Soldados de la represión

Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975

Pablo Seguel Gutiérrez

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

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ISBN libro impreso: 978-956-357-341-1

ISBN libro digital: 978-956-357-342-8

Coordinador colección Historia

Daniel Palma Alvarado

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Gloria Barrios A.

Diseño de portada

Francisca Toral

Imagen de portada: Fotografía de Chas Garretsen, 29 de junio de 1973. General Benavides, general Pinochet, comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y general Pickering. Con los debidos permisos.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Cada generación debe escribir la historia, si no exactamente de nuevo, por lo menos para satisfacer sus propias exigencias del pasado.

Ian Kershaw

Los crímenes colectivos no son otra cosa

que crímenes individuales en el colectivo.

Wolfgang Sofsky

DEDICATORIA

A la memoria de las víctimas anónimas de la represión que nadie acreditó ante las comisiones de verdad y reconciliación del Estado chileno, asesinadas por las fuerzas armadas y policiales en colaboración con civiles en las más completa impunidad durante los diecisiete años que gobernó la dictadura cívico-militar (1973-1990).

A las 3.227 personas acreditadas como ejecutadas y/o detenidas desaparecidas.

A los 38.254 detenidos y torturados por pensar distinto, en las 1.132 cárceles, campos de prisioneros y centros clandestinos de detención dispuestos en todo el país, de las cuales solo conocemos públicamente 802.

A los 102 niños y niñas que nacieron en las prisiones o que estuvieron detenidos con sus padres durante la dictadura cívico-militar.

A los más de 250.000 chilenos exiliados. En especial a mis tíos Rubén y Santiago Sabioncello Ravanales, quienes tras sufrir los apremios de la detención y la tortura en manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), partieron al exilio con parte de nuestra familia.

ÍNDICE

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

Capítulo I

Unas FF. AA. para la seguridad nacional y la contrasubversión: profesionalismo militar anticomunista

Capítulo II

Arquitectura jurídica de la represión y la seguridad nacional: hacia la militarización de la seguridad interior en el Estado de Compromiso (1938-1970)

Capítulo III

Orden interno y contrasubversión durante la Unidad Popular (1970-1973)

Capítulo IV

La guerra contrasubversiva de las FF. AA. Del copamiento militar del territorio a la guerra clandestina (septiembre a noviembre de 1973)

Capítulo V

La profundización de la guerra contrasubversiva: de los servicios de inteligencia en las CAJSI al surgimiento de la DINA

Capítulo VI

La DINA: una policía secreta al servicio de Augusto Pinochet

Conclusiones

Referencias

Bibliografía

Anexos

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, donde me desempeño como encargado de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos desde 2015, por la oportunidad de haber investigado y gestionado treinta casos de los cuarenta y dos sitios de memoria que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente como Monumentos Históricos en reparación simbólica a las víctimas de violación a los derechos humanos (DD. HH.) para el período de la dictadura cívico-militar (1973-1990). A todas y a cada una de las agrupaciones de familiares y víctimas de violaciones a los DD. HH. que he conocido en estos años, con las que hemos podido trabajar en diversos aspectos, las cuales han confiado en el trabajo profesional que realizamos y que nos ha permitido conocer sus historias personales y familiares de las atrocidades cometidas por la dictadura militar en contra de ellos. Algunos de los agentes de estos crímenes han sido condenados por sus responsabilidades, pero muchos aún permanecen en la impunidad y el anonimato. Espero que este libro sea un aporte sincero al conocimiento, comprensión y estudio de una problemática pasada y presente.

Esa circunstancia laboral me permitió, a través del estudio de casos, poder disponer de una gran cantidad de información y evidenciar la necesidad de dotar de un marco interpretativo más general de la dinámica de la represión que permitiese darle una explicación a la sistematicidad, articulación y despliegue de la cadena represiva de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y policiales en el período de estudio, así como también sus matices y especificidades regionales. Ahí se fraguó la necesidad e idea de esta investigación que inicialmente presenté como tesis de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), la que fue modificada en sus énfasis, ampliada y editada para esta publicación.

Para el desarrollo de la investigación, conté con una beca de magíster nacional otorgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el patrocinio permanente del Departamento de Historia de la Usach en diversas instancias académicas en las que participé a nivel nacional e internacional, las que me permitieron ir ajustando la hipótesis de investigación ante la opinión de los historiadores nacionales e internacionales. Para la elaboración final de este manuscrito, así como los cambios de enfoque y ampliación de los temas trabajados, no puedo dejar de remarcar la experiencia formativa del programa de doctorado en historia de la Usach, el cual realizo con el financiamiento de la ANID. Las conversaciones y debates de clases con los historiadores Igor Goicovic y Rolando Álvarez, fueron el incentivo intelectual necesario para dar un cierre a esta investigación, incorporando algunos énfasis importantes para el estudio de la represión estatal y los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

En conjunto con Villa Grimaldi y las escuelas de historia y antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristianoen el año 2019, tomando como base mi proyecto de investigación, nos adjudicamos un Fondo Institucional de Investigación y Creación. Ese fondo nos permitió hacer las gestiones con la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas (Jenadep) de la Policía de Investigaciones (PDI) para poder revisar el archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu), recientemente protegido como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico1. Este acervo documental, que tuvimos la oportunidad de revisar, constituye a mi juicio el principal archivo para el estudio de la represión y los perpetradores en la historia reciente chilena, donde encontré información relevante para el desarrollo de esta investigación. Esta corresponde al primer trabajo que se realiza en gran parte con los aportes de estos documentos.

En el plano académico, a mi tutora la doctora Cristina Moyano Barahona que, de manera sistemática, acuciosa y constructiva, revisó esta investigación, evidenció vacíos y sugirió modificaciones. Al doctor Rolando Álvarez Vallejos, por su calidad humana y fraternidad, quien me instó a decidirme finalmente por este tema de investigación en un momento de duda respecto al mismo, quien también efectuó una lectura crítica de este manuscrito. A la doctora Gabriela Águila de la Universidad Nacional de Rosario, quien también revisó este trabajo y constantemente me ha invitado a diversas instancias académicas sobre estudios de represión en el cono sur. A la doctora Mariana Joffily, de la Universidad del Estado de Santa Catarina, que me remitió información importante sobre la colaboración entre la dictadura chilena y brasileña en materia represiva.

Me gustaría reconocer a la licenciada Rosa Palau, encargada del “archivo del terror” del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los Derechos Humanos de Paraguay, quien me remitió una gran cantidad de información de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) disponible en el fondo “Plan Cóndor”. En el mismo plano, a los colegas de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina, que hicieron lo mismo con su información.

A los colegas de la Biblioteca Nacional, en particular a la jefa de la sección de prensa y microfilm, Paulina Olivos, que en estos años me ha ayudado a revisar la prensa del período en lo que al comienzo parecía una tarea inabordable. Así también a los funcionarios del Centro de Investigación Diego Barros Arana, que me han facilitado el acceso a información documental que se dispone en la colección Fuentes para la Historia de la República.

Al periodista Mauricio Weibel, quien en 2019 me compartió de manera desinteresada una gran cantidad de documentos que en años de investigación ha logrado ir acumulando, además de confrontar mi hipótesis inicial sobre la DINA a raíz de la evaluación crítica que hizo de un adelanto de investigación que publiqué por la Revista Izquierdas, núm. 49, titulado “La organización de la represión y la inteligencia en la dictadura militar chilena. Del copamiento militar del territorio al surgimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional: Región Metropolitana, 1973-1977”.

A mi familia y amigos, por todo lo entregado. A mi abuela, por el cariño dado a lo largo de los años. A mi madre y mi padre, por su incondicionalidad. A mis hermanos, por su compañía.

Finalmente, a mi pareja, Susana González Guzmán, con quien comparto mi vida, el anhelo de justicia social y el compromiso político por hacer de Chile un país más justo. Gracias por tu amor, cariño y cuidado.

Ilustración 1. Chile: división provincial y departamental, 1932-1974

Fuente: Colección Mapoteca, Biblioteca Nacional.

Ilustración 2. Chile: distribución de las CAJSI por provincias, 1973-1975

Elaborada por el diseñador Mario Abarca, en base a información de las CAJSI. Tablas 8 y 9.

1 Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile. Decreto núm. 79 del Ministerio de Educación del 28 de febrero de 2018.

INTRODUCCIÓN

La propuesta de esta investigación tuvo como objeto inicial el análisis de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entendida como un organismo burocrático-militar que desarrolló funciones represivas, de control, información e inteligencia estratégica que la perfilaron como una policía política entre 1973 y 1977. El objetivo era situar a la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura permitiendo, a través de su accionar, dar cuenta de cómo las diversas disputas políticas, dentro de la Junta Militar de Gobierno como fuera de ella, fueron incidiendo en el desarrollo de la organización y el derrotero político del presidente de la Junta, general Augusto Pinochet Ugarte. El éxito y desarrollo de la DINA implicaban el desarrollo del personalismo de la dictadura militar en su proceso de institucionalización. Como el mismo Pinochet espetó a los miembros de la Junta Militar en 1974 en una conversación en la que se estaba cuestionando el accionar de la DINA y que grabó el exdirector de inteligencia del Ejército general Augusto Lutz: “¡Señores, la DINA soy yo!”. El desarrollo del personalismo del régimen era la cara política de la lógica represiva de la dictadura.

Bajo esta intuición investigativa, suponía que la DINA –como una burocracia de inteligencia política– efectuaba una ruptura con el desarrollo de la racionalidad represiva de los servicios de inteligencia al interior de las fuerzas armadas (FF. AA.) y policiales. Mi argumento para sostener aquello radicaba en que la DINA era un servicio de inteligencia de Gobierno y no una burocracia de inteligencia de una rama específica de las FF. AA. dependiente del alto mando1. Otro argumento que reforzaba mi hipótesis inicial era el hecho de que este servicio realizó labores de inteligencia política para la toma de decisiones en diversos ámbitos de las políticas de Estado, además de contrainteligencia y operaciones encubiertas. Finalmente, tomando como base la periodización de las comisiones de verdad y reconciliación, supuse que la emergencia de la DINA rompía con la racionalidad represiva de los primeros meses del golpe de Estado y que con ello marcaba una ruptura con la lógica contrasubversiva de las FF. AA.2.

Una serie de investigaciones han señalado la relevancia política de la DINA, posicionándola como un recurso de poder personalista de Augusto Pinochet, que le permitió consolidarse en el poder del Ejército y de la Junta Militar de Gobierno3, señalando que, al contribuir a dicho proceso, la DINA se constituyó en un organismo de carácter represivo que se creó para eliminar a los adversarios políticos del régimen, disuadiendo las críticas internas y, a la vez, disciplinando a la sociedad4.

Junto con ello, diversas investigaciones han remarcado el carácter represivo de la DINA, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática5. De la misma manera, las investigaciones habían dado cuenta de ciertos elementos que marcaban rupturas con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar chileno6. No obstante, poco se conocía respecto a la manera en cómo se configuró históricamente la inflexión en las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión de los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existía claridad en torno a cómo se fue articulando históricamente este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno o viceversa7. Finalmente, no existían investigaciones sobre la DINA que relevasen su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, a la recopilación de información y a la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.

A medida que comencé a desarrollar la investigación, me di cuenta de que el énfasis era distinto. Si solo se miraban los datos oficiales de víctimas detenidas por prisión política, ejecutadas y detenidas desaparecidas, parecía razonable sostener que la DINA era el punto de ruptura en el cambio de la dinámica represiva, marcada por un período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), de ejecuciones sumarias, pasando a un período de detención clandestina y de desaparición forzosa que marcarían el sello del período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977). Algunos investigadores habían avanzado en esa dirección, indicando que desde la puesta en marcha de la DINA los objetivos de la política represiva pasaron a estar más definidos, modificando el repertorio represivo de un modus operandi masivo y abierto hacia uno más secreto y clandestino, propio de una orientación contrasubversiva8. Las propias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, desde mediados de la década de 1970, también apuntaban en esa dirección y esta interpretación finalmente se institucionalizó en las comisiones de verdad y reconciliación9. Si bien es cierto que la emergencia de la DINA marcaba una inflexión desde el punto de vista de la modalidad de la represión del régimen, la explicación por ruptura no entrega suficientes argumentos para dar cuenta de la coherencia interna de la DINA con el desarrollo doctrinario, institucional y estratégico de las propias FF. AA. ¿No era acaso el cambio de la dinámica un ajuste coyuntural dado por las FF. AA. y policiales a una necesidad política desarrollada a partir de las mismas premisas de la lógica represiva que las llevó a dar el golpe de Estado e iniciar una guerra contra su propio pueblo? ¿Qué pasaba con el accionar clandestino del Comando Conjunto surgido al alero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)? Con ello se me abrió la interrogante respecto a si la DINA era la causa del cambio de la dinámica contrasubversiva o bien era la expresión de un proceso más complejo de la que constituía una adaptación coyuntural de las FF. AA. y policiales.

La investigación, a través del análisis de documentos de diversa índole, me llevó a constatar que la propia lógica contrasubversiva de las FF. AA. y policiales, concebía la necesidad de llevar la guerra interna hacia otros repertorios, mucho más secretos, encubiertos, selectivos y con fuertes componentes de operaciones psicológicas capaces de confundir a la opinión pública sobre la envergadura de las acciones desarrolladas. El objetivo para ello era construir, tras el período de guerra interna inicial declarado como fundamento del golpe de Estado, una fachada de legalidad que permitiese encubrir la guerra sucia de exterminio llevada a cabo contra la “subversión”. Con ello, la construcción del terror de Estado, como desde inicios de la modernidad, se ha denominado al ejercicio represivo de parte de los Estados nacionales en contra de la población civil, desarrollado por la dictadura chilena no parecía radicalmente distinto al caso de otras dictaduras latinoamericanas10.

En el viraje de mi objeto de investigación, el aporte de los trabajos de las investigadoras e investigadores Gabriela Águila, Mariana Joffily, Esteban Pontoriero, Claudia Field y Pablo Scatizza y, en general, los aportes historiográficos de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, me permitieron cambiar el foco, avanzando, desde esta perspectiva, hacia una investigación de las FF. AA. que escrutase la relación histórica entre los dispositivos, organizaciones e instituciones represivas, de control e inteligencia con el desarrollo y consolidación del proceso político chileno entre 1970 y 1975.

Un análisis historiográfico centrado en la organización, los dispositivos y las instituciones represivas de las FF. AA., nos permite tomar a una organización burocrática determinada como un punto de articulación en una coyuntura histórica, cruzada de tensiones, intereses y necesidades que le dan sentido. Al relacionar las estructuras de poder del régimen con el desarrollo de sus organizaciones burocráticas de defensa y orden policial, podemos situar históricamente el sentido de las prácticas y racionalidades desarrolladas por las mismas para legitimar el golpe de Estado y poner en marcha la dinámica contrasubversiva a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo que nos da indicios de su propio funcionamiento y trayectoria, dado su lugar privilegiado como las agencias estatales en materia de inteligencia y seguridad.

Desde ese punto de vista, esta investigación entrega evidencia histórica respecto al proceso de elaboración intelectual de los institutos militares y del desarrollo del profesionalismo militar en materia específica de subversión y contrasubversión entre los años 1970 y 1975. Ese proceso de deliberación interno en el contexto de la Guerra Fría interamericana11, en la coyuntura política del momento, favorecerá que un sector de la oficialidad desarrolle una concepción de la seguridad nacional vista bajo el prisma de la doctrina de guerra contrasubversiva y de los intereses geoestratégicos norteamericanos que cristalizarán en una concepción sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, basada en un arraigado imaginario anticomunista12. De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940 favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF. AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas13. Este marco permite entender cómo en la coyuntura del Gobierno del presidente Salvador Allende dicho proceso se acentuó a medida que la crisis política se transformó en una crisis institucional y diversos actores políticos –por izquierda y derecha– presionaron a la institucionalidad para desbordarla. Ese escenario generó un callejón sin salida, ya que por una parte el Gobierno de Allende buscó controlar el orden público y contener la movilización radical de la derecha rupturista a través de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la decretación de estado de emergencia –previa sesión y recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), entregando el poder a las FF. AA. y policiales en los territorios de las respectivas jurisdicciones–. Mientras que, por izquierda, se vio ante la presión política de no criminalizar la protesta social y los procesos de radicalización política de sectores populares, apoyados por partidos con definiciones programáticas revolucionarias que presionaban por desbordar la institucionalidad. Esta tensión entre la búsqueda por reprimir la movilización rupturista de derecha y no criminalizar la movilización popular, generó un espacio político que fue utilizado por los sectores de la oposición política –fundamentalmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que impulsó la Ley de Control de Armas y explosivos como un nuevo dispositivo de represión y contrasubversión para contener la supuesta insurgencia armada de izquierda, que sacó a las FF. AA. de la tutela del poder ejecutivo, facultándolas para generar operativos de contrasubversión y allanamientos por decisión de las propias fiscalías militares–. La constante necesidad política de contener los brotes de violencia rupturista de derecha, expresada con fuerza en la paralización de octubre de 1972 llevó a que Allende integrase a los militares en labores de estabilización institucional que los posicionó como actores políticos relevantes y como un recurso para la oposición golpista para contener a las fuerzas de la UP tras la incapacidad de la oposición de derrotarla electoral y organizacionalmente en el mundo popular. En ese contexto, la progresiva utilización de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad y orden interno favoreció el crecimiento de los sectores políticos de oposición que leían el problema de la crisis en desarrollo como un problema de subversión y contrasubversión originada por la amenaza marxista.

La intensidad de dicha crisis no ha sido sopesada por la historiografía y las ciencias sociales desde el enfoque de la formación de los dispositivos de represión y control civil sobre los mismos, ya que se ha privilegiado un enfoque sociopolítico para analizar el problema de la inestabilidad y crisis institucional del Estado o, en su defecto, un enfoque centrado en los imaginarios y orientaciones ideológicas de los diversos actores del sistema político como de poder fáctico. Todo ello ha llevado a un vacío analítico desde el punto de vista de la seguridad interior y de la manera en cómo el Estado de Compromiso construido entre 1938 y 1973, por los diversos actores del sistema político, lejos de desplazar a las FF. AA. de su participación estatal en materias de seguridad interior, les fue progresivamente dando más atribuciones y perfeccionando los dispositivos de represión estatal que, al momento del golpe de Estado, se radicalizaron en su utilización. Desde la llegada del Frente Popular al Gobierno en 1938, que inauguró el período de los gobiernos radicales (1938-1952), pasando por el retorno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), siguiendo por los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se observa un proceso de institucionalización de los dispositivos de represión estatal y de militarización de la función policial, mediante la integración y modificaciones sucesivas de diversos cuerpos legales y facultades de excepción que se le fueron confiriendo al poder ejecutivo, que se institucionalizó como una práctica estatal de represión y como un recurso político, utilizado por los diversas gobiernos para contener y reprimir la movilización popular14. Esta tendencia institucional durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) se acentuó, pero en contra de la movilización social rupturista impulsada por las fuerzas de oposición. El presidente Allende se vio forzado a recurrir, en los tres años de su Gobierno, en más de veinte oportunidades a decretar estado de excepción constitucional bajo estado de emergencia, forzando la ficción jurídica de la “calamidad pública” para interpretar la problemática de orden interno policial. Esto llevó a que las FF. AA. no solo se constituyeran como un factor de estabilización del sistema político, en un escenario de equilibrio inestable, sino que desarrollasen ajustes en sus planificaciones de seguridad interior a través de la figura de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), creadas con anterioridad y reformadas en 1972 por la misma UP a través de un decreto del Ministerio de Defensa Nacional.

Las CAJSI fueron espacios de coordinación operativos de las FF. AA. en el territorio de sus respectivas jurisdicciones, en las cuales se ponía en marcha una serie de facultades especiales desde la declaración de los estados de excepción constitucional, en específico la declaración de Zona de Estado de Emergencia creada en 1942 y, posteriormente, reformada por la Ley de Seguridad Interior del Estado de 195815. En el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado y al alero de las CAJSI con las reformas introducidas por el Gobierno de Allende en 1972, se establecían los jefes de plaza y se subordinaban las diversas fuerzas en el territorio bajo Comandancia de las FF. AA., de ahí el nombre de este dispositivo burocrático. Tras la promulgación de la Ley de Control de Armas en octubre de 1972 y su reglamento en el verano de 1973, las FF. AA. estuvieron facultadas legalmente para emprender operativos de allanamientos en búsqueda de armamento por la iniciativa de la autoridad de cada fiscalía militar en las CAJSI respectivas. Como han apuntado diversos estudios, tras el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, conocido como el Tanquetazo (o Tancazo), las FF. AA. y policiales comenzaron a desarrollar de manera sistemática hasta el 11 de septiembre de 1973 un proceso de copamiento militar del territorio en el que el control de la población y la suspensión de ciertas libertades y derechos constitucionales, como la de desplazamiento y tránsito, opinión e información, les permitió desarrollar de manera sistemática una serie de allanamientos en los diversos focos considerados por los militares como “subversivos”16. La utilización discrecional de este dispositivo por las FF. AA. en contra del movimiento popular se expresó en que no condujeron ningún allanamiento en contra de las fuerzas rupturistas de extrema derecha que desde el Tanquetazo en adelante asolaron al país con atentados terroristas, volando puentes, destruyendo caminos y atemorizando a la población. Estos mismos allanamientos en contra del movimiento popular posibilitaron el desarrollo de un trabajo de inteligencia primordial al interior de los servicios de inteligencia de las FF. AA., que permitió que las acciones represivas del golpe de Estado se desarrollaran en base a las planificaciones de seguridad interior que se ajustaron para el año 1973 para las principales CAJSI.

Por esos motivos, al comenzar el golpe de Estado y ponerse en marcha la maquinaria represiva, la lógica que guio las acciones militares en las primeras semanas fue en base a las planificaciones de seguridad interior y a una estrategia de copamiento militar del territorio que posibilitaron las CAJSI. Este diseño de la seguridad interior se basó en una planificación centralizada de la misma en base a la zonificación y subdivisión del territorio nacional en diversas provincias y una ejecución descentralizada de la represión en cada área jurisdiccional, como una facultad de cada jefe de CAJSI. Para ello, algunas CAJSI implementaron Centros de Inteligencia Regionales (CIRE) que coordinaron en el territorio a las secciones II (conocidas como S-2) de los estados mayores de las guarniciones militares dedicadas a inteligencia y contrainteligencia. En otras, en las que no existía una presencia militar de todas las ramas, solo operaron las secciones de inteligencia del Estado Mayor de la CAJSI, sin constituirse en CIRE.

Este diseño de la seguridad interior permitió a los militares tomar el control en el territorio a las pocas horas, pero incubó sus propias contradicciones, ya que la repuesta contrasubversiva en las diversas CAJSI no fue homogénea. Si bien estos dispositivos estaban constituidos bajo una óptica contrasubversiva y favorecían el desarrollo y aplicación de prácticas represivas, la virulencia de estas dependió de los mandos de las tropas militares y policiales en el territorio. De ahí que el complemento entre el componente agencial y estructural se constituye en un enfoque necesario de desarrollar en este tipo de investigaciones. Mientras que en algunas zonas la represión fue cruenta desde el inicio de las acciones (como en la guarnición de Santiago), en otros lugares se evidenció una tendencia hacia el restablecimiento de la normalidad previa al golpe de Estado (por ejemplo, en la guarnición de Talca). Como ha reconocido ampliamente la historiografía y las ciencias sociales, la Junta Militar de Gobierno careció de un proyecto político previo que unificara en los propósitos al movimiento golpista17. Por ello, el carácter propiamente bélico-militar unificó y dotó de coherencia interna a la Junta en los primeros meses hasta la Declaración de Principios de marzo de 1974 y el posterior establecimiento de los estatutos de la Junta Militar en el mes de junio. Fue ese factor bélico-militar el que implicó un esfuerzo de elaboración sobre el tipo de guerra que las FF. AA. y policiales estaban llevando adelante, es decir, una guerra contrasubversiva. Elaboración intelectual que posibilitó leer el conflicto político nacional desde la óptica contrasubversiva en clave neocolonial, opacando los matices propios del proceso político chileno, representándolo como un conflicto permeado por la disputa geoestratégica de la Guerra Fría interamericana, visto desde los intereses de Estados Unidos (EE. UU.) y concebido como un conflicto civilizatorio contra el comunismo18. Operación intelectual de desplazamiento que concibió a los militantes de organizaciones sociales como partisanos, a los militantes de los partidos de la izquierda chilena como cuadros militares de un ejército popular comunista y al conjunto de la población como potenciales colaboradores de la subversión.

