© LOM ediciones Primera edición, julio de 2021 Impreso en 1000 ejemplares ISBN Imprenta: 9789560014337 ISBN Digital: 9789560014856 Imagen de portada: Daniel Alejandro Espinoza Guzmán Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56–2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Registro N°: 106.021 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

Prólogo

La preocupación por el hábitat digno así como el estudio sobre las distintas formas de vida en el territorio han sido parte constitutiva del quehacer de académicas y académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile. Estos intereses alcanzaron desarrollos significativos durante los años sesenta y principios de los setenta, principalmente en relación con las políticas solidarias de vivienda y el desarrollo del hábitat rural y urbano en las distintas regiones del país. Los últimos treinta años, con el retorno a la democracia, dichos intereses también han tenido que enfrentar el fortalecimiento de un modelo económico neoliberal que había comenzado a gestarse durante el régimen militar, lo cual sin duda ha representado un desafío para nuestro campo académico, siempre inspirado por ideas de justicia, igualdad y pluralidad.

En este contexto histórico, todavía más complejo con la crisis social, política y sanitaria que hemos vivido recientemente, resulta no sólo desafiante, sino además obligatorio comprometer la generación de conocimientos con los cambios sociales que requiere el país. Se trata de un compromiso con la sociedad en su conjunto y con la sostenibilidad de un hábitat que refleje, precisamente, la dignidad de todas y todos quienes vivimos los efectos de la planificación habitacional, el diseño urbano y la gestión de políticas públicas. En este sentido, la dignidad también debe ser una premisa constitutiva, y al mismo tiempo orgánica, para quienes proyectan la gobernabilidad de un sistema social.

Cuando un modelo de gobernabilidad falla en su función social y pública, ello afecta a las personas y a las comunidades, pero también al desarrollo de la vida y la naturaleza en todas sus formas y derechos, teniendo como consecuencia territorios contaminados, sobreexplotados e insostenibles para alcanzar la dignidad de ese mismo ecosistema en común. Si bien es cierto que la crisis social y política del último tiempo ha revelado sin matices la falta de dignidad, justicia y solidaridad en nuestro país, no es menos cierto que ello también ha evidenciado la necesidad de hacernos cargo colectivamente de nuestro futuro. Es por estos motivos que resulta relevante, tanto como ineludible, avanzar en el cambio constitucional que ha emergido de esta crisis, y en el cual la discusión sobre el hábitat y la dignidad debiese tener un lugar preponderante.

Para que este proceso cumpla las expectativas sociales, el debate sobre una Nueva Constitución tendrá que darse no sólo en la política formal o institucional, sino que también en muchas otras formas de participación. De modo que la educación universitaria y pública, en virtud de fortalecer acciones colaborativas e inclusivas, está llamada a contribuir a estos procesos de reflexión conjunta sobre el país que queremos; instancia en que nuestro quehacer académico ciertamente acudirá desde sus diversas formas de conocimientos.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, comprometida con los objetivos señalados, busca aportar a la discusión por medio de este libro coordinado por académicas y académicos del Instituto de la Vivienda, promoviendo con ello un diálogo entre el espacio universitario y las diversas organizaciones sociales. Un diálogo tan oportuno como necesario en un momento que definirá el futuro de nuestro país y en el cual esperamos que el debate sobre la vivienda, la ciudad y el medio ambiente sean parte fundamental.

Profesor Manuel Amaya Díaz

Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Chile

Prólogo

A raíz del despertar de Chile en octubre del año 2019, y como parte del trabajo que realiza el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académicas y académicos hemos creado y participado de diversas iniciativas para discutir y problematizar el rol de nuestro hábitat, no sólo en la expresión del malestar social, sino también en la generación de la desigualdad estructural que existe en nuestro país. De esta manera, se ajustó el Magíster en Hábitat Residencial, las y los académicos dedicaron parte de su tiempo a reflexionar con sus cursos y redes sobre el tema, y se realizaron instancias abiertas para debatir y compartir los puntos de vista.

En medio de este momento histórico, cuando estamos ad portas de redactar una Nueva Constitución, como INVI nos motivó la idea de contribuir tanto desde nuestros saberes como desde nuestros vínculos sociales, generando un espacio de debate y reflexión que integra miradas académicas y territoriales para abordar una necesaria y urgente pregunta: ¿Cómo avanzamos hacia un hábitat digno desde una Nueva Constitución?

Quisiera agradecer especialmente al equipo editor de este libro, que asumió el proceso curatorial y de coordinación de los textos producidos por integrantes del Instituto y activistas sociales, con quienes hemos trabajado de manera individual y colectiva. Este libro combina distintas visiones que hemos construido tanto desde la academia como desde el activismo, del cual muchas veces también somos parte. Me alegra, como directora del INVI, que esta publicación vea la luz y que, como parte de la Universidad de Chile, contribuyamos con nuestras ideas, posturas y herramientas al debate público sobre el hábitat residencial, para el primer proceso constitucional democrático, paritario y plurinacional de la historia de Chile.

