meses más, hasta que encontró la fórmula.

En abril de 2011, la Corte Suprema autorizó su traslado, luego de que adujera “razones familiares estrictamente personales”. Pero no fue San Miguel el destino. Fue en Rancagua donde encontró a un ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad dispuesto a hacer un enroque con él. En argot jurídico, fue una permuta de cargos.

En mayo de ese 2011, Emilio Elgueta fue nombrado ministro del máximo tribunal de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. No tan lejos de Santiago, pero lo suficiente como para que las cosas se calmaran, para dejar atrás los rumores de pasillo y enterrar, de a poco y para siempre, ese negro episodio.

Estando en Rancagua, las chances de llegar a la Suprema en el futuro aún se mantenían. Al año siguiente de su designación, de hecho, ocupó la presidencia de esa corte en reemplazo del ministro Carlos Aránguiz, quien fue promovido precisamente al pleno del máximo tribunal. No estaba todo perdido y así lo entendió. Prueba de ello es que en diciembre de 2016, y estando como ministro en Rancagua, postularía a una plaza –como fiscal judicial– en la Corte Suprema. No tuvo éxito.

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En el primer proceso administrativo en su contra, en 2010, Emilio Elgueta declaró que la disputa con su esposa, Alejandra Rebolledo, se produjo cuando él le pidió la tuición voluntaria de los dos hijos que tienen en común.

En sus descargos omitió un acontecimiento clave: en octubre de 2007, se convirtió en padre por quinta vez, luego de más de dos años de relación con su exalumna de derecho procesal en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, Cristina Rosas.