LA DERROTA DE LO ÉPICO

LA DERROTA DE LO ÉPICO

Ana Cabana

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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© De los textos, Ana Cabana, 2013

© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2013

Publicacions de la Universitat de València

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Fotografía de la cubierta: Proxecto Nones e Voces. Fondo Quiño y Pandelo. Vilagarcía

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.

ISBN: 978-84-370-9217-1

A mis padres

A Mariña (in memoria)

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO: DE FRANQUISMO Y ANTIFRANQUISMO, Lourenzo Fernández Prieto

LA RESISTENCIA: DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA A MOVIMIENTO CIVIL

Más allá de la acción colectiva: la resistencia cotidiana

De «Resistencia» a «resistencias»

TRAZOS DEFINIDORES DE LA RESISTENCIA EN LA GALICIA RURAL DEL PRIMER FRANQUISMO

La acción estatal

La cultura de resistencia

La resistencia civil en el agro gallego en las décadas de los cuarenta y cincuenta

La elección de una actitud ante el franquismo: oponerse, resistir, adaptarse

Las huellas del disenso y resistencia civil

LAS ACTITUDES DE UNA INMENSA MAYORÍA

Tipologías de la resistencia civil: resistir sin armas en la Galicia rural

La pasividad de los labradores: un arma de doble filo

«Resistentes funcionales»: los protagonistas de la resistencia civil

LA PRÁCTICA CLANDESTINA DE LA SOLIDARIDAD: «LA GUERRILLA DEL LLANO»

Envolverse en la oposición: el antifranquismo como opción

La guerrilla del llano: la resistencia civil como base de la oposición antifranquista

La relación guerrilla/comunidades campesinas: más allá de las redes de enlaces

LA RESISTENCIA SIMBÓLICA: UN RECURSO PARA UNA SOCIEDAD INTERVENIDA

La cultura popular y la resistencia Palabras no cautivas: los rumores

El arsenal verbal de la resistencia simbólica: de insultos a romances

Un arma simbólica más: los gestos

La resistencia de la memoria

CONCLUSIÓN

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

Nací un 20-N y me licencié en Historia, lo que pudiera indicar cierta predisposición para hacer del franquismo mi tema de investigación. Pero nada más lejos de designios divinos y meigas que esta decisión. En este camino, como en muchas otras decisiones académicas acertadas, le debo reconocimiento a mi tutor, el profesor Lourenzo Fernández Prieto. Para él mi gratitud por todo el apoyo y la confianza que me ha demostrado en estos años.

La derrota de lo épico es una parte de mi tesis doctoral, defendida en noviembre del 2006 en la Universidade de Santiago de Compostela; por ello quiero agradecer los comentarios y críticas que los miembros del tribunal que la juzgaron, los doctores Ramón Villares, Manuel González de Molina, Carme Molinero, Francisco Cobo y Ángela Cenarro, me hicieron, pues han contribuido sin ningún género de dudas a enriquecer la investigación inicial.

He contraído deudas de reconocimiento con el conjunto de miembros del Departamento de Historia Contemporánea e de América, siempre prestos en ayudas y consejos. Mención especial debo hacer a los miembros del Grupo de Historia Agraria –Histagra– que, por proximidad temática, me sufrieron y sufren más asiduamente.

Mi investigación se ha visto beneficiada por los programas de investigación a cargo de Ramón Villares y Lourenzo Fernández Prieto en los que se ha inscrito, y también de las estancias predoctorales que he podido realizar fuera de la USC en el marco de la beca FPU. Por ello, es más que de justicia agradecer el papel que jugaron los profesores que aceptaron convertirse en mis tutores en la Universidade Nova de Lisboa, como la antropóloga Paula Godinho (que aún sigue velando por su alumna do norte, tarea en la que la flanquean as minhas caras Dulce Freire e Inés Fonseca); en el Centro Cañada Blanch de la London School, el hispanista Sebastian Balfour, y en la Universidad Autónoma de Madrid, el historiador Juan Pan-Montojo.

Si hay algo que defina la investigación que implica hacer una tesis doctoral es la soledad. El trabajo con las fuentes, las lecturas bibliográficas y la redacción son tareas todas ellas que no conllevan el gusto de compartir. Yo probablemente sea una excepción, pues mi aislamiento se redujo a lo mínimo necesario gracias a que Daniel Lanero, Antonio Míguez y Antóm Santos compartieron conmigo congresos y días de archivo, enriqueciendo así mi trabajo. Les agradezco infinitamente sus lecturas críticas, sus consejos historiográficos y los seminarios-debate organizados. Les debo también, al igual que a David Soto, Emilia García, Prudencio Viveiro, Anxo Collarte y Xosé Penedo, la compañía y la amistad de muchos días compartidos en el despacho de becarios de la facultad.

Quiero hacer mención especial a los de Lugo, a Duarte, Pili, Paco, Mar, Ana Isabel, Quique, Emilio, Teresa, Xerardo, Marcelo, María, Elvira, Loli, Martázul (¡mi infatigable correctora!), Veva, Patricia, José Ramón, etc. Desde que llegué en el 2003 a la ciudad de las murallas me han acompañado por los vericuetos del campus... y por los que hay fuera de él.

Para mis amigos de siempre y mi familia va mi más profunda gratitud. De su generosidad infinita se ha aprovechado mi trabajo y se beneficia cada día mi vida.

PRÓLOGO: DE FRANQUISMO Y ANTIFRANQUISMO

El franquismo sigue siendo un territorio bastante desconocido historiográficamente, del que creemos, sin embargo, saberlo casi todo. Este libro de Ana Cabana descubre facetas desconocidas pero fácilmente reconocibles, y sobre todo sólidamente fundamentadas, de un tiempo y un lugar que sigue envuelto en el misterio del mito y los tópicos. A la confusión del franquismo como tiempo vivido se añade la de la propia capacidad del franquismo para crear explicaciones duraderas sobre sí mismo y las del antifranquismo para combatirlas, a veces alimentándolas sin querer. Los mitos políticos creados por el franquismo y los épicos del antifranquismo son apartados unos y deconstruidos otros en este libro, que tiene su origen en una investigación más amplia, presentada en el 2006 como tesis doctoral en la Universidade de Santiago de Compostela, titulada Entre a resistencia e a adaptación. A sociedade rural galega no franquismo 1936-1960.

Este trabajo aporta distancia historiográfica donde floreció –a veces en exclusiva– el compromiso cívico y político. Los nacidos antes de 1962 conservamos recuerdos y experiencias de la dictadura porque iniciamos la adolescencia antes de que la muerte de Franco –lo que la verborrea franquista solía predecir como el hecho biológico– diese el pistoletazo de salida para el fin del régimen. La investigación que aquí se presenta comprende el periodo 1936-1960, por lo que, con el mismo criterio, la experiencia de vida del tiempo que trata se restringe a los nacidos antes de 1947. Si bien la larga posguerra de hambre, estraperlo, violencia, represión y adoctrinamiento nacional-sindicalista y nacional-católico puede extenderse poderosamente al tiempo de la dictadura del desarrollismo y de la sociedad de consumo de masas de la década de los sesenta, como memoria y como presente. Trata por tanto de lo que se ha dado en llamar primer franquismo. Una denominación que no tiene continuidad en un segundo franquismo, que por arte de magia se transforma siempre en desarrollismo, como separando, por la cesura de 1959, un primer franquismo para olvidar de un desarrollismo para recordar.

En su indagación, la autora no desprecia ninguna de las fuentes que puede utilizar para responder a preguntas relevantes sobre las formas de consenso, colaboración, sumisión, disenso y resistencia. Son preguntas no muy diferentes de las que se hacen sobre otras dictaduras europeas del tiempo del fascismo, y quiere resolverlas empleado los instrumentos del oficio, recurriendo a otras ciencias sociales y buscando la luz de la teoría que el pasado necesita para ser indagado. Una de sus preguntas tiene que ver con el carácter de la pretendida adhesión de Galicia al régimen del 18 de julio que la memoria franquista –la única pública durante el régimen– asentó como una losa aparentemente inamovible. En un trabajo previo –producto también de su tesis–trató de modo específico la cuestión del consentimiento (Xente de orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia, 2009, Santiago, Ed. TresCtres). Sus respuestas son necesariamente complejas, a la luz de la historiografía europea más actualizada, alejadas de lugares comunes y, por supuesto, pensadas para ser sometidas a juicio en un debate crítico.

Ni la sumisión del rural gallego fue tal ni la razón de la persistencia del régimen reside exclusivamente en su naturaleza represiva. La conclusión tal vez no resulta en sí misma novedosa, pero sí lo es su fundamentación. Sus argumentos se sitúan por encima de las dos historias oficiales –memorias sociales– que perviven sobre la dictadura y que corren parejas sin apenas tocarse desde la transición: la del franquismo y la del antifranquismo. La primera fue construida por el régimen y divulgada como única a través de sus medios, asentada y renovada durante su vigencia, y en la actualidad sigue constituyendo un valor seguro –dado su elevado consumo, demanda constante y rentabilidad editorial– en la literatura no académica sobre la guerra y el franquismo. La segunda fue construida por el antifranquismo desde el exilio primero, de la forma confusa y convulsa que la derrota determinó, y después con la ayuda de los hispanistas liberales y, no pocas veces, hegemonizada por la interpretación de los intelectuales de matriz comunista, conforme avanzó su dominio intelectual en el antifranquismo. Ambas conviven actualmente como si de alguna forma fuesen oficiales, y así son percibidas y difundidas por cada una de las partes que se sienten vinculadas y herederas del conflicto bélico provocado por el golpe militar de 1936.

Treinta y cinco años después del óbito del dictador, para las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras estas continuidades no son comprensibles ni aceptables. Tal vez porque están educadas en los valores de la democracia y de los derechos humanos universales promulgados por las Naciones Unidas tras la derrota de los fascismos y en la herencia de los juicios de Nuremberg –aunque sea más a través de Hollywood que de la escuela de la democracia–. El nuevo clima social respecto del pasado incómodo aparecido desde finales de los años noventa contribuyó también a este giro, atendiendo a la nueva demanda. Seguramente, por todo ello este libro se inscribe en la construcción de una interpretación historiográfica de la dictadura fundamentada en investigaciones que abordan empíricamente, a través de fuentes y registros del pasado, el conocimiento de ese periodo para construir una Historia (o Historias) que superen el juego de memorias y olvidos que advirtió Paloma Aguilar hace ya quince años.

En su análisis de las formas de resistencia que descubre en el mundo rural gallego, la autora consigue dar sentido a un trabajo histórico pionero de Harmunt Heine sobre la guerrilla antifranquista en Galicia publicado en 1980, que pasó casi desapercibido para la historiografía española hasta que veinte años más tarde el asunto se puso por fin a tiro. El trabajo del historiador alemán, construido desde la distancia académica y la importancia objetiva del objeto de estudio, en el marco de las resistencias europeas al fascismo, no encontró sin embargo receptores ni continuadores entonces. Ana Cabana explica que la dimensión y duración de aquella resistencia armada convencional tenían su correlato y su soporte en una resistencia civil que descubre a través de las múltiples formas de disenso que identifica, describe y analiza. Para ello echa mano de un amplio bagaje que parte de E. P. Thompson, J. Scott y un profundo conocimiento de las sociedades campesinas, desde el manejo de la historia rural y la antropología histórica. Enlaza con una línea de investigación enhebrada desde finales de los años ochenta en el Departamento de Historia Contemporánea de Santiago por Marc Wouters, Isaura Varela y M. X. Souto; saca partido al fondo Historga de historia oral iniciado por los dos primeros, construido a lo largo de más de veinte años y actualmente integrado en la UPDOC (Unidad de Patrimonio Documental) del Departamento. Sigue directamente las pistas que en sucesivos trabajos construyó Eduardo Rico Boquete sobre las resistencias vecinales al intervencionismo autárquico en el rural gallego, en especial contra las repoblaciones forestales y las apropiaciones de los montes comunales. Se vincula también a los trabajos de colegas de la Universidade de Vigo como Xulio Prada o Domingo Teixeiro, investigadores free lance como Dionisio Pereira, compañeros del Departamento como X. M. Núñez Seixas o E. Grandío, con las nuevas aproximaciones de Antonio Míguez o Andrés Domínguez o con las tareas de recopilación del grupo Nomes e Voces, por citar a los más próximos. Esta flota acompaña su singladura.

El presupuesto de partida es relativamente simple. Como otros autores recientes la autora parte de la idea de lo poco que sabemos todavía los historiadores sobre aquel régimen que triunfó en el asentamiento y la proyección de su memoria más de lo que estábamos dispuestos a reconocer desde los valores democráticos del presente, tamizados por la idealización de la transición como momento fundador. Su investigación forma parte de un programa de investigación más amplio desarrollado a finales de los años noventa a través de dos proyectos de investigación del Ministerio y la Xunta de Galicia, dentro del Grupo de Historia Agraria de la USC (HISTAGRA), creado por R. Villares. Un programa que tenía por objetivo definir y conocer algunas claves del franquismo, indagando en sus instrumentos organizativos (hermandades), en los mecanismos creados para construir consensos, en la aplicación de las políticas agrarias, en los conflictos latentes o manifiestos. En su diseño participaron las profesoras Aurora Artiaga, M. X. Baz o Pilar López, X. Balboa y E. Rico, y entre sus resultados se sitúan trabajos de Daniel Lanero, Anxo Collarte, José Penedo o Antonio Somoza. Se trataba de construir un conocimiento, en algunos aspectos meramente positivo, del asentamiento y desarrollo de la dictadura después de la represión que siguió a un golpe militar que en Galicia no llegó a ser guerra abierta. Aquel programa se situaba lejos de una historia heroica o trágica, ideológica o militante, alentada por urgencias del presente, pero corrió parejo –y se alimentó– de la explosión de la reivindicación cívica que en los últimos años logró avanzar en el camino –necesario e inacabado–de reconocer y dignificar a los perseguidos de la guerra y del franquismo.

Aquel programa de investigación, que Ana contribuyó decisivamente a diseñar y desarrollar, trataba en primer lugar de avanzar en el conocimiento más allá de 1936, un limes historiográfico que parecía difícil de vadear. Creímos encontrar la forma de hacerlo. Historiar el tiempo de la guerra y las décadas de los cuarenta y los cincuenta se volvía imprescindible para comprobar qué había acontecido con una sociedad civil plural y políticamente compleja, construida antes de esa fecha en el mundo rural gallego y que había sido profusa y profundamente estudiada (con trabajos, entre otros, de M. Cabo, A. Domínguez, A. Bernárdez) en el marco de un programa previo de investigación que completó el conocimiento del vigoroso primer tercio del siglo XX. Qué recursos, cultura social, hábitos, comportamientos, mecanismos de participación y organización del mundo rural construido en aquel proceso histórico sobrevivieron después de 1936 era una pregunta sin respuesta todavía a finales del siglo pasado (a sesenta años de la Guerra Civil). Mejor dicho, era una pregunta innecesaria porque todos conocían la respuesta y sufrían las consecuencias, porque la memoria del tiempo del franquismo era poderosa y doliente.

El libro que el lector está abriendo contribuye a caracterizar históricamente el franquismo en Galicia y el Estado español, de forma más acabada y menos mixtificada. Explica cómo, a diferencia de otros regímenes de matriz fascista de los años treinta, no procuró y no fue capaz de construir una auténtica comunidad nacional. Sus orígenes en el golpe de Estado y la Guerra Civil que desencadenó lo diferencian de otros regímenes nacidos en el periodo de entreguerras, porque su legitimidad –de haberla– no derivó de un proceso político sino de la victoria militar en una guerra civil. No procuró tanto integrar y construir como subsistir, sobre todo después de la derrota en 1945 de los regímenes de su color y de su tiempo. Y cuando lo procuró, no lo logró y además lo supo. La represión estuvo siempre acompañada de resistencias y la acción de reacción. Una represión dotada de un amplio repertorio de instrumentos, incluida la construcción y el manejo de una memoria basada en la guerra y la victoria que acompañó eficazmente a los instrumentos policiales y judiciales convencionales. Sus políticas agrarias, energéticas o industriales, marcadas por el intervencionismo y la autarquía y aplicadas desde el principio con lógicas tecnocráticas, compartían raíz fascista. Y la reacción a su aplicación generó mecanismos de resistencia que aquí son analizados, adentrándose en la caja negra del pasado social, con madurez historiográfica y generacional.