Mariela Gaete-Reyes

Directora del Instituto de la Vivienda

Agradecimientos

El debate sobre el habitar digno y la Nueva Constitución se está desarrollando en diferentes espacios académicos, activistas, barriales, e incluso en lugares tan cotidianos como en nuestras casas. Reunir tan diversas reflexiones sobre el tema ha sido una tarea enriquecedora que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que a través de su Decanato y de la Dirección de Investigación y Creación nos dieron el respaldo para llevar a cabo esta iniciativa. De la misma manera, el Instituto de la Vivienda, desde su Consejo y Claustro, nos entregó la confianza como equipo editor para coordinar durante estos meses la elaboración del libro. También queremos dar las gracias al equipo del blog INVITRO, que aportó con la compilación de fotografías que reflejan las problemáticas de la ciudad y sus potencialidades.

En este proyecto fue central el trabajo y apoyo de LOM ediciones, que a través de Silvia Aguilera tuvo desde un comienzo la mejor disposición a la idea de escribir sobre las ciudades y la Nueva Constitución, haciendo a esta publicación parte de la Colección 18 de Octubre, a la que esperamos contribuir con otras perspectivas sobre el momento actual.

Nuestros sinceros agradecimientos también a cada autora y autor de los ensayos, y a las y los participantes de las conversaciones que contiene este libro, quienes dedicaron su tiempo y trabajo para contribuir a un proyecto que complementa miradas, saberes y experiencias. De la misma manera agradecemos a Daniel Espinoza Guzmán, autor de la fotografía de portada, que retrata la ciudad desde sus habitantes durante la revuelta social, así como también a las y los autores de las fotografías que componen este proyecto, y que autorizaron su uso desinteresadamente.

Introducción

La desigualdad que vivimos en Chile ha alcanzado niveles intolerables para la población. Así lo hemos visto desde antes del 18 de octubre del 2019, momento en que diferentes sectores de la sociedad dijimos basta y ocupamos las calles para expresar nuestro malestar por un sistema abusivo, que deriva en las precarias condiciones de vida que experimenta la gran mayoría de la población. Una revuelta que comenzó por un alza de precios del sistema de transporte metropolitano, pero que prontamente se expandió a cuestionar de manera estructural el sistema político, económico y social del país, hasta instalar la urgente necesidad de cambiar la Constitución Política de Chile.

Así, la desigualdad en múltiples dimensiones, que han evidenciado largamente tanto movimientos sociales como la academia, se instaló con más presencia en el debate público, y temas como la marginación de parte importante de la población, la injusticia y violencia de género, la privación de derechos y la privatización de bienes comunes naturales, entre otros, se han puesto en el centro de la discusión constituyente.

A raíz de lo anterior es que vemos el proceso constituyente como una oportunidad histórica donde el rol del hábitat, las y los habitantes y la relación social con el territorio se hagan parte, recogiendo las reflexiones, experiencias y propuestas de quienes han estudiado e intervenido activamente en la materia. Es por ello, que nos motivamos a coordinar este hermoso proyecto que aglutina visiones que se han desarrollado en la academia y en las calles, y que se concentran en esta publicación a partir de ensayos, conversaciones e imágenes, abordando las diferentes dimensiones de un hábitat digno en la Nueva Constitución.

El libro se divide en tres capítulos y comienza con quienes protagonizan esta historia: las y los habitantes, quienes posibilitaron este proceso y que ejercen en la vida cotidiana resistencias y transformaciones de sus espacios domésticos, barrios y territorios. Así invitamos a pensar «Una Constitución desde sus habitantes», donde las y los diferentes autores nos acercan al habitar desde los derechos humanos, la construcción de lo común y la relevancia de lo cotidiano y la movilidad, entre otros. Lo anterior invita a entender las diferentes realidades que existen en las ciudades, las cuales sólo emergen en cuanto exista reconocimiento y participación en la toma de decisiones.

Este reconocimiento nos permite abordar en el segundo capítulo el potencial transformador de «Una Constitución para un nuevo habitar», que se haga cargo de los cambios de paradigmas a los que nos desafía el siglo XXI y la crisis del modelo neoliberal. Las y los autores de esta sección nos interpelan a pensar un nuevo modelo de desarrollo desde la sostenibilidad ambiental, el feminismo, la inclusividad, la función social del derecho de propiedad y la memoria.

Finalmente, el tercer capítulo nos invita a pensar críticamente aquello más cercano a nuestra intimidad y realidad cotidiana, y a entender la vivienda como «El derecho a habitar más allá de una casa». En este apartado, las y los autores abordan la idea de hábitat residencial que supera los muros de nuestras casas, un concepto de habitar con contexto, organización, procesos de lucha y autogestión, pero también con espera, discriminación y exclusión. Estos y otros temas sin duda deben ser parte no sólo del debate constitucional, sino también de las políticas públicas que deriven de este.

Sin duda queda mucho por debatir y construir. Esperamos que este breve recorrido y compilación sea un aporte a la discusión de cómo concebimos el hábitat desde las personas y la naturaleza, y cómo ese habitar se aborda en el debate constitucional, nutridos desde la teoría, pero principalmente con la participación y el reconocimiento de las experiencias de cada habitante, cada realidad y cada barrio.