Al interior del movimiento golpista se instaló la convicción alimentada por la oposición política a la UP, sobre todo del Partido Nacional y el PDC, los medios de comunicación, los sectores de oposición de la sociedad civil y la oficialidad golpista, en torno a la existencia de un supuesto ejército guerrillero clandestino, formado por un contingente de millares de extranjeros y cuadros políticos de los partidos de izquierda, apoyados por las organizaciones gremiales del movimiento popular y armado con equipamiento profesional de guerra, siguiendo el ejemplo revolucionario de otras experiencias internacionales19. Dado que prácticamente en ninguna parte hubo una resistencia armada al golpe de Estado ni armamento en las cantidades estimadas por la inteligencia de las FF. AA., como reconoció en secreto la misma Junta Militar en sus actas a mediados de noviembre de 1973, esto reforzó la convicción de que el marxismo estaba en la retaguardia de la población civil y que en cualquier momento daría paso a una guerra clandestina, secreta y subversiva sin cuartel. Para ello, por lo tanto, era necesario alimentar psicológicamente el escenario de guerra interna y reforzar los aparatos de seguridad para ese tipo específico de conflictos, de ahí que de forma paralela a la comitiva del general Sergio Arellano Stark a las diferentes guarniciones y CAJSI bajo jurisdicción del Ejército (VI, I, II, III y IV o División de Caballería del Ejército. Ver Ilustración 2), conocida como Caravana de la Muerte, con la misión de “uniformar los criterios de administración de justicia”, se desarrollaron una serie de operaciones de guerra psicológica, se acrecentaron las ejecuciones sumarias en diversas guarniciones militares y se tomó la decisión de crear la DINA. Es decir, ese viraje represivo más que una ruptura con la racionalidad contrasubversiva de las FF. AA. y policiales es la materialización de esta en un escenario de guerra distinto. Por ende, no hay una ruptura histórica con la racionalidad contrasubversiva. Por el contrario, es esta racionalidad llevada hasta sus últimas consecuencias la condición de posibilidad para que se llevase adelante la guerra sucia contrasubversiva que necesitaba la Junta Militar para dotarse de coherencia histórica y razón de ser, en una coyuntura inicial en el que el factor bélico-militar la dotó de cohesión interna ante la falta de un proyecto político definido. Esta es la tesis que se sostiene en esta investigación.

A partir de aquello se puede dimensionar el rol histórico de las CAJSI y la relación con la DINA y el tipo de dinámica represiva que estructuran y de la cual se complementan. Si bien las CAJSI fueron los dispositivos de seguridad que, en base a una planificación centralizada de la seguridad interior, posibilitaron el desarrollo conjunto de las acciones militares en el territorio en las primeras semanas del golpe de Estado; su propia organización concebía que en el territorio la autoridad de cada CAJSI llevase adelante la represión como estimase conveniente, por encontrarse el país en una situación de estado de emergencia y estado de sitio en “tiempos de guerra”20. Esto permitió que al alero de la CAJSI de la II División del Ejército, en el departamento de San Antonio y Melipilla, la autoridad jurisdiccional recayese en el comandante de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. En ese lugar, el teniente coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda pondrá a prueba el modelo inicial de contrasubversión que en el mes de noviembre de 1973 formará la comisión DINA y, en junio de 1974, la DINA propiamente tal.

La DINA fue creada con el objetivo de centralizar la inteligencia estatal y coordinar las labores represivas a través de diversas agencias e instituciones del Estado. Pese a ello, en la práctica disputó estas funciones con los diversos servicios de inteligencia de las FF. AA. y policiales y con los aparatos represivos paraestatales con los que sostuvo relaciones de colaboración, disputas y confrontación a lo largo del período, lo que se evidenció sobre todo entre los años 1974 y 1976. No obstante, la DINA no fue el único servicio de inteligencia y contrasubversión que tuvo una faceta operativa. La propia Fuerza Aérea de Chile (FACH), desde agosto de 1973, creó su “Compañía de Contrainsurgencias” en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos21 y desde las primeras horas del golpe, por acuerdo de la Junta Militar de Gobierno, se abocó a través del SIFA, con todas sus fuerzas, al combate de la subversión en el “frente interno” a través de la coordinación del general del aire Nicanor Díaz Estrada, comandante del SIFA y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es decir, dirigió la acción militar contra la propia población nacional, para lo cual requirió efectuar operaciones de contrainteligencia, detener personas y efectuar interrogatorios de inteligencia bajo tortura, todo con la connivencia e instrucciones dadas por el alto mando y el completo acuerdo de la Junta Militar.

Ese mismo grupo de inteligencia y contrainteligencia, desde 1974 comenzó a disputar a la DINA, los golpes a los blancos de la represión. Primero contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), luego el Partido Socialista (PS)22 y en 1975 contra el Partido Comunista de Chile (PCCH). En una disputa represiva que puede ser leída desde la misma confrontación que se daba al interior de la Junta Militar de Gobierno entre su presidente, comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, y el comandante en jefe de la FACH, general del aire Gustavo Leigh, hasta su destitución en 1978. No obstante, dicha historia de la contrasubversión en Chile dada la envergadura de dicha investigación no será tratada en este trabajo, motivo por el que temporalmente llega hasta inicios de 1975.

En consideración a estos antecedentes, en la presente investigación busco aportar algunos elementos para responder la interrogante por el carácter, organización y racionalidad de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad interior y contrasubversión, analizando sus relaciones con el poder ejecutivo del Estado. Metodológicamente indago esta problemática durante el Gobierno del presidente Salvador Allende y luego durante los primeros dos años de la Junta Militar de Gobierno, bajo la óptica de la prevalencia y continuidad de los procesos históricos por sobre un imaginario explicativo de los mismos en torno a quiebres e inflexiones temporales23. Los imaginarios de la catástrofe, la excepcionalidad y la inabarcabilidad de los crímenes cometidos por personas comunes y corrientes en el ejercicio de sus roles institucionales, dificultan la representación histórica de los hechos y de los procesos en cuestión, contribuyendo de manera indirecta al olvido. La represión como política de Estado requiere de estructuras, burocracias y dispositivos legales para su desarrollo, y sus formas de proceder y razonar forman parte de los repertorios de acción y las culturas organizacionales de las instituciones y colectivos en un determinado momento. Los represores, como señala Wolfgang Sofsky, son individuos que cometen crímenes en un colectivo que se los permite o que erige como deseables y necesarias dichas acciones para la consecución de un determinado objetivo24. Los represores, si bien son responsables en términos individuales de sus acciones, no nacen de la noche a la mañana, sino que son socializados y formados por instituciones cruzadas por los imaginarios, prejuicios y miedos de una época que conforman sus marcos de acción. Por eso, esta investigación busca atender a esa doble entrada individuo-estructura para escrutar la relación histórica de las estructuras de poder del Estado con el objetivo de analizar su rol y sus implicancias en las transformaciones del ejercicio de la represión, la inteligencia y la contrainteligencia durante el período 1970 y 1975.

En primer lugar, busco dar cuenta de cómo se elaboró intelectualmente por la oficialidad de las FF. AA. la lógica de la guerra contrasubversiva y la seguridad nacional permeada del imaginario anticomunista de la sociedad de la época. En segundo lugar, dar cuenta cómo a partir de estas elaboraciones intelectuales en el marco del desarrollo de la profesión militar, pero sobre todo arrastradas por la coyuntura histórica de la relación entre las FF. AA. y el poder ejecutivo, se va profundizando el proceso de militarización de la función policial que decanta en la creación de las CAJSI y las planificaciones de seguridad interior que allanan el camino en lo bélico-operacional al golpe de Estado. En tercer lugar, busco dar cuenta cómo se configura históricamente el proceso de profundización de la guerra contrasubversiva en los primeros meses del golpe de Estado, entre el desarrollo de los operativos en el marco del copamiento militar territorial en las CAJSI hasta el surgimiento de la “Comisión DINA”. En cuarto lugar, cómo se organizó y desarrolló la guerra sucia de las FF. AA., sobre todo desde la conformación legal de la DINA en 1974, en el proceso de institucionalización de la dictadura militar hasta 1975. Finalmente, indagar en la dinámica organizacional propia de la DINA, aproximándome a una caracterización de la policía secreta del poder ejecutivo.

En las últimas décadas se ha avanzado desde las ciencias sociales, la historiografía y el periodismo de investigación en el estudio de la dictadura militar chilena. No obstante, la dimensión represiva y el estudio de los perpetradores de los crímenes públicos, sus vínculos con los sectores civiles que ampararon la comisión de los delitos, sus formas de organización y sus imaginarios, constituyen una deuda pendiente de la sociedad chilena y de la investigación académica25. Premunido de esta omisión, con este trabajo busco aportar a la instalación de un enfoque y una agenda de investigación sobre los perpetradores en un sentido amplio y a una historiografía de la represión en el tiempo reciente en su sentido disciplinar. A casi cincuenta años de consumado el golpe de Estado, tres generaciones de chilenos hemos crecido y vivido a la sombra del legado de la dictadura, rodeados de fantasmas, monstruos y mitos de legitimación de los hechos que organizan el recuerdo colectivo del período. El desmonte de estas formas de representación del pasado ha sido sobre todo un trabajo de la memoria y de la sociedad civil, a contrapelo de los márgenes de las políticas de reparación del Estado en esta materia26.

La historiografía, en ese sentido, puede contribuir a esa tarea de conocimiento, comprensión y explicación del pasado. Por ello, creo que la contribución de esta investigación en el campo historiográfico nacional está dado por la adopción de los aportes de la historiografía del tiempo reciente para el análisis de los fenómenos represivos (específicamente, la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política), continuando con las principales hipótesis aportadas por la historiadora Verónica Valdivia respecto al proceso de militarización de la función policial como un mecanismo complementario del desarrollo de las políticas de incorporación institucional del movimiento popular con posterioridad al Gobierno del Frente Popular en 193827. No busco con esta investigación agotar el tema, sino resaltar algunas zonas grises para que otros investigadores tomen estas hipótesis y antecedentes, profundicen las investigaciones regionales e incluso sometan a crítica y revisión las herramientas heurísticas y metodológicas que con este trabajo se proponen.

La escritura de la historia es una tarea eminentemente colectiva. En ese mismo tenor –por mi propia formación profesional, pero también en consideración de los aportes dados por investigadores de otras latitudes–, este trabajo dialoga con las ciencias sociales contemporáneas, rompiendo con la distinción taxativa entre disciplinas, buscando complementar los aportes teórico-metodológicos de las ciencias sociales, con el trabajo documental (el momento documental siguiendo a Paul Ricoeur). Por ello, en el plano heurístico, veo en el enfoque teórico y metodológico de la epistemología realista crítica y de la teoría social morfogenética una herramienta que me permite problematizar la constante dicotomía interpretativa entre individuos (agentes) y estructuras, en consideración a las cualidades “emergentes” de ciertos ámbitos de la realidad social que rompen con las formas inductivas de explicación individualistas o generalistas por deducción de un estructuralismo mal avenido28. Tanto la dimensión estructural y agencial son términos indispensables de cualquier explicación sociohistórica, sobre todo en los fenómenos institucionales y organizacionales como lo han apuntado desde la sociología y antropología de las FF. AA. y policiales29. Todo esto me permite una aproximación a los fenómenos represivos y de inteligencia a partir de un enfoque teórico basado en el dualismo metodológico agente-estructura, que me permite poner el acento en fenómenos emergentes de la realidad social como lo son las organizaciones sociales, las instituciones y la cultura, efectuando una relectura de archivos y corpus documentales conocidos y otros que, por primera vez, son utilizados en una investigación historiográfica.

Finalmente, en el ámbito social, esta investigación constituye un esfuerzo que busca generar conocimiento historiográfico para poder dotar de un marco interpretativo general a la dinámica regional de la represión durante la dictadura militar, a la vez que identificar la relación entre esta y los organismos nacionales de contrasubversión como la DINA. Reitero con ello que este libro no busca agotar la investigación de esta problemática y probablemente tenga errores de interpretación por falta de documentación o de consideración de matices regionales. Por ello, si bien es una investigación historiográfica para el país, tiene omisiones regionales importantes. Sin renunciar al alcance nacional, metodológicamente procedo con casos tipo para diversas situaciones que buscan darle cierta coherencia y articulación a investigaciones monográficas descriptivas que muchas veces naufragan en el empirismo descriptivo ante la falta de un marco interpretativo más general. La represión en las regiones tiene su especificidad, pero también una relación con la dinámica nacional que es importante resaltar, dado que existen conexiones de racionalidad entre prácticas ancladas en dispositivos institucionales y legales, con una determinada coherencia interna.

Finalmente, busco con este libro entregar elementos de fondo para cuestionar los argumentos negacionistas que han instalado la imagen de que la represión en Chile solo fue el resultado de excesos de mandos intermedios, carentes de responsabilidad institucional y que operaron a las espaldas de la Junta Militar de Gobierno. Por el contrario, la subdivisión del territorio en CAJSI establece una relación institucional con los diversos mandos de las FF. AA. en la jurisdicción bajo su control, con una amplia colaboración de civiles que participaron en las redes de delación y en algunos casos, activamente, en la perpetración de delitos de lesa humanidad como fueron los casos de civiles que participaron en los operativos rurales y los que se incorporaron a los servicios de inteligencia como la DINA y el Comando Conjunto. Esta investigación da cuenta de cómo la guerra clandestina fue llevada adelante por las diversas ramas de las FF. AA. pero, sobre todo, por el Ejército y la FACH. Bajo esa óptica y antecedentes, la figura del general Gustavo Leigh como una suerte de figura “republicana”, respetuosa de los DD. HH. y crítico de los métodos de la DINA, expulsado por cuestionar la política represiva de la Junta Militar de Gobierno, constituye una burda mistificación histórica30. La evidencia demuestra un completo conocimiento de la cadena de mando jerárquico del conjunto de las FF. AA., el compromiso institucional de las mismas con la represión, la colaboración por parte de diversas instituciones de Estado con estos hechos y una fuerte participación civil en las redes de espionaje y delación durante el régimen que nos lleva a ampliar la agenda investigativa en torno a la represión y los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Chile durante el período de la dictadura cívico-militar.

El debate sobre las dictaduras militares, la represión y la contrasubversión en la historia reciente

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituyó un acontecimiento que impactó al mundo, no solo porque derrocó el experimento político de la “vía chilena al socialismo” mediante elecciones democráticas, sino también porque visibilizó la estrategia de contención directa de EE. UU. en el marco de la Guerra Fría interamericana y puso en discusión la relación entre las FF. AA. como actores intervinientes en los sistemas de Gobierno ante la incapacidad de las derechas políticas de construir hegemonía y contener el ascenso de movimientos izquierdistas de orientación socialista31. Si bien el intervencionismo militar en América Latina no constituía una novedad32, sí lo era para los estudios en la década de 1970 la marcada orientación contrasubversiva y el desarrollo de una política sistemática de represión y desaparición de los opositores de los regímenes llevada adelante sobre todo por las dictaduras de Chile y Argentina33. Por ello, desde mediados de la década de 1970, se realizaron una serie de investigaciones que buscaron analizar la dictadura militar chilena, el tipo de régimen construido y las características de la represión llevada adelante por las FF. AA. y policiales, enfatizando los aspectos que marcaban una inflexión con la tradición golpista e intervencionista previa de las FF. AA. en Chile y en el continente34.

Si bien las ciencias sociales en la década de 1970 identificaron las diferencias de este militarismo en relación a los golpes de Estado efectuados durante el período de prevalencia de la matriz nacional-popular35, resaltando el carácter defensivo y, en algunos casos, desarrollista de las dictaduras militares iniciadas con el golpe de Estado brasileño de 196436, las características de la represión desplegada en contra de la población civil, la fundamentación estratégico-militar de la misma, el tratamiento hacia la oposición política y el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos, llevaron inicialmente a los investigadores a caracterizar estas dictaduras como (neo)fascistas37. Con posterioridad, los estudios sobre las dictaduras militares en curso adoptaron un clivaje analítico, entre un grupo de estudios que colocó el énfasis en el vínculo entre Estado, FF. AA. y burocracia en relación a los procesos de modernizaciones de carácter autoritario impulsado por las mismas38; y otro grupo, que reconociendo estos componentes, los enmarcó en el desarrollo de las orientaciones estratégico-militares de los regímenes autoritarios con la política de seguridad estadounidense para el continente a través del desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional39.

La afirmación y reconocimiento del carácter terrorista adoptado por las dictaduras de seguridad nacional en el cono sur40, así como la existencia de una estructura burocrático-estatal de carácter legal, que convivió y se articuló de modo paralelo con una estructura burocrática de carácter clandestino e ilegal, se constituyó en uno de los elementos centrales de los diagnósticos de las dictaduras de Argentina y de Chile41. Ello contribuyó a instalar, para el caso argentino, la idea de una planificación de la represión de carácter centralizada y una ejecución de esta de carácter descentralizada, cuya figura se constituyó en torno al accionar de los grupos de tarea y cuyo espacio de acción fueron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, estos últimos comprendidos bajo el referente de los campos de concentración y el desarrollo de la denominada experiencia concentracionaria42. A este diagnóstico contribuyó el proceso de verdad, justicia y memoria impulsado por el Estado argentino, los juicios a las juntas militares y el proceso de verdad impulsado por las agrupaciones de derechos humanos (DD. HH.) en los inicios de la transición democrática43. Esto favoreció que, durante los primeros años de la transición Argentina, el análisis de la dictadura militar se centrase sobre todo en el carácter represivo de la dictadura militar visto desde el prisma de la “teoría de los dos demonios”44, que equiparó las responsabilidades morales de la violencia política de las organizaciones de izquierda insurgente con el accionar represivo y genocida de las FF. AA. y policiales45.

Para el caso argentino a comienzos del siglo XXI, el surgimiento de la corriente historiográfica de la historia reciente posibilitó una revisión de los procesos represivos llevados adelante por la dictadura militar desde una nueva óptica46. El desarrollo de diversos estudios de caso, nuevos tratamientos metodológicos a los archivos e información producida por los tribunales de justicia y las comisiones de verdad y reconciliación, han permitido avanzar en una caracterización más exhaustiva de la represión47. Esto ha permitido evidenciar fuertes líneas de continuidad en el uso de dispositivos y mecanismos represivos por los diversos regímenes políticos, dando cuenta del rol coadyuvante del sistema político y el poder judicial. Por otra parte, dar cuenta de la convergencia en el discurso de seguridad nacional, de elementos propios de la cultura militar y de sectores políticos conservadores, en torno a la idea de enemigo interno bajo el prisma del anticomunismo, evidenciando cómo esta idea permeó no solo a sectores militares, sino que también a sectores civiles y políticos48 e identificar los vínculos de este discurso con el desarrollo de la doctrina de guerra contrainsurgente francesa49. Finalmente, cuestionar el carácter excepcional del uso de los mecanismos represivos por parte de la dictadura militar, evidenciando con ello la continuidad entre democracia y dictadura en relación con el uso de la represión como una manera de contener la protesta social, la politización subalterna y la insurgencia armada50.

Para el caso chileno, el desarrollo historiográfico del pasado reciente en relación con la dictadura militar y las FF. AA. y policiales, ha puesto mayor énfasis en la dimensión política más que en el estudio específico de los dispositivos represivos, los servicios de inteligencia y los perpetradores51. Los trabajos de la década de 1980 centrados en las FF. AA. y en la dictadura militar, pusieron el foco en el proceso político en curso, tanto desde el punto de vista del impacto de los procesos de modernización autoritaria y su efecto en la subjetividad y conformación de los actores colectivos con capacidad de agencia política52, como en los actores institucionales que conducirían el proceso de transición democrática: partidos políticos, organizaciones sociales y (FF. AA.)53. Esto potenció el desarrollo de estudios sobre las FF. AA., pero más centrados en su trayectoria en el proceso de profesionalización institucional y su rol como actores sociopolíticos en el marco del desarrollo institucional del Estado54. Esto ha dificultado establecer la relación y vínculos históricos entre la dinámica represiva y el proceso político, salvo afirmaciones generales respecto al rol de la DINA en el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet y de su consolidación al interior de la Junta de Gobierno55. Los trabajos de la historiadora Verónica Valdivia, sin desconocer la presencia de los dispositivos represivos en el período de la dictadura militar entre 1973 y 1990, han contribuido a cuestionar el carácter excepcional de los mismos, evidenciando su presencia y utilización en los orígenes de la formación del Estado de Compromiso con posterioridad a 1938, como en el desarrollo de la política estratégica de la UP en relación con las FF. AA. y policiales en el período 1970 y 197356.

Por su parte, trabajos recientes han permitido dar cuenta de los componentes de larga data del discurso anticomunista que configuró el imaginario de las FF. AA. chilenas y de sectores de la clase política nacional57, así como los componentes civiles en el apoyo de la dictadura militar y la orientación político-estratégica de las FF. AA. en términos de seguridad nacional58. Otros trabajos recientes han profundizado la dimensión antropológica de los militares, tanto de los conscriptos reclutados para el servicio militar durante la dictadura59, como de las trayectorias de la generación de militares que condujo el proceso de copamiento militar de Estado, omitiendo, a mi juicio, de manera inexcusable, el rol de esa misma generación en los crímenes de la dictadura, así como la orientación contrasubversiva de los mismos y su responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad60.

En torno al carácter de la represión en Chile, algunos trabajos han explorado los vínculos estructurales y de mediano plazo en el desarrollo de la conflictividad popular, así como de la represión estatal61. Por otra parte, una serie de trabajos se han abocado al estudio de los vínculos latinoamericanos de los militares chilenos con la doctrina de la guerra contrainsurgente francesa62, así como sus conexiones con la Escuela Superior de Guerra de Brasil, el Serviço Nacional de Informações, y la propia política exterior de la dictadura militar brasileña en el apoyo a los preparativos del golpe de Estado y la represión posterior llevada adelante por los militares chilenos, bajo asesoramiento de oficiales de inteligencia63. Cabe destacar en ese ámbito la reciente investigación de Roberto Simon que entrega evidencia contundente de las colaboraciones transnacionales sur-sur en el caso de las dictaduras militares, que amplían la agenda de investigación sobre la represión en la escala interamericana más allá de la Operación Cóndor64.

En particular, en torno al accionar represivo y de inteligencia de las FF. AA. y policiales, así como de aparatos represivos paraestatales y clandestinos, las investigaciones han sido impulsadas con fuerza por el periodismo de investigación y el género testimonial en desmedro de la historiografía65. Hacia finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990 surgió una gran cantidad de investigaciones sobre los principales acontecimientos e hitos represivos de la dictadura, tales como la Caravana de la Muerte, el caso de los hornos de Lonquén, el caso Degollados y otros crímenes66. En específico, sobre las acciones encubiertas de la DINA en el extranjero, se desarrollaron algunas investigaciones vinculadas a los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats en Argentina, y de Orlando Letelier en Washington, EE. UU., el homicidio frustrado de Bernardo Leighton y su esposa en Italia y el rol de la DINA en la Operación Cóndor67. Específicamente sobre los represores, sus formas de organización y lógicas de funcionamiento se han desarrollado algunos estudios de casos de centros clandestinos de detención y campos de prisioneros políticos68 e investigación centrada en figuras emblemáticas de la represión más que abordajes sistemáticos y reconstructivos de la dinámica represiva69. Esto ha propiciado un tipo de investigación de casos, donde prevalece el uso de archivos de prensa y el trabajo con testimonios, en desmedro de otras fuentes de información como archivos judiciales, archivos de la represión y de derechos humanos70.