Mencioné algunas de las preguntas que se hace la autora pero, en este ya largo prólogo, intenté eludir las respuestas. Los lectores las encontrarán en estas páginas, podrán comprobar de dónde procede la información y cómo fue lograda, así como evaluar el tratamiento que de ella se hace, y juzgar las interpretaciones a que da lugar. Aprovechen su lectura.

LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO

Departamento de Historia Contemporánea e de América

Santiago de Compostela, 16 de octubre del 2011

LA RESISTENCIA: DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA A MOVIMIENTO CIVIL
MÁS ALLÁ DE LA ACCIÓN COLECTIVA: LA RESISTENCIA COTIDIANA

Analizar las formas de resistencia civil en la sociedad rural gallega durante el régimen franquista tiene la virtualidad de reclamar para la Historia un ámbito que ha permanecido en la esfera de la memoria colectiva y, de ese modo, opera como rompedor de un tópico asumido apriorísticamente.¹ Se trata de una imagen que igualaba a los campesinos gallegos con sujetos sumisos ante las disposiciones impuestas por el franquismo. Esta visión, avalada por las premisas de la teoría de los movimientos sociales, parte de la constatación de que en los años que duró la dictadura, o cuando menos hasta la etapa final de esta, no se llevaron a cabo ciertas formas de acción colectiva y de movilización abierta que en otras épocas históricas sí tuvieron lugar en el campo gallego. Esta ausencia, sin embargo, no supone inexistencia de conflictividad, salvo si se parte del error de menospreciar los modos de contestación que se articularon a partir del aprovechamiento de recursos legales existentes y las acciones inequívocamente demostrativas de descontento que encuentran canales de expresión en las estrategias de la vida cotidiana.

El análisis histórico de los escenarios donde se generaban estas respuestas a las disposiciones políticas, en que la política se toca con la realidad y con las prácticas sociales, devuelve una imagen definida por la existencia de una conflictividad que rompía de forma habitual con la ansiada y pregonada «paz social» franquista. Trataremos de explicar estos conflictos, los procesos que los delimitan y las motivaciones de sus protagonistas, analizando ese espacio que existe bajo la movilización social rotunda, abierta y articulada. No se trata, como ya hemos señalado, de desmerecer la acción colectiva, sino simplemente de permitir la «inserción de lo periférico, de lo inarticulado» (Casanova, 2000: 249). En tal categoría se incluyen aquellos fenómenos conflictivos formulados a través de experiencias propias de la cotidianeidad a los que Rafael Cruz ha denominado formas de «resistencia elíptica» (Cruz, 1998: 144). Son actos que de manera aislada pueden no revestir interés histórico, pero esto cambia cuando es posible detectar un patrón de comportamiento.

En las últimas décadas el estudio de la «resistencia» ha sufrido un tumultuoso proceso de reinterpretación que ha afectado tanto a las categorías de análisis como a las conclusiones a las que la historiografía había llegado. Hasta no hace mucho, «resistencia» era una categoría precisa para las Ciencias Sociales. Tal categoría era concebida como uno de los dos componentes del dualismo dominación/resistencia, en que «dominación» remitía a una forma de poder relativamente fijada e institucionalizada y «resistencia» era, en esencia, la oposición organizada a dicho poder. El antagonismo existente en ese binomio se ha redefinido a partir del cuestionamiento que ambos términos de la disyuntiva, en su calidad de categorías conceptuales, han experimentado desde múltiples frentes, especialmente desde la Antropología Social y la Sociología.²

La evolución parte por tanto de una lectura crítica de la teoría de los movimientos sociales. Esta relectura ha tenido una participación decisiva en la caracterización del conflicto y en la formalización de la interpretación histórica más extendida de protesta. Dicha teoría opera con una definición muy restrictiva de acción colectiva (entendida como fenómeno concreto de movilización, una «sucesión de eventos de protesta» [Kriesi, 1992: 221]), y solo tiene en cuenta aquel conflicto que se manifiesta de manera colectiva y organizada y, a ser posible, con una vanguardia consciente, lo que acostumbra a desestimar las acciones protagonizadas por el campesinado. Las formas de protesta de estos sujetos entendidos como «prepolíticos» (maneras más individualizadas de conflicto, acciones que resultan menos vistosas, con escasa repercusión y, aparentemente, menos amenazantes para el poder impuesto) no suscitaron la fascinación de los analistas de los movimientos sociales. Estos dirigen sus esfuerzos teóricos y analíticos a estudiar los movimientos carismáticos para entenderlos como la única fuerza para el cambio social. Fijan su atención en actividades públicas desarrolladas a través de ciertas formas organizadas como sindicatos o partidos políticos, apelando a lo visible y a lo cuantificable (huelgas, número de participantes, etc.). Una propuesta que ha encontrado su correlato historiográfico en el afamado «primitivismo» definido por Eric Hobsbawm (1974 y 1976b), con el que este autor se refiriere a las sociedades no completamente industrializadas que no encuentran un lenguaje específico en el que expresar sus aspiraciones.

La Historia ha sido receptora de estos cambios y ha desarrollado simultáneamente una línea de renovación propia a partir del impulso que supuso el trabajo pionero de E. P. Thompson (1995). La concepción thompsoniana –seguida y desarrollada posteriormente por James C. Scott– amplía el punto de vista hacia aquellos hechos, otrora insignificantes, que no están relacionados con una determinada forma de acción y organización ni con la conciencia propia de la sociedad industrial y que, por tanto, no han sido objeto de estudio para los estudiosos de los movimientos sociales. En la renovación de los estudios sobre resistencia y, concretamente, de las resistencias protagonizadas por el campesinado, como se acaba de mencionar, ha jugado un papel determinante la obra del antropólogo James C. Scott. En sus tres trabajos básicos sobre esta temática (Scott, 1976, 1985 y 2003), este deudor de la historia social marxista británica trata de encontrar una respuesta a la pregunta de cómo individuos o grupos marginados de y por el poder actúan ante condiciones de explotación y dominación. Su respuesta ha abierto una nueva vía de análisis que se ha generalizado en los estudios históricos en los años noventa, provocando un considerable debate en las Ciencias Sociales en lo relativo a las teorías de poder, dominación y resistencia. El planteamiento innovador de Scott sobre la resistencia social supone la superación del análisis de la conflictividad de los grupos subalternos basado en movimientos abiertos y organizados, es decir, de la aplicación de la plantilla que la historia social había aceptado como válida para el mundo urbano y la clase obrera, para detenerse en otras formas, menos vistosas y contundentes, mediante las que el campesinado ha defendido históricamente sus intereses ante el poder político o las élites. Su formulación se centra en el análisis de la vida cotidiana de las clases subalternas, fundamentalmente el campesinado; refuta la mayoría de las teorías de hegemonía tradicionalmente aceptadas, en línea con el pensamiento foucaultiano, y proporciona las claves para deducir cómo los campesinos actúan ante la implantación y consolidación del poder.³ De este modo enlaza la conflictividad vivida en los espacios rurales con la estructura de resistencia civil. Su propuesta teórica es especialmente valiosa para entender lo cotidiano de las relaciones de poder, ya que pone especial énfasis en la dramaturgia de ese poder, las oportunidades para la comunicación y la formación de definiciones alternativas de la situación entre los subalternos y las expresiones culturales de tales formas de protesta.

Scott ha desplegado toda una batería conceptual, ex novo o a partir de conceptos ya existentes, alrededor de la que se articula su aparato crítico: «resistencia cotidiana», «armas del débil», «registro escondido» e «infrapolítica». No pretendemos dar cuenta o resumir su contribución, pero sí consideramos pertinente subrayar algunos aspectos centrales de su análisis por ser sustentadores teóricos de nuestro trabajo. Scott parte del hecho de que las rebeliones campesinas son pocas y muy lejanas en el tiempo. Desarrolla el concepto de «resistencia cotidiana» y lo define como una forma de resistencia rutinaria llevada a cabo por individuos pertenecientes a grupos subalternos que no provoca, ni lo pretende, grandes cambios en el sistema de dominio contra el que actúa, sino que tiene como finalidad frustrar una política o actitud particular que toca y afecta a la vida diaria de dichos grupos. En un contexto autoritario o de falta de libertades, dada la inexistencia de mecanismos institucionales y/u oficiales que permitan a estos colectivos subalternos expresar libremente sus discrepancias y opiniones críticas respecto al sistema de imposición de poder, y en la imposibilidad de hacerlo abiertamente a través de formas organizadas por estar estas sometidas a un alto grado de represión, aquellos optan por usar actividades cotidianas como estrategia para defender sus intereses y contrariar una situación que es entendida como desfavorable. Esta variante de resistencia se muestra como inherente a la cultura campesina, que cuenta con todo un conjunto de formas de oposición silenciosa y corrosiva –que requieren poca o ninguna coordinación, que se valen de acuerdos implícitos o redes informales de sociabilidad y que evitan una confrontación directa con la autoridad– a las que Scott denomina «armas del débil». Se refiere de modo especial a «armas» como el sabotaje, el fraude, la lentitud en el trabajo, el disimulo, la falsa ignorancia, la difamación, la deserción, el furtivismo, los pequeños incendios, etc. Todas aquellas acciones que se vuelven eficaces con el anonimato de sus protagonistas, el uso de la cotidianeidad y la contestación indirecta.

Este planteamiento teórico permite apreciar un amplio rango de patrones de resistencia de los grupos subalternos que comparten la característica de responder a actos cotidianos con los que se pretende mitigar o negar las exigencias del sujeto o ente que ejerce la dominación. Buena parte de su teorización descansa en el paradigma representado por el binomio «registro público» y «registro escondido». Scott establece la existencia de ámbitos no visibles (registro escondido) para el dominador donde se ocultan las visiones críticas, opuestas y resistentes a los procesos de opresión (toda serie de formas discursivas: declaraciones, gestos, expresiones o prácticas), mientras que de cara al poder (registro público) se establece toda una estrategia de fingimientos que son los que impregnan el discurso público (adulación, dobles significados, enmascaramiento, etc.). Los grupos subalternos, faltos de la posibilidad de modificar o cambiar cualquiera de las esferas donde las concesiones se producen y distribuyen, ponen en marcha la táctica racional de producir una falsa sensación de obediencia en el «registro público». En circunstancias especialmente opresivas, las formas de resistencia de los colectivos subalternos tienden a ocultarse del control sistemático de los grupos que ostentan el poder y encuentran cobijo en actividades cotidianas, quedando oculta su expresión, solo perceptible para los miembros del colectivo. El «registro escondido» supone tener presente que los grupos subalternos como el campesinado tienen ámbitos relativamente aislados en los que pueden desenvolver concepciones alternativas y transformar o reafirmar formas culturales propias cuando estas son amenazadas por la imposición del grupo o ente dominante, o bien cuando estas no pueden ser expresadas de manera abierta. En su nivel más básico, estos refugios son lugares de encuentro en los que la comunicación puede ser puesta en práctica sin deferencia al poder, son zonas «liberadas», «de reserva», donde la opinión crítica y la solidaridad de grupo pueden ser alimentadas, puestas a prueba, protegidas. Con frecuencia, estos abrigos existen como espacios culturales tradicionales hasta que aparece, en el caso de que lo haga, un carácter opositor, potenciando el radicalismo que vive en estado de hibernación en la tradición y todo aquello que descansaba en el «registro oculto» se descubre haciéndose visible para el dominador.⁴

Scott afirma que la diversidad de actos de resistencia cotidiana traduce diferentes niveles de protesta y su elección depende de varios factores, desde el motivo del descontento, al grupo de individuos que expresa ese descontento y a las formas de represión a las que están expuestos. Esta es una de las grandes aportaciones de este antropólogo: la alusión a una gran variedad de formas de resistencia que recurren a formas indirectas de expresión, que él conceptualiza como «infrapolítica». Son formas básicas para acercarse al análisis del poder y de la hegemonía porque, si bien no suponen un desafío articulado por parte de un colectivo subalterno, tampoco son inocuas ni carentes de trascendencia, ni para el que las protagoniza ni para el que las sufre. En las formas de resistencia cotidiana hay algo que va más allá de la frontera de simples reacciones instintivas para asegurar el sustento. Lo que los «infractores» ponen sobre el tapete es el hecho de que las nuevas formas y reglas impuestas desde fuera no están por encima de sus necesidades vitales y de las de sus familias, sino que estas tienen prioridad sobre aquellas. Es más, las cuestionadas son las formas en que el poder se impone en ámbitos como la apropiación del trabajo, la conducta, las relaciones, etc. No se trata pues, sin más, de un desafío de individuos aislados frente a un nuevo orden impuesto, sino, como señala Josep Fontana (1997), de la contraposición de un proyecto social distinto.

La resistencia cotidiana como teoría ha demostrado su potencial como referente en los análisis históricos debido a su potencialidad. En los últimos quince años el trabajo de Scott ha tenido un gran impacto en los estudios rurales (influencia más sentida en el caso de latinoamericanistas y africanistas) y en los estudios culturales, sensibilizando a los investigadores sobre la diversidad de formas de oposición a la dominación.⁵ No puede ser despreciada tampoco su influencia sobre los historiadores sociales europeos, que han recepcionado sus propuestas demostrando las múltiples aplicaciones de esta teoría «todoterreno».⁶ Así pues, a su alrededor ha surgido todo un movimiento de estudiosos entusiastas que han aplicado sus preceptos en todas aquellas sociedades que, en los más variados marcos espaciales y temporales, comparten, al menos en términos sociológicos, puntos en común con el campesinado del sudeste asiático, el inicial protagonista de los estudios de Scott.

Este referente teórico presenta dos grandes riesgos en los que pretendemos no caer en nuestro análisis. Por un lado, su proximidad a afirmaciones esencialistas. Esto provoca percepciones equívocas, como la homogeneidad y la intemporalidad de los campesinos y de sus características definitorias en cuanto al comportamiento por encima de estructuras sociales y políticas, por lo que debe contrarrestarse a partir de poner en valor el contexto temporal y espacial en el que se estudian dichas resistencias cotidianas.⁷ Por otro, su potencial para hacer olvidar que la resistencia cotidiana es una opción para encauzar el descontento y la protesta de las clases subalternas, no «la opción» (Gutmann, 1993; Fox y Stran, 1997).⁸ Nosotros en ningún caso menospreciamos otras formas de protesta, ni mucho menos las actitudes sociales, que entendemos se compaginan, en el sujeto y en el tiempo, con las resistencias cotidianas, las actitudes de consentimiento, objetos de nuestro interés en otros trabajos.⁹

Al esencialismo y a la exclusividad, que suponen dos elementos fuertemente censurados de la teoría scottiana, se une otra crítica, la realizada a partir de la lectura de la tesis de M. Gluckman. Dicha crítica radica en señalar que la aceptación de las premisas de Scott supone la consagración de la resignación como característica del campesinado, pues en ningún caso la resistencia cotidiana pretendería un cambio en las estructuras de dominación, más bien serían una muestra de adaptación pragmática (o acomodación) a estas.¹⁰ El tema de la eficacia de estas armas del débil ha dado lugar a controversias entre diferentes autores pero, en nuestra opinión, es incuestionable que provocan impacto en las esferas de dominación, por lo que erosionan y limitan su hegemonía en ciertos aspectos.¹¹ La resistencia cotidiana y las armas del débil en torno a las que se articula tienen al menos tres consecuencias de gran relevancia: la mejora del bienestar de sus protagonistas (alivia sus condiciones de vida), el desgaste de leyes y disposiciones por acumulación de actos de resistencia y, por último, la posibilidad de una actividad política abierta ulterior.¹²

Al analizar las diferentes formas de resistencia civil o, lo que es lo mismo, los diversos recursos puestos en práctica por parte de la población rural gallega para enfrentarse a la hegemonía impuesta por el régimen franquista en sus primeras dos décadas de vigencia, se nos plantea una serie de desafíos. Uno de ellos está en la definición y precisión de la propia noción de resistencia. El marco conceptual debe responder a una dimensión histórica, pero también a la renovación y a la inestabilidad de muchas de las categorías para asumir su complejidad a la hora de hacer una representación de la realidad social. Tiene que ser capaz de articular y jerarquizar los diversos componentes, definir qué prácticas pueden ser caracterizadas como un comportamiento comprometido o cómo conformar la compleja imagen colectiva derivada de la aplicación de este modelo analítico que no implica una versión de orden cuantitativo. Los nuevos aportes sobre el estudio de la «resistencia», amén de reflejar el debate historiográfico generado alrededor de la propia categoría del objeto, requieren el desarrollo de un análisis de corte interpretativo, concebido como una contribución al replanteamiento de la resistencia durante el periodo franquista en el agro gallego. El «pueblo» difícilmente es una masa monolítica y es, precisamente, la relación entre la política y las masas lo que requiere ser examinado, no presupuesto. La hegemonía del Estado franquista no fue absoluta, los más débiles socialmente no aceptaron con sumisión la ideología de los ganadores de la Guerra Civil ni se sometieron mansamente a la autoridad. La normalidad y cotidianidad de las manifestaciones de indisciplina e indocilidad tornan significativas este tipo de prácticas. La amplitud de la resistencia no debe ser subestimada: la indiferencia ideológica y la apatía son factores que afectan a la capacidad combativa, al potencial productivo y a la tan anhelada «paz social» de los sublevados.