© Daniel Espinoza Guzmán

© Milena Bustos Meneses

Una Constitución desde sus habitantes

Ciudad y derechos humanos

Conversación entre Mónica Bustos Peñafiel1 y Ana Sugranyes2

La conversación de Mónica y Ana otorga un punto de referencia inicial y marco conceptual y jurídico fundamental para entender, en términos generales, cómo el habitar tiene relación con el proceso constitucional. A través de la revisión de distintas ideas en torno a los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos, los llamados derechos sociales y ambientales, el derecho a una vivienda adecuada o ‘digna’, y finalmente, el derecho a la ciudad, esta conversación permite situarse en el debate constituyente desde la noción de los derechos y con especial énfasis en la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad.

Mónica: Vivimos un momento excepcional y todo indica que, en este proceso constituyente, los derechos humanos son clave para avanzar hacia una mejor calidad de vida de todas y de todos los chilenos. ¿Nos puedes explicar cómo se construyen los derechos humanos?

Ana: Los derechos humanos se construyen en un lento proceso continuo, de conquistas y derrotas, que ha costado miles y miles de vidas. Representan el cuerpo legal internacional de la humanidad, de la dignidad humana, y son una unidad indivisible de obligaciones de Estado. Los derechos emergen de las transformaciones permanentes de la Sociedad; se exigen en movilizaciones sociales y se precisan en instrumentos legales y normativos para que el Estado garantice su cumplimiento. En otras palabras, surgen desde la sociedad y van evolucionando hacia nuevos derechos desde las prácticas de la convivencia entre las personas, desde cada realidad territorial, política y dinámica. Sin embargo, las leyes son estáticas y debemos revisarlas periódicamente y volver a llevarlas a menudo al tablero, volver a entenderlas y a reglamentarlas, porque las prácticas de convivencia de la sociedad cambian, porque surgen nuevos valores que se traducen en nuevos derechos. En este momento constituyente excepcional que vivimos en Chile, los derechos humanos representan un pilar sobre el cual debemos acordar nuestras bases comunes de convivencia.

Mónica: ¿En la práctica de la vida qué representan los derechos humanos?

Ana: Los derechos humanos son esa aspiración o utopía de los seres humanos hacia la dignidad y el buen vivir; son una señal de emancipación. La Carta Universal de los Derechos Humanos (1948), pactada en las Naciones Unidas al salir de los horrores de las guerras mundiales, fue un grito de «Nunca más»; o un intento, porque siguen reproduciéndose atrocidades de guerras, desplazamientos y nuevas formas de esclavitud alrededor del mundo. Estos derechos consagrados son el único marco legal internacional al cual podemos recurrir para reclamar su cumplimiento, luchar en contra de su violación y exigir reparaciones; como, por ejemplo, aquí en Chile, por la represión en contra de las manifestaciones civiles, exijamos la liberación de las y los más de dos mil detenidos desde hace más de un año y sin juicio. Las sociedades y sus Estados, a través de la institucionalidad de Naciones Unidas, siguieron trabajando los términos de los derechos humanos, llegando a suscribir dos grandes tratados en el año 1966: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos tratados constituyen obligaciones de Estado. Aquí en Chile también. Sin embargo, en la historia de los últimos cuarenta años, enfrascados en la Constitución vigente, hemos estado dominados por principios consagrados por las condiciones de mercado más que por el bien común, viviendo en una lógica que favorece más el objetivo del desarrollo personal que el de la solidaridad entre todas, todos y todes.

Mónica: ¿Ésta es una explicación de la diferencia entre los derechos individuales y colectivos?

Ana: La construcción de los derechos humanos siempre es reflejo de diferencias y acuerdos entre miradas más individuales y colectivas de los derechos. Es la capacidad de equilibrar ambos enfoques. La historia de los derechos humanos pertenece a la tradición liberal del mundo occidental, anclada en el desarrollo del capital, de la burguesía y de valores individuales. Pero, desde finales del siglo XX, se multiplican fórmulas y precisiones de derechos colectivos, que surgen desde las variadas luchas sociales de resistencia en contra de la era neoliberal y de las nuevas formas de colonización, de las tradiciones patriarcales agresivas, de los efectos depredadores del modelo de desarrollo y en favor del bien común, del buen vivir y el resguardo de la naturaleza y su biodiversidad. En este momento constituyente, el mayor desafío para el debate en Chile es precisamente esto: motivar espacios de discusión, en los cuales confrontemos las diferencias y complementariedades entre los derechos de unos pocos y de la mayoría, los intereses particulares y los colectivos, las obligaciones privadas y las públicas, el bien individual y el bien común, avanzando hacia formas más solidarias y menos individualistas en nuestra convivencia. El resultado de este debate será el que marcará la importancia que tendrán los derechos humanos en la Nueva Constitución.

Mónica: Para nosotras y nosotros que trabajamos los temas de la vivienda, del hábitat y de la ciudad, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con el territorio?