Desde la arqueología y la antropología forense, se han desarrollado aportes interesantes para el conocimiento de las dinámicas represivas en los recintos y sitios en los que se organizó y ejecutó la represión71, como también en los sitios donde se buscó ocultar las huellas de las víctimas de la represión por parte de los perpetradores72. Desde la antropología social y la sociología, se han desarrollado investigaciones sobre sitios de memoria asociados a recintos represivos73. Finalmente, desde la psicología social y desde los estudios sobre urbanismo, se han vinculado los procesos de construcción de memoria en los espacios urbanos como forma de construcción de lugares de enunciación74.

Salvo algunos trabajos de rescate de las historias y memoria de la represión en regiones75, el grueso de la investigación se ha centrado en las militancias y la represión desatada sobre ellas para los casos del PCCH76 y el MIR77. Desde la óptica de la resistencia de la sociedad civil al régimen, destacan la reciente investigación de Oriana Bernasconi sobre la interacción entre las formas de registro documental de las violaciones a los derechos humanos y su impacto en los agenciamientos sociopolíticos de resistencia al régimen78. Desde un enfoque más centrado en las redes de la sociedad civil y la conformación de movimientos sociales, destacan la investigación de Robinson Silva sobre la resistencia a la dictadura, la de Carla Peñaloza sobre las organizaciones de derechos humanos y la de Manuel Bastías sobre las organizaciones de derechos humanos en dictadura79. Pese a ello, no existe ningún trabajo sistemático desde las ciencias sociales y la historiografía que se aboque al estudio y análisis de las organizaciones represivas con el desarrollo de la coyuntura política.

Existe cierto consenso en torno a la inflexión generada por la DINA en el desarrollo de las prácticas represivas y de inteligencia en Chile80, así como de los impactos y el rol protagónico que tuvo en el desarrollo de las coordinaciones regionales con los otros servicios de inteligencia y fuerzas represivas de la región81. No obstante, no existe acuerdo en torno a los elementos que incidieron en su desarrollo y funcionamiento en el marco de las dictaduras de seguridad nacional del cono sur, el impacto de la influencia extranjera en su conformación y de las redes de colaboración de la alta oficialidad militar del continente en el desarrollo del terrorismo de Estado en Chile. Pese a ello, una serie de trabajos ha remarcado la incidencia norteamericana en la formación de la DINA a través de la influencia de la Central Intelligence Agency (CIA)82. Otras investigaciones han remarcado algunos nexos con el Serviço Nacional de Informações de Brasil83 y otro tipo de trabajos han dado cuenta de las relaciones de colaboración de agentes del Mossad de Israel en el proceso de formación de los agentes de la DINA84.

Respecto a sus orígenes, el trabajo de Gabriel Salazar ha enfatizado que es el resultado de un necesario ajuste internacional del patrón de acumulación capitalista, lo que implicó la alianza entre sectores mercantiles, (neo)liberales y militares influenciados por la CIA85. Otras investigaciones sitúan a la DINA como el resultado lógico del desarrollo de la represión y su profundización con posterioridad al período de represión masiva del año 197386. Por su parte, la tesis de Pablo Riquelme sitúa a la DINA en el marco del proceso de profesionalización militar desarrollado en Chile y de las tendencias propias del funcionamiento de las FF. AA. como un cuerpo burocrático, acentuadas en el contexto de crisis política y económica que las llevó a iniciar una guerra en el frente interno87.

En síntesis, este conjunto de investigaciones ha remarcado el carácter represivo de la DINA y de la dictadura militar, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática. De la misma manera, han dado cuenta de ciertos elementos que marcan matices con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar. No obstante, poco se conoce respecto a la manera en cómo se van configurando históricamente las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión en los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existe claridad en torno a cómo se fue articulando este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno88. Finalmente, no existen investigaciones sobre la DINA y las FF. AA. que releven su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, la recopilación de información y la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.

El debate teórico-metodológico sobre la investigación de la represión

El enfoque morfogenético para el análisis de las organizaciones represivas

En términos epistemológicos, esta investigación se posiciona desde el realismo crítico en ciencias sociales y de la teoría social morfogenética. El punto central de la epistemología realista es la afirmación del carácter estratificado de la realidad social. Es decir, el reconocimiento de que tanto los agentes (individuos) como las estructuras sociales tienen propiedades autónomas irreductibles entre sí pese a que son interdependientes; así como los individuos son la condición de posibilidad de la emergencia de las estructuras sociales, el comportamiento de estas no es reductible por inferencia causal de las propiedades y atributos individuales. De la misma manera, las estructuras sociales que operan como entorno del agente son fundamentales para el desarrollo y desenvolvimiento del individuo; su intelección no es deducible de los atributos de las estructuras sociales. Esto es lo que lleva a cuestionar tanto la explicación metodológica del individualismo como del colectivismo presente con fuerza en la teoría social y en las humanidades89.

A partir de la doble entrada analítica agente-estructura, se destaca la centralidad de la temporalidad para el análisis social. La temporalidad implica en lo epistemológico reconocer dos condiciones de posibilidad para el estudio racional de los agentes y las estructuras, que se desprenden de la constatación de que son las estructuras las que crean las condiciones en las que los agentes vivos en el presente que tienen que actuar y a través de las cuales tiene lugar la elaboración social y cultural. La primera de ella es la dependencia de la actividad, que reconoce la mutua dependencia entre individuo y estructuras sociales. La segunda de ellas es el desfase temporal, la que sostiene que las estructuras sociales solo pueden explicarse si se tiene en consideración su interacción con las acciones de los individuos en el pasado interrelacionadas en el presente y que la temporalidad de la estructura es distinta a la de la agencia. Ese reconocimiento le da una importancia capital a la temporalidad para el análisis de la realidad social. Por ello, en términos metodológicos, esta investigación observa la relación entre los agentes, formas y dinámicas de la represión en un período determinado con las organizaciones e instituciones que estas adoptan. Por este motivo, toma como observables la coyuntura, los actores, las instituciones y las organizaciones.

Para los fines de esta investigación, las burocracias como cuerpos normados y organizados del Estado son los agentes que efectúan y materializan la represión y la inteligencia90. No obstante, dado que históricamente la represión de Estado que se acentúa en contextos dictatoriales y/o autoritarios es un tipo de violencia que combina repertorios legales e ilegales, como fenómeno se expresa en organizaciones normadas legalmente (burocracias) y en organizaciones que adoptan modos de organización clandestino e ilegal. En otras palabras, la represión y la inteligencia de Estado combinan formas de represión de hecho y de derecho, lo que Ernst Fraenkel denomina la existencia de un “Estado prerrogativo” y un “Estado normativo”91. La dimensión transversal a ambas es la dimensión organizacional, la cual queda conformada por redes de interacciones y por prácticas. En el plano de las interacciones sociales, las organizaciones son redes de interacción social prescritas, por lo que tomar como herramienta heurística la red tiene rendimientos en términos de expresión de la materialidad de los circuitos de interacción de una cadena organizacional92.

Esto nos permite entender los vínculos y las relaciones sociales como fenómenos configurados a partir de las cualidades de los actores y sus características. Para ello requiere precisar de una noción en torno al rol, efecto y cualidades del espacio como articulador de una red, tanto para el caso de los espacios formales como los informales. De la misma forma, es interesante introducir los efectos que generan los artefactos en las articulaciones de las redes, en el sentido de que se constituyen en la materialidad misma de la comunicación en una red. Desde nuestra perspectiva, la noción de práctica nos permite introducir una concepción no racional de la racionalidad de los actores, en términos de una caracterización de su comportamiento y relaciones en los espacios y en las redes.

Esta aproximación externa a la racionalidad la proponemos como una alternativa a la noción de subjetivación, que da cuenta del proceso de elaboración interno del sujeto, tanto de la actividad reflexiva (pensamiento) como de sus objetivaciones (relaciones). Por el contrario, la concepción de la racionalidad como una objetivación de las relaciones de un actor permite una aproximación reconstructiva de la acción en función de sus vínculos con otros actores, su disposición en espacios de articulaciones de redes y sus prácticas. En ese sentido, retomamos la noción trabajada por Paul Veyne93 en torno a la práctica entendida como lo que los actores hacen cuando hablan y actúan. El análisis de la práctica parte de la premisa que su racionalidad no puede ser evaluada por una estructura analítica subyacente a su experiencia, sino que, a partir de su desarrollo propio, su caracterización y de las relaciones que la producen. En ese sentido, el enfoque de la práctica es también un enfoque práctico y permite un análisis en términos pragmáticos, orientado más bien a la semántica y al uso94.

Red, espacio, artefactos y prácticas se constituyen en elementos claves para un análisis de la racionalidad de determinados actores y fenómenos complejos como la actividad represiva, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los servicios secretos de las dictaduras de seguridad nacional bajo la constatación de la dualidad entre Estado prerrogativo y normativo identificado por Fraenkel. Estas nociones son claves para la reconstrucción histórica del funcionamiento de la DINA. Por ejemplo, la red corresponde a la estructura de relaciones que permite una caracterización de los procesos de estructuración del mando, como de la toma de decisiones. Un análisis en torno a las cualidades de esta red, así como de vínculos establecidos entre ellos, permitiría una caracterización de los roles y grados de poder, así como de autonomía relativa, de cada uno de los actores. Por su parte, permite trazar los puntos de intersección de actores (nodos) por fuera de la red.

Por su parte, la dimensión del espacio nos permite comprender el lugar donde se efectúan las relaciones de la red y que demarcan los campos de acciones y posibilidades de los actores, a la vez que codifica el sitio en el que se desenvuelven, generando una ocupación funcional del mismo, en relación con los objetivos prácticos y el accionar de la red represiva. En ese sentido, la red y el espacio permiten entender y caracterizar las prácticas y los artefactos, entendidos como los objetos en torno a los cuales se desarrollan las prácticas y se configuran las redes. En una red represiva, los artefactos usados en los contextos de represión dan cuenta de una racionalidad y determinados grados de elaboración en torno al accionar y las prácticas represivas.

Violencia, represión e inteligencia estratégica

En algunos trabajos, la noción de violencia política aparece igualada a la noción de represión y conflicto, enfatizando diversas repercusiones teóricas, éticas y morales. Estas dependerán del ámbito interpretativo, ya sea a nivel simbólico95, normativo96, funcional y sistémico97. Como experiencia social, tanto la violencia y la represión están encuadradas social e históricamente; como señala Michel Wiewiorka, “la violencia varía de un período a otro en sus formas concretas, esbozando en cada época histórica un repertorio, así como las representaciones en las que se da lugar”98. Así como no existe relación de violencia pura, ni ejercicios de represión sin límites (salvo en las experiencias totalitarias), estas dimensiones constituyen relaciones instrumentales sujetas a valoración ética y moral en torno a sus límites y legitimidad99. Esto es lo que ha llevado a diversos grupos étnicos, políticos y culturales a reconocer en contextos de quiebres de la institucionalidad político-estatal o inexistencia de esta, a considerar la violencia política como una herramienta de fundación o disputa de un orden político, sobre todo en el caso de las guerras civiles100.

Los trabajos de Julio Aróstegui constituyen un aporte importante para pensar una historiografía de la violencia social y política sobre todo en contextos dictatoriales101. El primer rasgo distintivo identificado corresponde al reconocimiento de que constituye un tipo específico de acción social, manifiesta o latente, que se genera en el seno de una relación social enmarcada en torno al conflicto. Esto lo lleva a acotar fenomenológicamente la violencia como una realidad social extensiva solo a las sociedades humanas, diferenciándose del ámbito natural y biológico. El segundo rasgo distintivo está dado por la reflexión que abre respecto al conflicto, el cual constituye la condición de necesidad para la emergencia de la violencia, pero no su consecuencia necesaria. El tercer punto dice relación con el carácter y alcance social del desacuerdo en una relación social, que lo lleva a reposicionar la categoría conceptual de la anomia, entendida como la pérdida de vigencia de las reglas y normas que regulan la acción individual y social en una determinada sociedad. Por todo ello, la definición de violencia que acuña Aróstegui la entiende como una forma de regulación no consensuada de acción en un conflicto: “violencia es toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”102.

A partir de la conceptualización de la violencia como un mecanismo de regulación no consensuado de un conflicto en torno al horizonte normativo de una sociedad determinada, la conceptualización de la violencia se relaciona con el poder y la autoridad. Esto lo lleva necesariamente hacia una reflexión respecto a la vinculación entre conflicto social, el poder social y el Estado, lo que fundará la distinción entre violencia social y violencia política. A partir de la dicotomía entre sociedad –en la que se expresan relaciones sociales de horizontalidad– y Estado –como ámbito en el que se desarrollan relaciones sociales verticales–, Aróstegui entenderá que la violencia social es la que se expresa entre personas, grupos, instituciones o corporaciones en un conflicto entre partes equiparables, mientras que la violencia política es un conflicto entre personas, actores, instituciones, grupos o corporaciones con poderes y posiciones asimétricas: “La violencia política es siempre una violencia vertical, pero que tiene una doble dirección”103.

Desde esa perspectiva, la violencia corresponde a un tipo de relación social en el que se desarrolla un tipo de acción orientada que tiene por objetivo el cambio de la voluntad, la decisión o la acción de un individuo, organización o institución acorde a las intenciones e intereses de uno de los actores de dicha relación104. La violencia es, por tanto, una forma de coacción, es una acción sobre otra acción que afecta el curso y orientación de esta, tanto a nivel de las disposiciones corporales como simbólicas105.

Complementando esta entrada analítica de manera coherente con el dualismo metodológico agente-estructura, Eduardo González Calleja nos propone una aproximación a la violencia que vincula al individuo con los contextos sociales y políticos en los que este se desenvuelve. En términos relacionales, la violencia conlleva tres dimensiones analíticas: la ejecución de una acción coactiva, la amenaza o aplicación de esta y una deliberación en torno a la intencionalidad y consecuencias de la aplicación de dicha coacción106. Por ello, la violencia comporta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de una persona, en la medida que se constituye en un ataque o agravio en contra de la integridad física o moral. Pero a la vez, también, se constituye en una relación política y de poder, por cuanto que las sociedades contemporáneas quedan estructuradas en sus esferas de acción en el marco del derecho, la violencia como fenómeno de observación se vincula con el Estado, en la medida en que es entendido como la materialización y cristalización de determinados conflictos de las relaciones sociales107 y se ha definido como el lugar de expresión de la institución de lo político y de la estructuración del marco de la acción política. De ahí la definición clásica del Estado de Max Weber, entendido como aquella comunidad humana que en el marco de un determinado territorio reclama (con éxito) el monopolio legítimo de la violencia física108 y simbólica109. Como órgano instituido de lo político, el Estado pretende para sí la institución de la autoridad de una determinada sociedad, vinculándose con los individuos a través de determinadas instituciones normadas legalmente. Este modo de relación normada por los cuerpos legales posibilita que la interacción entre individuos quede diferenciada entre rol y posición; de este modo, el vínculo de un individuo con otro no solo expresa una interacción corporal, sino que también simbólica en la medida que cumple con un rol en el poder instituido y normado legalmente.

La violencia que ejecuta el Estado para controlar, disciplinar y administrar determinados grupos humanos corresponde a la represión. Siguiendo a González Calleja, la represión es una de las posibles acciones de regulación que los Estados y sus burocracias dirigen en contra de individuos o grupos que desafían las relaciones de poder existentes y los órdenes políticos constituidos de facto. Es, en ese sentido, “(…) el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”110. En la medida en que el Estado reclama para sí el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica, los límites de la utilización de esta, así como las maneras y condiciones bajo las cuales se recurre a ella, quedan normadas legalmente y sujetas a los grados de legitimidad que implican su uso para el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos sociales que administran los cuerpos e instituciones normadas del Estado, corresponden a las burocracias. Las burocracias son los sectores jurisdiccionales estables, organizados jerárquicamente y normados legalmente para el desarrollo de actividades prescritas por la autoridad constituida del Estado. Dado que el Estado ejerce para sí el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, el ejercicio y materialización de esta se efectúan a través de los órganos burocráticos del que han sido normados como depositarios de las funciones coactivas, de defensa, de administración del delito y de seguridad al interior de una determinada sociedad111.

La diferencia entre violencia y represión es que la segunda siempre corresponde al uso de los medios coercitivos y coactivos por parte de las burocracias e instituciones del Estado y está dirigida en contra de un determinado objetivo, población y se somete a una evaluación instrumental. Por su parte, la represión sistemática y vinculada con el ejercicio del poder de Estado ha sido desde comienzos de la modernidad denominada como terror de Estado112. Se ha entendido por terrorismo de Estado el uso sistemático de la represión a través de la combinación de repertorios legales e ilegales, burocráticos y/o en aparatos organizacionales clandestinos, destinados a efectuar coerción, debilitando, eliminando o erradicando las resistencias de los objetivos de la violencia113. Por su parte, González Calleja ha enfatizado el carácter gradacional del terrorismo de Estado que va desde la intimidación coercitiva (por ejemplo, mediante asesinatos selectivos por grupos paraestatales amparados por agentes de Estado), al ejercicio sistemático, extendido y generalizado en contra de tipos específicos de poblaciones (lo que comporta ciertas características de genocidio).

Dado que la coerción y la represión constituyen uno de los rasgos más distintivos de las dictaduras, se torna necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. Como señala Pablo Policzer, los gobiernos autoritarios coercitivos –como las dictaduras– se enfrentan necesariamente a la problemática de la creación de organizaciones coercitivas capaces de cumplir con los objetivos políticos del régimen, desde el aspecto más fundamental (la conquista y conservación del poder del Estado), el control sobre la población mediante diversos dispositivos de subjetivación (como lo son las campañas de propaganda y los dispositivos de guerra psicológica), de vigilancia, control, hasta la administración y gestión de sus propios gobiernos. Por otra parte, los Gobiernos dictatoriales sustentados en el uso de la coerción se enfrentan con la propia tensión de disponer de un control sobre las propias burocracias, evitando que se generen cuestionamientos a la concentración del poder114. Ello implica necesariamente generar consideraciones sobre las burocracias y los mecanismos de restricción de estas.

Como he indicado en un adelanto de esta investigación115, las burocracias que legamente se abocan a las labores represivas corresponden a aquellas que tienen mandatos legales de administración del monopolio de la violencia física: las FF. AA. y policiales, las cuales están divididas por una diferenciación funcional en militares y policiales. Las burocracias militares administran las labores de defensa en escenarios de guerra externa e interna; las policías se abocan a la administración y resguardo del orden público. Para el desarrollo de las funciones de las burocracias militares y policiales, se contemplan las labores de recopilación de información y de análisis de esta: la inteligencia116. Dada la complejización de las sociedades contemporáneas, así como los escenarios de conflicto intra e interestatales, las funciones de inteligencia se formalizan y en determinadas coyunturas se constituyen en servicios diferenciados. Desde este punto de vista, emergen las burocracias de información e inteligencia.

Dado que el ejercicio de la represión y la inteligencia muchas veces está en el límite de la legalidad, una comprensión del desarrollo histórico de las mismas debe prescindir de un criterio formal de análisis para escrutar las formas cómo históricamente se producen las funciones militares, policiales y de inteligencia117. Desde este punto de vista, el enfoque de observación más que hacia las orientaciones normativas o los marcos legales que las sustentan (sin perder el foco en estos componentes), debe abocarse a las maneras en cómo, históricamente, se organizan y se vinculan con los dispositivos jurídicos, los aparatos paraestatales y estatales118. Es decir, escrutar el punto de articulación en los que las organizaciones burocráticas militares, policiales y de inteligencia ejecutan la represión, conllevando con ello graves violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, dado que la represión constituye una relación social, está sujeta a mecanismos de restricción, los cuales operan al interior del propio Gobierno autoritario (mediante mecanismos de centralización y control de los agentes) y en relación con la población civil (mediante diversos repertorios de denuncia, registro y visibilización)119.

Todas estas distinciones son fundamentales, ya que nos permiten entender la vinculación entre violencia política y represión, así como la conexión entre represión y producción de subjetividad a través de la representación del enemigo. Estudiar y explicar la represión estatal en términos históricos y con un enfoque realista crítico, implica acuñar una concepción teórica que incorpore al menos las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la represión estatal es un acontecimiento y un proceso, que no es reducible ni a la voluntad y acción de un individuo en particular, ni a meras disposiciones estructurales e institucionales sin contexto histórico. Es una acción de regulación violenta que pretende para sí la legitimidad instituida en el Estado. Por ende, se encuadra en instituciones, regulaciones y legislaciones estatales. El ejercicio de esta es efectuado por agentes y burocracias que tienen como mandato el cumplimiento de dicha acción con diversos márgenes de discrecionalidad y legalidad.

En segundo lugar, la represión y el consenso son ámbitos y funciones de la estatalidad que inciden en la legitimidad de un determinado régimen y forma de Gobierno; por ende, están sujetos a control político (mecanismos de control interno). Las relaciones sociales institucionalizadas en el Estado en relación con la conflictividad social de la época, inciden en los mecanismos de formación de consenso institucional o de la legitimidad de la represión estatal, dando cuenta de la sociedad y Estado de una determinada época. La existencia de organización de la sociedad civil y contrapesos institucionales inciden en las dinámicas, prácticas y mecanismos de la represión estatal, así como en la discrecionalidad y legitimidad de esta mediante el desarrollo de dispositivos y mecanismos de restricción de la represión (mecanismos de control externo).

En tercer lugar, la represión estatal tiene como objeto un sujeto representado como objetivo. Ello implica la elaboración simbólico-cultural del mismo y, a la vez, su representación legal a través de la tipificación del delito. Dicha representación institucionalizada emerge de las discusiones, debates y luchas sociopolíticas del contexto y está profundamente arraigada a las representaciones de los sujetos sociopolíticos de la época.

Finalmente, los agentes de la represión son las burocracias que, a su vez, están formadas por individuos en contextos sociales permeados de las representaciones y conflictos de la época. Dichos sujetos no están escindidos de sus contextos sociales, los cuales inciden en motivación y representación de estos, que permiten legitimar el accionar represivo.

Estudiar la represión y las dictaduras necesariamente implica problematizar el fenómeno de la represión desde diversas consideraciones, partiendo de un enfoque que integre la mutua relación de los individuos y las estructuras en los contextos sociopolíticos de un momento histórico determinado. Sin la pretensión de generar un enfoque rígido para el estudio de la represión estatal, propongo este marco de operacionalización como una grilla analítica para contemplar diversos ámbitos de una problemática compleja (como lo es la represión y lo son las dictaduras), que necesariamente necesita del trabajo sistemático y reflexivo de la historiografía para aportar a generar los elementos que nos permitan comprender sin que ello implique una justificación ético-moral de los hechos.

Tratamiento de los archivos y producción de información

En términos generales, los archivos corresponden a un tipo de información y “verdad” indexada, registrada y organizada bajo una determinada lógica120. Esto exige una distinción entre los archivos de represión y los archivos de memoria y derechos humanos121. La premisa del trabajo con archivos judiciales es que existe una distinción entre la verdad procesal, enmarcada en condiciones fácticas de producción y demostración encuadrada por los sistemas de verificación y falseamientos de las pruebas normados por el derecho penal, con la noción de verdad histórica, sujeta a la triangulación de fuentes, el análisis reconstructivo y el juicio moral122. En términos de verdad jurídica, los tribunales internacionales (Corte Internacional de la Haya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) establecen como criterio jurisprudencial que, en casos en los cuales la información penal es incompleta, se distinga entre un hecho histórico y una responsabilidad penal castigable. Por ese motivo, la verdad histórica lo es desde el punto de vista de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; es decir, su testimonio tiene estándar probatorio, en la medida que permite la acreditación de hechos123. Otra de las premisas con archivos judiciales ha sido desarrollada por la Red de Estudios de Antropología Jurídica Argentina, la que ha desarrollado una adecuación de las metodologías etnográficas para el análisis testimonial124, sujetas a las condiciones que en el plano ético y moral, Giorgio Agamben y Primo Levi han establecido para los testimonios de ex agentes represivos y víctimas de la represión125.