DE «RESISTENCIA» A «RESISTENCIAS»

La comprobación de la rigidez del concepto tradicional de «resistencia» para ir más allá de actuaciones políticas y organizadas, unida o paralela al interés suscitado en las diferentes historiografías europeas por conocer más en profundidad las actitudes de la población que vivió bajo los regímenes fascistas o fascistizados, ha generado una fructífera discusión sobre la cuestión de la resistencia que ha influido también en uno de los espacios de investigación que más interés aglutina actualmente, el de la resistencia a los regímenes fascistas europeos.

Stricto sensu, en el marco de los estudios sobre regímenes fascistas, el término resistencia nombraba y definía a los grupos organizados, políticamente conscientes e ideologizados, cuyas actividades, inscritas en la clandestinidad y con un claro soslayo heroico, se oponían a una forma de poder institucionalizado, con el propósito de derrocarlo.¹³ Esta visión, llamémosla convencional, de resistencia se fraguó en los estudios eurocentristas al socaire del caso más paradigmático de oposición al fascismo, la Résistance francesa, que ha servido como arquetipo y referente de comparación para el resto de casos (alemán, portugués, español, etc.).

La vigencia de dicho significado y de los estudios a los que da lugar es evidente, pero, a pesar de su innegable pertinencia, esta acepción se muestra insuficiente para dar cuenta del conjunto de actitudes ejemplificadoras de la «no adhesión» a los regímenes políticos fascistas o análogos. La imagen que la aplicación de la categoría de «resistencia» en su sentido más clásico devuelve es la de un grupo poco numeroso y muy concreto de personas inmersas en una lucha clandestina, armada o no; la de agentes secretos; la de cuadros políticos opositores tejiendo actuaciones de sabotaje contra el gobierno opresor y colaborando con el personal en el exilio; la de asesinatos políticos y semejantes. Es, pues, el reflejo de la historia y de la memoria de una minoría, de un pequeño grupo que nunca supera el 1% de la población en los países en los que se estudia, que se enfrentaron organizadamente y/o de forma armada al fascismo, que actuaron, en fin, como verdaderos «héroes» (Lüdtke, 1995).

«¡La resistencia! ¿Dónde estaba entonces nuestra resistencia? (...) si en el momento de los arrestos en masa, por ejemplo en Leningrado, (...) la gente permaneció en su casa, muerta de miedo cada vez que la puerta se abría (...), nosotros tenemos bien merecido lo que nos pase» (Soljenitsyne, 1974: 24). Esta reflexión sobre la falta de resistencia ante el régimen de Stalin por parte de la población rusa realizada por Alexandre Soljenitsyne corrobora la posición teórica dominante en la historiografía a la hora de valorar o percibir la actitud de la población bajo dicho régimen, los regímenes fascistas o la dictadura franquista. Que muchos de estos sistemas políticos no hayan tenido su fin en una revolución o en un ciclo de protestas no parece dejar dudas sobre la pasividad de la mayor parte de sus sociedades. Y si no, ¿cómo explicar que no hubiese habido un rechazo masivo a estos regímenes o a sus dirigentes, cómo encajar que no se hubiese puesto en marcha una oposición política importante que involucrase a la mayoría o cómo entender esa indiferencia generalizada que pareció existir?¹⁴

No hubo «resistencia organizada» contra el nazismo en Alemania, sentenciaba Dietrich Orlow, «solo se oyó algún que otro gruñido desorganizado» (Orlow, 1973: 24). Pero el estudio de esos «gruñidos desorganizados», de los «grados de ineficacia del régimen» (Hough y Fainsond, 1979), ha pasado a congregar el interés de toda una serie de investigadores interesados por el análisis de las actitudes sociales de estas sociedades. Porque la población no se divide en opositores y colaboradores. Las líneas de ruptura son mucho más sutiles. La naturaleza compleja de los regímenes políticos autoritarios produce un amplio y variado abanico de formas de resistencia y, si se acepta que esta no es el resultado de una decisión estática sino de un proceso, desarrollado en respuesta a diferentes circunstancias, es posible comprender la diversidad de naturalezas, objetivos e intensidades de las formas de protesta en el tiempo. Esta constatación supuso el desbordamiento del significado del concepto de resistencia, superando y, mejor dicho, complementando el ámbito de los grupos organizados de oposición política para colocarse en un campo mucho más amplio en el que «las zonas de evasión, de ignorancia recíproca entre gobierno y gobernantes, espacios de autonomía de la opinión pública (...) la impermeabilidad de las culturas populares» tienen cabida (Werth, 1999: 147).

Dentro de las corrientes de estudio histórico que abogaron por la ruptura del concepto clásico para aumentar su capacidad descriptiva destaca especialmente la Escuela de la Vida Cotidiana alemana (Alltagsgeschichte) (Lüdtke, 1994 y 1995; De Toro Muñoz, 1996; Baldwin, 1990). Esta corriente de la Historia Social alemana propone atender a las actitudes sociales y se interesa por el «ciudadano corriente» como objeto vertebrador de la investigación, poniendo en valor las acciones y decisiones que estos toman en su existir diario. Los trabajos de los historiadores de esta escuela han demostrado un innegable potencial renovador al aplicar estos principios al estudio del periodo nacionalsocialista. Importantes proyectos de investigación, como los realizados para la zona del Rühr bajo la dirección de L. Niethammer o para Baviera, con M. Broszat, y las aportaciones de autores como D. Peukert, I. Kershaw o A. Lüdtke, bajo estos presupuestos de recuperación del sujeto intencional, han conseguido romper viejas interpretaciones, ya no solo sobre actitudes y comportamientos de la población alemana hacia el nazismo, sino también sobre la propia naturaleza del nazismo, entendiéndolo como un fenómeno no meramente político sino también como una experiencia social.

La Alltagsgeschichte redimensionó el concepto de resistencia reparando en las rebeldías cotidianas, en línea con lo realizado desde el punto de vista antropológico por Scott para el campesinado. Los autores de esta escuela han considerado modalidades de descontento y disenso que hasta entonces no eran contempladas por no tener fines políticos específicos o no estar organizadas, con lo que han conseguido integrar en el análisis una gran diversidad de manifestaciones de falta de apoyo y de no consentimiento con el nazismo por parte de la población alemana. Han traído a colación, por tanto, una vasta paleta de comportamientos sociales que, si bien estaban lejos de formar parte de una opción opositora al régimen, también lo estaban de ser propios de una sociedad dócil y sostén incondicional del sistema impuesto por Hitler. Mommsen sintetiza la renovación historiográfica ocurrida como la primera mirada hacia la resistencia «en todas las formas de expresión de consenso antifascista (...) considerando el espectro entero de actividades de oposición hacia el intento de penetración por parte del régimen nacionalsocialista en la sociedad» (Mommsen, 1992: 113).

La resistencia durante el III Reich se convirtió en un objeto central del debate académico (y también social), específicamente a partir de la publicación del trabajo de uno de los historiadores más emblemáticos de la Escuela de la Vida Cotidiana, Martin Broszat (1991). Este cuestiona el axioma establecido por los estudios clásicos sobre la ausencia de resistencia al nazismo por parte de la población alemana, de los ciudadanos corrientes, en virtud de no haber habido más que episodios puntuales de oposición política al régimen ni protagonizados ni apoyados por estos. El esfuerzo de este autor se ha enfocado no solo en deconstruir el concepto tradicional de resistencia, sino, lo que tiene mucho más valor, en ofrecer un concepto más amplio de este, en proveer una definición lo suficientemente abierta para proporcionar un lugar a las actitudes de no conformidad existentes en la sociedad alemana (véase la ayuda puntual a una familia judía perseguida, negarse a cooperar con la política intervencionista de productos agrarios, en las campañas de trabajo obligatorio, etc.). Martin Broszat ha introducido en el estudio del nazismo el concepto funcional de resistenz, que traducimos aquí por «resistencia», para dar cabida a los comportamientos de no conformidad, descontento, consenso parcial o a los diferentes grados de protesta, que no están opuestos a cierta acomodación o adhesión a determinados valores o decisiones del régimen. Por «resistencia» se entiende por tanto toda actitud o comportamiento revelador de la colocación de un límite al control total pretendido por los Estados fascistas o totalitarios, que puede perfectamente coexistir, y diferenciarse, de lo que él denomina winderstand, la «oposición» radical y determinada contra el sistema político que persigue el derrocamiento de este.

Alemania posee la condición de pionera, pero no la exclusividad de esta línea interpretativa atenta a las formas de disenso social. En Francia el iniciador de dicha vía fue Jacques Semelin (1989), al definir la resistencia civil en su análisis sistemático del disenso en Europa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.¹⁵ En su obra da cabida a las formas anónimas y clandestinas que toma dicha resistencia civil, como el trabajo lento, el sabotaje industrial o la protección a perseguidos, al tiempo que identifica ex-presiones de esa resistencia que tienen un carácter abierto, como huelgas o protestas laborales.¹⁶ Es igualmente destacable en este sentido el trabajo de los historiadores de la corriente historiográfica de la Vie Quotidienne, que hacen uso de un concepto de historia sociocultural que se aleja de anteriores mitificaciones para entrar en disquisiciones sobre fenómenos conflictivos propios de los ciudadanos corrientes que vivieron el régimen de Vichy.Los avances de estos estudios han posibilitado que aparezcan en la actualidad varios temas recurrentes en el análisis de las diferentes resistencias civiles europeas. Entre ellos destacan, como señala Mercedes Yusta (2003: 11 y 43), la trascendencia del papel desempeñado por el campesinado y el mundo rural, las reacciones negativas de este frente a las políticas económicas del ocupante o el régimen en el poder y, específicamente, la coexistencia de diversas formas de «resistencia».

Asumimos para nuestro trabajo el referente teórico y metodológico aportado por la corriente histórica de la Vida Cotidiana alemana porque nos parece el modo más válido de escapar del juego de oposiciones binarias (poderosos/indefensos, buenos/malos, resistentes/colaboracionistas, opositores/sumisos, etc.) y de situarnos en un plano menos maniqueo y más realista de las conductas sociales. Este referente permite aprehender todo un conjunto de antagonismos intermedios que se presentan entre los actores con intereses que se contraponen en múltiples ámbitos evidenciando su fortaleza analítica.

Al igual que la teorización de Scott, la interpretación teórica de esta corriente historiográfica no está exenta de problemas. El peligro, en este caso, está en caer en la elaboración de una visión romantizada del sujeto y en magnificar las formas de resistencia que de repente aparecen por todas partes.¹⁷ Debemos tener ciertamente precaución con las contingencias que la innovación analítica lleva aparejada. Pero, con este punto bien presente, nos parece un acercamiento muy válido a la hora de revisar el estudio de las actitudes de la población en momentos de ausencia de libertad para expresar su opinión y movilizarse abiertamente. Así, conscientes de las potencialidades, pero también de las debilidades y peligros del marco teórico, seguiremos las líneas generales de la interpretación intentando presentar un boceto de las acciones de resistencia civil que tuvieron lugar en el agro gallego en las primeras dos décadas de franquismo.

Para dicho fin debemos, antes de nada, entrar a valorar el campo de la conflictividad rural en Galicia, en tanto que son las muestras de conflicto de la sociedad para con el Estado y con sus disposiciones las que conforman la resistencia civil. El significado de la conflictividad se muestra complejo cuando, como en este caso, debe ser contextualizada en un periodo dictatorial. La cuestión central se explicita en determinar si formas de conflictividad como los boicots o los motines pueden ser definidas como resistencia civil o si bien quedan adscritas a estrategias de supervivencia en función de su ambigüedad, dualidad o falta de intencionalidad expresa. Sin entrar en pormenores que serán objeto de nuestro interés a posteriori, bien vale la pena señalar el riesgo de caer en la condescendencia de analizar las prácticas de conflictividad sin tratar de ir más allá en razón de la ausencia de una filosofía o ideología articulada que les proporcione cobertura y de las posibles faltas de coherencia de estas. Pues, como menciona Gellately (2004: 222), cualquier puesta en valor del compromiso de los protagonistas de la conflictividad debe tener en consideración la naturaleza de la situación a la que se enfrentan y la envergadura de las fuerzas a las que respondían.

Partimos, por tanto, de diferenciar «resistencia» y «oposición». Palabras que se han usado como sinónimos en innumerables ocasiones hasta llevar a equívoco, pero que los diccionarios de la lengua española se encargan de diferenciar. Resistir tiene como una de sus primeras acepciones «durar, no haberse destruido, muerto o inutilizado una cosa o persona pese al paso del tiempo o de otras causas destructoras», junto a «aguantar, sufrir, soportar, mantenerse con sufrimiento o molestia sin sucumbir o sin pronunciarse o sin procurar ponerle término». En cambio, por oponerse se entiende «plantar cara, afrontar, argüir, presentar batalla, hacer la contra, contradecir, contraponer, desaprobar, enfrentarse, frenar, impedir, interponerse, interferir, ir contra, luchar, obstaculizar, refutar» (Moliner, 1998). El salto cualitativo es evidente, pero la grandiosidad de una realidad no puede ser óbice para el estudio de la otra.

Así pues, el término resistencia durante el franquismo debe –o quizá solo pueda– seguir vinculado a la actividad política y organizada de determinados grupos antifranquistas. Sin embargo, en nuestra opinión, también debe emplearse para definir otra realidad, la de las actividades que denotan ausencia de consentimiento con el régimen o sus actuaciones y que son actividades más simples, más mundanas, si se quiere, hechos aislados que frustraban a la dictadura en algún ámbito. Estos actos quedan en la categoría de conflicto cuando se activan contra un régimen político democrático, pero bajo un régimen como el franquista (o como el III Reich, el fascismo italiano o el salazarismo) parece legitimada la opinión de conceptuarlos como resistencia civil. Como J. Stephenson señala, donde el conflicto no puede ser expresado abiertamente, sin miedo a las consecuencias, es donde la población entiende que estos sentimientos de desacuerdo son peligrosos para su posición y, por tanto, «cada acto de disidencia alcanza la condición de resistencia para el orden existente» (Stephenson, 1990: 351).

¹ Seguimos a Maurice Halbwachs (1968) cuando define la memoria colectiva como an-tihistórica porque se trata de una memoria que simplifica la complejidad de lo recordado, lo esencializa y, además, no es el resultado de la acción del pasado sobre el presente, sino de la acción de un presente sobre el pasado.

² Sin ánimo de exhaustividad, quizá los autores que más han contribuido a ese empeño hayan sido J. C. Scott (1976, 1985 y 2003); M. Foucault (1986 y 1978); M. Adas (1986); A. Gupta y J. Ferguson (1997); R. P. Weller; S. E.-V. Guggenheim (1982); S. B. Ortner (1996); X. González-Millán (2000); F. Pettit (1999); R. Guha (2002).

³ Foucault (1994) ya había señalado en su análisis de la Francia del setecientos que ciertos espacios de ilegalidad se convierten en ocasiones en condición del funcionamiento político y económico de la comunidad, al proporcionar a los segmentos sociales más desfavorecidos de la población, en los márgenes de lo que les imponían las leyes y costumbres, un espacio de tolerancia, conquistado por la fuerza o la obstinación, tan indispensable para su propia existencia que, a menudo, estaban dispuestos a sublevarse para defenderlo.

⁴ Reflexiones sobre la noción de «registro escondido» de James C. Scott en X. Gómez Millán (2000) y R. Fantasía y E. Hirsch (1995).

⁵ Alguno de estos trabajos están recogidos en F. D. Colbrun (1989).