Ana: Una primera constatación: los derechos humanos no se realizan en el aire. La construcción de la dignidad humana debemos relacionarla con el lugar donde habitan los sujetos de estos derechos. En este sentido, hablamos de los derechos al hábitat, equivalentes a las demandas ecologistas del cohabitar el planeta. Desde nuestra disciplina, cuando hablamos de vivienda, el barrio o la ciudad, existen derechos humanos precisos, especialmente entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, llamados también ‘derechos sociales y ambientales’. Para ilustrar esta mirada territorial de los derechos humanos, quiero contar un ejercicio que realizamos en el Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos en 2015, cuando el tema constituyente empezaba a repuntar. Con el raciocinio esquemático arquitectónico produjimos este mapa, que dio vueltas por América latina en artículos y conferencias. Un mapa de ideas y factores relacionados con la dignidad humana a ser considerados cuando analizamos el espacio, como lugar donde viven personas, familias y comunidades.

Mapa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Fuente: Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile

(primavera de 2015)

Mónica: De esta idea de los derechos al hábitat, ¿cómo entramos a la concreción del derecho a la vivienda digna?

Ana: Desde hace varios años, las demandas sociales expresan el ‘derecho a la vivienda digna’. El concepto responde a una definición que usaba el Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas: «el derecho de toda persona a vivir en un lugar seguro, en paz y con dignidad». Es el reclamo justo de millones de personas en todo el país, que viven en condiciones difíciles de hacinamiento y precariedad, en las poblaciones y en los conjuntos de vivienda social; que recibieron una vivienda poco digna y en un entorno adverso, violento y desintegrado;3 que luchan por la identidad y arraigo de su barrio;4 que no pueden endeudarse aún más por ‘viviendas a precio demencial’;5 que sufren arriendos y subarriendos abusivos; o que optaron por construir su propio hábitat en comunidad, cooperativa, toma o campamento.

Mónica: Desde el enfoque de los derechos humanos, ¿cómo se explica el derecho a una vivienda adecuada?

Ana: Entre los componentes del enfoque territorial de los derechos humanos –el suelo, el agua o el aire– el tema habitacional se centra en el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Este pertenece al tratado de los derechos sociales y ambientales. El derecho a una vivienda adecuada cubre varios atributos: la seguridad de tenencia, reflejada en la propiedad individual y colectiva, en el arriendo, cesión de uso y comodato; la calidad física y habitabilidad del bien material; la respuesta a las demandas más apremiantes; la localización y el costo de adquisición y de mantenimiento; también la adecuación cultural.6 Las personas, familias y comunidades aspiran a una infraestructura básica y quieren estar cerca de su lugar de trabajo, tener escuelas, centros de salud y otros servicios y equipamiento de calidad, algo que hoy en día se conoce como «geografía de las oportunidades», concepto que sugiere la importancia del lugar donde vivir en paz y dignidad; una vez más, la idea del habitar colectivo: la ciudad. Además de estos atributos o cualidades, el derecho a la vivienda siempre se analiza y enfoca desde otros derechos humanos, entre los cuales, están el derecho a la no-discriminación, los derechos de las mujeres, los derechos a la información; y, ahora, por las exigencias del cambio climático, los derechos ambientales.

Mónica: A partir de estos atributos, cuyo cumplimiento representa una obligación de Estado, ¿cómo está la situación del derecho humano a la vivienda en Chile?

Ana: En Chile, vemos una política habitacional donde el Estado pretende facilitar el acceso a un techo para la población que no tiene acceso al mercado formal. Estas políticas públicas del Estado subsidiario han reducido la vivienda a una mercancía; se estima ahora que más del 30% de la población vive en viviendas inadecuadas; sufriendo los efectos discriminatorios de la segregación urbana y desigualdad territorial. Son políticas públicas que evidencian dos problemas mayores: por un lado, el financiamiento de la vivienda es un modelo que no tiene en cuenta a la gente, protagonistas de la producción y gestión del hábitat; y por otro, la ausencia de una política de suelo que acompañe la producción de viviendas. En este momento constituyente tenemos la gran oportunidad de ir transformando la inercia y pasividad de postulantes a subsidios y/o beneficios, para que lleguen a ser ciudadanas y ciudadanos con derechos.

Mónica: Es decir, el derecho a la vivienda no puede desvincularse del derecho a la ciudad…

Ana: En efecto, al entender que la vivienda, más que «cuatro paredes, un techo y un título de propiedad», es «un lugar donde vivir en paz y dignidad», pasamos de lo individual a lo colectivo, pasamos de la casa propia a la convivencia en la ciudad. El derecho a la ciudad se formuló en Francia de los años sesenta, entre bidonvilles y migrantes magrebíes. En América latina, se consolidó entre movimientos sociales y prácticas de reforma urbana; se transformó en la voz de resistencia en contra de todo tipo de desalojo y abuso inmobiliario, también de reivindicación por la vivienda digna en la ciudad justa; llegó a traducirse en pactos de entendimiento entre reclamos ciudadanos y gobiernos locales. Es un eslogan en boga y se está difundiendo ahora como parte de la agenda global urbana de Naciones Unidas. El derecho a la ciudad aún no forma parte de los derechos humanos. Es el equivalente urbano de nuevos derechos colectivos en construcción; es un derecho difuso, o sea un derecho que abarca y conlleva diversos derechos humanos. El derecho a la ciudad es la expresión urbana de derechos colectivos, como los ya conquistados por los pueblos indígenas, u originarios, o por las comunidades campesinas en torno a la soberanía alimentaria.