Finalmente, en términos prácticos, como señalan John Dinges y Peter Kornbluh126 al trabajar la reconstrucción histórica de las organizaciones y acciones represivas desde diversos documentos, es necesario atender a las condiciones de producción de dicha información, someterlas a evaluación crítica a través de la triangulación de la misma y sostener una afirmación en base a un criterio de saturación; es decir, mantener aquellas informaciones que por credibilidad de la fuente tiendan a reiterarse en documentos de la misma jerarquía de producción de información.

Para la presente investigación, revisé los siguientes centros documentales nacionales: el Archivo Nacional de la Administración (Arnad), Sección prensa y microfilm-Biblioteca Nacional (Prensa-BN); el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel); la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN); el Archivo de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas y los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Jenadep-PDI), que contiene la documentación de las pesquisas de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu); el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos (Cedoc-MMDH); el Archivo Roberto Montandón del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN); el Centro de Documentación de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Cedoc-Fasic); el Centro de Documentación de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (Cedoc-Funvisol); el Archivo de la Fundación Jaime Guzmán (AFJG); el Archivo de la Fundación Patricio Aylwin; el Centro de Documentación del Parque por la Paz Villa Grimaldi (Cedoc-VG); el Centro de documentación del sitio de memorias Londres 38; el Archivo del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume (CCMMN).

En el ámbito internacional, revisé el fondo “Operación Cóndor” del Museo, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay (conocido como el “Archivo del Terror”), el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina. Finalmente, revisé la documentación de inteligencia de EE. UU. desclasificada por la Fredom of Information Act (FOIA), la Intelligence Authorization Act y el National Security Archive de la Universidad George Washington, que tiene información sobre la acción encubierta norteamericana en Chile.

Panorámica de la investigación

Este libro se organiza en seis capítulos. El primero de ellos aborda la construcción del discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión vista desde el proceso de profesionalización del cuerpo de oficiales de las FF. AA. En específico, busco dar cuenta de cómo a lo largo del proceso de profesionalización militar se va desarrollando una institucionalización de valores y representaciones del orden sociopolítico construido sobre una imagen organicista y gremial del Estado y la sociedad, que implicó una evaluación moral de las causas de la conflictividad social. Sobre esta imagen de mundo –como diría Jürgen Habermas–, el proceso de modernización de la organización burocrática de las FF. AA. propio del ejercicio de la profesión militar, construyó un discurso de la seguridad nacional que recepcionó las reflexiones de las FF. AA. francesas y norteamericanas en relación con la Guerra Fría interamericana y los conflictos de liberación nacional de los países del tercer mundo como parte del ejercicio profesional de la guerra contemporánea. Esto implicó la adopción de una serie de premisas neocoloniales y contrasubversivas, que se adoptaron como parte del ejercicio técnico-profesional de las FF. AA., que implicó el desarrollo de un discurso sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, que reelaboró el imaginario anticomunista presente en las instituciones militares y potenció una lectura del conflicto sociopolítico de la década de 1960 como un problema originado en causas morales, catalizadas por agentes políticos, cuya ideología marxista buscaba la disolución del orden social. Por ende, visto como un problema de subversión y contrasubversión, el cual fue desarrollado y elaborado por los institutos militares y las burocracias de información, inteligencia y contrasubversión que se fueron creando para tal efecto.

En el capítulo segundo rastreo el dispositivo de la represión previo al Gobierno de la UP, en específico la existencia de las zonas de emergencia y las CAJSI, en términos legales y organizativos, su relación con los estados de excepción constitucional y los dispositivos legales creados por el Estado como una manera de contener y reprimir al movimiento popular. Desde ese punto de vista, muestro cómo las CAJSI se vinculan con los dispositivos de militarización de la función policial y otros instrumentos militares permeados de una concepción contrasubversiva, como las planificaciones de seguridad interior, reglamentos y planes de acción militar. Estos dispositivos, perfeccionados durante el período 1970-1973, son el esquema sobre el que se ajustaron los diversos planes de acción del movimiento golpista, a partir de la aplicación de los dispositivos de excepción constitucional y la información recopilada en los operativos en el marco de la Ley de Control de Armas desde junio de 1973. Específicamente, trato de rastrear alcances e implicancias de estas, pese a las restricciones de acceso a la información sobre seguridad nacional vigente, basándome en los testimonios de oficiales golpistas y la información documental disponible en los archivos judiciales y de la PDI.

En el capítulo tercero reviso cómo durante el Gobierno de la UP ese discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión, posibilitado por una creciente militarización de la función policial y el involucramiento de las FF. AA. en labores de orden interno y seguridad interior, en el marco de la crisis político-institucional que se fue generando, las llevó a ajustar los dispositivos de seguridad interior y contrasubversión a través del desarrollo de las CAJSI para la aplicación de los estados de excepción constitucional y los operativos de la Ley de Control de Armas que propiciaron el copamiento militar del territorio semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto implicó que, en un contexto de crisis institucional y de confrontación política rupturista alimentada permanentemente por parte de la oposición política (izquierdista y de derecha) y de la acción encubierta norteamericana, las FF. AA. comenzaron progresivamente a constituirse en un actor preponderante en la resolución de la crisis política que culminó con el golpe de Estado, vista desde una perspectiva de contrasubversión y orden interno.

En el capítulo cuarto, en base a la constatación de que el factor bélico militar constituyó el elemento de coherencia interna del movimiento golpista, indago cómo a partir de la planificación de seguridad de las CAJSI, sus características y limitantes, se puede explicar la dinámica represiva y el desarrollo de la contrasubversión en los primeros meses del golpe de Estado. Junto con ello indago cómo se construyó la legitimación del golpe de Estado en el ámbito jurídico-estatal, civil y político y cómo se institucionalizó la dictadura militar en las primeras semanas de 1973. Muestro cómo lejos de la tesis del caos político, administrativo y militar durante las primeras semanas del golpe de Estado, las acciones de represión descentralizadas a cargo de cada uno de los jefes militares de las CAJSI, lejos de ser un indicador de falta de coherencia, son la expresión político-militar que las contempló como los dispositivos de control territorial y contrasubversión en los territorios. Dentro de este panorama, muestro cómo las masacres perpetradas por operativos cívico-militares complejizan y exceden el marco meramente estratégico-militar y ponen en la agenda investigativa (futura) la problemática de los perpetradores y colaboradores civiles de crímenes de lesa humanidad, que hasta el día de hoy no han sido problematizados historiográficamente ni tematizados públicamente por la sociedad chilena.

En el capítulo quinto me centro en explicar cómo, desde las mismas características de las CAJSI y de la distribución de los esfuerzos militares de la Junta Militar, se puede entender el surgimiento de las principales burocracias contrasubversivas y de inteligencia política de Gobierno, siendo el caso de la DINA un ejemplo de aquello, todo lo cual permite entender que al alero del discurso contrasubversivo de las propias FF. AA. en relación con la guerra contrasubversiva se torna una necesidad política de primer orden el llevar la guerra al ámbito clandestino, ajustando para ello los principales dispositivos legales (modificaciones del Código de Justicia Militar y Ley de Control de Armas) y burocracias represivas.

En el capítulo sexto ahondo en el auge de la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura, marcado por la consolidación de Augusto Pinochet. En específico, pongo el foco en su dinámica organizacional interna y en las necesidades políticas de la coyuntura que permiten entender la prefiguración de los blancos militares de la represión (MIR, PS y PCCH), las disputas entre la DINA y el Comando Conjunto y su ocaso producto de la presión internacional y nacional ante las operaciones de contrainteligencia y la publicidad que comenzó a darse a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en los que la desaparición forzosa se tornó en el principal rasgo del período.

Para finalizar, en las conclusiones, sintetizo los principales hallazgos y contribuciones de esta investigación y entrego algunas aportes teórico-metodológicos, así como de agenda de investigación, que pueden contribuir a posicionar un enfoque historiográfico sobre la historia reciente de la represión, que tome como observable la dinámica de los represores y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos.

1 Borrador Informe Policía de Investigaciones de Chile. Departamento V “Asuntos Internos”, causa rol 62.994-5, 19 de julio de 2000, p. 2. Archivo Jenadep-PDI.

2 El informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura reconoce los siguientes períodos: período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977) y período de represión institucionalizada (de septiembre de 1977 hasta marzo de 1990). Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Imprenta La Nación S.A., 2005, pp. 201-222.

3 Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Santiago: Taurus, 2016, pp. 177-192; Arriagada, Genaro. La política militar de Pinochet. Santiago: Impresor Salesiano, 1985, p. 18. Varas, Augusto. Los militares en el poder. Régimen y Gobierno Militar en Chile, 1973-1986. Santiago: Pehuén Editores, 1987. Timmermann, Freddy. El factor Pinochet. Dispositivos de Poder-Legitimación-Elites. Chile, 1973-1980. Santiago: Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2005.

4 Riquelme, Pablo. Profesionalismo militar y represión en Chile: el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 1973-1977. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Leiden, 2011, p. 57. Policzer, Pablo. Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura militar. Santiago: Lom ediciones, 2014.

5 Amorós, Mario. “La DINA: el puño de Pinochet”. Ponencia presentada al 53° Congreso Internacional de Americanistas, julio de 2009, México D.F. Garcés, Magdalena. Terrorismo de Estado en Chile: la campaña de exterminio de la DINA en contra del MIR. Tesis doctoral. Madrid: Universidad de Salamanca, 2016. Riquelme, op. cit.; Rivas, Pedro y Rey-García, Pablo. “La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena y la hybris autoritaria”, Presente, pasado y futuro de la democracia, 2009, pp. 667-676. Salazar, Gabriel. Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). Vol. I. Historia, testimonio, reflexión. Santiago: Lom ediciones, 2013. La sorda justicia. El “Hoyo” de José Domingo Cañas, Cuartel Ollagüe de la DINA. Santiago: Fundación 1367, 2016.

6 Huneeus, op. cit. Moulian, Tomás. Chile actual: anotomía de un mito. Santiago: Lom ediciones, 1998.

7 Salvo los trabajos de Genaro Arriagada sobre la política militar del régimen y el de Freddy Timmermann centrado en la figura de Augusto Pinochet, no existen trabajos específicos sobre este tema: Arriagada, op. cit. Timmermann, op. cit.

8 Policzer, Modelos del horror…, op. cit., p. 29. Timmermann, El factor Pinochet…, op. cit., pp. 230-247.

9 Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi). Servicios de inteligencia del Gobierno Militar, manuscrito, s/f, 8 pp. Copachi. Descripción de las acciones de los Servicios de Inteligencia del Gobierno Militar, manuscrito, febrero de 1975, 16 pp. Copachi. Un año y medio de Gobierno Militar. Manuscrito, marzo de 1975, 181 pp. Archivo Funvisol. Este mismo esquema explicativo es el que emerge en el Informe Rettig. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo 2, Santiago: Andros, 1996, pp. 451-458.

10 La corriente de estudios sobre represión al interior de la historiografía del tiempo reciente ha problematizado la utilización del concepto de terrorismo de Estado. Al respecto, cfr. Águila, Gabriela. “Violencia política y dictadura: historizar y debatir sobre los alcances de un concepto elusivo”. En: Águila, Gabriela; Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo (coords.). La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XXI. Buenos Aires: Imago Mundi, 2020, pp. 83-94.

11 Harmer, Tania y Riquelme, Alfredo (ed.). Chile y la Guerra Fría Global. Santiago: Ril Editores, 2014. Harmer, Tania. El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

12 Cristián Garay señala que la matriz donde se desarrolla la doctrina de seguridad nacional de parte de los militares chilenos, puede ser llamada “Doctrina de Soberanía Geoeconómica”. Garay, Cristián. “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y participación militar”, Política. Revista de Ciencia Política, núm. 10, 2019, pp. 71-177. Cfr.: Garay, Cristián. Entre la espada y la pared. Allende y los militares. 1970-1973. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2014. Sobre la plasticidad de esta noción de la seguridad nacional: Valdivia, Verónica. El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980. Santiago: Lom ediciones, 2003.

13 Sobre la tesis general de la militarización de la función policial como un dispositivo complementario al proceso de ampliación del ámbito de incorporación del movimiento popular, en un contexto de crisis de hegemonía: Valdivia, Verónica. Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del Siglo XX (1918-1938). Santiago: Lom ediciones, 2017. Valdivia, Verónica. Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Santiago: Lom ediciones, 2021.

14 Águila, Ernesto y Maldonado, Carlos. “Orden público en el Chile del siglo XX: Trayectoria de una policía militarizada”. Peter Waldman (ed). Justicia en la calle. Ensayo sobre policía en América Latina. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 1996, pp. 73-97.

15 Cfr. Valdivia, Verónica. “El retorno de la fuerza: Zona de Emergencia, guerra y represión (1938-1949)”. Pisagua, 1948…, op. cit., pp. 165-225. Para una revisión en detalle de dicho cuerpo legal y sus modificaciones: Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. Arquitectura Política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990. Fuentes para la Historia de la República. Vol. XIX. Santiago: Centro de Investigación Diego Barros Arana, 2002.

16 Valdivia, Verónica. “Chile: ¿un país de excepción? La Ley de Control de Armas y la máquina represiva puesta en marcha”. En: Julio Pinto (ed.). Fiesta y drama: nuevas historias de la Unidad Popular. Santiago: Lom ediciones, 2014, pp. 205-230. Magasich, Jorge. Los que dijeron “No”. Vol. I. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973. Santiago: Lom ediciones, 2008, p. 8. Pérez, David. La fronda militar: el 11 de septiembre. Santiago: Universidad de Chile-Departamento de Ciencia Política, Documento de Trabajo núm. 82, septiembre de 2006.

17 Álvarez, Rolando. ¿Represión o integración? La política sindical del Régimen Militar, 1973-1980”, Historia, núm. 43, vol. II., junio-diciembre, 2010, p. 331. Valdivia. El golpe después…, op. cit., pp. 97-149. Arriagada, La política militar…, op. cit. Arriagada, Genaro. El pensamiento político de los militares. Santiago: Cisec, 1980. Arriagada, Genaro. Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Santiago: Editorial Sudamericana, 1998. Constable, Pamela y Valenzuela, Arturo. Una nación de enemigos. Chile bajo Pinochet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. Huneeus, op. cit., p. 3.

18 Harmer. El Gobierno de Allende y la Guerra Fría…, op. cit. Cfr. El libro de Greg Grandin y Joseph Gilbert, en específico el capítulo de Peter Winn. Winn, Peter. “The Furies of the Andes: Violence and Terror in the Chilean Revolution and Counterrevolution”. En: Grandin, Greg y Joseph, Gilbert (ed.). Insurgent and Counterinsurgent violence during Latin America’s Long Cold War. Durham y Londres: Duke University Press, 2010, pp. 239-275.

19 Es la explicación formulada por la propia dictadura en los primeros meses: Secretaría General de Gobierno de la República de Chile. Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile. Santiago: Editorial Lord Cochrane, 1973. Cabe resaltar que es la misma explicación sostenida por lo sectores de la Democracia Cristiana que apoyaron el golpe de Estado: Arriagada, Genaro. De la “vía chilena a la vía insurreccional”. Santiago: Editorial del Pacífico S.A., 1974. Por otra parte, a comienzos de la democracia en 1990, el Ejército de Chile sostuvo esta posición institucional. Ejército de Chile. Presentación del Ejército de Chile a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I. Santiago, 1990, 110 pp.

20 Al respecto, véase el aporte investigativo para el caso de la región de Los Lagos que efectuó Sebastián Carreño: Carreño, Sebastián. Terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Llanquihue. La represión en el Cuartel de la Dirección de investigaciones de Puerto Montt, 1973-1975. Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile, 2021.

21 EMG.FA. Reservado núm. 335 del 17 de agosto de 2011.

22 Dirección de Inteligencia Nacional. Partido Socialista. 1975. Elaborado por: Grupo Tigres y Agrupación Cobra. Santiago, agosto de 1975, 91 pp.

23 Este enfoque ha sido uno de los principales aportes de la investigación comparada, tanto del caso argentino como del nazismo durante el Tercer Reich. En el caso argentino, la corriente de estudio sobre historia reciente ha sido fundamental en este proceso de investigación sistemática de la represión como política de Estado, tanto en los períodos democráticos como dictatoriales. Cfr. Franco, Marina. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012. En el caso del nazismo, una síntesis de esta discusión en: Kershaw, Ian. La dictadura nazi. Principales controversias en torno a la era de Hitler. Buenos Aires: Siglo XXI, 2015 [1985].

24 Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Los campos de concentración. Buenos Aires: Prometeo, 2016, pp. 21-22.

25 Para una revisión de esta producción intelectual: Valdivia, Verónica. “Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista”, Tempo & Argumento, 10(23), pp. 167-203. Para una ampliación y actualización de esa discusión: Seguel, Pablo. “Historia reciente en el cono sur americano. Aportes teórico-metodológicos para la investigación de la represión en la dictadura cívico-militar en Chile, 1973-1990”, manuscrito.

26 Stern, Steve. Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013 [2009]. Collins, Cath; Hite, Katherine y Joignant, Alfredo. Las políticas de la memoria en Chile: desde Pinochet a Bachelet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. Seguel, Pablo. Derechos Humanos y Patrimonio. Historias/memorias de la represión (para) estatal en Chile. Santiago: Dirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019.

27 Valdivia, Pisagua: 1948… op. cit. Valdivia, Subversión, coerción y consenso… op. cit. Valdivia, El golpe después del golpe…, op. cit. Valdivia, . “Chile: ¿un país de excepción?… op. cit.. Valdivia, Verónica. “Todos juntos seremos la historia: Venceremos” Unidad Popular y fuerzas Armadas”. En: Julio Pinto (coord. y ed.). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago: Lom ediciones, 2017, pp. 177-202.

28 Archer, Margareth. Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009.

29 Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Buenos Aires: Prometeo, 2016. Brodeur, Jean Paul. Las caras de la policía. Buenos Aires: Prometeo. 2011.

30 García de Leigh, Gabriela. Leigh. El general republicano. Santiago: Salesianos Impresores S.A., 2017.

31 Grandin y Joseph, op. cit. Harmer, El gobierno de Allende…, op. cit.

32 Warren, Dean. “Latin American golpes and economic fluctuations, 1823-1966”. Social Science Quartely, vol. 51, núm.1, 1970, pp. 70-80. Roitman, Marcos. Tiempos de oscuridad. Los Golpes de Estado en América Latina. Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile, 2016.

33 Cabe destacar que esta fue la manera cómo se caracterizó la nueva oleada de dictaduras militares iniciadas con el golpe de Estado de 1954 que derrocó al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz con intervención directa de la CIA. Pese a ello, las investigaciones recientes han matizado esta afirmación, mostrando cómo la orientación contrasubversiva de las FF. AA. latinoamericanas ha sido una tendencia de larga data. Grandin y Joseph, op. cit.

34 Joxe, Alain. Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, 1970. Llambías, Jaime. Chilean Armed Forces and the coup d’ Etat in 1973. Thesis Master of Art. Montreal: Mc Gill University, 1978.

35 Horowitz, Irving. “El militarismo en América Latina”. Revista de Ciencias Políticas, 1966, núm.45-46, 1966, pp. 133-178. Johnson, John. Militares y sociedad en América Latina. Buenos Aires: Solar-Hachette, 1964.

36 Sepúlveda, Alberto. “El militarismo desarrollista en América Latina”. Foro Internacional, XIII, núm. 1, 1972, pp. 45- 65.

37 Handal, Schafik. “El fascismo en América Latina”. Revista América Latina, núm. 4, 1976, pp. 121-146. Borón, Atilio. “El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina”. Revista Mexicana de Sociología, núm. 39(2), 1977, pp. 481-528.

38 Carranza, Mario. Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina. México DF: Siglo XXI Editores, 1978. O’ Donnell, Guillermo. El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis. Buenos Aires: Editorial Belgrano. 1996 [1982]. Rouquié, Alain. El Estado militar en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1984. Nina, Andrés. “La doctrina de seguridad nacional y la integración latinoamericana”. Nueva Sociedad, núm.27, 1979, pp. 33-50.

39 Arriagada, Genaro y Garretón, Manuel Antonio. “Doctrina de Seguridad Nacional y regímenes militares”. Estudios Sociales Centroamericanos, núm. 20, 1978, pp.129-153; Leal, Francisco. “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”. Revista de Estudios Sociales, núm. 15, 2003, 74-87.; Tapia, Jorge. El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F.: Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980. Chateau, Jorge. Seguridad nacional y guerra antisubversiva. Santiago: Documento de Trabajo. Programa Flacso-Santiago, núm. 185, 1983. Duhalde, Emilio. El Estado terrorista argentino. Buenos Aires: Colihue 2013 [1983]. Rivas, Fernando y Elisabeth, Riemann. Las Fuerzas Armadas de Chile: un caso de penetración imperialista. La Habana: Editora de Ciencias Sociales, 1976.

40 Calveiro, Pilar. Poder y desaparición. Buenos Aires: Colihue, 2014 [1997]. Feierstein, Daniel. Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009.

41 Duhalde, op. cit. Tapia, op. cit. Slatman, Melisa. “Dictaduras de seguridad nacional en Chile y Argentina. Estudio comparativo y relacional de sus estrategias represivas”. Aletheia, vol. 7, núm. 13, 2016. Slatman, Melisa. “Contrarrevolución en el cono sur de américa latina. El ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional (1964-1990)”. En: Gustavo Guevara (Coord). Sobre las Revoluciones Latinoamericanas. Buenos Aires: Newen Mapu, 2013, 15 pp.

42 Calveiro, op. cit. Duhalde, op. cit.

43 Alonso, Luciano. “La lucha por los derechos humanos. Logros y perspectivas de sus estudios”. En Gabriela Águila, Laura Luciani, Luciana Seminaria y Cristina Viano (comps.). La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Imago Mundi, 2018, pp. 109-128. Crenzel, Emilio. Historia política del nunca más. La memoria de los desaparecidos en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009. Crenzel, Emilio. “Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones a los derechos humanos en la transición política argentina (1982-1983)”. En Claudia Field y Marina Franco (ed.). Democracia hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 81-114; Jelin, Elizabeth. La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2017.

44 Franco, Marina. “La “teoría de los dos demonios” en la primera etapa de la posdictadura”. En Field y Franco. Democracia hora cero… op. cit., pp. 23-80.

45 Crenzel, “Ideas y estrategias…”, op. cit.; Jelin, op. cit.

46 Flier, Patricia (comp.). Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en historia reciente. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2014. Franco, Marina y Levin, Florencia. “El pasado cercano en clave historiográfica. En Marina Franco y Florencia Levin (comp.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2006, pp. 31-65. Levin, 2018.

47 Ranalletti, Mario. “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del terrorismo de Estado (1955-1976)”. En Daniel Feierstein (comp.). Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009, pp. 249-80. Ranalletti, Mario. “Las formas y las lógicas de la represión clandestina: planificación centralizada, autonomía operativa de los grupos de tarea y violencia extrema”. II Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión, 2016.

48 Franco, Un enemigo para la nación… op. cit.

49 Mazzei, Daniel. Bajo el poder de la caballería. El ejército argentino (1962-1973). Buenos Aires: Eudeba, 2012. Mazzei, Daniel. La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962. Revista de Ciencias Sociales, 13, 2002, pp. 105-137.

50 Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales”. En Gabriela Águila y Luciano Alonso (comps). Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo, 2013, pp. 97-121. Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas”. Contenciosa, Año 1, núm. 1, 2013, pp. 2-14. Águila, Gabriela. “Estudiar la represión: entre la historia, la memoria y la justicia. Problemas de conceptualización y método”. En Flier (comp.). Dilemas, apuestas y reflexiones… op. cit., pp. 20-55. Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente como objeto de estudio: problemas, novedades y derivas historiográficas”. En Gabriela Águila, Laura Luciani, Luciana Seminara y Cristina Viano (comps.). La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Imago Mundi, 2018, pp. 55-72. Alonso, Luciano. “Definiciones y tensiones en la formación de una Historiografía sobre el pasado reciente en el campo académico argentino”. En Juan Andrés Bresciano (comp.). El tiempo presente como campo historiográfico: ensayos teóricos y estudios de caso. Montevideo: Ediciones Cruz del Sur, 2010, pp. 41-64.