⁶ Así lo demuestra la sesión dedicada a las «armas del débil» en el Fith European Social Science History Conference celebrado en Berlín en el año 2004 (Cabo, 2004). En España son numerosos los estudios que han bebido de esta teorización. Especialmente destacables son los dedicados al estudio de la conflictividad generada alrededor de la destrucción de los comunales y la privatización del monte (Cobo Romero et al., 1992; Gehr, 1994). Los estudios que abarcan el análisis de la conflictividad rural en los diferentes periodos históricos también han optado por su aplicación, aunque no de manera prolija (Frías, 2000; Gastón, 2003).

⁷ Crítica a las teorías de Scott que mantiene, entre otros, T. Skocpol (1982).

⁸ Gutmann es uno de los autores más críticos con la teorización de Scott (al entender que esta trivializa el conflicto social porque se desestiman las manifestaciones abiertas y organi-zadas de este) y ha mantenido con el antropólogo una interesante querella en las páginas de la revista Latin Amercian Perspectives (Gutmann [1993] y Scott [1993]). Su insistencia en uno de los tipos que adoptan las formas de conflictividad campesina, la resistencia cotidiana, ha llevado a Scott ciertamente a desinteresarse por otras formas de protesta como la rebelión o la revolución campesinas, pero, entendemos, no a menospreciarlas. Estudios interesantes sobre la tipología de la conflictividad campesina son los de M. Lichbach, quien establece tres categorías: resistencia cotidiana, movimientos de protesta y rebeliones o revoluciones, y los de R. G. Fox y O. Strand, que entre la revolución y las resistencias a pequeña escala (que se corresponderían con la «resistencia cotidina» de Scott) sitúan la protesta intermedia (protest in between) (Lichbach [1994: 385] y Fox y Stran [1997]).

⁹ Sobre el consentimiento, véase Cabana (2009); sobre formas de protesta en el campo lejos de la resistencia cotidiana, véanse Cabana y Lanero (2009) o Cabana et al. (2011).

¹⁰ M. Gulckman, estudioso de los rituales de las rebeliones en el sudeste africano, enunció su propia teoría sobre las formas de protesta campesina en los años cincuenta. En ella se pueden encontrar grandes similitudes analíticas con las premisas expuestas por James C. Scott, pero las conclusiones a las que llega son diametralmente opuestas. El africanista entiende que las resistencias cotidianas «están basadas en la aceptación del orden establecido como bueno, correcto, e incluso, sagrado, y ayudan a conseguir la práctica aquiescencia del sometimiento político al orden social» (Gulckman, 1954: 127). Argumenta el autor que ciertos actos de resistencia cotidiana están permitidos por el Estado (ente dominador) para desactivar la oposición, pues funcionarían a modo de «válvula de escape»

¹¹ Entre los autores críticos, véase K. Monsma (2000).

¹² Llevando la argumentación que deriva de las teorías de Gluckman a una ejemplifica-ción concreta podríamos establecer que los incendios contra las repoblaciones o las ocultaciones de las requisas estarían permitidas, si no fomentadas, por las autoridades franquistas a modo de válvulas de escape para desactivar el potencial «antifranquista» que pudiera haber en los sujetos descontentos. En nuestra opinión la operatividad o eficacia de las armas del débil a la hora de minar disposiciones estatales no es decisiva en la producción de los marcos necesarios para generar una revuelta o una concienciación política contra el franquismo. Es más, entendemos que la resistencia cotidiana está más cerca de formar parte del sustrato del nivel de descontento necesario para, junto a otros elementos, posibilitar una ulterior protesta abierta y organizada, que de evitar la confrontación.

¹³ En palabras de François Bédarida, «la acción clandestina llevada a cabo en el nombre de la dignidad del hombre por personas voluntarias que se organizan para luchar contra la dominación, que es muy a menudo la ocupación de su país, por un régimen nazi o fascista, o satélite o aliado» (Bédarida, 1986: 75-90).

¹⁴ Como ya se ha preguntado, entre otros Moreno Luzón (1990).

¹⁵ En nuestro análisis usaremos el concepto de resistencia usualmente seguido del adjetivo civil, como hizo J. Semelin. Deriva de la concepción de Gramsci de «sociedad civil» y se revela como un término que resulta útil para describir y analizar los diferentes ámbitos en los que se debate la imposición de una determinada hegemonía sociocultural, y no solo política, sobre diversos colectivos sociales. La distinción de «civil» tiene valor analítico y es pertinente porque deslinda genéricamente lo social de lo político.

¹⁶ La revisión también se ha extendido a otros países, como Italia, Austria o Rusia. Véanse E. Grace; C. Leys (1989); L. Viola (1986).

¹⁷ Riesgos sobre los que ponen en sobreaviso Fox y Stran (1997: 3) y L. Mees (1996: 477).

TRAZOS DEFINIDORES DE LA RESISTENCIA EN LA GALICIA RURAL DEL PRIMER FRANQUISMO

Junto a los males modernos, estamos oprimidos por una serie de males heredados...

Sufrimos no solo de los vivos, sino también de los muertos.

K. MARX, El Capital («Prefacio»)

LA ACCIÓN ESTATAL

No se puede emprender el estudio de la resistencia de la población rural gallega durante las primeras dos décadas de franquismo sin situar histórica y culturalmente los modos con los que esta había mostrado su descontento frente a lo que sentía como una imposición perjudicial para sus intereses. En la conformación de los repertorios de protesta son básicos dos aspectos sobre los que trataremos a continuación: la actitud del Estado con respecto a lo que considera subversivo y la formulación que tradicionalmente reflejaban las protestas ante otros grupos sociales u otro ente (el Estado principalmente) que hubiera sido conceptuado como agresor.

La primera de dichas cuestiones definidoras de la naturaleza y la forma de conflictividad adoptada (y en consecuencia explicativa de la que se desecha) va a ser establecida durante los primeros días que siguen al golpe de julio de 1936 e irá pareja a la aplicación de la represión contra todo aquello que sea ajeno o contrario a los postulados nacionalcatolicistas del nuevo Estado (lo sea de manera real o potencial). La represión marcará de un modo tal a la sociedad que se conformará como un elemento central en la explicación de la ulterior resistencia que esta protagonice. La violencia puesta en práctica hace sentir al conjunto de la población la presión de un Estado policial que la controla en todo momento y de una Administración (apoyada en fuerzas de seguridad y en la parte afín de la sociedad) que muestra una capacidad imperturbable de imponer su voluntad. La vida cotidiana en el campo se vio coartada por la presencia física de personas (Ejército, Guardia Civil, falangistas, etc.) a las que les era posible escrutar cada actitud y censurar cualquier forma de desobediencia, por mínima que esta fuera.

La represión, su grado y nivel son, por tanto, la realidad de la que debemos partir para encuadrar y valorar las muestras de conflictividad. Los estudios empíricos sobre represión e historia local con los que contamos (Juliá, 1999 y 2000; Casanova, 2002; Eiroa, 2006; Prada, 2010) revelan que la intención básica de los sublevados estaba en eliminar a los disidentes y someter al resto de la población a la ideología imperante a través de instrumentos férreos de dominación que impidieran la acción de futuros y potenciales disidentes y consiguieran su sujeción a las nuevas autoridades.

En Galicia contamos con un gran volumen de obras que se ocupan del estudio y análisis de la represión a diferentes niveles y todas ellas refrendan este carácter aleccionador de la violencia puesta en marcha por los vencedores de la Guerra Civil.¹ La minuciosidad y riqueza de buena parte de estos estudios nos eximen de tener que hacer hincapié en lo que fue dicho fenómeno represor. En lo que sí cabe insistir, como dejan bien claro todos los estudiosos del fenómeno, es en el alto grado de represión sufrido por la población rural. Este puede ser explicado únicamente en virtud de la identificación de Galicia con un territorio hostil a los sublevados debido a la extensiones de los movimientos sociales de izquierda, del republicanismo y del galleguismo, a la fuerte implantación del societarismo agrario de izquierdas y al bajo nivel de afiliados a Falange. Como ya hemos señalado en otro lugar (Cabana y Cabo, 2006), a la hora de analizar específicamente la represión del movimiento agrarista, se trata de un claro ejemplo de profundidad, minuciosidad y duración de todas las vertientes posibles de la represión. La represión directa (ejecuciones, fusilamientos, encarcelamientos), la represión económica (multas, requisas), la social (depuraciones, degradaciones) y la psicológica (imposición de la moral cristiana, del pensamiento nacionalista español, obligatoriedad de la sindicación) fueron una constante para todos aquellos que habían tenido algún tipo de participación en la articulación social y política que se había vivido en Galicia en el periodo de preguerra. Al desmantelamiento de los referentes físicos de un pasado politizado, se unió la damnatio memoriae del caudal de experiencias de organización rural del primer tercio del siglo XX dictada por las autoridades franquistas, que consiguió borrar no solo el legado material de este sino, en buena medida, su lugar en la memoria histórica.

Traer a colación la dureza de la represión desplegada por el franquismo en Galicia, y en concreto en la Galicia rural, es una premisa necesaria para valorar en su justa medida las manifestaciones de conflictividad y protesta que en los años cuarenta y cincuenta tienen como protagonistas a sus habitantes. Porque, salidos de un episodio de represión que afectó a todos los niveles, conscientes de la criminalización que el nuevo Estado había hecho de la asociación y la politización, y amedrentados por el alarde de fuerza exhibido, muchos fueron los que dejaron traslucir rechazo y malestar social.

Durante el franquismo, las formas adoptadas por la conflictividad quedan en ocasiones confinadas al ámbito de lo privado y generalmente se vuelven parte de lo cotidiano. Para muchas comunidades, el contrabando o llevar ganado a pastar a un monte vecinal repoblado eran actitudes necesarias para su reproducción económica, pero también eran rupturas conscientes de las disposiciones del poder político dominante. Estas y otras muchas actitudes, casi siempre iniciadas con anterioridad al propio régimen autoritario, se inscriben y mezclan con estrategias y modos de vida. Son manifestaciones más sutiles que las transgresiones abiertas y evitan o suavizan, por serlo, perjuicios como multas, procesos judiciales o incluso la prisión. Son las muestras de conflictividad y, por lo tanto, de resistencia civil más racionales ante la postura de un Estado negador de toda «válvula de escape» (Gluckman, 1954) o espacio para cualquier tipo de disidencia.

Como señala James C. Scott,

según las circunstancias a las que se enfrentan, los campesinos pueden oscilar entre la actividad electoral organizada y los enfrentamientos violentos y los actos silenciosos y anónimos de retrasar el trabajo y sus frutos. Esta oscilación en algunos casos puede deberse a cambios en la organización social del campesinado, pero es igualmente posible, o quizás incluso más, que se deba a cambios en el nivel de represión (Scott, 1997: 36).

El acceso al poder de los sublevados supuso el inicio de la transformación de las estructuras sociales, de las élites, de la política y de las instituciones preexistentes. Esta inversión del orden imprimió un carácter específico a las formas de protesta rural. Bajo el régimen franquista toda protesta abierta y opinión crítica directa condenaba a sus protagonistas a ser objetivo prioritario de represión, de ahí que la resistencia política activa (cuya actuación más destacada era la lucha armada) y la conflictividad basada en formas propias de los movimientos sociales tomaran carta de naturaleza muy rara vez en el campo gallego, restringiéndose estas últimas a las décadas finales del régimen. Los individuos, campesinos o no, no participan de formas de protesta que consideran inviables, y las formas abiertas y organizadas dejaron entonces de ser una opción racional para la mayoría. Ante esa inviabilidad, el campesinado optó por poner en marcha otro tipo de tácticas para expresar su descontento y hacer patentes sus demandas. Métodos que, cuando menos a priori, supusieran menos costes.

Apoyamos la premisa verbalizada por Rafael Durán cuando sostiene que

la percepción que puedan tener los colectivos sociales inmersos en situaciones conflictivas respecto de oportunidades o constricciones de sus movilizaciones es determinante en la configuración del repertorio de formas de lucha susceptibles de emprenderse en un contexto de cambio de régimen político, así, optan por unas u otras acciones colectivas en función de la alteración o continuidad de la relación costes-beneficios percibida en su interacción con los que ostentan el poder estatal... (Durán, 2000: 38).

Para Bert Klandermans (1997 y 2000) los costes percibidos son un importante motivo que modula y explica la ausencia/presencia de acción colectiva. Entiende este autor que estar motivado para intervenir en acciones colectivas está vinculado a la percepción de los costes y beneficios que ocasiona y/o reporta la participación y que se deben tener en cuenta tanto los costes personales (tiempo, dinero, problemas con las autoridades, económicos, etc.), como los costes «normativos», aquellos derivados de la presión ejercida por familiares, amigos y vecinos.

Por tanto, las formas que adoptan los conflictos responden a una multitud de condicionantes. Entre ellos, el escenario que el sistema político de cada momento impone. Seguimos a Tarrow (1997) y a Tilly (1986) cuando señalan que la acción colectiva se desarrolla a partir de las disponibilidades de participación que aporta el Estado. Es el poder y sus normas quienes definen qué es considerado conflicto en cada régimen y en cada momento. La manera en que las formas de protesta son perseguidas, sancionadas y reprimidas, en función de la coyuntura política, aporta un claro indicio del margen de tolerancia existente y de qué es considerado «desviado» e incluso «subversivo» por parte del Estado. La visión que este tiene de las diversas acciones y sus reacciones ante estas contribuyen a definir su significado, a falta de poder inferir las motivaciones de los que las protagonizan. El Estado ocupa así un papel central en el análisis de la conflictividad y la resistencia civil.

En el caso del Estado franquista, todo aquello que iba en detrimento de sus presupuestos era reprimido y conceptualizado como delito y muestra de un potencial antifranquismo. En la efectividad de sus medidas de represión descansa, en buena medida, la configuración de las formas de protesta social, ya que es su validez la que obstaculiza severamente unas formas, mientras que su ineficacia potencia otras.²

En la Galicia rural de los años cuarenta y cincuenta, como en el conjunto del país, la vida cotidiana se vio criminalizada, dado que su control, y en muchos sentidos su desarticulación, constituía un interés supremo para el régimen. La esfera de las relaciones acabó por estar sometida a un especial escrutinio y los desvíos cometidos con respecto a sus normativas eran vistos como muestra de hostilidad. El franquismo convirtió en un delito muchos comportamientos propios de la costumbre, con lo que consiguió reforzar los principios de jerarquía y subordinación social de los que hacía gala. Y para controlar los comportamientos de la población y criminalizar sus actos cotidianos se primó la presencia de lo que Ramón García Piñeiro denomina con acierto una «tupida red de uniformados» (García Piñeiro, 2002), compuesta por policías, falangistas, curas y militares.

El similar carácter represivo de los regímenes fascistas es, evidentemente, junto con la existencia de una legislación pareja en lo referido a las políticas que se han de implantar en el medio rural, uno de los motivos de la similitud de las formas de protesta en el mundo rural europeo en el periodo de vigencia de tales sistemas. Debe reconocerse que la diversidad y la naturaleza de las formas de conflictividad guardan una estrecha relación con las características del Estado en cuestión. Así, por ejemplo, el horizonte de las protestas en los países ocupados por los nazis dependió del nivel de imposición ideológica implantada sobre la población autóctona, que variaba de acuerdo con la visión que el ocupante tenía de la población en cuestión y de la libertad concedida para actuar.³ Y, al igual que en la era pos-Stalin en los países del este de Europa, el franquismo y sus fuerzas represoras tenían un efecto profiláctico tan importante como punitivo, es decir, existía una fuerza disuasoria general. El régimen se encargaba de hacer patente lo temible, que podía verse envuelto en «indeseables» actividades potencialmente conflictivas, aspecto que se debe tener presente a la hora de hacer consideraciones sobre las acciones de protesta existentes.⁴

Como hemos señalado, un fenómeno como la conflictividad rural está muy condicionado por la evolución del escenario histórico global, de forma que sus motivaciones, objetivos y estrategias varían, al tiempo que lo hacen estas condiciones generales. Pero, pese a la innovación de las fórmulas que se detectan en un proceso histórico, los modos en los que esta se manifiesta son deudores del acervo cultural de la población que los protagoniza y, por lo tanto, tienen mucho de estructural. En este sentido, entendemos que analizar la conflictividad desarrollada en el rural gallego en etapas anteriores al periodo franquista es un paso necesario para reflexionar sobre las líneas de continuidad y de ruptura que esta presenta en esa etapa concreta.