Mónica: En el contexto chileno, ¿cómo se ha instalado el enfoque territorial de los derechos humanos?

Ana: Tenemos un problema. Toda mirada territorial del hábitat está determinada por la consagración del derecho de la propiedad privada, muy profundamente anclado en nuestra historia y nuestra forma de vida. El derecho de propiedad es parte de nuestra sociedad y debemos respetarlo. Pero es importante entender que no es un derecho fundamental; es un derecho secundario y derivado; cada vez que se aplica, se excluyen a otras personas y comunidades. En este momento constituyente, tenemos la oportunidad de abordarlo, de revisarlo, de debatirlo, en equilibrio entre el interés individual, el bien común y la salvaguardia del planeta. De ahí la premura de revisar la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad. Si queremos revertir la profunda segregación socioespacial de nuestras ciudades y la tremenda desigualdad del territorio; si queremos desarrollar un ordenamiento territorial, entonces debemos enfrentar la complejidad del derecho de propiedad. Si Chile resuelve centrar su carta magna desde los derechos humanos, debe incluir también las condiciones necesarias para hacerlos aplicables al territorio y las ciudades, incorporando la función social y ambiental del suelo, el control de la especulación, la captura de la plusvalía y la función pública del urbanismo.

Mónica: Para los efectos de la Nueva Constitución, el enfoque de los derechos humanos, especialmente de los derechos sociales y ambientales, permite entonces formular una articulación entre la función social y privada de la propiedad, colaborando tanto en la fiscalización de los intereses privados, cuando estos afectan el interés público, como en dar inicio a un proceso que permita revertir la marcada tendencia de la segregación urbana y de la desigualdad territorial.

Ana: Nuestro desafío es que la Nueva Constitución de Chile consagre los derechos humanos como pilar fundamental; defina al Estado como garante del cumplimiento de estos derechos y con capacidad de intervención en el territorio; revise la función social del derecho de propiedad; y defina los instrumentos necesarios para que, desde la sociedad, estemos fiscalizando la aplicación de estos principios y derechos. Estas son las condiciones necesarias para iniciar planes de ordenamiento territorial, hacer de la planificación urbana una base de entendimiento entre los intereses ciudadanos, las exigencias de calidad de vida de todas y todos, así como la fiscalización de los intereses inmobiliarios. Se trata de establecer un equilibrio, como lo hicieron en Brasil, Colombia y Ecuador, donde los principios de ordenamiento territorial están referidos en la Constitución. Con la negociación de bases comunes, poco a poco podremos hacer cumplir los derechos de las personas y de las comunidades en cada territorio, para reformular posteriormente el marco legal y normativo, desde el Código Civil a la Ley General y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones; y formulando políticas habitacionales que respeten a las y los habitantes en su rol protagónico para la producción y gestión del hábitat.

Mónica: Si analizamos el poder inmobiliario y el apoyo que el Estado le ha otorgado, configurando y modelando los territorios en contra de todos los principios de dignidad humana y de los derechos humanos, para el futuro ¿cómo se podría cambiar esta relación de fuerza?

Ana: El proceso constituyente, emanado de la presión política de los movimientos sociales, representa esta oportunidad única de cambiar las reglas del juego, para reconsiderar, a largo plazo, las condiciones de vida de las y los chilenos. La Constitución vigente ha favorecido las condiciones de mercado por encima de los derechos de las personas y de su dignidad. Bien sabemos que la Nueva Constitución no resolverá de inmediato los problemas que sufre la mayoría de la población; pero los acuerdos base permitirán cambiar poco a poco las prácticas políticas, económicas, la administración del Estado, la gobernanza de los territorios, la prevención de riesgos, la protección de la naturaleza y su biodiversidad. En este sentido, sobre cómo el proceso constituyente puede cambiar la relación de fuerzas en materia habitacional, urbana y territorial, lo primordial es, una vez más, la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad y los instrumentos necesarios para que el Estado y la Sociedad velen por su implementación y fiscalicen su efectividad en cada territorio.

Mónica: ¿Cómo te imaginas una ciudad con el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad?

Ana: Para mantener en alto la bandera del derecho a la ciudad, estoy pensando en lo que aprendí de las dirigentas del macrocampamento Los Arenales, en el norte de la ciudad de Antofagasta. Estas mujeres están luchando desde hace seis años por su lugar donde vivir en paz y dignidad. Entendieron la esencia del derecho a la ciudad y están construyendo la primera ciudad latinoamericana de Chile, una ciudad ideal que aún no existe, «pero queremos que se haga realidad»7. Con los derechos humanos como pilar de la Nueva Constitución, para estas mujeres y sus familias, para todas y todos, podremos exigir, recurrir e incidir en políticas públicas que respondan a la ciudad ideal anhelada, demostrando que es posible concretar los derechos colectivos hacia la justicia espacial, sin discriminación. Se trata de un proceso muy largo, de resistencia pacífica y desobediencia civil, de negociaciones entre sociedad empoderada y Estado social, para avanzar hacia la ciudad justa y el buen vivir.