51 Monsálvez, Danny. “La historia reciente en Chile: un balance desde la nueva historia política”. Historia 396, Vol. 6, núm. 1, 2016, pp. 111-139. Goicovic, Igor. “Temas y debates en la historia de la violencia política en Chile”. Contenciosa, Año II, núm. 3, 2014. Valdivia, gritos, susurros y silencios… op. cit.

52 Martínez, Javier y Tironi, Eugenio. Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980. Santiago: SUR, 1985. Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular). Santiago de Chile: Lom ediciones, 2006 [1990]. Constable y Valenzuela. Una nación de enemigos…, op. cit.

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54 Varas, Los militares en el poder…, op. cit.; Necochea Ramírez, Hernán. Las Fuerzas Armadas y la política en Chile. México: Casa de Chile en México, 1984; Maldonado, Carlos. Entre reacción civilista y constitucionalismo formal: Las Fuerzas Armadas Chilenas en el período 11931-1938. Santiago: Flacso, 1988. Valdivia. El golpe después del golpe…, op. cit.; Früling, Hugo; Portales, Carlos y Varas, Augusto. Estado y Fuerzas Armadas. Santiago: Flacso, 1982.

55 Arriagada, op. cit.; Huneeus, op. cit.; Riquelme, op. cit.; Timmermann, op. cit.

56 Valdivia, Subversión, coerción y consenso… op. cit. Valdivia,“Todos juntos seremos…”, op. cit.

57 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. El surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964. Santiago de Chile: Lom ediciones, 2016.

58 Álvarez, David. “Fuerzas Armadas en Chile: entre la configuración de nuevos roles y la normalización de las relaciones cívico-militares. Informe final del concurso” En David Álvarez, Juan Carlos Vergara, Loreta Tellería y María Paz Fiuminara. El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Seguridad Interna y Democracia. Buenos Aires: Clacso, 2012, pp. 63-103. Guerrero, Manuel. “Cuando la población se hace parte de la producción social de la violencia: El caso de la colaboración mediante denuncias”. En Ximena Póo (Ed.). La dictadura de los sumarios, 1973-1985. Santiago: Editorial Universitaria, 2016, pp. 175-195; Rebolledo, Javier. El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Santiago: Planeta, 2016.

59 Passmore, Leith. The War Inside Chile’s Barracks. Remembering Military Service Under Pinochet. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2017.

60 Bawden, John. The Pinochet Generation. The Chilean Military in the Twentieth Century. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2017.

61 Salazar, La violencia política popular… op. cit.; Milos, Pedro. Historia y memoria. 2 de abril de 1957. Santiago: Lom ediciones, 2007.

62 Gutiérrez, Cristian. La contrasubversión como política. La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en la FF. AA.. de Chile y Argentina. Santiago: Lom ediciones, 2018.

63 McSherry, Patrice. Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra encubierta en América Latina. Santiago: Lom ediciones, 2005; Riquelme, op. cit.; Fisher, Eva. Colaboraciones transnacionales de los Servicios de Inteligencia en el Cono Sur en los años 1970 y 1980. El papel de Brasil en el contexto de la Operación Cóndor. Santiago: Documento de Trabajo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2015.

64 Simon, Roberto. O Brasil contra a democracia. A ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Editorial Companhias das Letras, 2021.

65 Salazar, Manuel. Contreras. Historia de un intocable. Santiago: Uqbar editores, 2014; González, Mónica y Contreras, Héctor. Los secretos del comando conjunto. Santiago: Editorial Ornitorrinco, 1991; Salazar, Manuel. Las letras del horror. Tomo I. La DINA. Santiago: Lom ediciones, 2011; Salazar, Manuel. Las Letras del Horror. Tomo II. La CNI. Santiago: Lom ediciones, 2012; Villagrán, Fernando. Disparen a la bandada. Una crónica secreta de la FACH. Santiago: Planeta, 2002.

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68 Bonnefoy, Pascal. Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes. Santiago: Editorial latinoamericana, 2016; Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.; Rebolledo, Javier. El despertar de los cuervos. Tejas Verdes. El origen del exterminio en Chile. Santiago: Planeta, 2016 [2013].

69 Arce, Luz. El Infierno. Santiago: Tajamar Ediciones, 2017; Echeverría, Mónica. Krassnoff: arrastrado por su destino. Santiago: Catalonia, 2010; Guzmán, Nancy. Ingrid Olderock. La mujer de los perros. Santiago: Ceibo Ediciones, 2014; Salazar. Contreras, op. cit.; Guzmán, Nancy. El Fanta. Historia de una traición. Santiago: Ceibo Ediciones, 2016; Merino, Marcia. Mi verdad… “Más allá del horror, yo acuso”. Santiago: A.T.G.S.A., 1993.

70 VV. AA. Archivo y memorias de la represión en América Latina (1973-1990). Santiago: Lom ediciones, 2015.

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72 Cáceres, Iván. Detenidos desaparecidos en Chile. Arqueología de la muerte negada. Tesis para optar al Título de Arqueólogo. Santiago: Universidad de Chile, 2011.

73 López, Loreto. “Lugares de memoria de las violaciones a los derechos humanos: más allá de sus límites”. En Universidad de Chile. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y Fundación Heinrich Böll. Recordar para pensar, memoria para la democracia. Santiago: Ediciones Böll Cono Sur, 2010, pp. 57-65; López, Loreto. Lugares de la memoria de la represión. Contrapunto entre dos ex centros de detención recuperados en Chile y Argentina: Villa Grimaldi y el Olimpo. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Santiago: Universidad de Chile, 2013; Ruttlant, Natalia. (Re) significaciones de un lugar en la ciudad, a partir del caso de la ex Cárcel Pública de San Fernando. Tesis para optar al grado de Antropóloga Social. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2018; Suárez, Rodrigo. Memorias subterráneas: el caso de la Divina Providencia en Antofagasta. Tesis para optar al título de sociólogo. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2015.

74 Aguilera, Carolina. El retorno del monumento. Forma urbana y espacio vivido de la memoria pública de la violencia política en ciudades posconflicto: el caso de Santiago de Chile. Tesis para optar al grado de doctora en Arquitectura y en Estudios Urbanos. Santiago: Pontificia Universidad Católica, 2016; Piper, Isabel y Hevia, Evelyn. Espacio y recuerdo. Archipiélago de memorias en Santiago de Chile. Santiago: Ocho Libros, 2012.

75 Cárcamo, Mindy, Castillo, Cristina y Oliva, Yennifer. Palacio de las sonrisas: preservación de la memoria histórica de los sucesos acaecidos en 1973 en Punta Arenas. Tesis para optar al título de profesor de historia. Punta Arenas: Universidad de Magallanes, 2013; Delgado, Higinio. Recuerdos de la guerra que no fue. Valdivia: Editorial Fértil Provincia, 2016; Real, Joaquín. Prisionero de guerra en Aysén. Valdivia: Kultrún Ediciones, 2014; Monsálvez, Danny. “Violencia y represión en un dispositivo local: Concepción, 11 de septiembre de 1973”. Revista Historia y Geografía, núm. 26, 2012, pp. 57-80; Brevis, Katherine. Represión política en cuatro comunas rurales de la Provincia de Biobío durante el primer año de la dictadura militar. Santiago: Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012; Carreño, op. cit.

76 Álvarez, Rolando. Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980). Santiago: Lom ediciones, 2003; Hertz, Carmen; Ramírez, Apolonia, y Salazar, Manuel. Operación exterminio. La represión contra los comunistas chilenos. Santiago: Lom ediciones, 2016.

77 Amorós, Mario. La memoria rebelde: testimonios sobre el exterminio del MIR: de Pisagua a Malloco: 1973-1975. Concepción: Escaparate Ediciones, 2008; Garcés, op. cit.

78 Bernasconi, Oriana (ed.). Documentar la atrocidad. Resistir al terrorismo de Estado. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2020.

79 Silva, Robinson. Resistencia política y origen del movimiento social anti dictatorial en Chile (1973-1988). Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014. Peñaloza, Carla. El camino de la memoria. De la represión a la Justicia en Chile, 1973-2013. Santiago: Cuarto Propio, 2015; Bastías, Manuel. Sociedad civil en dictadura. Relaciones trasnacionales, organizaciones y socialización política en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.

80 Policzer, op. cit.; Riquelme, op. cit.; Seguel, Pablo. “La organización de la represión y la inteligencia en la dictadura militar chilena. Del copamiento militar del territorio al surgimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional: Región Metropolitana, 1973-1977”. Revista Izquierdas, núm.49, 2020, pp. 767-796.

81 Dinges, op. cit. ; McSherry, op. cit.

82 Corvalán, Luis. La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Santiago: Ceibo Ediciones, 2012; Kornbluh, Peter. Pinochet. Los archivos secretos. Barcelona: Crítica, 2013; Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.; Simon, op. cit.

83 McSherry, op. cit., p. 71; Riquelme, op. cit., pp. 42-43.

84 Ostrovsky, Víctor y Hoy, Claire. By way of deception. The making and unmaking of a Mossad officer. New York: St. Martin’s Press, 1990, pp. 217-229.

85 Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.

86 Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, op. cit.

87 Riquelme, op. cit. Llambías, op. cit.

88 Cabe indicar que la investigación de Freddy Timmermann ha avanzado en ese ámbito, entregando importantes antecedentes sobre el personalismo del régimen y su relación con los dispositivos de poder, pero no ha ahondado en la dimensión represiva propiamente tal. Timmermann, op. cit.

89 Es interesante constatar cómo en los estudios sobre los autoritarismos, la tensión entre la explicación “personalista” y la “estructuralista” ha sido uno de los elementos que ha diferenciado las explicaciones de las dictaduras. Kershaw, op. cit., pp. 101-130.

90 Sofky, op. cit. Brodeur, op. cit.

91 Fraenkel, Ernst. The dual state. A contribution to the theory of dictatorship. Oxford: Oxford University Press, 2017[1941].

92 Bertrand, Michel y Lemercier, Claire. “Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 21, núm. 1, 2011, pp.1-12. Brandes, Ulrik, Kenis, Patrick y Raab, Jörg. “La explicación a través de la visualización de redes”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 9, núm. 1, 2011, pp. 1-11.

93 Seguel, Pablo. “Politización, inmunización y excepción de la violación del Estado de derecho. Reflexión teórica a partir de los discursos sobre el quiebre de la democracia en Chile, 1973-1990”. Astrolabio, núm. 16, 2016, pp. 219-244.

94 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: Anagrama, 1994.

95 Bourdieu, Razones prácticas… Op. Cit. Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado. Barcelona: Anagrama, 2014.

96 Weber, Max. Economía y sociedad. México DF: Fondo de Cultura Económico, 2014.

97 Luhmann, Niklas. Sociología política. Barcelona: Trotta editorial, 2014.

98 Wieviorka, Michel. La violencia. Buenos Aires: Prometeo, 2018, p. 23.

99 González Calleja, Eduardo. Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI, 2017.

100 González Calleja, op. cit. Kalyvas, Stathis. La lógica de la violencia en la guerra civil. Madrid: Akal, 2010.

101 Aróstegui, Julio (coord.). Franco, la represión como sistema. Barcelona: Flor de Viento, 2012.

102 Aróstegui, Julio. “Violencia, sociedad y política. La definición de la violencia”. Ayer, núm. 13, 1994, p. 31.

103 Aróstegui, “Violencia, sociedad…”, op. cit., p. 32.

104 Weber, op. cit.

105 Bourdieu, Pierre. “Violencia simbólica y luchas políticas”. Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 225.

106 González Calleja, op. cit.

107 Oppenheimer, Franz. El Estado. Su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. Madrid: Unión Editorial, 2014.

108 Weber, op. cit. Oppenheimer, op. cit.

109 Bourdieu, op. cit.

110 González Calleja, op. cit., p. 398.

111 Brodeur, op. cit.

112 González Calleja, op. cit.

113 Duhalde, op. cit. Calveiro, op. cit. Feierstein, op. cit.

114 Policzer, op. cit., pp. 19-33.

115 Seguel, La organización de la represión…, op. cit.

116 Brodeur, op. cit.

117 Brodeur, op. cit.

118 Águila. “La represión en la historia reciente argentina: fases…”, op. cit. Águila. “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas…”, op. cit.

119 Bernasconi, op. cit.

120 Ricoeur, Paul. Fase documental: la memoria archivada. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 208-236.

121 Da Silva Catela, Luciana. “El mundo de los archivos”. En: Luciana da Silva Catela y Elizabeth Jelin. Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002; Seguel, Pablo. Derechos humanos y patrimonio. Historias/memoria de la represión (para)estatal en Chile. Santiago: Subdirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019, pp. 43-84.

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123 Rincón, op. cit.

124 Garaño, Santiago. “Pabellones de la muerte: los límites difusos entre la represión legal y la clandestina”. Revista Entrepasados, núm. 34, 2008, pp. 33-53. Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla. “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 47, núm.1, 2011, pp. 13-42. Sarrabayrouse, María José. “Reflexiones metodológicas en torno al trabajo de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”. Cuadernos de Antropología Social, núm. 29, 2009, pp. 61-83. Sarrabayrouse, María José. “El caso de la morgue judicial”. En: Juan Pablo Bohoslavsky (ed.). Ud. también, Doctor? Complicidad judicial durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, pp. 147-161. Carnovale, Vera. El historiador del pasado reciente y los relatos consagrados: empatía, incomodidades y desafíos del campo historiográfico frente a los usos políticos del pasado. Ciencia e Investigación. Tomo 68, núm. 4, 2018, pp. 19-35.

125 Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Barcelona: Pre-textos, 2002. Ricoeur, op. cit.

126 Dinges, op. cit. Kornbluh, op. cit.

CAPÍTULO I

UNAS FF.AA. PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONTRASUBVERSIÓN: PROFESIONALISMO MILITAR ANTICOMUNISTA

Un hecho, como lo fue el cambio de Gobierno el 11 de septiembre de 1973, no habría pasado de ser un simple golpe militar, como muchos anteriores en otras partes del mundo, si no hubiese estado sustentado adecuadamente por una definida posición ideológica de sus gestores (…). No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes (…). Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile1.

La organización del grupo de oficiales y generales conjurados que pusieron en marcha el golpe de Estado de septiembre de 1973, se desarrolló al interior de instituciones y organizaciones burocráticas normadas legalmente. Esto supone entender que los marcos normativos que dotaron de legitimidad interna (ante la propia tropa) y externa (ante la sociedad) su accionar, se construyeron al interior de sus instituciones en contextos históricos específicos y en coyunturas sociopolíticas determinadas. La justificación del golpe de Estado no solo tomó sentido en el interior de los cuerpos armados en la coyuntura producto de la crisis política y social del país, de la debilitación del sistema político y la fragilidad del sistema institucional para resolver los conflictos de poder que cruzaban la sociedad chilena a comienzos de la década de 1970, como han sostenido el grueso de las investigaciones historiográficas sobre el quiebre de la democracia en Chile, sino que también producto de dimensiones internas a la propia institución y al desarrollo de dispositivos legales que permitieron ir posicionando a los militares como un factor de poder en diversas labores de seguridad interior y política nacional. Esta situación se materializó a través de cuatro factores. En primer lugar, la decretación del estado de emergencia y zona de catástrofe mediante la ficción jurídica de la “calamidad pública” en el período 1970-1973. En segundo lugar, la adopción de responsabilidades ministeriales en los períodos de crisis política. En tercer lugar, mediante la aplicación de la Ley de Control de Armas en los meses anteriores al golpe de Estado, que permitió una consolidación de la militarización de la función policial, entregando el control del territorio a las FF. AA. a través de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI). Finalmente, mediante el desarrollo de las planificaciones de seguridad interior y el desarrollo de apartados de inteligencia y contrainteligencia que se adjuntaron en cada CAJSI.

Todos estos elementos contribuyeron al perfeccionamiento de la doctrina militar contrasubversiva, entendiendo por doctrina un discurso interno de la institución que estableció los límites normativos de la práctica y profesión militar, de carácter reglamentario y administrativo, que organiza la profesión militar y su ejercicio dentro del Estado2. Desde el punto de vista interno a las propias FF. AA., esto implicó el desarrollo de discursos, prácticas y experiencias organizacionales que permitieron ir instalando como un horizonte de posibilidad una intervención militar en el sistema político y en el conjunto del Estado bajo ciertas circunstancias, pese al intento por consolidar una doctrina de profesionalismo militar y no intervención a través de la doctrina Schneider. Como señala Jaime Llambías, “un hecho coyuntural (la existencia de militares constitucionalistas o progresistas) no podía explicar otro hecho estructural, el rol de las FF. AA. en el estado burgués (tanto el contenido de clase como la formación del hombre-militar)”3. En efecto, esto implicó el desarrollo de una imagen propia en torno al rol y función de los militares en relación con el Estado y la nación –es decir con la sociedad–, construida desde los comienzos de sus procesos de formación, institucionalización y deliberación que fueron modificando el desarrollo de la profesión militar construida a lo largo del siglo XX en lo que Augusto Varas y Felipe Agüero llaman los modos de integración civil-militar4.

En general, las FF. AA. se presentan a sí mismas como garantes del Estado, lo que puede ser identificado con el pensamiento corporativista. Como señala Llambías, “las Fuerzas Armadas se presentan como los únicos y verdaderos representantes de interés nacional, cuando la ideología corporativa se va transformando en doctrina política, doctrina política que los militares rechazan sostener, pues se consideran a sí mismos neutrales y apolíticos, más tecnócratas y pragmáticos, alejados de toda orientación ideológica”5. Un ejemplo de aquello es la construcción del discurso de la doctrina Schneider de parte del alto mando del Ejército y en particular desde el comandante en jefe, general Carlos Prats, quien se posicionó como un factor de contención de las presiones deliberativas internas que buscaban solucionar el conflicto de poder de la sociedad chilena en la década de 1970 a través de un golpe de Estado. No obstante, esta se constituye en una construcción doctrinaria tardía, cuya función era evitar la ruptura del profesionalismo y la subordinación de los militares a los poderes constituidos del Estado6, incapaz de revertir una tendencia institucionalizada y consolidada.

La FF. AA. son organizaciones burocráticas formadas por grupos sociales construidos para la prosecución de objetivos prescritos legalmente. El proceso de profesionalización de estas es un proceso que va aparejado a la constitución de los Estados modernos y al remplazo de los ejércitos de mercenarios y de reclutamiento forzoso, al paso de ejércitos permanentes, remunerados y a cargo del erario7. El proceso de organización de este y su modernización da paso al proceso de profesionalización de los cuerpos militares, es decir, la organización de una moderna organización burocrática militar, una transformación del pensamiento militar en base a la influencia de las disciplinas contemporáneas y al desarrollo de una carrera militar8. Como señala Genaro Arriagada, “El ejército pasó a ser cada vez más una organización construida sobre fundamentos racionales y normas impersonales que obligan coercitivamente a sus miembros”9.

Desde una perspectiva sociohistórica, esto supone entender lo militar como una profesión, como una institución y como un estilo de vida. A su vez, supone comprender que las condiciones sociopolíticas de un grupo social que en un determinado momento logra llevar adelante los procesos de institucionalización de la organización militar, permean las condiciones bajo las cuales se construye la institución determinada. Es decir, las condiciones que permitan objetivar las normas de una institución no están ajenas a las condiciones sociales e influencias políticas de los grupos que logran un proceso de institucionalización en una determinada coyuntura histórica. Esto permite entender cómo los valores, discursos e imaginarios de un determinado grupo social construyen los marcos normativos de una institución a través de los mecanismos de acceso y reproducción internos. En el caso de las FF. AA., esto se refuerza con el tipo de conocimiento (científico-técnico de lo militar y de la guerra) y estilo de vida que desarrollan los miembros de la institución. Como señala Morris Janowits, “la moderna tecnología produce un tan alto nivel de especialización que los hombres tienden a verse a sí mismos como miembros de un grupo de especialistas, y no como partes de una clase social. El crecimiento de la especialización produce profesionalización, la que, a su turno, influye en la conciencia social y política”10.

La profesión de los oficiales de ejército solo puede ser ejercida al interior de una organización burocrática de carácter público-estatal. Esto implica que la profesión militar más que una ocupación conlleva un completo estilo de vida, que se desarrolla sujeto a un conjunto variado de normas formales y mecanismos informales de promoción, adscripción y desarrollo interno11. Este rasgo propio de la interacción social dota a la profesión militar de características organizativas estamentales a diferencia de la lógica de la organización social en estratos y clases sociales. Esto conlleva una serie de características que la sitúan en lo que Erving Goffman llama instituciones totales12. Es decir, instituciones en las que: 1) todos los aspectos de la vida son realizados en el mismo lugar y bajo la misma autoridad; 2) cada actividad del día está programada de manera consecutiva bajo un sistema explícito de reglas formales administradas con grados variables de discreción por un cuerpo de funcionarios jerarquizados; 3) cada fase del día se realiza en compañía de un conjunto de miembros sometidos a las mismas circunstancias y reglas, los que son requeridos y tratados de la misma manera; y finalmente, 4) el conjunto de estas labores programadas es comprendido como parte de un plan general de carácter racional elaborado para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales13.

En el caso del Ejército, el lugar de trabajo y de residencia tiende a mezclarse. La institución dispone para su personal de una densa red de viviendas, asistencia sanitaria, casinos y espacios de esparcimiento. Esto repercute en que “la vida de los militares no solo consista en trabajar y residir en unos mismos lugares, sino también en emplear en común el tiempo libre”14. Este factor refuerza el carácter comunitario y estamental del vínculo profesional desarrollado al interior del Ejército, su identidad y sentido de pertenencia que refuerza la estratificación interna y la estructura disciplinaria de la misma, a la vez que refuerza la distancia entre el estilo de vida militar y la vida del conjunto de la población15. La disposición de un cuerpo de conocimiento y educación específico, sumado a mecanismos de promoción en la estratificación social interna regulados por criterios de promoción (el sistema de grados y antigüedad), mérito (juzgado por la autoridad) y calificación (educación formal al interior de la propia institución), favorece la construcción de un tipo específico de disciplina, estratificación y subordinación a la autoridad institucional. Este mecanismo se ve reflejado por valores sociales construidos al alero de la vida militar, en los que se destaca “la disciplina, eficiencia, tradición, espíritu de cuerpo, unidad, etcétera. Además, el autoritarismo con que se maneja la institución prepara a los militares de forma tal que los lleva a aplicar estos mismos principios a la vida civil”16.

Los puntos anteriores son señalados con claridad por el exgeneral del Ejército Idalicio Téllez en 1942, en la Revista Memorial del Ejército, quien indica que “Los oficiales en general, son una extraña mezcla de profesionales y empleados públicos: como profesionales se diferencian de muchos otros, en que necesitan mantenerse en incesante preparación y progreso. Ninguna otra profesión evoluciona y progresa con tanta rapidez como la militar (…)”. Si bien reconoce que la profesión militar es similar a la de los profesionales del servicio público, por su carácter normado burocratizado, su modo de vida establece una distinción clara. Sobre ese aspecto resalta que “El empleado público o particular, una vez cumplidas satisfactoriamente sus obligaciones, es un hombre libre que puede ir donde le plazca, vestir como mejor le parezca, vivir donde le convenga, excederse en la bebida (si no perjudica con eso su servicio) y hasta vapulear a su mujer. Nada de eso puede hacer un militar. Hay locales a donde no puede ir y otros, a donde no puede presentarse sino en determinadas condiciones: teatros, trenes, etcétera. Solo puede vestirse de forma correcta y decente y ha de llevar una vida privada intachable y de acuerdo con su categoría”17.