Las formas de protesta que adquieren los conflictos con la Administración franquista denotan una ruptura evidente con la etapa inmediatamente precedente (1900-1936), consecuencia de la destrucción de anteriores instrumentos de organización. Pero si por algo se caracterizan en su conjunto es por suponer una reactivación de las formas que históricamente habían definido la conflictividad campesina. Hablamos de reactivación y no de recuperación, ya que en ningún momento como durante la Segunda República, ni cuando existían otras opciones para canalizar la protesta, fueron abandonadas estas formas propias de las comunidades campesinas.⁵

No se trata, como hacían los líderes agraristas del primer tercio del siglo XX, de retrotraerse a la invocación de las revueltas irmandiñas del siglo XV para seguir las pautas definitorias de ese repertorio. El referente histórico se sitúa en el siglo XIX, más concretamente en la segunda mitad de la centuria, pues es en ese momento cuando la conflictividad rural empieza a hacer frente a la presencia de un Estado en constante consolidación y, por lo tanto, cada vez más presente y controlador de la vida cotidiana. En ese periodo se encuentra el germen de la actuación llevada a cabo durante la dictadura franquista, en tanto que el objeto de conflicto es un Estado que es sentido como opresor. Hasta el ochocientos la conflictividad se caracterizó por la abundancia de estrategias de bajo riesgo, a la manera de «resistencia cotidiana» scottiana –robos menores, boicots, falsa ignorancia, trabajo lento, pequeños incendios, etc.– (Scott, 1976 y 2003), con momentos puntuales en que se accionaron formas abiertas de protesta, como la presentación de pleitos o la realización de motines. Todos los episodios de conflictividad que tomaron la forma de acción colectiva estuvieron motivados por las injerencias de la nobleza y la Iglesia, interpretadas como agresión por las comunidades rurales. Los principales motivos de conflicto fueron las amenazas a la seguridad de la tenencia de tierra, las trabas al aprovechamiento de los montes, los derechos jurisdiccionales de los señores y las crecientes exigencias económicas de los diezmos y otros impuestos señoriales, como bien ha documentado Pegerto Saavedra (2003).

Anxo Fernández (2000), Carlos Velasco (19995) y otros autores se han encargado de demostrar con sus estudios empíricos la falsedad histórica de la imagen tópica de un campesinado gallego decimonónico carente de conciencia social y de recursos culturales para movilizarse contra las formas de dominación ejercidas por las élites y el Estado. Una imagen ficticia, construida a consecuencia del tremendo impacto de la crisis de 1853 –cólera, plagas, hambruna, etc.– y de la consiguiente sangría poblacional, que llevó a la emigración masiva hacia Latinoamérica.

Cuando en el siglo XIX los liberales asumieron el rol que tradicionalmente ostentaban nobles y eclesiásticos, las formas de conflictividad se dirigieron contra la legislación que aquellos trataban de imponer. Hasta la década de los cincuenta la debilidad mostrada por el régimen propició que los campesinos gallegos incrementaran su conflictividad, maximizando formas como el fraude fiscal, el impago de rentas y los amotinamientos contra los aparatos fiscales y judiciales de las élites tradicionales. Como señala Sidney Tarrow (1997), la percepción de debilidad o de vacío de poder hace vislumbrar en los colectivos sociales posibilidades de radicalizar sus acciones de presión y protesta. Buena parte de los estudiosos de los movimientos sociales insisten en la importancia de la capacidad política y coercitiva de las autoridades en el estallido de las acciones colectivas, en el sentido de que la crisis política opera a modo de desencadenante de estas. Su situación de fortaleza o debilidad, en tanto que enfatiza o diluye el nivel de control social o represión con el que responden las autoridades, se convierte en un factor explicativo relevante del grado y las formas que adquiere la conflictividad. Es lo que Donatella Della Porta (1995) denomina policing of protest.

Hasta después del fin de las guerras carlistas, en 1840, y del paulatino asentamiento del régimen liberal, pese a los continuados enfrentamientos ideológicos y la precariedad económica, no cambiaron los objetivos de la conflictividad rural. Estos comenzaron a concretarse en las disposiciones estatales, más precisamente en el remozado sistema tributario, las nuevas formas de reclutamiento militar y la legislación forestal. Como clase subalterna que era, el campesinado entendió las atribuciones del Estado liberal como una fuerza externa que trastocaba sus marcos de existencia y autogestión y, en ese sentido, generadora y foco de conflictividad. La presencia de un Estado en proceso de consolidación provocó la desaparición de viejos motivos de conflicto, pero generó nuevas causas y, paralela y subsidiariamente, también nuevas formas de protesta. La resistencia frente a la penetración de la propiedad privada, las quintas o la desarticulación del comunal se manifestó a través de medios habituales y conocidos de acción colectiva, continuistas con los empleados contra los señores feudales. No obstante, con ellos se combinó otro tipo de protesta que, por sus características, no puede ser catalogada como acción colectiva, pero que no por eso dejó de ser lesiva para el Estado, que la consideró también punible. Así, métodos como la emigración o la automutilación, ambos mecanismos de resistencia ante el reclutamiento militar, se intercalaron con formas como los motines contra las contribuciones o los pleitos en defensa de los derechos de propiedad y uso de las tierras comunales, como bien ha relatado Xesús L. Balboa (1988 y 1990). Sin duda, la reforma agraria liberal se convirtió en el principal «pretexto para la acción» (González de Molina, 2000) y la protesta predominante tuvo las características de un conflicto comunitario en defensa de un modo de uso de los recursos y de un tipo de relaciones sociales, frente a la implantación de la propiedad privada y de la mercantilización cada vez mayor de elementos precisos para la producción y reproducción campesina.

El cambio más evidente en la tipología de formas de protesta en el rural gallego se operó en el primer tercio del siglo XX y se define como la adopción de fórmulas de asociacionismo que, vía agrarismo, asume una estructura estable e institucionalizada. Dicho proceso de autoorganización permite hablar de una comunidad campesina en camino hacia su transformación en sociedad civil a partir de la apertura de nuevos canales de expresión para sus reivindicaciones. El movimiento agrarista gallego supone una forma de movilización social que reacciona ante los cambios que la crisis agraria finisecular provoca en el mundo rural. Concretamente, se trata de una respuesta social ante los nuevos retos planteados por la reestructuración de la economía capitalista y la mundialización del mercado de productos agrarios. El agrarismo nació también al calor de la nueva estructura de oportunidades políticas surgidas en el cambio de siglo, como consecuencia del establecimiento del sufragio universal masculino en 1890, así como de la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1887 y la posterior Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, que plasman el aumento de las posibilidades de acceso a la participación electoral y societaria.⁶

El agrarismo sirvió de canal de interacción entre élites procedentes del mundo rural y el campesinado, de vehículo de relación con el poder local, de entramado difusor del cambio técnico y de colchón atenuante de las transformaciones del mercado, así como, y es lo que aquí nos interesa, de catalizador del conflicto social en el medio rural. Entre 1900 y 1936 muchos de los motivos y de las formas de expresión de conflicto mantienen su carácter secular, pero aparecen nuevas formas y la acción colectiva consigue inéditas dimensiones en virtud de la aparición de soportes organizativos potenciados por el movimiento agrarista. El agrarismo conlleva nuevas formas de organización (sindicatos y sociedades) dirigidas a la compra colectiva de inputs agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, semillas seleccionadas, etc.) o a la comercialización de la producción excedentaria (venta colectiva de ganado vacuno salvando intermediarios, etc.), pero también a la lucha colectiva, con un programa de reivindicaciones y un esfuerzo subsidiario de la acción estatal en ámbitos como el educativo o el de la divulgación agronómica. Hábitos colectivos como la participación en mítines o en las «fiestas agrarias» se generalizaron junto al uso de medios de protesta novedosos entonces como la huelga y la manifestación.

Estas formas colectivas de movilización que se institucionalizan a través de las sociedades agrarias tienen como complemento las fórmulas de bajo impacto que no desaparecen a pesar de que el marco político diera pie a las otras. Así, coexistieron con esas novedosas «formas ordenadas de protesta» (Cruz Artacho, 2000: 174) estrategias de protesta cotidiana. Precisamente, una relectura de estos espacios de conflictividad campesina muestra que estas formas de protesta encontraron acomodo en un escenario definido por la imposición del aparato estatal y en el proceso de diferenciación interna de la comunidad campesina gallega, todo ello por efecto del avance de la mercantilización de sus economías en su adaptación a las prácticas capitalistas. Son formas percibidas por el Estado como delictivas y, en puridad, no son ni más ni menos que el resultado de estrategias que pretendían mantener vigentes tradiciones en el sistema de producción y reproducción social ante las transformaciones provocadas por la consolidación del Estado.

Como hemos expuesto, la conflictividad histórica del agro gallego se define por la presencia continuada desde el Antiguo Régimen de formas como pleitos, fraudes, boicots e intentos de evasión que, durante una treintena de años (el primer tercio del siglo XX), compartieron protagonismo con huelgas o manifestaciones. Formas todas ellas dirigidas no a derrocar el orden establecido y provocar un cambio revolucionario del sistema político, sino a defender los modos de vida y a asegurar el mantenimiento de sus lógicas reproductivas, minimizando los aspectos más opresivos del sistema. Convenimos con Julián Casanova cuando señala que

los motines de subsistencia, las revueltas antifiscales, las roturaciones ilegales, la oposición a la pérdida de los derechos comunales o los motines antiquintas son fenómenos que influyen en la formación y ampliación del Estado nacional, mecanismos a través de los que políticos, élites sociales y económicas, y las clases populares disputan, y al disputar alteran, qué es el Estado, (...) y quién tiene acceso a los recursos (Casanova, 2000: 299).

Nuestro estudio indica que las formas que toma la conflictividad rural en Galicia durante el franquismo no son ni novedosas ni ajenas a las empleadas históricamente. Al revés, el repertorio de protesta se compone de fórmulas que le son propias y dan respuesta a sus lógicas y racionalidades. Es más, son formas que ya habían demostrado su valía en el curso histórico para frenar la extensión del poder de las élites o del Estado, es decir, las imposiciones de aquello que era visto como demandas no razonables e incluso ofensivas por parte del campesinado. La cuestión está, por lo tanto, en dar respuesta a cómo se llevó a cabo la actualización de las formas de protesta, qué permitió dicha «puesta al día» y en qué consistieron, de haberlas, las innovaciones introducidas en el repertorio, siempre modelizadas por la posición del Estado, o del poder en general, frente a la expresión de descontento y disconformidad.

Porque el potencial de comparación de la conflictividad existente no viene dado únicamente por la semejanza de la acción estatal frente a las comunidades rurales de países con regímenes comparables al franquismo. Como comenta Tilly (1986), el repertorio de actuaciones no es solo un conjunto de formas de acción colectiva practicadas, es una creación cultural que resulta del pasado de movilizaciones emprendidas hasta entonces, es la recuperación de formas de lucha que le son propias. En consecuencia, debe tenerse en cuenta como factor explicativo central de su naturaleza en la medida en que esas formas de lucha vienen determinadas por oportunidades y/o constricciones coyunturales percibidas por la sociedad. Es a partir de esta percepción, definida por la interacción con el poder estatal, desde donde se configura la panoplia de formas de protesta, como bien ha explicado R. Durán (2000). Resulta destacable, por tanto, la importancia de la huella de los fenómenos de conflictividad pasados, incluso históricos, cuyos modos pueden ser rastreados en las fórmulas presentes. Es este otro gran condicionante de la tipología de formas de protesta empleadas en el rural gallego durante el franquismo.

LA CULTURA DE RESISTENCIA

La constatación de que el repertorio de formas de conflictividad ha permanecido, en esencia, estable subraya la impronta de la memoria grupal como estructurante de las elecciones de sus modos de actuar. El repertorio de protesta campesina no cambió. Cambiaron, eso sí, las formas dominantes de acción que se adoptaron en los distintos momentos históricos. Es decir, dependiendo de cambios estructurales subordinados a la naturaleza del poder e incluso de los cambios culturales, variaron algunas formas de protesta en su grado cualitativo y significativo, pero el repertorio básico se mantuvo incorporando las novedades. Las fórmulas empleadas más asiduamente se convirtieron en las distintivas de la protesta campesina, primero porque eran el instrumento socialmente más aceptado, segundo porque estaban consolidadas en los repertorios de acción y tercero porque estaban insertadas en la cultura de los protagonistas de la protesta.

Por tanto, las formas de protesta empleadas durante el periodo franquista no son específicas de esa etapa histórica ni de la región geográfica en cuestión. Los modos de protesta que define el repertorio son sociológica e históricamente distintivos de las clases subalternas, especialmente del campesinado, porque parten de un acervo histórico, de un pasado común, de una «cultura de resistencia» que proporcionan recursos que la población puede aprovechar en los márgenes que un Estado como el franquista, en proceso de consolidación o ya consolidado, daba. La razón por la que formas históricas se actualizan está en que la sociedad rural que vivió el franquismo en Galicia, como en otros espacios rurales y bajo otros sistemas políticos análogos a este en lo relativo al grado de opresión, había adquirido dicho repertorio en el proceso de aprendizaje social.

Para solventar este punto, resulta necesario entrar en el tema de la «experiencia», en sentido thompsoniano, como elemento mediador entre la estructura y el proceso histórico. Es decir, sentar las bases de la impronta de las actuaciones pasadas. Es posible diferenciar dos modalidades de actualización social del pasado que explican el uso de estas formas de protesta histórica. Una es la reactivación práctica de las maneras de hacer, de sentir y de percibir típicas de un determinado grupo. En esta modalidad, la continuidad de las prácticas tradicionales de protesta (o de otro tipo) no es necesariamente conciencializada por los agentes y, cuando lo es, no constituye un referente ni el motivo de la acción.⁷ El otro modo de actualización social de las prácticas del pasado, y del pasado en sí mismo, consiste en su representación, tanto en la acepción cognitiva como en la acepción dramatúrgica del término. Narrativas comparativas sobre tiempos pasados, muchos rituales y celebraciones conmemorativas son ejemplos de este tipo de actualización.⁸

Ya que los repertorios de protesta son, a la vez, «recursos de los miembros de la población y formas culturales de la población» (Fernández y Sabucedo, 2005: 31), la razón de la puesta en práctica en el rural gallego de unas actuaciones y no de otras diferentes se explica en gran medida en función de los recursos que proporcionaba su cultura de resistencia, matizados por el contexto político existente. Y, si como se ha señalado, los modos de protesta recogidos en este caso no distan de los que otros historiadores han observado en las zonas rurales de otros países que tuvieron un régimen análogo fue, más que por la similitud de las actuaciones estatales, por la existencia de una cultura de resistencia semejante en el conjunto del campesinado europeo.⁹ Es más, las formas estudiadas no varían en demasía de las que otros autores, especialmente antropólogos, han recogido en sus investigaciones sobre sociedades rurales extraeuropeas e incluso históricas, aspecto explicable en virtud de lo que Pierre Bourdieu denomina «homogeneidad de las condiciones de existencia». Según su argumentación, la homogeneización de los hábitos de grupo o clase que resalta esta similitud de las condiciones de existencia es lo que posibilita que las prácticas puedan estar objetivamente concertadas, sin cálculo estratégico alguno ni referencia consciente a una norma, y mutuamente ajustadas, sin intervención directa alguna y sin concretización explícita. Así, la reivindicación de la explotación o del desequilibrio en la distribución de bienes y servicios, simbólicos o materiales, como principal impulsor de la «homogeneidad de las condiciones de existencia» (Bourdieu, 1991), permite hablar del campesinado como grupo, como colectivo, aunque sin perder de vista los perfiles cambiantes y la autopercepción que los campesinos tienen de sí mismos.

Lo que los campesinos comparten es un sistema de valores morales, culturales y ecológicos, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de sus prácticas que pueden definirse como conciencia colectiva. Si los individuos actúan desde criterios culturales compartidos es porque existen representaciones de la realidad imposibles de ser destruidas, representaciones que son producto de la agregación de preferencias o ideas individuales.¹⁰ Esto es lo que encierra la noción durkheimiana de «representaciones colectivas», una forma más concreta de referirse a los hechos inmateriales que la idea de «conciencia colectiva» y que, según Durkheim, conforman en conjunto el sistema cultural, la estructura simbólica y la cohesión social de una colectividad. Estas representaciones, como explica Beriain (1990), en la medida en que son compartidas definen grupos por aquello que sus miembros tienen en común, más allá de las diferencias, y llevan a entender los procesos que facilitan interpretar y construir la realidad de manera grupal. Tal es el caso de las comunidades campesinas, en las que predominan las representaciones colectivas que cubren y dotan de unidad a toda una serie de factores institucionales, territoriales y ecológicos por encima de divisorias clasistas, de estatus, de facción o de género.