1 Académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

2 Arquitecta y doctora en Urbanismo; presidente de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN); defensora del derecho humano a una vivienda adecuada desde Ciudad Común y el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos.

3 Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social (Santiago: Ediciones SUR, 2005): disponible en: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=81>.

4 Véase en Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en <https://www.facebook.com/comunidadesdelpatrimoniochileno/>.

5 Francisco Vergara-Perurich y Carlos Aguirre, «Viviendas a precios demenciales» (CIPER Chile, 2019): disponible en: <https://www.ciperchile.cl/2019/07/12/viviendas-a-precios-demenciales-causas-y-responsables/>.

6 Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez y Ana Sugranyes, Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile (Santiago: Ediciones SUR, 2016): disponible en: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=941>.

7 Ana Sugranyes, «Pobladoras y sus derechos humanos». Revista Interquorum N°28 (2019): disponible en <https://redinterquorum.org/wp-content/uploads/2020/10/Revista-Interquorum-28-MUJERES-Y-DERECHO-A-LA-CIUDAD-comprimido.pdf>.

La disputa de lo común más allá del momento constituyente

Paulina Cabrera Pereira8, Carolina Moore Sagredo9 y Fernando Toro Cano10

Plataforma ciudadana Ciudad Constituyente.

En octubre de 2019 las revueltas sociales11 marcan un despliegue del poder popular constituyente que remece como nunca al poder constituido: lo(s) de siempre, lo que nunca cambia, lo que tanto nos ha dañado, y al entramado institucional que lo sustenta: la reproducción social secuestrada por el mercado, un sistema político económico deliberadamente desigual y poco representativo. En medio de la rabia destituyente emerge una consigna que encarna el dolor y la precariedad de tantas, mientras proyecta también el deseo de un mejor porvenir: Hasta que valga la pena vivir dicen las calles, la gente, la esperanza compartida.

El momento que vive Chile nos invita a reflexionar y practicar aquello que nos hizo reconocernos la primavera del año 2019. Un momento común que, más allá del adjetivo que denota la superación de la noción dual de propiedad pública o privada, abre nuevas puertas. Pensar en lo común como proyección de la revuelta otorga la posibilidad de liberar los espacios físicos, sociales e institucionales de estos encasillamientos que terminan subordinados al binomio Estado o empresa privada. Así, lo común, materializado en nuevos espacios físicos, institucionales12 y simbólicos, transforma de manera colectiva las lógicas, alcances y límites impuestos por el modelo capitalista, diluyendo el carácter individualista y vertical de los espacios sociopolíticos actuales, creando un entramado comunitario horizontal, cuyos ensamblajes y confines se modifican libremente a medida que la articulación social en su conjunto así lo decida o requiera. Lo común, por tanto, es ante todo verbo, una forma de entender la acción social y política desde el vínculo, un hacer colectivo cuya voluntad de emancipación y autonomía emerge desde los espacios locales y las organizaciones que se reconocen y encuentran a través de un devenir común.

En este momento político se articulan voluntades como Ciudad Constituyente, un espacio de encuentro de organizaciones del pueblo de Chile vinculados al hábitat. Una trama articulada bajo principios democráticos, antineoliberales, ecologistas y feministas. Un espacio de comunes que busca avanzar a la vida digna en nuestros barrios, ciudades y territorios, con derechos sociales y ambientales en el centro del debate constitucional.

Lo común como ejercicio del poder constituyente

El ciclo actual del capitalismo se basa en la apropiación y financiarización de los recursos para la reproducción social de la vida13. La privatización y mercantilización de derechos básicos como la vivienda, la salud, las pensiones o el agua, hoy forman parte medular en la acumulación de capital14. Lo anterior fractura la proyección de una vida digna para todas y todos, amenazando la reproducción social. El modelo de desposesión y precarización que, en alianza indisoluble con el patriarcado, ataca con más fuerza a mujeres y diversidades, se traduce en deuda, precariedad y vulnerabilidad de quienes a diario luchan por mantener sus vidas. Lo que en algún momento fue miedo, frustración y malestar desplegado en las calles a través de masivas manifestaciones en contra de un sistema patriarcal, la privatización del agua, el abuso inmobiliario o el lucrativo negocio de las pensiones, estalla develando la potencia del poder popular constituyente que dice basta de abusos. Así, el pueblo de Chile abre una ventana de esperanza una Nueva Constitución que sea terreno fértil para la dignidad y la justicia, un marco institucional que asegure una vida que valga la pena vivir.

Esta es una oportunidad excepcional para la transformación radical de nuestro modelo. Es el momento de apostar por una noción de nuestros derechos que supere los límites de lo público y lo privado, que ponga la gestión democrática y colectiva de la vida al centro en tanto ejercicio del poder constituyente en la vida cotidiana. El ejercicio de lo común, como explicamos acá, ancla el futuro en manos del pueblo, alineándose con el bienestar colectivo y evitando que el poder vuelva a cerrarse en manos de unos pocos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo común? A continuación presentamos cuatro elementos que nos parecen fundamentales para dar este debate. Tomamos prestados los conceptos de adjetivo, sustantivo y verbo de la lingüística para compartir una analogía que pensamos representa con claridad nuestro planteamiento.