Todas estas dimensiones intragrupales, propias de la institución militar, contribuyeron a que el desarrollo del golpe de Estado se llevase a cabo en base a la convergencia de una serie de factores que otorgaron legitimidad interna y externa a la acción golpista. Por una parte, el desarrollo de un proceso de profesionalización militar que desde principios del siglo XX desarrolló una concepción organicista del Estado, implicó la construcción de un pensamiento anticomunista que se institucionalizó18. Por otra parte, el desarrollo de un discurso político-militar que otorgaba a los militares una función de seguridad en relación con el Estado en el contexto geopolítico de la Guerra Fría interamericana y el escenario geoestratégico latinoamericano permitió reforzar los procesos de recepción doctrinaria de las FF. AA. norteamericanas y aliadas19. Por otra parte, a nivel organizacional, la cohesión de las instituciones armadas se vio reforzada por un sistema disciplinario que permitió dotar de mecanismos coercitivos a la estructura organizacional, reforzado por un estilo de vida comunitario y hermético, que dotó de cierta uniformidad al cuerpo de oficiales. Como señaló el teniente coronel Richard Neeb Gevert, en las FF. AA.: “No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes” (…) “Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile”20.

El proceso de insubordinación de la década 1960, evidenciado al interior de las FF. AA., daba cuenta de un proceso más complejo de resistencia al cambio social de un sector de la sociedad, que veía en el proceso de transformación política y social iniciado con el Gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y luego potenciado en el Gobierno de la Unidad Popular (UP) como una amenaza al Estado, a la institución militar y a sus estilos de vida. Desde ese punto de vista, la acción golpista para muchos militares fue entendida como una guerra necesaria y legítima, cuya justificación se extraía del propio discurso profesional de las FF. AA., del rol atribuido a las mismas en relación con el Estado y la nación, es decir, la sociedad.

Estos elementos, por su parte, son los que permiten comprender con posterioridad al golpe del Estado cómo logró institucionalizarse la dictadura como un régimen autoritario, personalista y policial con participación de las mismas FF. AA. Las burocracias de inteligencia y represión creadas para ello, si bien constituyeron una inflexión en las características de las burocracias similares desarrolladas al interior de las FF. AA. en las décadas anteriores, constituyen una exacerbación de la racionalidad organizacional de los cuerpos burocráticos de seguridad, adaptada a un discurso de contrasubversión en el contexto de crisis política, constituyéndose, por tanto, en un punto de llegada de un discurso y práctica de seguridad y contrasubversión que se fue desarrollando con anterioridad a la década de 1960, que se reelaboró y reforzó en el contexto geoestratégico chileno en el marco de la Guerra Fría interamericana y del desarrollo de los acontecimientos políticos internos durante los gobiernos del PDC y la UP.

Los antecedentes de este proceso histórico se desarrollaron al interior de las propias FF. AA. a través de la creación de un discurso y práctica de la seguridad nacional, en los que convergieron elementos del pensamiento y doctrina militar de la guerra contrasubversiva21, de la doctrina de seguridad hemisférica promovida por la influencia norteamericana22 y un anticomunismo militante desarrollado desde los orígenes del proceso de profesionalización militar a comienzos del siglo XX23, todo lo cual se potenció en un marco doctrinario desarrollado por las FF. AA. en un período de relación civil-militar, caracterizado por un repliegue político en el que los procesos de deliberación institucional y las tensiones de la sociedad chilena de la época se escindieron. Por una parte, las FF. AA. avanzaron en su proceso de profesionalización, recepción doctrinaria y elaboración de un discurso propio en torno al rol de los militares en relación con la sociedad y el Estado. Por otra, las problemáticas propias de la sociedad y el sistema político fueron elaborados por los militares bajo una concepción de la seguridad interior y la integridad estatal.

Sobre este discurso y práctica de la seguridad nacional, una serie de dispositivos legales del Estado permitió que las FF. AA. pudiesen ir desarrollando labores de control del territorio y de la seguridad interior a través de los estados de excepción y la aplicación de la Ley de Control de Armas (capítulo II). Esto permitió ir desarrollando una práctica contrasubversiva que se expresó a nivel operativo en planes de seguridad interior y desarrollo de organizaciones burocráticas contrasubversivas (capítulo III). Finalmente, el desarrollo de burocracias de represión e inteligencias específicas para llevar adelante una guerra contra la subversión, con posterioridad se sumarán a las instituciones creadas por la dictadura militar para ello (capítulos posteriores). En este capítulo en particular, nos adentraremos en el proceso de construcción del discurso de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. y policiales chilenas, así como de la recepción de la doctrina de seguridad nacional norteamericana y la doctrina de guerra contrasubversiva francesa a través de procesos de elaboración intelectual desarrollados por la oficialidad de las FF. AA. a través de sus revistas, así como de los procesos de colaboración interamericanos y regionales.

Seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas

Patriotismo: anticomunismo y subversión

En el proceso de profesionalización militar del Ejército chileno, el discurso anticomunista se desarrolló en los espacios de difusión intelectual de la oficialidad de las FF. AA., en un contexto político, cultural y social en el que la élite chilena desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX elaboró de modo paralelo un discurso anticomunista. La sociedad chilena de comienzos del siglo XX posibilitó el desarrollo de lo que Marcelo Casals, en base a la investigación del historiador Rodrigo Pattó Sá Motta, denomina “matrices del anticomunismo”24. El Ejército, con posterioridad a las reformas llevadas adelante tras la Guerra Civil de 1891, institucionalizó y adaptó a la profesión militar el imaginario anticomunista de la sociedad oligárquica de la época. Visto desde esa perspectiva, el desarrollo de la matriz anticomunista que permeó y se adaptó al contexto militar tiene diversos discursos desde donde se constituye: por una parte, desde la recepción del pensamiento anticomunista católico; por otra, del nacionalismo propio del discurso conservador que expresa una concepción corporativista y organicista del Estado, la nación y la sociedad25. Finalmente, desde el liberalismo económico y político.

Esto posibilitó el desarrollo de una concepción del orden social y el Estado entendidos como un organismo vivo, diferenciado funcionalmente en sus diversos estratos y clases sociales, integrados por lazos de solidaridad y de identidad sociocultural que los dota de homogeneidad (la identidad nacional y la idea de “raza chilena”). De este imaginario, se desprende una interpretación moral de los conflictos sociales, que permite una recepción y elaboración del discurso comunista como una amenaza moral para el individuo y la sociedad, provocada por agitadores externos, cuyo objetivo era la destrucción del modo de vida nacional. Visto desde esa óptica, el discurso anticomunista produjo un imaginario presente en conceptos, símbolos y estereotipos modeladores de las representaciones sociales que se tornaron realidad a través de las decisiones de los actores y las instituciones.

Bajo esa óptica, el patriotismo constituye uno de los valores consustanciales del Ejército como organización burocrática del Estado, a la vez que el militarismo, uno de los valores y principios de la oligarquía y élite chilena desde antaño: “el militarismo es la forma más elevada de educación moral para el pueblo. Es la escuela de la democracia, del heroísmo y del sacrificio. La conciencia nacional no es concebible sin conciencia militar [y] un pueblo militar es un pueblo disciplinado que posee dominio de sí mismo”26.

Las instituciones militares conciben que el fin mismo del Estado nacional es la defensa de su soberanía, entendido como un valor impersonal y trascendente. De ella se desprenden las funciones de sus instituciones armadas y del sistema político en su conjunto. Bajo esta concepción, la subversión es entendida como un problema moral, ajeno a la identidad nacional. Para ello, las FF. AA. se dotan de organización y medios para afrontar la amenaza subversiva y comunista: “La defensa es el fin primordial del Estado que precede a cualquier otra función o fin. La función militar es, por tanto, tan antigua como las organizaciones políticas mismas (…)”, agregando que “La defensa nacional es así no solo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la Patria”27.

Ello repercutió en que la oficialidad del Ejército manifestó una aversión al comunismo desde temprano, justificando la acción en el escenario político interno como un recurso de mantenimiento del orden interno e integridad del Estado. Así, por ejemplo, previo al proceso constituyente de 1925, el Ejército veía con recelo el pensamiento comunista por cuanto podría amenazar la integridad, unidad y disciplina de la institución: “(…) hay que considerar que entre los acuerdos a que arribó la Tercera Internacional de Moscú, hay uno que nos invita a recapacitar (…)”, ya que en aquella importante asamblea del proletariado se sostuvo “que es necesario propagar las doctrinas de su programa, en primer lugar, entre las fuerzas armadas, porque en ellas se encuentra la masa viril de los pueblos”28.

A comienzos de la década de 1930, los oficiales del Ejército identificaban al comunismo y a los comunistas como agentes externos que engañaban al pueblo: “la prédica malsana con que se pretende explotar la miseria en que la crisis económica ha asumido a una parte de nuestros conciudadanos, exige que todos los hombres patriotas y bien inspirados, abandonen su actitud de egoísta retraimiento y se pongan incondicional y decididamente al servicio de la causa santa de la patria amenazada en las bases mismas de su organización institucional”, agregando que, desde un punto de vista doctrinario, el comunismo ha fracasado y fracasará, porque “En la teoría pura sus doctrinas no resisten un análisis filosófico serio; en la práctica, sus fundamentos mismos lo excluyen del triunfo. Parte del error de que el hombre ama desinteresadamente a sus semejantes y que puede, sin necesidad de estímulos, desarrollar el máximum [sic] de esfuerzo e iniciativa (…)”29.

Desde la perspectiva planteada por este oficial de Ejército, el error del comunismo era teórico y moral; por ende, políticamente inviable para el desarrollo del país: “Un país, para ser grande y próspero, necesita que sus hijos sean altivos, progresistas y ambiciosos (…) El comunismo, por el contrario, quiere que cada hombre viva conforme a una pauta que le fija el Estado (…) El comunismo, como sistema de Gobierno y como organización social, hace caso omiso de las desigualdades biológicas entre hombres (…) La igualdad es algo hermoso cuando ella se refiere a los derechos y a las posibilidades. Pero es algo odiosa cuando es impuesta como una obligación y se ajusta a un nivel que está por debajo de la dignidad humana. Es ley de la vida que en la lucha por su conquista ha de triunfar el más apto”30.

Por su parte, en la Armada, emergía una concepción similar a esta en la década de 1960: “En la hora expectante que está viviendo el mundo occidental, y en particular nuestro hemisferio, en donde los agentes del comunismo internacional, desparramados por toda Latinoamérica e infiltrados en sus instituciones más fundamentales ejercen una acción demoledora, me parece de conveniencia y oportuno tratar sobre la disciplina que debe ser sólida barrera para resistir sus insidiosas embestidas (…)”. Ante esta amenaza externa, se identificaba a la disciplina social como el mecanismo de contención ante la penetración subversiva del comunismo en la sociedad. Sin duda, “disciplina es, ni más ni menos, que la sujeción a un control ejercido en bien del conjunto (…) la disciplina es la base de la verdadera democracia. La obediencia a las leyes por parte de los ciudadanos correctos es simplemente una expresión de disciplina (…) la disciplina, por lo tanto, constituye el verdadero espíritu de una democracia ordenada, y cuando se afloja los pueblos caen en el peligro de posibles desgracias y sinsabores”31.

Recepción de la seguridad nacional y de la guerra contrasubversiva

El problema de la seguridad interior, a la vista del discurso anticomunista y el problema de la subversión, se transformó en una preocupación de las FF. AA. en relación con su rol de defensa del Estado. Como señala Igor Goicovic, en base a la lectura de la investigación de Cristian Gutiérrez, la política anticomunista de la FF. AA. chilenas arranca con el proceso de profesionalización del Ejército desde finales del siglo XIX32. En la década de 1920, en el contexto de gran efervescencia social que antecedió al proceso constituyente de 1925, el Ejército a través de su oficialidad justificaba la intervención militar en problemas de seguridad interior. Si bien es cierto que en ese contexto aún no se creaba Carabineros de Chile como institución encargada de los asuntos policiales, la evaluación de conflicto como parte de la subversión provocada por la agitación social generada por agentes externos de ideología comunista, era parte del imaginario de la institución:

Los problemas militares son los resultantes tanto de la política interior como exterior. Es este un postulado que adquiere los caracteres de un axioma (…) La política interior constituye, a mi juicio, la base de los futuros éxitos de una guerra. Es evidente que el poder militar de un Estado depende, principalmente, de su política interior, que no solo influye en la convicción de la justicia de la causa que se persigue, en el valor, en la constitución del Ejército, en la rápida concentración de las fuerzas, en su equipo i armamento etc. sino que también se hace sentir en el empleo de estos medios, es decir, de la acción misma militar33.

El problema de la situación interna dentro de los Estados comenzó a tornarse en una preocupación permanente de las FF. AA. a nivel internacional. La experiencia de la Primera Guerra Mundial y los procesos revolucionarios, sobre todo en el caso soviético, comenzó a instalar la preocupación de un escenario de guerra en relación con el frente interno y con el sistema político. De ahí que comenzó a acuñarse una concepción de guerra total, atribuida a la influencia de Erich Ludendorff sobre los conflictos internacionales, en tiempos de paz. En nuestro país, en la década de 1940, esta elaboración está presente en la oficialidad de las FF. AA. Así, por ejemplo, el capitán de fragata Luis Andrade resaltaba la importancia de la relación entre la defensa nacional, frente interno y guerra en los siguientes términos: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”34.

Esta noción de guerra total se modificará con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, generándose una transformación del pensamiento militar, adoptándose nuevas concepciones estratégicas de los conflictos bélicos y del rol de los militares en la sociedad. Esta reelaboración estratégica será fuertemente influenciada por las modalidades de los conflictos adoptados en las guerras de liberación nacional y en los procesos de descolonización, tanto de orientación comunista como nacionalista y la difusión de guerras de baja intensidad. Si bien la guerra no convencional (también referida como guerra de baja intensidad o guerrilla) constituía una modalidad del conflicto bélico desarrollada desde hace siglos, la novedad de los nuevos enfrentamientos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial radicaba en el carácter ideológico atribuido a estos en un contexto internacional caracterizado por los militares por un clivaje geoestratégico entre el occidente liberal, democrático y capitalista, y el oriente, comunista, marxista y autoritario. Según el Departamento de Defensa norteamericano, entre 1958 y 1964 los focos de insurgencia mundial crecieron de 28 a 43, pasando desde los enfrentamientos en los campos hacia las zonas urbanas35.

El concepto de guerra total tenía un desarrollo ya presente a comienzos de la década de 1940, pero el problema de la subversión comunista permitió releerlo desde el “frente interno”, transformándolo en un problema de seguridad y defensa nacional. Esto permitió que la oficialidad reelabora la importancia de la participación militar como factor de estabilización del sistema democrático36, pero desde el punto de vista contrasubversivo. Es decir, al factor moral del discurso anticomunista, se le agregó una apreciación política y militar. En un número de Revista Memorial del Ejército de 1949, se comenzó a esbozar esta nueva doctrina, señalando que:

La “Defensa” de una nación, solo en última instancia, depende de sus Fuerzas Armadas. Su seguridad efectiva, es el fruto de una acción mancomunada en varios campos de actividad, que la terminología militar denomina genéricamente “Frentes” (…). Si se aborda el problema de la “Defensa Nacional”, considerando las condiciones que cada frente tiene respecto a ella, quedará en evidencia la necesidad de apreciar que la “Seguridad Nacional” es fundamentalmente un problema de Gobierno, y que solo podrá ser resuelto convenientemente, si se estudia en su aspecto integral y que no corresponde abandonarlo a la responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas37.

Entendida la defensa como un problema de seguridad, la noción de guerra total implicaba una consideración de los diferentes frentes de un conflicto bélico de motivación ideológica. Esta posición no solo era propia del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La Armada manifestaba una aproximación similar al problema de la defensa visto desde la óptica de la guerra total: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”38. No obstante, como marco doctrinario de elaboración coyuntural, será la influencia de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa la que tendrá un impacto mayor, tanto hacia Estados Unidos (EE. UU.) como hacia los ejércitos latinoamericanos. Como señala Igor Goicovic, “la Escuela Francesa actualizó ese anticomunismo a los requerimientos de la guerra contrasubversiva que exigía el escenario de la guerra fría y lo hizo, en especial, mediante los cursos para oficiales que se impartieron (hasta la década de 1980) en la Escuela Superior de Guerra de París”39.

Como ha destacado una serie de investigaciones40, la elaboración de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa sistematizó una serie de reflexiones de oficiales del Ejército francés derrotados en la guerra de Indochina (1946-1954) por el Viet Minh, las que con posterioridad fueron aplicadas y desarrolladas por el Ejército francés en contra del Frente de Liberación Nacional de Argelia en la guerra de Independencia de Argelia (1954-1962). Sus principales exponentes fueron Charles Lacheroy, Paul Aussaresses, David Galula, André Beaufre y Roger Trinquier, quienes elaboraron una serie de reflexiones sobre la guerra contrasubversiva en el nuevo contexto y el rol específico de las guerrillas.

Entre 1954 y 1957, Lacheroy impartió una serie de conferencias sobre la guerra revolucionaria, contrasubversión y análisis militares sobre la derrota francesa en Indochina, algunas de las cuales fueron editadas por el Ministerio de Defensa francés y distribuidas en la Academia de Guerra Superior41. El centro de su análisis era que, en la guerra no convencional o guerra revolucionaria, la población civil (el frente interno, en la terminología militar) tiene un rol central. Este factor, sumado a una compleja organización clandestina de parte de los subversivos, dificulta el combate directo y abierto, lo que generaba que el escenario del conflicto fuese psicológico y encubierto: la batalla por el control psicológico y los desplazamientos de la población se tornasen en un elemento central.

Estas reflexiones de la oficialidad del Ejército francés serán sistematizadas por los generales Roger Trinquier, David Galula y André Beaufre. En el año 1961, el general Roger Trinquier escribió la primera obra sistematizada sobre la contrasubversión, que tomó las principales reflexiones entregadas por la oficialidad francesa. Su obra, titulada La guerra moderna: una mirada francesa de la contrainsurgencia (editada masivamente en 1964), tendrá un gran impacto en las escuelas de guerra norteamericanas. En el año 1962, el oficial francés David Galula fue destinado en comisión de estudios al Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, fundado en 1958, publicando dos trabajos sobre guerra contrasubversiva: Pacificación en Algeria. 1956-195842, en el año 1963, y Guerra Contrainsurgente. Teoría y práctica43, al año siguiente. No obstante, el principal nexo entre el Ejército francés y el norteamericano será el general Paul Aussaresses, quien en el año 1961 fue destinado como agregado militar en EE. UU. y se desempeñó como instructor militar en las escuelas de Fort Bragg en North Carolina (EE. UU.) y como instructor del 10° Grupo de Fuerzas Especiales. Con posterioridad, en el año 1973, Aussaresses fue contratado como asesor militar de la Academia de Guerra Superior brasileña, participando en la Escuela Nacional de Inteligencia, formando un contingente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena44.

En el año 1962, el teniente coronel Thomas Nicholls Greene editó un número especial de la Marine Corps Gazette sobre guerrilla y contrainsurgencia45. En julio del año siguiente, la CIA publicó el manual de interrogatorio Kubark Counterintelligence Interrogation, que tendrá amplia distribución en los ejércitos latinoamericanos.

La recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa de parte de los ejércitos latinoamericanos, tiene en el caso argentino y brasileño referencias importantes. En 1961, Chile junto a trece países de América participaron en el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrasubversiva en Argentina. El medio La Nación informó en su edición del 26 de septiembre “Veintiséis altos oficiales de 13 repúblicas latinoamericanas pasarán cerca de dos meses en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, realizando estudios sobre cómo combatir a guerrilleros y saboteadores, según informó hoy el secretario general Rosendo Fraga”46. Por su parte, días más tarde El Mercurio, en una escueta nota de prensa, replicó:

Con la presencia del presidente de la República Arturo Frondizi se efectuó esta mañana, en la Escuela Superior de Guerra, el acto de apertura del curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, el primero que se realiza en el hemisferio americano, en el que participarán jefes militares de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y de las fuerzas armadas argentinas47.

De igual modo existen antecedentes de la formación de oficiales chilenos en la Escuela Superior de Guerra francesa creada en 1947. En particular, en la década de 1950, cuatro oficiales de Ejército fueron destinados a la Escuela Superior de Guerra: el teniente coronel Rafael Valenzuela Verdugo, entre 1954 y 1957; el mayor Juan Emilio Cheyre Toutin, destinado entre 1955 y 1957; el mayor Guillermo Pickering Vásquez entre 1956 y 1957; finalmente, el mayor Manuel Torres de la Cruz entre 1957 y 195848.

Pese a estos antecedentes, la principal red de recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva se generó de parte de la adaptación que realizó de esta doctrina el Ejército de EE. UU. en el marco de su política de seguridad hemisférica, específicamente hacia América Latina, al enfatizar los factores psicológicos, contrasubversivos y de inteligencia. En efecto, como señalan diversos autores, la convergencia de la práctica y elaboraciones estratégicas de la guerra contrasubversiva francesa con el enfoque se seguridad hemisférico norteamericano es lo que da cuerpo a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)49.

En síntesis, la DSN planteaba que no existen posibilidades reales, en el continente americano, de una invasión extranjera en el marco de la Guerra Fría, motivo por el cual la expresión de dicho conflicto se expresaría en el espacio interno de los Estados en base a la penetración comunista a través del sistema político o mediante el desarrollo de focos subversivos que buscarían derrocar los gobiernos constituidos. Bajo la égida de los Estados nacionales, la DSN enfatizó tres dimensiones importantes: 1) la lucha contra la subversión en el frente interno a través de la influencia de la población, ya sea mediante campañas cívico-militares, acción encubierta o acción psicológica; 2) el desarrollo de una estrategia y táctica específica para contrarrestar la guerra subversiva a través de la contrasubversión; y 3) posicionar a los militares como un elemento central y articulador de desarrollo económico, político y social de los Estados nacionales, en un contexto de crisis institucional y de vacíos de poder.

El desarrollo de la DSN en América Latina permeó hacia los ejércitos latinoamericanos a través de los programas de asistencia militar y convenios bilaterales y multilaterales50, sobre todo a partir de la construcción del Sistema Interamericano de Defensa. Este comenzó a consolidarse desde la creación de la Junta Interamericana de Defensa en 1942, adoptando un sistema convencional con la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948 (OEA)51. Con posterioridad a la suscripción del Pacto del Atlántico Norte de 1949 (OTAN), EE. UU. adoptó el Acta de Seguridad Mutua en 1949. Esto permitió al Gobierno de EE. UU. oficializar convenios de asistencia militar para el hemisferio occidental y suscribir convenios de colaboración bilateral con los diversos países52.

En el caso chileno, desde la aprobación del convenio norteamericano por parte del Parlamento chileno en 195253, la influencia norteamericana creció en las FF. AA. a través de colaboración técnica, de insumos y doctrinaria54. En el último aspecto, comenzó a adoptarse de parte de la Academia de Guerra y en el Estado Mayor del Ejército, una concepción de la seguridad nacional que comenzó a problematizar la relación entre el sistema político y el Estado ante eventuales influencias del comunismo en el sistema democrático. Como muestra la investigación de Cristián Garay, esto permeó ideológicamente a la oficialidad del Ejército, comenzando a revisar las nuevas concepciones estratégicas de la guerra contrasubversiva y la guerra total, que permitieron un viraje desde la noción de “defensa nacional” hacia la “seguridad nacional” a partir de la influencia de la noción de guerra total y guerra contrasubversiva55.

Este proceso de adopción de la DSN se desarrolló con fuerza entre 1945 y 1970, tanto por la influencia norteamericana como por las colaboraciones entre los ejércitos latinoamericanos. Como afirmó el general (R) Horacio Toro, entre 1945 y 1970 se generó una adopción de parte del Ejército chileno de dicha doctrina. “Entre 1945 y 1970 el sistema militar fue asumiendo gradualmente la DSN durante los gobiernos democráticos sin que la sociedad chilena y esos gobiernos tuvieran noción clara de la transformación”56.