Son estas representaciones las que proporcionan a los sujetos individuales los parámetros con los que actuar, con los que relacionarse con sus semejantes y con el mundo exterior a la comunidad. Y dichos parámetros no son cálculos objetivos, sino «valoraciones fuertes» sobre las más diferentes realidades y los más variados ámbitos.¹¹ Son estas apreciaciones compartidas las que sirven para sustentar la identificación de la comunidad, y solo a través de ellas se puede formar la identidad individual. Ayudan, por lo tanto, a dar forma a su autopercepción y a sus modos y motivos de acción.

La impronta indeleble de la «cultura de resistencia» es la que determina la génesis histórica de los modos de resistencia y fundamenta la tipología elegida por el campesinado gallego para defender sus intereses. Así, no es de extrañar que este, en sus formas de protesta ante el franquismo, se muestre deudor de aquellos modos con los que trataba de minimizar y adaptar las amenazas históricas para su supervivencia y reproducción, tales como la expansión de la economía capitalista y la consolidación del Estado liberal, y ya anteriormente, en el Antiguo Régimen, los derechos señoriales o las crecientes exigencias fiscales por parte de la nobleza y de la Iglesia.

Por tanto, existía en el agro gallego una tradición de conflictividad, susceptible de ser enmarcada en el tiempo largo que conformaba parte de la cultura campesina, que será la que defina la que se accione en las primeras décadas del franquismo.

Como ha expresado la sociología dualista desde F. Tönies en adelante, el asociacionismo moderno nace de una previa desestructuración de la comunidad y de un cierto nivel de despersonalización de las relaciones sociales.¹² En Galicia, los años del asociacionismo moderno –años en los que se había aprendido a actuar mediante acciones colectivas que requerían métodos de participación institucional (voto) y canales de participación política formales y convencionales (manifestaciones, huelgas, etc.)– puede que afectaran en cierta medida a los lazos comunitarios, obligándolos a una nueva adaptación. Pero fueron solamente treinta, un periodo demasiado pequeño para erosionar unas prácticas comunitarias seculares. Tanto es así que, como ya se ha señalado, el repertorio de formas de protesta en el periodo en el que estuvo vigente el agrarismo, pese a ampliarse, no desterró prácticas ya establecidas, de manera que las fórmulas dominantes de acción no resultaron erosionadas, ni cualitativa ni significativamente, sino solo desplazadas en su condición de preeminentes frente a las formas organizadas de protesta.

Evidentemente, el cuestionamiento del sistema de gestión comunal y la penetración del individualismo en la mentalidad campesina durante el siglo XX incorporaron elementos desestructurantes novedosos que iban en contra de los pilares de la comunidad –como la ética de subsistencia–. Pero, aun así, al menos durante las primeras dos décadas del franquismo, será la comunidad rural la que demuestre su fortaleza, hasta convertirse en el sostén de la conflictividad.

La comunidad es una agrupación humana que ha sido concebida teóricamente como «preindustrial», evidenciando un prejuicio bastante arraigado en las perspectivas de la economía clásica y en las teorías de la modernización: la incapacidad de los entramados comunitarios para adaptarse a los procesos de evolución del campesinado propios de la contemporaneidad. Basta hacer referencia a los tópicos asumidos desde la teorización de Weber sobre comunidad y mercado, como conceptos antagónicos, y las asunciones teóricas marxistas de la comunidad rural, con la idea de subsistencia y con el principio del inmovilismo, refrendando una visión con tintes legendarios de comunidad cerrada identificada por Eric Wolf. Pero la permanencia de la comunidad rural trasciende en el tiempo y su desaparición parece no haber finalizado en el periodo de nuestro estudio. No se trata, ni mucho menos, de negar que la introducción de las lógicas de mercado y la acción estatal pusieran en entredicho y desafiaran el entramado de valores y sistemas de solidaridad que la definen.¹³ Entendemos además que la cultura de resistencia no es privativa de las comunidades rurales, sino que también es propia de otros agregados que están bien lejos de caracterizarse por estar cerrados y ser ajenos a las influencias exteriores.¹⁴

Es necesario introducir una precisión conceptual. Hablamos de comunidad para remitir a un tipo de prácticas culturales y materiales que no están institucionalizadas o formalizadas, sino arraigadas en la costumbre. No pretendemos dar idea de unidad ni de homogeneidad de la comunidad rural a partir de estos preceptos y caer en falaces romanticismos: ni colectivismo, ni igualitarismo, ni aislacionismo son sus características definitorias.¹⁵ Las comunidades tienen intereses comunes, pero sus componentes se diferencian por sus distintas posibilidades de acceso a la propiedad y a los recursos, al control de las decisiones o al poder local, y por una marcada gradación económica, cultural, etc. Las comunidades rurales gallegas se caracterizaron históricamente por su diversidad, por el interclasismo y por las relaciones de reciprocidad asimétricas que de estas desigualdades se derivaban. Una comunidad, en puridad, es un agrupamiento de individuos envueltos en patrones de interacción regular dentro de una gran heterogeneidad. Esta realidad no está enfrentada con la existencia de cohesión, al contrario, solamente rompe con la idea mitificada de la comunidad unitaria y sin conflictividad interna.¹⁶ La única uniformidad es la que remite a ciertas pautas culturales, como la cultura de resistencia, y que entra en juego, sobre todo, en momentos de conflictividad exterior, cuando la comunidad se ve interpelada directamente. El sentido de pertenencia a esta subyace en la defensa de la economía moral thompsoniana, definidora de lo que se considera éticamente justo o injusto. Esta operará por tanto como movilizadora de los individuos que constituyen la mencionada comunidad.

Como señalan X. Jardón et alii (1997a) no se puede dejar de reconocer la capacidad de adaptación de las estrategias de resistencia campesina con respecto a la naturaleza del poder al que se enfrentan en cada época histórica. Pero tampoco se puede obviar que el repertorio de protesta estaba conformado por unas formas básicas que se mantuvieron en el tiempo y que fueron simplemente actualizadas para convertirlas en más efectivas, tanto para conseguir sus fines como para evitar la represión. Convenimos en que los diferentes repertorios de protesta puestos en práctica están vinculados al contexto en el que surgen, pero también que son el resultado de una historia compartida y de los constreñimientos estructurales y culturales de los protagonistas de la dinámica de conformación.

LA RESISTENCIA CIVIL EN EL AGRO GALLEGO EN LAS DÉCADAS DE LOS CUARENTA Y CINCUENTA

El régimen franquista nació para imponer su ideología y para reprimir cualquier forma de conflicto, para obtener, por tanto, la paz social. Hasta ahora se ha mantenido que en el agro gallego se obtuvo plenamente tal objetivo, al menos durante las primeras décadas de su existencia, pues la resignación social parecía total, ya fuera por la intensidad de la represión, ya por el control social, ya por la afinidad de la población rural para con los principios del régimen o el total acuerdo con sus disposiciones.

A primera vista parece que existe un desfase entre la situación socioeconómica empobrecida de los labradores gallegos y una posición no correspondientemente activa y contestataria, sino, por el contrario, resignada y fatalista. Y para este embarazoso conservadurismo es para lo que se intenta encontrar una explicación. El aparato propagandístico siempre dio gran relevancia a la existencia de un amplísimo soporte popular al régimen. La asistencia masiva a los grandes actos de apoyo y exaltación de los principios del régimen y de sus autoridades es la evidencia que de este apoyo popular recogen los periódicos y la radio. Pero que la mayoría de la población había optado por una vida discreta que no llamase la atención no implica que no hubiera quien mostrara su disconformidad con el régimen de manera puntual, de forma aislada, o que se negara a obedecer a sus llamamientos. El franquismo manipuló los medios de comunicación para justificar su dominación, pero existió un amplio sector de la población que, sin tener antecedentes izquierdistas, sin haber colaborado en contra del golpe de Estado, se vio desfavorecido por determinadas políticas puestas en marcha por el régimen y mostró su descontento y/o protestó. Esta actitud de rechazo era claramente percibida por las autoridades franquistas, aunque públicamente afirmaran lo contrario. Como bien destacó Ian Kershaw (1983) para la Alemania nazi, una cosa es la «opinión pública», construida por la propaganda del régimen, y otra es la «opinión popular», condicionada pero independiente de la anterior, en la que se expresaba el disenso con respecto a las medidas estatales.

La visión de una Galicia sumisa y afín al régimen es la que se refleja en la prensa y en los discursos en los que no se deja de alabar sus múltiples contribuciones a la «causa». No es preciso recordar la importancia dada por el régimen a las centrales propagandísticas y al control de los medios de comunicación, con el fin de hacerse presente en el día a día de la población. El aparato policial era el único que igualaba en categoría al propagandístico, encargado de censurar y lanzar consignas que, por repetidas y publicitadas, se convirtieron en aceptadas. La censura constituyó la principal herramienta de deformación de las «valoraciones fuertes» que la población rural tenía sobre sí y sobre lo que estaba sucediendo. Luis Moure Mariño afirmaba que «Galicia se sumó al Movimiento de una manera espontánea, sencilla, desbordante de limpia naturalidad» (Moure, 1939).¹⁷ Y el general Cabanellas calificó de «despensa y criadero» el papel de Galicia en la Guerra Civil. Antonio Rosón escribía en El Progreso de Lugo:¹⁸

Desde el Glorioso Alzamiento Nacional podemos sostener con legítimo orgullo que la provincia de Lugo (...) no aparece ya como una comarca inédita. Aquello de la inacción y pasividad de Galicia con un género especial de vitalidad resignada queda para siempre desmentido por el hecho de su magnífica contribución a la guerra; tan considerable que mereció el reconocimiento del Caudillo en el discurso del 21 de agosto al decir que «un 50 o 60 por 100 de las columnas llevaba sangre gallega». Y si de esta aportación de sangre –la más valiosa y decisiva– descendemos al orden de la economía de guerra, también se recuerda con cifras impresionantes lo que respecto al abastecimiento hizo entonces nuestra provincia (...).

En los informes de la Delegación General de Seguridad sobre la provincia de Pontevedra en 1942, se comenta:

a excepción de la capital, fue siempre una de las más apolíticas de España (...) salvo raras excepciones estaba al margen de la política y giraba alrededor de los que mandaban: los caciques, durante el golpe el pueblo reaccionó, incluso la masa obrera, numerosa en Vigo y esclava de la tiranía marxista (...) por aquí pasados los primeros apuros fue todo alegre y fácil (...) por eso la retaguardia funciona tan bien...¹⁹

«Agricultores y ganaderos, que forman el total de la población de la provincia, se agrupan con un sentido pleno de unidad al lado de todo lo que representa el Caudillo», señalaba el jefe provincial de Falange de Lugo para comenzar sus partes mensuales sobre el «ambiente» en 1946.²⁰ El ingeniero de montes Martín Lobo, en el año 1965, con motivo de la conmemoración de los «25 Años de Paz», afirmaba que en todo el tiempo transcurrido desde 1936 el rural vivía una auténtica «paz octaviana» (Rico, 1999: 374). Para argumentar su discurso propagandístico la dictadura realizaba una exposición de los que consideraba sus principales logros (hectáreas de monte repobladas o realizaciones en la política de colonización o en su «obra social»), donde los labradores eran presentados como convencidos de las virtudes de las políticas de Franco. Se instrumentalizó una imagen tópica (que los resultados de una década de investigaciones desde la economía y la historia agraria desmienten) de un campesinado ajeno a la conflictividad consustancial a otras formaciones sociales agrarias. Se destacaba, con un fin apologético-instructivo, su carácter servil, su falta de conciencia de clase y su arraigado individualismo. Estas características, repetidas hasta la saciedad, conformaron una tan intencionada como distorsionada imagen del conservadurismo tradicional y esencial de los sectores campesinos (Soutelo y Varela, 1994). Lo que sí es cierto, como argumenta Julia Varela (2004), es que la retórica oficial del franquismo pudo ejercer una cierta influencia en la representación que de sí mismos hicieron los labradores, lo que conllevó la desvalorización y el olvido de acciones y actitudes que rompieran esa idealización.

Las apariencias relegan al terreno de lo inexistente lo que sí parece tener cabida en otras zonas de España, incluso de la España que también formó parte de la retaguardia de los sublevados y que acertadamente verbaliza Rafael Cruz:

al ser la respuesta de las autoridades franquistas desproporcionadamente represiva, numerosos individuos, grupos sociales y asociaciones políticas, si bien en ocasiones se enfrentan directamente al régimen, han ido inventando y articulando una acción colectiva diferente, menos costosa, más formativa, que permitirá la creación y la extensión de una cultura política ampliamente compartida en total pugna con la cultura política gubernamental. Esta movilización del consenso y resistencia elíptica no condujo a una lucha en la calle ni se dilucidó en campo abierto, sino en los escenarios y plateas de teatros independientes, libros muy asequibles, revistas, cines, y a través de otras redes sociales de comunicación y actuaciones colectivas que no cesaban de significar protesta, al comunicar, difundir, extender una definición antifranquista de la situación española, y al crear y propagar un sentido de injusticia ligado a la naturaleza del régimen (Cruz, 1998: 145).

Nuestro objetivo es aprehender estas formas de disenso en la actitud de la población rural, porque el régimen podía promulgar muchos tipos de medidas y eran numerosas sus intenciones, pero ¿consiguió hacerlas cumplir tal y como anhelaba?, ¿hasta qué punto tuvo éxito en la imposición de gran variedad de medidas promulgadas en lo que afectaba al rural?, ¿tuvo que enfrentarse a algunas limitaciones y adaptaciones su éxito? Se trata de dibujar la naturaleza de la resistencia civil para poder confirmar el tópico que describe la actitud de la población como resignada o, por el contrario, desecharlo y proceder a su matización. Igualmente se plantea el objetivo de comprobar si es posible considerar la resistencia civil como un movimiento de masas, teniendo en cuenta que ser contrario a las disposiciones del Estado no equivale a optar por la resistencia mecánicamente como modo de actuación.

Comenzamos, antes de entrar en materia, por dejar claros los presupuestos que nos mueven en este punto. Entendemos que no conduce a nada situar en los extremos la interpretación de las actitudes propias de la resistencia civil: no son muestra de un implacable antifranquismo, pero tampoco remiten a una realidad falta de significado. Son evidencia de una conflictividad inscrita en la cultura política del campesinado. Su alcance social es indiscutible, al igual que su capacidad movilizadora. En muchos casos es una conflictividad de baja intensidad vinculada a la cotidianidad, que consigue relevancia en el contexto en el que surge porque provoca la aparición de focos de tensión entre la sociedad y el régimen dictatorial. Se trata de acciones que subrayan la voluntad de conservar principios propios y que implican la habilitación de herramientas que mejoran sus condiciones de vida. Son elementos indicativos del rechazo y de la desaprobación con los que el régimen implantó sus políticas y con los que convivieron sus formas de actuación, pero están muy lejos de suponer la repulsa del sistema o un sentido antifranquismo. Debemos tener presente, también para conseguir una interpretación certera sobre la conflictividad, que uno de los principios básicos que decían defender los sublevados era el orden. Su obsesión por conseguirlo llegó a convertirse en una necesidad psicológica, en un argumento al que recurrir con frecuencia para justificar sus actuaciones. Esta fijación provocó a una confusión entre lo que era «orden público» y la disidencia política, asimilándose ambos conceptos como un todo homogéneo. El paso siguiente fue tratar de mantener la paz social a toda costa, por lo que la represión de la conflictividad alcanzó niveles ciertamente extremos.

LA ELECCIÓN DE UNA ACTITUD ANTE EL FRANQUISMO: OPONERSE, RESISTIR, ADAPTARSE

Si hay algún terreno en el que la subjetividad y la variabilidad sean la norma, este es el de los comportamientos y actitudes de la población hacia un sistema político. Más aún si nos encontramos, como es el caso, ante un régimen dictatorial. A. Lüdtke señala que, para la población alemana que vivió el nazismo, «... los casos indican la permanencia de diferentes modos de comportamiento en los individuos. Estos no siguieron una línea recta, sino un zigzag. El paso de la no complacencia, a la complacencia, e incluso, al activo entusiasmo, no era un cambio lineal» (Lüdtke, 1992: 49). Jordi Font, en su estudio sobre las actitudes de la población de la comarca del Empordá gerundense, también concluye que «en el terreno de las actitudes políticas bajo la dictadura, la complejidad, las paradojas, las incongruencias y los contrasentidos son lo que más abunda, y cualquier determinismo simplificador no tiene cabida» (Font, 2004: 51). La multiplicidad y diversidad de comportamientos son igualmente las características definitorias de las posiciones tomadas por el grueso de la población rural gallega. Incorporar un alto grado de subjetividad no supone, no obstante, renunciar a encontrar explicaciones a tales comportamientos. Bien al contrario, entendemos que los cambios y la evolución de las actitudes son el mejor campo de los posibles para valorar la eficacia de los instrumentos de control social, amén de para conocer las consecuencias que tuvo en la vida cotidiana de las comunidades rurales la implantación del franquismo.