Hablamos de lo común entendiendo que es mucho más que una característica o un adjetivo. Lo común es esa línea de fuga que permite superar el binomio público/privado tan manoseado para la designación de los espacios urbanos. Es la recuperación de los recursos necesarios para la sostenibilidad de la vida y la subordinación del mercado a la reproducción social. A la vez, lo común entiende que para una gestión verdaderamente democrática del porvenir no basta con la titularidad del Estado, sino que son necesarios –y urgentes– mecanismos vinculantes que incorporen a la ciudadanía en la toma de decisiones y la producción del hábitat en sí misma, es decir, que las comunidades tengan el derecho de producir y decidir sobre su propio entorno.

Por otro lado, creemos que lo común no es una entidad externa al pueblo. No es una acción acabada, cerrada ni unitaria, sino un proceso abierto y basado en la multiplicidad de sus protagonistas. Lo común no puede sustantivarse. La condición posibilitadora de lo común es la organización social y una gestión horizontal y transparente ante los desafíos. Su fuerza radica en la capacidad de dar respuestas conjuntas a las fragilidades colectivas15 con creatividad y adaptabilidad a las circunstancias. Por lo tanto, una concepción de lo común que intente cristalizar sus fórmulas limitando los procesos de movilización social, está condenado a disminuir su potencial y a perder la legitimidad del pueblo, tal como ha ocurrido en distintos procesos de institucionalización de las movilizaciones sociales que no han dado suficiente espacio para la expresión del poder popular más allá del momento de crear una Nueva Constitución.

De esta manera, entendemos que lo común es por sobre todo acción verbo, y como tal es el ejercicio permanente de un principio político, que pone al centro la gestión democrática de los recursos necesarios para la vida y que ordena al sistema social, político y económico hacia este objetivo16. Lo común concebido como acción nos permite mantener siempre presente que el ejercicio del poder popular constituyente no se agota en un momento puntual de apertura del sistema político que tiene fecha de término en la redacción de la Nueva Constitución. El ejercicio cotidiano del poder popular constituyente es lo que protege la potencia transformadora del pueblo de una posible captura del mercado y refuerza el anclaje de la política institucional en el bienestar colectivo a través de la autogestión, el cooperativismo, la comunalización y la autonomía.

Creemos, a su vez, que no es posible delinear un devenir común desde las prácticas sociales desvinculadas del territorio. Lo común, comprendido como acción que ocurre en y con el territorio, permite trascender el entendimiento del espacio como un ente apolítico, y pensarlo en cambio como dispositivo capaz de articular nuevos modos dinámicos y radicales de imaginar, reclamar y transformar las relaciones entre las personas y sus territorios; por ende, un espacio profundamente político. En específico, esta comprensión del espacio como receptor y agente de las pugnas y anhelos colectivos, permite proyectar que las luchas que han gestado este momento constituyente seguirán consolidándose y disputando con más fuerza la recuperación de la vida digna para todas y todos.

Finalmente, comprendemos que aunque territorial, el ejercicio de lo común ha de mantener siempre una proyección con vista a la disputa global contra el neoliberalismo. La expresión local de las desigualdades en nuestro hábitat es la contracara de la acumulación de capital a escala global17, por lo que la articulación de movimientos sociales a nivel local debe mirar también hacia otras latitudes, buscando tácticas y estrategias para disputar la hegemonía con creatividad, compañerismo y rebeldía18.

Horizontes comunes de la Ciudad Constituyente

El momento destituyente movilizó la defensa contra la privación y la desigualdad de la vida urbana, abriendo una oportunidad única para resignificar lo urbano en el marco de un horizonte común. En Ciudad Constituyente buscamos aportar a este desafío poniendo la producción de lo común en el horizonte político y en las prácticas que nos articulan. Nuestras propuestas emergen de la colaboración y la deliberación entre organizaciones que miramos lo urbano desde distintas perspectivas. Organizaciones que hemos trabajado, disentido y finalmente acordado una serie de «Propuestas para un habitar digno en la Nueva Constitución» en la asamblea que periódicamente nos reúne y desde la que buscamos incidir en el proceso constituyente. Entendemos, sin embargo, que nuestra articulación no se agota en la Convención Constitucional y que debe abarcar por sobre todo la movilización social que acompaña este periodo. ¿Cómo proyectamos en el tiempo un futuro común? A continuación presentamos algunas ideas que nos parecen fundamentales al momento de delinear un horizonte colectivo que se consolide como una alternativa radical al actual modelo y permita así la transformación del modo en que nos relacionamos.

Un proyecto común antineoliberal y ecologista implica sustituir la actual mercantilización del espacio construido, del entorno natural y de nuestras vidas por la defensa de la dignidad en nuestros espacios domésticos, barriales y de nuestro ecosistema. Al endeudamiento, como mecanismo de opresión y control, se suman las precarias condiciones materiales visibles en la proliferación de campamentos y altos niveles de allegamiento y hacinamiento. Mientras una vivienda adecuada en Chile es un lujo para una minoría, la mayoría de la población vive endeudada, hacinada, allegada, habita en un campamento o paga arriendos abusivos en condiciones precarias. Es fundamental luchar por un cambio de modelo que ponga el valor social, la naturaleza y la reproducción de la vida en el centro, por sobre intereses económicos. Dicho de otro modo, instaurar el interés colectivo como la base de nuestras relaciones, nos permite trascender nociones individualistas y superar el paradigma de tenencia en propiedad como único modo seguro de habitar que, en definitiva, ha promovido el beneficio de unos pocos en desmedro de la mayoría.