Entre 1946 y 1947 fueron enviados los primeros oficiales a la escuela de comandos y al curso de Estado Mayor en Fort Leavenworth: los tenientes coroneles Carlos Mezano Camino y Raúl Araya Stiglich, el mayor Tulio Marambio Marchant y los capitanes Alfonso Lobos-Gómez, Carlos Soto Asalgado, Germán Hepp Walter, Juan Márquez Huerta, Manuel Campos Campos, Hernán Sepúlveda Cañas y Óscar Hurtado Mendoza57.

Al revisar las estadísticas de personal de las FF. AA. chilenas destinadas en comisión de servicio en EE. UU. entre 1951 y 1973, existen registros de 1.297 efectivos militares que se graduaron en las distintas escuelas norteamericanas, con un aumento progresivo de efectivos en los últimos años previo al golpe de Estado. Si en la década de 1950 se destinaron 150 militares, en la década de 1960 ese número aumentó a 490, mientras que, por su parte, solo entre 1970 y 1973 –durante el Gobierno de Salvador Allende– esa cifra llegó a 657 militares, superando los decenios anteriores (Gráfico 1). Por su parte, en los primeros años de la dictadura militar, dicha cifra llegó hasta los 902 efectivos.

Gráfico 1. FF. AA. chilenas en comisión de servicios en EE. UU. años 1951-1975

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Elaboración propia. Fuente: Estadísticas entregada por el Ejército de EE. UU. a través del Acta de Libertad de Información (FOIA). Recopilada por: www.soa.org

De este contingente militar destinado a cursos y entrenamientos en EE. UU., 89 de ellos se especializaron en cursos de inteligencia, contrasubversión urbana y guerras no convencionales. Entre 1961 y 1970, 21 de ellos cursaron los cursos de inteligencia militar, operaciones de contrainteligencia, operaciones de guerra irregular y operaciones de contrasubversión, mientras que en el período 1970 a 1973, 43 militares efectuaron en su mayoría el curso especial de insurgencia urbana, contrasubversión e inteligencia.

Discursos de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. chilenas

Todos estos factores posibilitaran que las FF. AA. chilenas elaborasen una adaptación propia del problema de la seguridad nacional vista desde el problema de la seguridad interior y de la amenaza subversiva comunista, pero en clave reformista y desarrollista, al menos hasta los primeros años de la dictadura militar. Como señaló Julio Canessa Robert, “En las tres ramas de la Defensa Nacional se había desarrollado una sólida doctrina de planificación de seguridad y defensa nacional como consecuencia de cursos seguidos en Estados Unidos y Europa por oficiales especialistas de Estado Mayor y por el estudio e investigación de esos temas realizados en las Academias de Guerra Institucionales. Desde allí se nutría intelectualmente el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que afianzaba las conclusiones para la concepción conjunta de la doctrina militar”, agregando que “tras la II Guerra Mundial se elaboró un concepto de Seguridad Nacional, sincrónico y complementario al de Desarrollo Nacional, en virtud del cual se le entiende como la necesidad de lograr un estado de cosas que permita la vida y desarrollo del país, libre de amenazas externas e internas”58.

A través de las páginas de las revistas institucionales de las FF. AA.59 a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, publicaron una serie de reflexiones sobre seguridad nacional, frente interno, guerra psicológica, subversión y contrasubversión, que daban cuenta de parte del pensamiento de la oficialidad de las FF. AA. en el período.

En el año 1972, el teniente coronel (R) Roberto Polloni publicó una obra de compendio doctrinario de las FF. AA. que tuvo una amplia difusión. Entre las diversas temáticas que abordó se refirió a la seguridad nacional vista bajo la óptica de la guerra total y contrasubversiva: “todos los medios, incluso el hambre, la astucia y la mentira, se emplean como medios en la guerra total por lo que la preparación de la guerra no solo abarca la preparación del potencial bélico en cuanto a las Fuerzas Armadas, sino en la incorporación de todas las fuerzas vivas del país para este fin, todo lo cual se ha dado en llamar el estudio o preparación de la “Seguridad Nacional”60. Para sostener este planteamiento, Polloni se basó en un texto difundido por Revista Memorial del Ejército, en la que se publicó una reflexión del capitán Alejandro Medina Lois titulada “Seguridad Nacional. Un concepto que debe difundirse”61. Medina Lois, al momento del golpe de Estado, se desempeñaba como comandante de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, contingente que conformará la “Brigada Antiguerrillas”, que será destinada a la cordillera de Valdivia con posterioridad al golpe de Estado62.

En este texto, Medina Lois –quien estuvo destinado en comisión de servicios en EE. UU. a mediados de la década de 1950–, diferenciaba la noción de seguridad de defensa nacional, en base a la incorporación de las nociones de guerra total y nación en armas. Este último concepto, desarrollado por el general alemán Colmar van de Goltz, tuvo repercusión en la logia secreta Grupo de Oficiales Unidos que condujo el golpe de Estado en Argentina de 1943, en un intento por frenar el ascenso del movimiento obrero, previniendo la insurgencia comunista y generando una política de reorganización burocrática del Estado. Bajo la idea de que la seguridad nacional correspondía a una temática transversal de la sociedad, pero a la vez de las élites directivas, Medina Lois afirmaba, en primer lugar, la necesidad de afianzar una élite técnica y burocrática permeada de la concepción de la seguridad nacional: “en todo Estado habrá siempre una minoría dirigente que orienta y conduce los destinos de la Nación, y la complejidad del mundo moderno ha acentuado en ellas las exigencias de preparación para poder cumplir adecuadamente sus funciones específicas”, agregando que “podría haber un grupo nacional más adecuado hacia el cual dirigir los esfuerzos para difundir el alcance y proyecciones de la Seguridad Nacional”63.

Esta perspectiva de la seguridad nacional entroncaba con una concepción del desarrollo y la planificación nacional, como una temática transversal al Estado: “la Seguridad Nacional materializa un afán de previsión y debe coordinar todas las actividades de modo que aquellas medidas dirigidas hacia el desarrollo lleven la debida consideración a la seguridad, sea el caso de la construcción de un camino, la instalación de una industria, la discusión de un presupuesto o la formación de determinadas especialidades”64.

Esta concepción tecnocrática, elitista y desarrollista de la seguridad nacional desarrollada por algunos sectores de la oficialidad de las FF. AA., se articuló con una concepción de la seguridad interna en base a la noción de la contrasubversión, la cual era entendida como una estrategia necesaria de implementar para evitar la amenaza comunista. El mismo autor, en 1975, señalará que la seguridad nacional: “(…) es la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su modo de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales”, enfatizando que “(…) el concepto de Seguridad Nacional no está orientado exclusivamente a su empleo en un conflicto bélico, sino que su labor es previa, buscando fundamentalmente la situación de el o los presuntos adversarios y la solución de conflictos por medios pacíficos, con el respaldo potencial suficiente”65.

Es decir, la seguridad nacional refiere a una planificación del desarrollo de parte de una élite burocrático-técnica que empalma las problemáticas del desarrollo con la seguridad. En la dimensión interna al Estado, busca evitar la acción de la subversión comunista: “la demoledora acción de la subversión, inspirada en el logro del objetivo de poder en forma interna, aunque generalmente con inspiración y apoyo externo, pasa a ser un flagelo de todo Gobierno constituido, precisamente por su contenido ideológico y acción anarquista”, agregando que “En la conquista de la mente de los hombres, la Guerra Psicológica extiende sus redes en todo momento, buscando influir sobre grupos de interés y haciendo uso de todos los medios de comunicación social posible”66.

Esta concepción de la seguridad nacional, que conjuga elementos del desarrollo político y militar hacia el conjunto de la población de un país, la encontramos presente en la oficialidad de la Armada. Así, por ejemplo, el capitán de corbeta Rubén Scheihing –quien fue enviado en comisión de servicio a EE. UU. en 1968– señalaba una concepción sobre la seguridad nacional que enfatizaba los componentes políticos y militares. Estos textos fueron publicados en la Revista de Marina en los años 1969 y 1970. En primera instancia afirmaba que la seguridad nacional eran “(…) todas aquellas medidas activas o pasivas que debe tomar una Nación, para prevenirse del peligro de la subyugación de otra Nación”67, complementando con posterioridad en base al enfoque de seguridad de Robert McNamara, secretario de Defensa de EE. UU. entre 1961 y 1968, que en “una sociedad que se moderniza, seguridad significa desarrollo. La seguridad no es quincallería militar, aunque pueda incluirla; la seguridad no es fuerza militar tradicional, aunque pueda abarcarla. Seguridad es desarrollo y sin desarrollo no puede haber seguridad. Una nación en desarrollo que de hecho no se desarrolla, no puede permanecer segura, por la misma razón de que sus propios ciudadanos no pueden desarrollar su naturaleza humana”68.

Respecto a las influencias contrasubversivas y de guerra total, Scheihing señaló que la defensa nacional involucra a toda la población y que le corresponde a los militares permear con este sentido de urgencia nacionalista a la sociedad ante el riesgo de la amenaza subversiva: “En los tiempos actuales en que la guerra se hace total, exige de los uniformados un esfuerzo superior, que es el de hacer comprender a sus conciudadanos lo que representa esta pesada responsabilidad para la comunidad organizada”, enfatizando que una política de seguridad nacional implica una especial atención hacia los factores ideológicos y psicológicos que pueden permear en la población: “(…) exige un esfuerzo importante en la conservación del nacionalismo, tan debilitado en nuestros días por corrientes ideológicas foráneas”. Por ello remarcaba que los sistemas políticos en algunos casos pueden representar riesgos para la seguridad nacional: “en países altamente politizados, las divisiones entre ciudadanos pueden llegar a ser un factor de debilidad nacional”69.

Desde estas perspectivas, la seguridad nacional en las FF. AA. chilenas se constituyó en un discurso flexible, que permitió construir un imaginario en el que la coyuntura política, social y económica del país era concebida bajo una problemática amplia de seguridad. Dicha amplitud posibilitó leer los problemas políticos y sociales de la sociedad chilena de la época, bajo una concepción ideológica permeada del anticomunismo propios de las FF. AA., los intereses de la política hemisférica norteamericana y de las elaboraciones contrasubversivas de la doctrina francesa. Desde ese punto de vista, la seguridad nacional encontraba en el frente interno un espacio de desarrollo central. Uno de los principales rasgos de dicho conflicto será el carácter psicológico e ideológico del mismo, vistos como ámbitos de acción por excelencia de la subversión comunista: “La seguridad interna plantea un problema totalmente distinto y cuya esencia es que la lucha se hace por medio de ideas, para conquistar la mente del pueblo. La concientización es practicada integralmente, utilizándose todas sus formas. Si la subversión no es atacada oportunamente con la estrategia adecuada, cuando se haga ya será muy tarde”70.

Si bien el discurso de seguridad nacional se va desarrollando a lo largo de la década de 1960 y se institucionaliza en la dictadura militar a través de la creación de la Academia Superior de Seguridad Nacional en 197471 y la adopción del “Reglamentos de Conducción Táctica” de 1976, la cohesión del discurso de seguridad nacional se va desarrollando desde comienzos de la década de 1960 con una serie de reflexiones sobre la contrasubversión y la guerra psicológica. Esta última tenía en las FF. AA. un desarrollo anterior a las lecturas contrasubversivas, encuadrada en el marco de la noción de guerra total. Así, por ejemplo, hacia finales de la década de 1940, el capitán Raúl Valenzuela señalaba en relación con la guerra psicológica, que esta constituía un factor clave en conflictos de baja intensidad en los que la población civil tiene un rol central: “Existe la convicción, dentro del concepto de guerra total, que la victoria final depende en gran parte de la actividad positiva o favorable de la población civil, para lo cual se debe tratar de inculcar o desarrollar una determinada actitud intelectual y emocional en el público hacia la guerra; es decir, además de preparación militar, debe hacérsele una preparación psicológica previa (….)”. Continúa señalando que la Segunda Guerra Mundial marcó una inflexión en la táctica y estrategia convencional de guerra, por cuanto tres nuevos factores entraron en juego: “La invención y perfeccionamiento de nuevas armas; la intervención de la población civil que ha llegado a ser un participante activo y pasivo en la guerra moderna, como consecuencia de la ampliación de la esfera de acción militar; el cambio en los objetivos de la guerra misma”72.

Anticipando el carácter encubierto y de contrainteligencia de este tipo de conflictos, sugería ya en la década de 1940 que las FF. AA. desarrollaran una labor de infiltración en diversos lugares de la sociedad, para acrecentar conflictos políticos a través del sabotaje: “Para desarrollar este nuevo y moderno tipo de guerra, es necesario enviar agentes especializados, que explotan las rivalidades que dividen a los diversos sectores sociales y a los grupos de minorías, las ambiciones de políticos destacados, las controversias raciales y las desigualdades sociales y económicas; establecen también estrecho contacto con individuos simpatizantes con su causa, practicando además toda clase de sabotaje y espionaje (…)”73.

Respecto a los objetivos de esta política encubierta, señaló que “El objetivo final de esta campaña es influenciar y confundir a la opinión pública, destruyendo la confianza del pueblo enemigo en su Gobierno y en su poder (…) Aunque estos métodos están en pugna con los sentimientos de honor y de la dignidad, deben señalarse ya que por desgracia son actualmente una absoluta realidad y se hace necesario conocerlos para defenderse de ellos”74.

La FACH también compartía la importancia del trabajo encubierto y de la guerra psicológica contra el enemigo. En un texto difundido por el comandante de escuadrilla Nicanor Díaz Estrada hacia mediados de 1959, en la Revista de la Fuerza Aérea, remarcaba la importancia de la guerra psicológica, la seguridad nacional y el riesgo de la subversión comunista: “El aspecto psicológico de la seguridad e inseguridad es también relativamente nuevo. Las campañas de rumores y el temor engendrado por las “quintas columnas” son las formas más reales y crudas de este aspecto psicológico de seguridad nacional. Su más pronunciada manifestación, durante la paz, son los programas de los partidos comunistas de los diferentes países, instruidos y entrenados para desorganizar, confundir y debilitar a la población de un país. La forma de vida y la integridad nacional pueden ser quebrantadas hoy en día a causa de las presiones psicológicas”75. El caso de Nicanor Díaz Estrada es importante de destacar, ya que en las primeras semanas del golpe de Estado se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, estando desde esa posición a cargo de la represión en el frente interno, sobre todo en el proceso llevado adelante contra el general del aire Alberto Bachelet por la Fiscalía de Aviación (Consejo de Guerra causa rol 1-73 de la Fiscalía de Aviación).

La conexión entre guerra psicológica y subversión comunista se fue constituyendo como un balance de la nueva estrategia de guerra contrasubversiva. Entre los años 1962 y 1964, la Revista Memorial del Ejército, en sintonía con el número especial sobre guerrillas de la Marine Corps Gazette, publicó una serie de artículos sobre guerra insurreccional, guerrillas, propaganda comunista y contrasubversión. En el núm. 309 de Revista Memorial del Ejercito se publicaron tres trabajos sobre guerra subversiva: un trabajo del mayor Fernando Olea Guldemont, sobre “Guerra psicológica”; una traducción de un trabajo del teniente coronel del ejército brasileño Carlos Neira Mattos, titulado “La guerra insurreccional”, y el trabajo del teniente coronel Enrique Blanche Northcote, sobre “La guerra de guerrillas”.

En los trabajos sobre guerrillas se destaca el hecho de que la estrategia guerrillera consiste en un recurso de fuerzas inferiores en recursos ante adversarios bien equipados y posicionados. Junto con ello, reconocen que se constituye en una forma de combate desarrollada con anterioridad en la historia. No obstante, como reconoce Neira Mattos, es el carácter del escenario internacional a inicios de la década de1960, con el desarrollo de la Guerra Fría y el surgimiento de movimientos de liberación nacional de inspiración marxista, lo que ha modificado el escenario de seguridad hemisférica en el área de influencia de EE. UU. y sus aliados: “en la presente situación mundial, la ideología marxista en aquello que ofrece de seductor en el campo de conquistas sociales de las masas, viene siendo intensamente explotada como poderoso factor de atracción y aproximación política con la Unión Soviética”76. Ante ese contexto, señala que las principales maneras de combatir una amenaza insurgente tienen en la guerra de Argelia un punto de referencia central, ya que “La guerra insurreccional de los rebeldes argelinos contra los franceses constituye una preciosa fuente de enseñanzas (…)”, agregando más adelante que “de Argelia, actual laboratorio de aprendizajes de la fuerza insurreccional, nos llegan constantemente informaciones sobre la aplicación de los procesos tácticos de este tipo peculiar de conflicto armado”77.

Para combatir la guerra insurreccional, Neira Mattos enfatiza la importancia de la población civil, la cual constituye la retaguardia de las fuerzas insurgentes, el lugar del desarrollo de opiniones favorables hacia los insurgentes y contrarias hacia los poderes constituidos. De ahí que los principales espacios de la estrategia contrasubversiva sean el frente interno, la guerra psicológica y los dispositivos de seguridad y contrainsurgencia. Sobre este último punto señala la importancia de militarizar la función policial y de desarrollar labores policiales por las fuerzas militares, posibilitando el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio: “sería preciso tener los más poderosos recursos policiales y militares capaces de asegurar el desencadenamiento de un plan de represión cubriendo toda el área de actividades”78. Estos recursos militares y policiales permiten el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio en el que se desarrollan los dispositivos de seguridad. Este dispositivo busca, por su parte: “(…) neutralizar los efectos de presión y de la intimidación de la propaganda subversiva sobre la población civil y, al mismo tiempo, amedrentar a los organizadores del movimiento, por la certeza de que todos los actos de violencia serán reprimidos pronta y enérgicamente”. Es decir, es de carácter ofensivo, pero a la vez estratégico, por cuanto la presencia militar –dadas las características del conflicto insurreccional irregular– busca controlar áreas críticas de la infraestructura pública y controlar la población: “es de capital importancia la elección de puntos a ser ocupados por las fuerzas de seguridad. Los puntos de pasaje obligatorio (puentes, viaductos, túneles, gargantas, entradas y salidas de ciudades) y los posibles focos de iniciación del movimiento o los sitios más buscados por los saboteadores (fábricas y centros fabriles, vías férreas, refinerías y depósitos de combustibles), los cuales deben estar incluidos en el dispositivo de seguridad”79.

Finalmente, enfatiza que el dispositivo de seguridad debe ser completado con un plan de represión, atendiendo para ello al objetivo principal del conflicto insurgente: la población. Por ello, la represión debe ser llevada contra la población, en aquellos sectores que pueden dar apoyo a los insurgentes y debe estar orientada a controlar eventuales focos de descontento: “el control de la población civil debe resultar de la adopción de medidas por parte de los organismos de Gobierno encargados de la seguridad pública, principalmente policías civil y militar (…)”80, enfatizando que uno de las aspectos centrales para el desarrollo de planes represivos lo constituye la contrapropaganda, la que busca “neutralizar los efectos de la propaganda enemiga y conquistar la opinión pública para la causa del Gobierno, incentivando ciertas “pan-ideas” tales como: espíritu del orden, deseo de seguridad social y económica de nación, sentimiento de prestigio nacional, etcétera. De ser necesario, serán tomadas medidas preventivas más enérgicas, como la prisión y confinamiento de los líderes de la insurrección”81.

Para el combate en el frente interno a la guerrilla y la subversión, se comenzó a desarrollar una concepción de la guerra psicológica, la inteligencia y la contrainteligencia. El mayor Fernando Olea Guldemont, en 1962, definió la guerra psicológica como “Aquella parte deliberadamente planeada de la guerra, que actúa antes durante y después de ella sobre la mente tanto de nuestros adversarios como nuestros amigos, con el fin de, sincronizadamente con las operaciones militares, obtener una baja en la capacidad de lucha del adversario y una fuerte moral en nuestro potencial humano para lograr los objetivos fundamentales de la lucha”82, proponiendo que las FF. AA. desarrollaran una política de guerra psicológica, al constituirse en un “(…) arma de carácter oculto, sórdido y misterioso, que emplea medios intelectuales y emocionales, tanto contra la población civil, como hacia el combatiente”, para lo cual propone la creación de una sección independiente en los Departamentos II de Informaciones del Estado Mayor de FF. AA. abocada a este tipo de combate.

El trabajo político hacia la población se constituyó en un aspecto fundamental de la política de seguridad nacional ante la amenaza subversiva comunista. En un trabajo difundido al año siguiente en Revista Memorial del Ejército, el mayor Sergio Fernández Rojas83 abordaba la problemática de la población civil desde la óptica militar del frente interno y bajo la égida contrasubversiva. La primera distinción que señala en referencia a los anteriores trabajos sobre frente interno y guerra psicológica, es que a comienzos de la década de 1960 en el escenario de profundización de la Guerra Fría interamericana, el principal enemigo de los estados occidentales era la subversión comunista y su trabajo clandestino en la población civil: “actualmente el frente interno no tiene límites territoriales. No hay límites ni divisiones entre el campo de batalla y el frente interior. Máxime que el concepto marxista de la guerra, es decir la guerra revolucionaria, ha convertido a la población –elemento del frente interno– en el objetivo, el terreno y el medio de su permanente accionar (…)”, agregando que “el frente interno tampoco tiene límites de edad para la lucha; allí trabaja el niño, la mujer y el anciano, todos de acuerdo con sus fuerzas y capacidad (…)”84.

Respecto a la forma que adopta el trabajo comunista en el frente interno, señala que esta se presenta de manera variada, ya que “puede traducirse por el descontento demostrado en reuniones o mítines de carácter político por sectores que se sienten afectados económicamente (…) se presenta en forma de ataques a través de las prensa a ciertas entidades gubernamentales, o a determinadas empresas sindicadas como explotadoras y contrarias a los intereses nacionales, o a determinados personeros de importancia (…). El aparecimiento de huelgas ilegales (…) también se revela por manifiestos estudiantiles y huelgas patrocinadas por dirigentes juveniles: universitarios o secundarios”85.

Afirma más adelante que “cuando el clima es muy tenso, las masas constituidas en reuniones políticas o gremiales, o de otra índole, con el pretexto de materializar su descontento, son arrastradas a desmanes en la vía pública causando destrozos y perjuicios en la propiedad del Estado o particular (…) el rendimiento en el trabajo de los sectores industriales o agrícolas baja en sus niveles medios; se producen actos de sabotaje en los servicios de utilidad pública y en las máquinas industriales de las grandes fábricas (…) así entonces, se tratará de hacer impopular primero al cuerpo policial de la Nación, mediante violentación [sic] a la fuerza pública para que proceda de hecho y produzca muertes que se transforman en mártires del movimiento. Además, se tratará de hacer impopular a las FF. AA., haciéndolas parecer como contrarias al movimiento o como contrarias a ciertos preceptos establecidos en la Constitución o las Leyes (…) Todo lo citado va acompañado de una fecunda propaganda de prensa escrita y hablada”86.

Como conclusión respecto al trabajo subversivo del marxismo en el frente interno, señala otro militar años más tarde: “la población constituye indudablemente el elemento básico fundamental del frente interno y a su vez el objetivo, el medio y el terreno del accionar de las fuerzas marxistas contra el mundo libre (…)”, sentenciando que “La conquista del frente interno solo será real después de haber captado ideológicamente a la población”87.

Cabe destacar que estas concepciones se van reiterando a lo largo de la década de 1960 en una serie de publicaciones, tanto del Ejército, la FACH como de la Armada. Es decir, se transforman en un discurso doctrinario sobre la represión y la contrasubversión del conjunto de las FF. AA. chilenas. Desde mediados de la década de 1960, la revista Memorial del Ejército siguió publicando trabajos sobre guerra contrasubversiva. Así, por ejemplo, en 1964 publicó un trabajo del general de división José Hiriart Ariño sobre “Guerra Revolucionaria”88. En 1966 publicó un trabajo del mayor Manuel Contreras –futuro director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura militar– sobre el desarrollo de la guerra de Vietnam89. Al año siguiente, publicaron un trabajo del Dr. Leandro Rubio García, que profundizaba sobre los componentes de este tipo de guerra, en base a las lecciones de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa. En 1968, nuevamente publicaron nuevos trabajos sobre guerrillas y guerra contrasubversiva en dos números de la revista Memorial del Ejército. En el núm. 344 se publicaron los siguientes trabajos: del teniente coronel Agustín Toro Dávila y del mayor Manuel Contreras Sepúlveda: “Panorama político-estratégico del Asia suroriental”90; del teniente coronel Hernán Béjares González, “La guerra de Vietnam”91; de Von Gerhart Matthaus, “La guerra es política con derramamiento de sangre”92 y del capitán Patricio O’Ryan Munita, “Extrañas armas para las guerrillas”93. En el núm. 346 se publicó otro trabajo de Agustín Toro Dávila sobre las guerrillas en el desarrollo de las guerras modernas y un trabajo de Wolfram Wette sobre guerra revolucionaria94. En el año 1969, en el núm. 349 se publicó un trabajo del coronel Robert Krebs, sobre “Beaufre y la estrategia total”95.