La decisión de participar en la protesta y de, por lo tanto, pasar del descontento a la acción, requiere la conjunción de varios elementos. Ese cúmulo de factores puede ser categorizado en lo que Bert Klandermans define como «marcos». Son el «marco de identidad», el «marco de injusticia» y el «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000). Los dos primeros permiten aprehender una situación como conflictiva e identificar a sus responsables, así como las condiciones necesarias para diseñar y dirigir las estrategias de acción. Por su parte, el marco motivacional es en el que se sitúa el cálculo coste/beneficio, proporcionando los motivos para la movilización. El marco de identidad implica la existencia de una identidad compartida, necesaria para que la acción emerja. La identidad colectiva

implica definiciones compartidas relativas a las metas, significados y campos de acción (...). Involucra redes de relaciones activas entre actores, que interactúan, que se comunican y se influyen, negocian y toman decisiones. [Del mismo modo] requieren un cierto grado de implicación emocional que permite a las personas sentirse parte de una unidad común (Fernández y Sabucedo, 2005: 121).

El marco de injusticia es aquel en el que se produce el paso del descontento a la sensación de que existe un agravio, un sentimiento de indignación moral, y en él se da una atribución de responsabilidad respecto a este. Este marco permite entender cómo se generan, interpretan, sienten y difunden las injusticias, su atribución y la indignación que provocan entre los potenciales participantes del movimiento social. El marco motivacional implica la creación y difusión de creencias sobre la eficacia de la acción colectiva y es, junto con el agravio, en opinión de Klandermans, una de las claves de la construcción social de la protesta. Solo cuando los potenciales participantes en un movimiento social piensan que las estrategias y las acciones colectivas son instrumentales para cambiar la situación y reducir el malestar, existe un vínculo entre el descontento y la conducta de protesta.

Este modelo interpretativo elaborado desde la Psicología Social hace hincapié en que la existencia de protesta pasa por la presencia de una identificación entre el individuo y su grupo (en este caso labrador-comunidad) que permita valorar una situación como indigna moralmente, y profundamente injusta, y que, al mismo tiempo, se entienda que los riesgos que se plantean al protestar son asumibles. El trinomio identidad, indignación moral y racionalidad debe confluir para que la opción de un sujeto o de un colectivo sea protestar. La inexistencia de uno de ellos lleva, consecuentemente, a una situación de adaptación que, evidentemente, puede soportar diferentes niveles de descontento, pero este no deriva en ninguna clase de acción.

El tipo de protesta, ya sea de resistencia civil, ya de oposición, como hemos mencionado, depende de la fortaleza que demuestre el Estado contra el que aquella opere. Las formas de disenso aumentan y las de oposición disminuyen conforme se acrecienta la presión ejercida por el Estado. De este modo, como ya hemos mencionado anteriormente, la protesta campesina con respecto a las disposiciones agrarias del franquismo no guarda semejanza con la protesta organizada y abierta empleada ante las medidas políticas liberales. Los labradores gallegos pasan de oponerse a una acción política e institucional fácilmente contestada desde posturas abiertas, legales y organizadas, a verse ante las políticas agrarias de un Estado con vocación totalitaria a las que las comunidades rurales tienen mucho más problema para substraerse debido al contexto de desarticulación política, autoritarismo y represión existente. Lo que homogeniza a ambos periodos son las fórmulas de resistencia cotidiana, siempre presentes en los colectivos subordinados, aunque se hallen canales para organizar una oposición de cariz más abierto y planificado.

Lo que resulta evidente es que nunca existe un grupo subalterno unitario, sino que aparecen divisiones internas en torno a líneas de fractura, como el grupo de edad, el género, el estatus, etc. Los sujetos ocupan diferentes posiciones y perspectivas, incluso opuestas con respecto a objetivos a primera vista análogos, en tanto que varían sus percepciones y el grado en el que se sienten involucrados y/o afectados. De ahí que también las alianzas entre los diferentes sectores socioeconómicos se trastoquen. Por lo tanto, sería una falacia hablar del «campesinado gallego» como un ente homogéneo que asumió una postura unívoca y conjunta ante el franquismo. Las diferencias internas, los contextos puntuales y las razones personales definieron la elección de una actitud ante el poder. Para comprender la amplitud de actitudes tomadas ante el franquismo se debe tener presente los condicionantes que la determinaron y que operaron en la elección de los individuos. Elementos como las políticas desplegadas y su incidencia son decisivos porque no afectan a todos por igual. Esto ha llevado a algún autor a hablar de una «lógica de adaptación social» (Burrin, 2004: 190). Esta concepción, pese a que no consigue reflejar las situaciones y las decisiones sociales en toda su complejidad, permite comprender cómo múltiples intereses, a menudo limitados y ocasionales, deciden las actuaciones de la mayor parte de los ciudadanos corrientes.

Referentes en la elección de una actitud hacia el poder

En relación con las actitudes sociales y con respecto a la toma de postura ante el franquismo, debe reconocerse que los sujetos no permanecieron estables en su actitud hacia el régimen. En el curso de una vida surgen problemas e incertidumbres, decisiones, aspectos del día a día que hacen dudar, cambiar o tomar actitudes diferentes frente a decisiones adoptadas previamente. Contradicciones que van acompañadas de una continua formación de nuevas situaciones de equilibrio, sujetas a nuevas rupturas. Y bajo un régimen dictatorial, un mismo individuo puede mostrar formas de lealtad acordes con el sistema y, en otras circunstancias o bajo otras premisas, convertirse en un resistente implacable. Pero, más a menudo, coexisten en la misma persona el rechazo y el consentimiento, y el balance entre las dos actitudes varía por razones puntuales.²¹ Existe, pues, una enorme ambigüedad en las tomas de decisiones por las condiciones de incertidumbre que distorsionan, incluso, las referencias individuales.

Como señalábamos, los actores sociales eligen racionalmente entre las diferentes opciones que se dan en cada escenario concreto, lo que obliga a realizar un estudio multidimensional de las causas que configuran dicha elección. Analizaremos, en este caso, las respuestas dadas a la situación económica y social de los años cuarenta y cincuenta, marcados por la represión de la disidencia política y/o social y por la miseria entendida en sentido amplio.

Un aspecto que hay que tener en cuenta en la elección de la forma que va a tomar la protesta es el hecho de que un sistema político dictatorial no presenta el mismo grado de fortaleza durante toda su existencia. Su perduración en el tiempo modela la actitud contraria de la población, pues, ya sea por cuestiones internas, ya por la realidad geopolítica, el Estado no mantiene el mismo nivel de dominio. El nazismo, el fascismo italiano, el Estado Novo portugués o el franquismo presentan formas de gobierno comparables que hacen igualmente similares las maneras de resistencia social y son sus diferencias, como su opción para la conquista del poder y, sobre todo, su diferente duración, las que las especifican. Recordemos que el Tercer Reich se mantuvo durante doce años, el fascismo italiano, teniendo en cuenta la República de Saló, veintitrés, y el franquismo treinta y seis. La duración tiene buena parte de la respuesta de por qué la resistencia cambió su naturaleza, en cuanto a formas y protagonistas. Las alteraciones, como ha analizado N. Werth (1999), son mucho más evidentes en los regímenes más longevos porque los fenómenos represivos también variaron en mayor medida, lo que refleja las transformaciones del régimen en sí mismo y su grado de consolidación, así como las condiciones exteriores.

Así pues, no se puede acometer el análisis del disenso en el mundo rural gallego sin tener en cuenta las alteraciones graduales en la calidad y en la apariencia del régimen franquista, ya que estas ocasionaron los correspondientes cambios en los modelos de protesta. El empleo de la violencia, caracterizada por diferentes niveles de intensidad en la incierta frontera entre lo legal y lo ilegal, y los modos de socialización fueron combinándose al socaire de dicha evolución en diferente grado. Establecer que la violencia, física y psicológica, es un elemento consustancial al régimen no exime de reconocer que esta experimentó modificaciones e intensidades distintas a medida que las circunstancias imponían cambios. Es lógico, por otro lado, que exista esa transformación paulatina del tipo de coerción, teniendo en cuenta que el régimen sobrevive a contextos muy diferentes. En el exterior la presión internacional, que lo veía como un resto de los Estados fascistas vencidos en la Segunda Guerra Mundial, provocó que el franquismo maquillara cuando menos su sistema de dominación, optando por vías menos sanguinarias. En el interior, la represión de los primeros momentos dio rápidamente frutos, por lo que la violencia física dejó su lugar predominante a encarcelamientos y detenciones arbitrarias que generaron un nuevo tipo de preso.

En nuestra opinión, cabe diferenciar tres periodos en la evolución de los modos de oposición y de resistencia en lo que se refiere al rural gallego.

1 En un primer momento, que corresponde a los años cuarenta y principios de los cincuenta, se hizo explícita una vía insurreccional en contra del régimen, representada por la oposición ejercida por la guerrilla y las organizaciones pasadas a la clandestinidad, que acompañó a toda una serie de formas de resistencia civil que responden a la legislación agraria inicial y a las disposiciones de primera hora de los sublevados.

2 Un segundo momento, que cubre la segunda parte de la década de los cincuenta y sesenta, se caracteriza por la práctica ausencia de oposición y por el protagonismo de las formas de resistencia civil. Esta exclusividad es sintomática de un periodo de consolidación del franquismo y de declive de la oposición política, con la desaparición del movimiento guerrillero.

3 En un tercer momento surgen nuevamente formas de oposición por parte de grupos organizados en la clandestinidad que coexisten con formas de resistencia civil que les sirven de sustrato. Esta etapa cubriría la última parte del periodo dictatorial hasta su disolución en 1975.

Al igual que en el caso alemán, según ha puesto de manifiesto Martin Broszat (1991), la oposición se alzó exclusivamente en las fases inicial y final del régimen, quedando la resistencia civil como única protagonista de la intermedia. Son momentos caracterizados por una visión posibilista sobre el derrumbe del sistema, ya fuera basada en las esperanzas infundidas por la situación exterior (la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial), ya en perspectivas interiores (la decadencia personal del dictador y, con él, de su régimen). En la fase intermedia, la más larga en el tiempo, cuando se da la efectiva consolidación del poder franquista, la oposición se debilitó tremendamente y el descontento se expresó en exclusiva mediante actos de resistencia civil. Se trata de una resistencia de carácter mucho más funcional y amplia a las reglas e imposiciones franquistas, nuevas reglamentaciones que infringían los patrones de vida cotidiana y las normas internas de convivencia. Estas provocaron una escalada de actitudes en contra, desde las más aparentemente triviales, pasando por actitudes indolentes y de falsa ignorancia, hasta respuestas de protesta más organizadas.

Lo que cambió en los años setenta no fue la aparición del descontento, sino las metas y las formas de organización de este. La inflexión observada en los esfuerzos organizativos de la oposición hay que ponerla en relación con los cambios sufridos por la población del rural, por el régimen y con la politización de ese descontento y no en función de un descontento ex novo con respecto al régimen franquista.

1. La Segunda Guerra Mundial: un antes y un después

En la etapa de resistencia que nos interesa por la acotación temporal de nuestro trabajo, la primera, conviven oposición y resistencia civil. La importancia del contexto internacional que, como las diferentes teorías sobre revoluciones tratan de explicar, contribuye a fortalecer o debilitar los movimientos de protesta, está muy presente en la configuración del tipo de protesta ante el franquismo en este periodo, y define dos subperiodos.

La influencia del conflicto armado europeo no es algo exclusivo del caso español. Fernando Rosas (1995) describe la agitación social que recorrió los campos portugueses durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre 1941 y 1945. La tensión, señala el historiador portugués, se dejaba sentir en la documentación oficial y estaba en relación con la protesta contra la requisa obligatoria de productos de primera necesidad y la inoperatividad del sistema de racionamiento salazarista.

Como acertadamente advierte Óscar J. Rodríguez al estudiar el impacto que el conflicto armado europeo tuvo en la provincia de Almería, la Segunda Guerra Mundial es

un acontecimiento que llenará de esperanza e ilusiones a las personas de sentimientos antifranquistas (...) Aquellos que asistieron impotentes a la derrota de la República, pusieron sus esperanzas en la intervención de las potencias democráticas tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial (Rodríguez Barreira, 2007: 229-230).

Y a pesar de que en muchos informes sobre el «ambiente» reinante realizados por las autoridades falangistas en las provincias gallegas se trata de mostrar una total normalidad, se deja entrever que la guerra europea era un asunto seguido y comentado por la población. En un parte quincenal correspondiente a julio de 1940, el jefe de Falange en Lugo insistía en que «si existe alguna característica especial en Lugo es la indiferencia en una inmensa masa de población», aunque puntualiza a continuación que

al igual que en el resto de España se han polarizado las opiniones y simpatías para los beligerantes del mismo modo que lo estaban cuando sufrían la guerra nacional (...) espontáneamente no se ha observado ningún apasionamiento, cosa natural si se tiene en cuenta la frialdad con la que se comentó por estas latitudes la ocupación de Tánger por nuestras fuerzas.²²

De igual manera, la sensación de buen ambiente y mansa tranquilidad que predomina en los informes que entrega la Dirección General de Seguridad de la provincia de Pontevedra varía a la altura de 1942 y, como motivos de ese cambio, se apunta a «la Guerra en Europa» y a las «influencias de la población de otros lugares».²³ Según estos informes, el conflicto mundial era un elemento de distorsión para la población y, además, en su opinión, Galicia, y sobre todo la provincia de A Coruña, era un lugar donde la actividad del Servicio de Inteligencia Británico en España tenía un mayor despliegue a través de súbditos ingleses afincados en dicha provincia que se encargaban de «reclutar» a los descontentos con el franquismo y a los «sedimentos que en gran cantidad quedaron del Frente Popular».²⁴

Pese a los intentos de las autoridades por negar que hubiera algún tipo de concienciación e interés por parte de la población, la evolución de la guerra europea era sentida como un problema en relación con el ambiente reinante en Galicia. En los casos en los que el ocultamiento no era expreso, los informes dan cuenta de que la opinión popular era mayoritariamente «simpatizante de Inglaterra» y de que había una

mayoría muy absoluta de partidarios de los aliados, lo son los ricos por su creencia de que una orientación inglesa pudiera satisfacer mejor sus ambiciones y también lo son los pobres por la tendencia a conseguir su redención a través de las democracias. En estos sectores, a través del bulo y del comentario clandestino, se abriga cierta seguridad de que las naciones del Eje perderán la guerra.

El análisis del jefe de Falange de Lugo acaba con la conclusión de que esta situación se debía a «una tenaz incomprensión general». En la provincia de Pontevedra se insiste en que la población rural «apenas sigue las incidencias de la guerra», pero

en cambio atribuye la carencia de algunos artículos de primera necesidad, pero en un sentido derrotista y mal intencionado como suponer que la falta de aceite y trigo es porque se exporta a Alemania e Italia. Estos rumores son diseminados por elementos contrarios a la actual situación y no simpatizantes con el Partido...²⁵

Lo que está claro es que, como expone Francisco Sevillano (2000), la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una intensa politización de los sectores más concienciados de la sociedad, pero más allá de esto, añadimos nosotros, supuso un revulsivo para el conjunto de la población. No estamos hablando de un interés general por las cuestiones políticas, sino de la movilización y aprovechamiento de informaciones contradictorias y de los bulos extendidos por grupos opositores que demuestran cierto grado de independencia con respecto al ascendente de lo establecido por el poder. Oficialmente, el rural gallego era un espacio en comunión con las directrices dadas desde el sistema, un espacio en el que no había lugar para la existencia de una opinión popular que no fuera totalmente seguidora de los preceptos de Falange, un espacio, en fin, donde no tendría cabida la intranquilidad debida a un comportamiento no afín.