Este proyecto ha de ser también radicalmente democrático. El futuro común debe ser representativo del escenario político local, responder a la diversidad de circunstancias y temáticas territoriales y reflejar, en sus decisiones, la inteligencia colectiva de las comunidades. A su vez, debe pensarse en relación con los movimientos globales de transformación democrática, feminista y antineoliberal. Esto implica generar articulaciones que permitan una coordinación simultánea entre asambleas barriales y redes trasnacionales que se oponen a la mercantilización de nuestras vidas, en diversas veredas y lugares del mundo. Navegar por los ejes local-global y dentro-fuera de las instituciones en estructuras horizontales de colaboración potencia la tensión creativa que posibilita la sostenibilidad de la vida a la luz de los principios de solidaridad, del bien común y de la igualdad de oportunidades para las mayorías.

Finalmente, concebimos este proyecto común desde el entendimiento de los cuidados como una responsabilidad colectiva de la que debemos hacernos cargo como sociedad toda, liberando a los cuerpos y espacios que históricamente se han vinculado a estas tareas. Un horizonte común precisa construir un habitar libre de violencia física y simbólica, que reconozca las pluralidades y diversidades de experiencias de vida que confluyen en el territorio desde una perspectiva interseccional. El futuro debe asegurar una vida digna para todos, haciéndose cargo de las desigualdades de raza, género, clase, estatus migratorio, entre otros.

El potencial transformador de lo común

Las revueltas populares del 2019 lograron fisurar las bases del modelo que ha organizado y oprimido a nuestra sociedad por décadas, abriendo una oportunidad para delinear el futuro que queremos. De este espacio-tiempo surgen lugares de encuentro como Ciudad Constituyente, donde nos articulamos y organizamos con el fin de que el potencial transformador de lo común permee las relaciones sociales, la acción colectiva y la ciudad en su totalidad.

Hemos propuesto que lo común, en tanto estrategia política que trasciende el actual orden capitalista y patriarcal, debe liberarse de su adjetivación y como verbo fluir a través de la articulación permanente. Concebir lo común como acción que se produce en y con el territorio, permite entender tanto el espacio construido y natural como agentes activos y creativos de ese devenir común que queremos delinear. En este sentido, los territorios no son sólo la expresión espacial de las problemáticas sociales, como la segregación sociorresidencial, sino también son productores y catalizadores de las luchas y demandas colectivas que nacen a partir de las distintas experiencias de vida.

El momento destituyente desnudó las estructuras de la injusticia y refundó espacios de encuentro en los que la sociedad se opuso, con la fuerza de la organización, a la dureza urbana capitalista. El vigor del poder constituyente y la multiplicidad de pulsiones transformadoras del presente que lo conforman, debe permanecer y fortalecerse para mantener el vigor y radicalidad democrática de cambio. El potencial transformador de la Nueva Constitución no será definido por su texto definitivo, sino por la capacidad y contundencia de las fuerzas sociales para poner la justicia en el centro del proceso constituyente, y de sostener con convicción el principio de lo común en la institucionalización del nuevo marco constitucional. El devenir común entonces no llega ni se cierra en algún punto: lo común emerge, se produce y se reproduce sólo a partir de la fuerza articulada de las prácticas cotidianas. Sólo así será posible construir un futuro digno para todas y todos.

8 Integrante de Ciudad Constituyente y activista en Barcelona en Comú y la European Municipalist Network. Cientista política y estudiante del Máster de Estudios Urbanos y Metropolitanos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

9 Arquitecta, integrante de Ciudad Constituyente.

10 Académico del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Director de la Corporación Ciudad Común.

11 Entendemos que no hay una revuelta unitaria, sino múltiples pulsiones impugnando el poder establecido y que en la articulación de esta pluralidad reside el desafío de la construcción de lo común.

12 Yochai Benkler, «La economía política de los bienes comunes». Sin Permiso (2005): disponible en <https://www.sinpermiso.info/textos/la-economa-poltica-de-los-bienes-comunes>.

13 Silvia Federici, Reencantar el mundo: el feminismo y la política de los comunes (Madrid: Traficantes de sueños, 2020). Nancy Fraser, Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda (Madrid: Traficantes de Sueños, 2020).

14 Peter Linebaugh, Stop, Thief!: The Commons, Enclosures and Resistance. (Oakland: PM Press, 2014).

15 Ana Méndez de Andés, David Hamou y Marco Aparicio, eds., Códigos comunes urbanos: herramientas para el devenir-común de las ciudades (Barcelona: Icaria editorial, 2021).

16 Christian Laval y Pierre Dardot, Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (Barcelona: Gedisa, 2015).

17 Naomi Klein, «Reclaiming the commons». New Left Review Nº9, 2001, 81-89.

18 Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, el proyecto de una revolución del común (Madrid: Ediciones AKAL, 2011).