En el caso de la Armada encontramos referencias hacia la guerra contrasubversiva, la guerra psicológica, alusiones directas a la influencia de la doctrina contrasubversiva francesa y de la política de seguridad hemisférica norteamericana. En la Revista de Marina, en su edición núm. 662 de 1968, se publicó un artículo del teniente coronel Luis Sáez de la Escuela Superior de Ejército de España, sobre guerra revolucionaria en el contexto contemporáneo, la cual caracterizó como una guerra civil universal. Al respecto, Sáez definió la guerra revolucionaria, de acuerdo con la definición dada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (“apuntes para un proyecto de doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas”), entendiéndola como: “la subversión inspirada por la doctrina marxista-leninista que tiene como finalidad la implantación del comunismo”96. De acuerdo a la reflexión del militar, los ejércitos convencionales de los diversos Estados occidentales han adoptado las concepciones de la guerra contrasubversiva como una manera de combatir la insurgencia comunista: “se estudian la estrategia revolucionaria y las tácticas subversivas; en todos los ejércitos hay reglamentos y manuales sobre guerra psicológica y guerra de guerrillas; todas las organizaciones militares cuentan con unidades de comandos, guerrilleros, fuerzas especiales, etcétera; se escribe sobre la lucha en los núcleos urbanos, la contraguerrilla y la contrasubversión”. No obstante, agrega, poco se aborda respecto al verdadero carácter de la guerra revolucionaria: el carácter ideológico y civilizatorio que alienta los conflictos locales en el escenario de Guerra Fría: “un rasgo fundamental de la guerra revolucionaria y, en general, de todas las subversivas: la sustitución de la fuerza material por la fuerza de una ideología”97.

El número siguiente, publicaron una traducción del teniente coronel de artillería Fernando Frade, profesor de la Escuela de Guerra Especial de EE. UU. En el trabajo, Frade abordó la importancia de la guerra psicológica en el contexto del enfrentamiento de la Guerra Fría, señalando en base al documento “Doctrina, organización y empleo del arma psicológica”, del Estado Mayor del Ejército norteamericano, la siguiente definición: “el uso planeado y coordinado –por autoridades civiles y militares– de medidas y medios diferentes destinados a influir en la opinión, los sentimientos, la actitud y el comportamiento y elementos (autoridades, ejércitos, poblaciones, individuos) enemigos, neutrales o amigos con el fin de modificarlos en un sentido favorable para la consecución de los objetivos nacionales (…) la guerra psicológica es total y permanente (…) es una de las principales formas de la Guerra Fría, precediendo y acompañando a la subversión; es parte integrante de la guerra revolucionaria, persiste con la guerra regular y hace sentir su influencia sobre todas las actividades nacionales, tanto políticas como diplomáticas, económicas, militares, de organización, etcétera. En todo tiempo”98.

En los números siguientes fue publicada una serie de artículos sobre guerra contrasubversiva y análisis sobre guerrillas. En particular un par de trabajos de análisis político-militar sobre el desarrollo de conflictos en Indochina99. En el núm. 666 se publicó una reflexión de Roberto Guidi sobre la estrategia contrasubversiva en base a los trabajos del general André Beaufre titulado “Estrategia directa y estrategia indirecta”. Tributario de la concepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa, parte señalando que tanto la guerra directa –conflicto militar convencional– como la guerra indirecta –conflicto militar de carácter político, psicológico y disuasivo– son dos componentes de la guerra total. Según Guidi, “la estrategia indirecta no se diferencia sustancialmente de lo que tradicionalmente era definido como “política” en consideración de lo que era considerado “guerra””, agregando que esta “distinción sería puramente semántica que tiene, además, la ventaja de poner más en relieve la identidad sustancial del pensamiento que debe presidir el fenómeno político y militar, identidad que en cierto sentido ha sido puesta en evidencia en forma muy particular por la doctrina y el lenguaje comunista como resultado del amplio uso de nomenclaturas militares de parte de los teóricos marxistas en relación con fenómenos de naturaleza típicamente política”. En base a esta distinción, señala el militar chileno que las FF. AA. deberían prepararse para implementar operaciones encubiertas que apunten a objetivos políticos determinados y que vayan en sintonía con la política de guerra total, que es identificada como los intereses del Estado nacional: “(…) las fuerzas militares ya no serían concebidas únicamente en relación con los problemas de la defensa, sino también como instrumento que pueden acompañar operaciones políticas, ya sea para acelerarlas, o para determinar su carácter o finalmente para dramatizar su desarrollo”100.

Finalmente, como parte de estas conceptualizaciones, enseñanzas y reflexiones estratégicas y tácticas sobre guerra indirecta y psicológica, destaca la publicación a mediados de 1972 de un trabajo del coronel (R) del Ejército de EE. UU. Virgin Ney sobre tácticas y técnicas de motines. Partiendo de una definición de motín, conceptualizado como “movimiento desordenado de una muchedumbre contra la autoridad constituida”101. En el enfoque del militar, permeado de la mirada contrasubversiva, cualquier reunión en el espacio público de grupos de personas congregadas para manifestarse respecto a una demanda son conceptualizados como potenciales focos de motines: “Toda reunión de ciudadanos con el fin de buscar desagravio, contiene el germen de la violencia que se desarrolla al alimentarse con propaganda y rumores”, enfatizando que, para ello, “las autoridades a cargo de todas las entidades políticas, desde el Estado hasta el municipio, necesitan saber que las protestas, demostraciones y piquetes de huelga son los indicios peligrosos que significan que entre los que gobiernan y los gobernadores se ha roto la comunicación”102. Señala que el principal responsable de los movimientos de huelga y de motivos es el comunismo: “La maquinaria comunista tiene décadas de experiencia en técnicas de motines, y su mayor esfuerzo será hacer que las fuerzas de la ley y el orden parezcan brutales y viciosas en el desempeño de sus deberes”103. Finalmente, manifiesta que los principales espacios para la formación de motines son los barrios pobres y las universidades.

En resumen, la recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva adaptada a las consideraciones de la política de seguridad hemisférica norteamericana, bajo el discurso de seguridad nacional, instaló al interior de la oficialidad de las FF. AA. chilenas de mediados de la década de 1960 la necesidad de elaborar una política de seguridad en el ámbito interno, tanto en lo policial como en lo militar. Para un cumplimiento cabal de esta política de seguridad, se ensayarán dispositivos de seguridad basados en la guerra psicológica, contrapropaganda hacia la población civil y operativos conjuntos de seguridad abocados al control territorial del Estado y de la población a través de políticas represivas y del desarrollo de acciones ofensivas en situaciones de inestabilidad política. El resultado de aquello será una tendencia hacia la militarización de la función policial y un desarrollo de funciones policiales de parte de las FF. AA., las cuales comenzarán progresivamente a ser utilizadas bajo situaciones de excepción constitucional. Pero previo a ello, las FF. AA. comenzaron a desarrollar labores de recopilación de información estratégica y desarrollo de inteligencia en el “frente interno”.

1 Neeb Gevert, Richard (teniente coronel). “Ensayo sobre una definición del pensamiento político oficial del Ejército de Chile”. Memorial del Ejército, núm. 394, enero-abril de 1977, p. 71.

2 Péries, Gabriel. “La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad”. En: Daniel Feirstein (comp.). Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009, pp. 221-247.

3 Llambías, Jaime. The chilean armed forces and the coup d’ etat in 1973. Quebec: Mc Gill University, Master of Arts, 1978, p. 21.

4 Varas, Augusto. “Ideología y doctrina de las Fuerzas Armadas chilenas: un ensayo de interpretación”. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El Proyecto Político Militar. Santiago: Flacso, 1984, pp. I-XLIX.

5 Llambías, op. cit., p. 60. Cabe señalar que en la reciente publicación de Gabriel Salazar sobre el Ejército de Chile se esgrime una idea similar: “este discurso apologético tiende a situar e instalar al Ejército en las funciones trascendentes y superiores de la sociedad, por encima de la política común y del legalizado trajín sociopolítico de la ciudadanía. Sobre todo, en relación a la seguridad nacional, frente a eventuales enemigos externos, como también ante eventuales hostis internos (donde, para esto, la Constitución contempla para el Ejército facultades extraordinarias, a través de las “leyes de excepción”)”. Salazar, Gabriel. El Ejército de Chile y la soberanía popular. Ensayo histórico. Santiago: Debate, 2019, p. 38.

6 Garay, Cristián. “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y participación militar”. Política. Revista de Ciencia Política, núm.10, 2019, pp. 71-177. Garay, Cristián. Entre la espada y la pared. Allende y los militares. 1970-1973. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2014.

7 Janowits, Morris. The profesional soldier. A social and Political Portrait. New York: The Free Press, 1971. Huntington, Samuel. The Soldier and the State. The theory and politics of civil-military relations. New York: Vintage Book, 1957.

8 Es interesante observar cómo desde Max Weber a Jürgen Habermas se considera que el proceso de modernización social tiene dos núcleos organizativos fundantes: la moderna empresa capitalista y la organización burocrática. De ahí que se sostenga la conexión interna entre los procesos de modernización social, secularización de las imágenes del mundo y de la organización de los Estados a través de la transversalización del discurso científico-técnico, que permite la formación de estructuras sociales organizadas por sistemas lectivos, sobre todo por la formación profesional que permite una distribución del estatus y el prestigio no por criterios adscriptivos. Habermas, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, 1989.

9 Arriagada, Genaro. El pensamiento político de los militares. Santiago: CISEC, 1981, p. 24.

10 Janowitz, op. cit., p. 7.

11 Sobre los enfoques de investigación de los militares: Gutiérrez, Omar. Sociología Militar. La profesión militar en la sociedad democrática. Santiago: Editorial Universitaria, 2002, pp. 157-187.

12 Goffman, Erving. “The dissolution of identities. Characteristics of Total Institution”. En: Maurice Stein, Arthur Vidich y David White. Identity and anxiety. Survival of the person in mass society. New York: The Free Press, 1960.

13 Todos estos rasgos y características se encontrarán con posterioridad en las organizaciones y sistemas concentracionarios: Kogón, Eugen. The theory and practice of hell. The german concentration camps and the system behind them. New York: Farrar, Strauss and Giraux, 2006. Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Los campos de concentración. Buenos Aires: Prometeo, 2016.

14 Arriagada. El pensamiento…, op. cit., p. 29. Cfr. Vergara, Sergio. Historia social del Ejército de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, 1994.

15 Tótoro, Dauno. La cofradía blindada. Autonomía, negocios e insubordinación de las fuerzas armadas chilenas. Santiago: Planeta, 2017.

16 Llambías, op. cit., p. 56.

17 Téllez, Idalicio (general en retiro). “La profesión militar”. Memorial del Ejército, núm. 179, marzo-abril de 1942, pp. 1139-1140.

18 Arriagada, op. cit., p. 30 y pp. 169-175. Salazar. El Ejército de Chile…, op. cit., pp. 60-74.

19 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170. Fermandois, Joaquín. “El derecho de veto: las FF. AA. y la política internacional”. La política exterior del Gobierno de la Unidad Popular y el Sistema Internacional. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, pp. 84-110.

20 Neeb Gevert, op. cit.,p. 71.

21 Gutiérrez, Cristian. La contrasubversión como política. La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en las FF. AA. de Argentina y Chile. Santiago: Lom ediciones, 2018.

22 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170.

23 Quiroga, Patricio y Maldonado, Carlos. El prusianismo en las FF. AA. Chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945. Santiago: Ediciones Documentas, 1988.

24 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964. Santiago: Lom ediciones, 2016, pp. 25-54. Cfr. Patto Sá Motta, Rodrigo. En guardia contra el peligro rojo. El anticomunismo en Brasil (1917-1964). Buenos Aires: Universidad Tres de Febrero, 2019, pp. 53-89.

25 El pensamiento organicista a finales del siglo XIX estaba presente con fuerza en las ciencias sociales y en las ciencias naturales; por ende, tenía un espacio de desarrollo intelectual amplio. Cfr. Archer, Margaret. Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009, pp. 67-97.

26 “Editorial”, El Mercurio, 2 de octubre de 1934.

27 Estado Mayor del Ejército. Historia del Ejército de Chile. Tomo X. Santiago: Impresos Vicuña, 1985, pp. 169-170.

28 Vásquez, Ángel (capitán). “Algunos procedimientos que conviene adoptar en el Ejército para contrarrestar la propaganda de doctrinas contrarias al orden social. Memorial del Ejército. Año XVII, 1er semestre, 1924. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El proyecto político militar. Santiago: Flacso, 1984, p. 98.

29 Montero, René (capitán). “Los principios comunistas frente a las leyes biológicas y la estructura espiritual de la sociedad moderna”. Memorial del Ejército. Año XXVI, enero de 1932. Varas y Agüero, op. cit., p. 102.

30 Ídem.

31 Carvallo, Gustavo (contralmirante (R)), “Reflexiones sobre la disciplina”. Revista de Marina. Enero-febrero, 1963. Varas y Agüero, op. cit., p. 118.

32 Gutiérrez, op. cit., p.17.

33 Viaux, Ambrosio (mayor). “La política y la guerra”. Memorial del Ejército, Año XVI, 1er Semestre, 1921. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 95.

34 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 214.

35 Becket, Ian. Modern Insurgencies and counter-insurgencies. Guerrillas and their opponents since 1750. London and New York: Routledge, 2001, p. VIII.

36 Valenzuela, Luis (mayor). “Misión de las Fuerzas Armadas y su participación en el desenvolvimiento normal de nuestra vida democrática”, Memorial del Ejército, núm. 284. Mayo-junio de 1958, pp. 22-36.

37 Estado Mayor del Ejército. “La Seguridad Nacional, función de Gobierno”. Memorial del Ejército, núm. 230, mayo-junio, 1949. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 184.

38 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 214.

39 Gutiérrez, op. cit., p.17.

40 Gutiérrez, op. cit. Robin, Marie-Monique. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.

41 Las conferencias dadas por Charles Lacheroy fueron las siguientes “Un arma del Vit Minh, las jerarquías paralelas”, “La campaña de Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “La acción del Viet Minh y el comunismo en Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “Guerra Revolucionaria y arma psicológica”. Cfr.: Lacheroy. Charles. Discours et conférences, Universite Lorraine, 2012.

42 Galula, David. Pacification in Algeria, 1956-1958. California: Rand. Corp., 1963.

43 Galula, David. Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice. New York: Prager ed., 1964.

44 Escuadrones de la Muerte. Dir.: Marie-Monique Robin, 2003, 60 min. Krischke, Jair, “Brasil y la operación cóndor”, Primer encuentro de museos de la memoria del Mercosur, 2008, p. 1.

45 Green, Thomas Nicholls (ed.). The Guerrilla and how to fight him. New York: Praeger, 1962.

46 “Sobre guerrillas y sabotajes: curso Político Militar inauguran en Argentina”, La Nación, 26 de septiembre de 1961. Citado por: Gutiérrez, op. cit., p. 116.

47 “Curso de Guerra Contrarrevolucionaria”, El Mercurio, 3 de octubre de 1961, p. 29. Citado por: Cristian Gutiérrez, op. cit., p. 104.

48 Departamento de Historia Militar, “El Ejército Francés en el Ejército Chileno”, Cuaderno de Historia Militar, núm. 1, mayo de 2005, pp. 29-56.

49 Tapia, Jorge. El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F.: Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980. Arriagada, Genaro. La política militar de Pinochet. Santiago: Salesianos, 1985. Arriagada, Genaro; Balbontín, Ignacio; Daitreaux, Carlos y Wingertter, Rex. Subversión y contrasubversión. Santiago: CISEC, 1978.

50 Chateau, Jorge. Seguridad nacional y guerra antisubversiva. Documento de Trabajo. Santiago: Flacso, 1983.

51 Krumm, Fernando (mayor). “La Junta Interamericana de Defensa”, Memorial del Ejército, núm. 294, julio-agosto de 1959, pp. 84-104.

52 Para un análisis de la relación entre el marco de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 y el Sistema Interamericano de Defensa, cfr.: Carrasco, Carlos (capitán de fragata). “Programa de Asistencia Militar y las ventas militares de EE. UU. al exterior”. Revista de Marina, núm. 718, mayo-junio de 1977, pp. 279-290; Vergara, Rolando. “El TIAR y la defensa contra un ataque armado”. Revista de la Academia de Guerra Naval, núm. 6, Valparaíso, 1979.

53 Decreto núm. 328 del 6 de julio de 1952, publicado en el Diario Oficial núm. 22.305 del 21 de julio de 1952.

54 Para un detalle de la asistencia militar norteamericana en el período: González, Martín. La influencia militar de Estados Unidos en la doctrina del Ejército de Chile en el período de la post Segunda Guerra Mundial. Universidad Adolfo Ibáñez: Magíster de Humanidades, 2004.

55 Garay señala que la principal vía intelectual de influencia fue la revista Military Review, de la cual Memorial del Ejército tradujo varios textos. Garay, op. cit., p. 156.

56 González, Mónica. La conjura: Los mil y un día del golpe. Santiago: Ediciones B, 2000, p. 22.

57 Ejército de Chile. Historia de la Academia de Guerra fundada en 1886. Santiago: Instituto Geográfico Nacional, 2006, p. 46.

58 Canessa, Julio. Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor Militar, 1924.1973. Santiago: Emérida Ediciones, 2005, p. 179.

59 Las principales revistas institucionales son Revista Memorial del Ejército, Revista de Infantería, Revista de Marina y Revista Fuerza Aérea.

60 Polloni, Roberto. Las fuerzas armadas de Chile en la vida nacional. Compendio cívico-militar. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1972, p. 61.

61 Medina Lois, Alejandro (capitán). “Seguridad Nacional. Un concepto que debe difundirse”. Memorial del Ejército, núm. 333, 19 de septiembre de 1966, pp. 81-88.

62 La Época, 2 de septiembre de 1990. Sentencia causa rol 38.483 episodio Peldehue Boinas Negras, dictada por el Ministro Mario Carroza Espinoza, 12 de octubre de 2016.

63 Medina Lois, op. cit., p. 83.

64 Ibid., p. 84.

65 Medina Lois, Alejandro (coronel). “Seguridad Nacional”. Economía e Inversiones, julio, 1975. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 205.

66 Ídem.

67 Scheihing, Rubén. “Prolegómenos sobre Seguridad Nacional”, Revista de Marina, núm. 679, julio-agosto de 1970, p. 479.

68 Scheihing, Rubén. “Hacia una conceptualización de la seguridad nacional”, Revista de Marina, núm. 679, noviembre- diciembre de 1970, p. 715.

69 Scheihing. “Hacia una conceptualización…, op. cit., p. 717.

70 Cortés Rencoret, Gerardo (coronel). “Introducción a la Seguridad Nacional”. Cuadernos del Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica, núm. 2, febrero, 1976. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 207.

71 Decreto Supremo núm.538 del 26 de diciembre de 1974, que modifica el nombre y actualiza el plan de estudios de la Academia de Defensa Nacional creada a través del Decreto Supremo núm. 359 de marzo de 1947.

72 Valenzuela, Raúl (capitán). “La guerra psicológica”. Memorial del Ejército, núm. 225, julio-agosto, 1948, pp. 33-45.

73 Ídem, p. 43

74 Ídem.

75 Díaz Estrada, Nicanor (comandante de escuadrilla). “El problema del desarme latinoamericano”. Revista de la Fuerza Aérea, abril-mayo-junio, núm.73, 1959.

76 Neira Mattos, Carlos (teniente coronel). “La guerra insurreccional”, Memorial del Ejército, núm. 309, julio-septiembre de 1962, p. 49.

77 Neira Mattos, “La guerra…”, op. cit., p. 52.

78 Ibid., p. 53.

79 Ibid., p. 54.

80 Ibid., p. 55.

81 Ídem.

82 Olea Guldemont, Fernando (mayor). “Guerra psicológica”, Memorial del Ejército, núm. 309, julio-septiembre de 1962, p. 29.

83 Sergio Fernández Rojas fue destinado en comisión de servicio en Fort Gullik, en la Escuela de las Américas. En su estancia, realizó los cursos de Información Militar para oficiales y el Curso Especial de Guerra Nuclear y Pedagogía Militar. Se tituló como docente. http://www.soa.org

84 Fernández Rojas, Sergio (mayor). “Subversión-Propaganda-Rebelión”. Memorial de Ejército, núm. 311, enero-febrero, 1963, pp. 50-60.

85 Fernández. “Subversión…”, op. cit.

86 Ibid., pp. 50-60.

87 Zavalla, Rafael (teniente coronel). “El frente interno en la estrategia general”. Memorial del Ejército, marzo-abril, 1969.En: Varas y Agüero, op. cit., , pp. 270-278.

88 Hijar Ariño, José (general de división). “La Guerra Revolucionaria”, Memorial del Ejército, núm. 318, marzo-abril de 1964, pp. 3-16.

89 Contreras Sepúlveda, Manuel (mayor). “Estrategia en la Guerra de Vietnam”, Memorial del Ejército, núm. 331, mayo-junio de 1966, pp. 68-95.

90 Toro Dávila, Agustín (teniente coronel) y Contreras Sepúlveda, Manuel (mayor). “Panorama político-estratégico del aisa suroriental”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968 pp. 38-44.

91 Béjares González, Hernán (teniente coronel). “La guerra de Vietnam”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 68-103.

92 Matthaus, Von Gerhart. “La guerra es política con derramamiento de sangre”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 131-148.

93 O’Ryan Munita, Patricio (capitán). “Extrañas armas para las guerrillas”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 149-154.

94 Toro Dávila, Agustín (teniente coronel). “Las modernas formas de la guerra”, Memorial del Ejército, núm. 346, noviembre-diciembre de 1968, pp. 3-16. Wette, Wolfram. “Revolución y Guerra”, Memorial del Ejército, núm. 346, noviembre-diciembre de 1968, pp. 17-45.

95 Krebs, Robert (coronel). “Beaufre y la estrategia total”, Memorial del Ejército, núm. 348, marzo-abril de 1969, pp. 24-30.

96 Sáez, Luis. “Guerra Civil Universal”, Revista de Marina, núm. 662, enero-febrero de 1968, pp. 57-61.

97 Sáez, op. cit., p. 59. La reflexión de este artículo es similar a una que se publicó años más tarde. Cfr: Bueno Rocero, L. F. “La guerra cotidiana”, Revista de Marina, núm. 694, mayo-junio de 1973, pp. 287-290.

98 Frade, Fernando (teniente coronel). “La guerra psicológica”, Revista de Marina, núm. 663, marzo-abril de 1968, p. 7.

99 Venatici, Canis. “La Guerra de Vietnam. Sus proyecciones políticas y económicas”, Revista de Marina, núm. 691, noviembre-diciembre de 1972, pp. 693-703. Nicolas, Fernando (subteniente Rva.). “Reflexiones sobre la Guerra de Indochina”, Revista de Marina, núm. 679, noviembre-diciembre de 1970, pp. 719-722.

100 Guidi, Roberto. “Estrategia directa y estrategia indirecta”, Revista de Marina, núm. 666, septiembre-octubre de 1968, pp. 665- 672.

101 Ney, Virgin. “Táctica y técnica de motines”, Revista de Marina, núm. 680, enero- febrero de 1971, p. 39.

102 Ney, op. cit., p. 41.

103 Ibid., p. 43.

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