La Segunda Guerra Mundial vino a demostrar que la sociedad rural no era apática, que era permeable a la labor de los grupos opositores y que no era favorable a las potencias del Eje, rompiendo así con la publicitada «comunidad nacional». Insultos cada vez menos escondidos, comentarios sobre «arreglar las cuentas» realizados por familias de represaliados, rumores tramposos sobre la situación de la guerra expandidos a conciencia, multas más duras por escuchar la radio, etc., dejan entrever que la «calma», siempre aducida por las autoridades locales, no era total. Como diría P. Morgan, existe un comportamiento que, si bien no se puede tildar de descontento político para con el régimen, denota «distancia psicológica» (Morgan, 1999: 163) con respecto a las disposiciones oficiales.

Los vaivenes de la contienda mundial aparecen como un elemento destacable en la redacción de los partes de Falange. «Es indudable que la evolución de la guerra en los últimos días tiene repercusiones favorables en el sentido de imponer silencio a los desafectos y decidir a muchos indecisos a medida que la Victoria se perfila más claramente», se advierte cuando la confrontación parece franca para el Eje.²⁶ Cuando la marcha de la guerra no invita al optimismo para su bando, el régimen comienza a preocuparse por el rebrote del «peligro comunista» interior. Por ello, y como también ha constatado Alfonso Lazo (1998) para la zona sevillana de Aljarafe, en 1943 vuelve a demandarse a las autoridades locales de Falange un mayor control de los vencidos. Debían redoblarse los esfuerzos para controlar la situación: enviar una relación de todos los que habían pertenecido al Partido Comunista, de los relacionados con el Socorro Rojo, de los familiares de los represaliados, de los antiguos dirigentes de Frente Popular e incluso de aquellos que tuviesen algún familiar en el extranjero. Basta seguir los partes de Falange en los que se refleja la opinión popular de la Galicia rural entre los años 1443 y 1945 para darse cuenta de la efervescencia que la perspectiva de la pérdida de la contienda por parte de Alemania supuso tanto en la oposición, con una guerrilla que reactivó sus actividades, como en la resistencia civil.

En un informe sobre la provincia de Lugo de enero de 1943 se hace referencia explícita a que la población del rural, a través de bulos, rumores y comentarios, muestra una mayor confianza en la victoria de los aliados dado el resultado del cerco de Stalingrado. Un mes después se reconoce que si bien «ha decrecido el bulo insidioso que tiene su germen en los focos de elementos contrarios al Régimen, no por eso debe omitirse consignar que dichos elementos ven con satisfacción cualquier fracaso de carácter político-militar sufrido por las potencias del Eje, en la esperanza de que estos determinarán la victoria de las potencias democráticas y, por ende, la instauración en España de un orden político por ellos deseado». «Se nota la labor de zapa que con bulos y comentarios realizan los activos izquierdistas que aún tienen su última esperanza en la victoria de los aliados de la que pueden sacar como fruto la devolución a España de los jefes del Frente Popular», indicaba un informe del delegado de Falange en el Ayuntamiento lucense de Valadouro. En la misma línea, en enero de 1945 se reconoce que «el ambiente está impresionado por la marcha de la Guerra Mundial (...) los éxitos militares de la URSS tienen repercusión en grupos de intelectualismo rojo que considerándose ya dentro de posiciones más fuertes abandonan su peculiar cobertura realizando comentarios poco favorables...».²⁷

La incertidumbre causada por la cambiante situación internacional afectó no solo a los antifranquistas, sino también a los apoyos del régimen e hizo avanzar el proceso de desfascistización.²⁸ En A Coruña el jefe provincial de Falange recibe en marzo de 1945 la consigna de realizar actos conmemorativos que demostraran el éxito del encuadramiento del partido y su hondo calado social. Como se entendía que estas movilizaciones forzosas causaban el desánimo de los «desafectos», tenían una doble virtualidad, como demostración de adhesión y como pieza del aparato represor, en lo que se consideraba «un momento delicado».²⁹

Así pues, los años de más preocupación con respecto a la opinión popular son los que van de 1945 a 1948, en línea con la derrota fascista, que suscita expectativas fuera y dentro de España, y coincidiendo con los años de lucha más intensa por parte de la guerrilla y el «rearme» de las secciones clandestinas de los partidos políticos de izquierdas. Como ha señalado Abel Paz (1982), durante 1945 y 1946 la CNT consiguió niveles de militancia notables en Galicia, igual que en Canarias, Alicante y Murcia, a la vez que recuperaba su «fuerte» en Barcelona.³⁰ Con respecto a la lucha armada, no se trata de que la debilidad del régimen estuviera provocada por la intensidad de las actuaciones de la guerrilla, sino al revés. Fue el esfuerzo de la guerrilla el que pudo redoblarse a causa de ese «momento delicado» que atravesaba el régimen y porque entre la población calaban con más facilidad los rumores y comentarios sobre la posibilidad de que el sistema político pudiera cambiar.

El desenlace del conflicto bélico mundial provocó que la oposición al franquismo pasara de estar esperanzada e ilusionada en la rápida intervención en España de las democracias europeas vencedoras, a caer en una profunda decepción y desmoralización. Los antifranquistas, la oposición, como demuestran las memorias de Manuel Pillado, marinero de San Cibrao (municipio lucense de Cervo) y activo miembro del PCE antes y después de la Guerra Civil, tenían en el panorama internacional una vara de medir su potencialidad:

... la situación no variaba, pero la ilusión de tiempos mejores no faltaba. Habíamos perdido la guerra pero confiaba en que el fascismo español caería, con el alemán y con el italiano. Nunca pensé que el Eje pudiera ganar la guerra (...) después de que Alemania había conquistado media Europa, ya no las tenía todas conmigo (...) mis expectativas agonizaban al tiempo que los nazis avanzaban (Pillado, 2002: 229).

Lo mismo ocurría con el Partido Galeguista. Las memorias de sus líderes, Ramón Piñeiro y Manuel García Barros, dejan constancia del desaliento que invadió las filas de la oposición galleguista al franquismo:

... así pasaron más de dos años, sin esperanza, hasta que en el otoño de 1942 el Mariscal Montgomery derrotó el África Keops, y con los italianos en el norte de África, y la guerra pareció cambiar de signo (...) En ese momento llegamos a la conclusión de que la guerra aun podía durar mucho tiempo, pero que los alemanes, durara lo que durara, ya no la ganarían. Entonces fue cuando empezamos a pensar que la derrota de Alemania supondría también la derrota de Franco y ese hecho nos obligaba a prepararnos. Esas eran las cosas que comentábamos de aquella los galeguistas, pero sin elaborar planes de ningún tipo, especulando solamente con lo que nos podía deparar el futuro (Piñeiro, 2002: 62).

Me encuentro un poco desalentado con lo que sucede; creía que con la victoria de los aliados quedaría el mundo libre de la peste fascista, pero, por lo que voy viendo España no es del mundo. Tenía ciertas esperanzas en Francia y acabo de escuchar que iba a venir una representación a Madrid para concretar un tratado comercial. Por otro lado Churchill dice que hay que evitar el triunfo de las izquierdas en las elecciones inglesas porque eso le abriría la puerta al comunismo. Veo que no puede fiarse uno de nadie (Garrido, 1995).

En lo que respecta a la oposición y a la resistencia, la Segunda Guerra Mundial supuso un hito. Dio pie al auge de ambas expresiones mientras las esperanzas de victoria aliada y de intervención en España se mantuvieron. Pero concluyó con una tragedia para ambas, ya no solo por la actitud no beligerante y adaptativa de los aliados ante el franquismo, sino por el triunfo que para el régimen, sobre todo para la figura de Franco, supuso la no intervención española. Las ansias de paz de la población eran superiores a cualquier otra consideración y la publicística realizada por el régimen para explicar su neutralidad con una decisión acertada de Franco funcionó como un foco generador de consentimiento en ciertos sectores de la sociedad y, por tanto, como elemento minimizador de la resistencia civil.

2. El papel de las autoridades locales en la resistencia

En lo relativo a la fortaleza o debilidad del poder, también se debe tener en cuenta todas aquellas formas de resistencia localizadas, es decir, las protestas que se insertan en la lógica resultante de medidas políticas tomadas en el ámbito local. Las actitudes de alcaldes y concejales e incluso de autoridades locales de Falange o de los curas párrocos son decisivas en el surgimiento y la condición de las actitudes de resistencia.³¹ La alianza entre la población y alguna autoridad no solo permite desencadenar una forma de protesta de manera más sencilla, sino que disminuye el riesgo de ulterior represión. Es, por ejemplo, un aspecto decisivo para la realización de los motines, que nunca se habrían llevado a cabo de no contar con algún grado de certeza por parte de los participantes con respecto a que alguna autoridad local los apoyase o fuese lo suficientemente débil para no poder imponer las multas y condenas que la legislación preveía para esos graves incidentes. El ejemplo más esclarecedor ocurre en el motín de Tordoia, en A Coruña. En él, la interpretación de la reglamentación de la Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo (SNT) sobre la entrega obligatoria de cupo realizada por el alcalde, que el propio gobernador civil define como «torcida», y el papel de los alcaldes pedáneos, apoyando a los vecinos en la realización del tumulto, son cruciales.³² También podemos traer a colación casos en que las autoridades locales deciden no tramitar multas, es decir, no cooperan con el Estado en la sanción de acciones o actitudes de resistencia civil, o dejan que estas se desarrollen sin poner medios para abortarlas. El alcalde de Palas de Rei, por ejemplo, no impidió una manifestación de protesta de los vecinos contra el repartimiento que alcanzó la propia casa consistorial, actuación que le valió el cese por su «notoria incapacidad».³³ En Castro de Rei, la negativa de los vecinos a participar en trabajos obligatorios se vio favorecida por la actuación del alcalde, José María Pillado, ya que, como se denuncia en un informe de la policía gubernativa, en la prestación personal para el arreglo de los caminos vecinales fueron denunciados por el capataz varios vecinos que no asistieron a dichas obras, pero «el alcalde no tramitó la denuncia ni impuso sanción alguna».³⁴

De encubrimiento también podríamos tildar la actitud de los alcaldes de los municipios coruñeses de Padrón y Val do Dubra en 1944. Ambos decidieron no iniciar diligencias contra varios individuos de sus ayuntamientos que infringían la ley de pesca fluvial, lo que les granjeó una queja por parte de dicho organismo ante el Gobierno Civil de A Coruña.³⁵ También en relación con la pesca ilegal podemos mencionar el papel de la Hermandad del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo, que intercede con motivo de unas sanciones que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial había puesto a varios vecinos. En este caso, la intervención se debía a la necesidad de la institución por hacerse popular entre sus encuadrados y, de hecho, admite explícitamente que «la cuestión pudo ser resuelta satisfactoriamente, con gran contento de los agricultores-ganaderos interesados, que vieron en la práctica los beneficios que les reporta estar encuadrados en la Organización Sindical Agraria».³⁶ Otra ruptura de su papel como correa de transmisión de órdenes superiores y primer ente sancionador fue la protagonizada por el alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira al autorizar a los vecinos a realizar libremente matanzas de cerdos en el invierno de 1942, por lo que la Fiscalía Superior de Tasas le abrió expediente.³⁷

Los miembros del clero parroquial se revelan también en ocasiones como «protectores» de los descontentos de los fieles de sus parroquias, evidenciando cierta solidaridad. Esta puede ser medida en la mayoría de las ocasiones en clave de defensa de sus propios intereses. Acciones como encabezar las cartas de queja contra la repoblación de los montes vecinales, en las parroquias en las que ejercían su labor pastoral, eran relativamente usuales. Eduardo Rico (1999) ha documentado varios casos. En el municipio de Baralla los párrocos de las aldeas de Guimarei, Constantín, S. Xoán de Arroxo, Sobrada do Picato, Pacios y Vilachambre fueron los firmantes únicos de la petición de descatalogación de los montes vecinales de dichas parroquias para evitar la reforestación. Un caso parecido fue el ocurrido en el municipio de Castroverde, donde el cura de Montecubeiro personalizó el descontento de los vecinos de sus curatos. El protagonismo de los párrocos en ocasiones es compartido con otras autoridades de las mismas parroquias, como eran los alcaldes pedáneos. En O Saviñao, por ejemplo, ambas autoridades firmaron en las cartas de protesta de dos parroquias. Otras veces los curas optaron por comportarse como un vecino más y firmar entre el conjunto de los solicitantes de la no repoblación forestal. Eso ocurrió en parroquias como la de Viduedo, en O Incio; en la de Folgoso, en O Corgo, y en las parroquias de Chave y Reiriz, en O Saviñao.

A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.

Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.

Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento.³⁸ Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:

... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado alcalde (...) tiene la cartería de correos, encargado de teléfonos, tiene un café-bar y una industria de ultramarinos con unos 550 inscritos en las Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo.³⁹

En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo.⁴⁰ María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.

Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.

Coincidimos con Daniel Lanero (2011) cuando indica que esta conflictividad institucional controlada no planteó nunca un ataque directo al régimen político como tal, sino que muestra las discrepancias entre las diferentes instituciones por la lucha constante por el control de los recursos en un contexto de escasez y por gestionar parcelas de poder político. Pero, aun así, ayudaron a recubrir demandas sociales que consiguieron categoría de conflicto y resistencia civil. Quizá uno de los ejemplos más clarificadores sobre una toma de postura de las hermandades para favorecer las demandas sociales lo tenemos en los amillaramientos. Puntualicemos que estas instituciones sindicales participaron en el conflicto, aprovechando el descontento existente, para hacerse con espacios de poder que hasta ese momento les habían estado vetados y, además, defendían los intereses de muchos de sus cuadros que, en su condición de grandes propietarios y contribuyentes, resultaban perjudicados.

La realización de amillaramientos, registros en los que se establece el valor de las propiedades rústicas con la finalidad de repartir, en función de tal valor, el impuesto de la contribución, estuvo en la raíz de una de las resistencias más habituales que se constatan en Galicia a partir de la segunda mitad de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. La Reforma Tributaria de diciembre de 1940 y las disposiciones de la Ley de 26 de septiembre de 1941 habían dispuesto la revisión, conservación y rectificación de los amillaramientos establecidos con anterioridad. Esta legislación, junto a las circulares de mayo de 1943 de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, encomendaba esta tarea a ayuntamientos y diputaciones. Desde el inicio de esta labor la población rural se mostró contrariada por las formas y maneras como se realizaba y activó toda una variada gama de resistencias. Las primeras están relacionadas con la no cooperación con los encargados de confeccionar la información y con la negativa al pago que cada propietario debía realizar en concepto de gasto de la gestión de registrar las propiedades y valorarlas. El malestar se incrementó ante la ineficiencia mostrada en la recogida de datos sobre las propiedades y animales domésticos que debían figurar en el amillaramiento. Los agricultores denuncian dejadez por parte de los gestores, errores en el registro, relaciones de favor con determinadas personas, etc. Actitudes todas ellas que acaban convirtiendo el amillaramiento en un registro falaz que, por serlo, condenaba al pago de un impuesto que no se correspondía con la realidad.

Las muestras de descontento generadas por la confección de los amillaramientos se recogen por toda la geografía gallega y se mantienen estables en el tiempo a lo largo de las dos primeras décadas de franquismo. Sirva como botón de muestra un ejemplo referido a la provincia de Lugo. En 1947 tres labradores de Pobra de Brollón decidieron denunciar ante el Gobierno Civil las irregularidades cometidas por la corporación municipal en el amillaramiento y, en ese mismo año, la práctica totalidad de los vecinos de Abadín incoaron un pleito judicial por el mismo motivo. Tres años más tarde, en el Ayuntamiento de Baleira se presenta una carta en la que se denuncia ante dicha autoridad provincial que «hay gran malestar por lo poco equitativo del mismo [amillaramiento] y se cobraron recibos dos veces en el mismo año». En Guntín, en 1952, los problemas recriminados se refieren a que las autoridades locales reclamaban dinero «en gran cantidad» a aquellos labradores que iban a declarar sus posesiones. En 1955 también decidieron expresar su malestar los vecinos de la parroquia de Doncos (As Nogais), determinación que les resultó negativa, pues, según da cuenta el comisario de Lugo,

amillaramiento: hecho con poco escrúpulo, problemas en Doncos, por darse la circunstancia de que un vecino, siendo uno de los mayores propietarios resultó ser uno de los más favorecidos por el amillaramiento, al verse que este había sido designado como representante pericial, se alteraron un tanto los ánimos y con este motivo varios vecinos que se creían perjudicados, se reunieron algunas veces en As Nogais, en casa de Jesús Núñez Bermúdez (a) «Rucho», quien elevó reclamaciones que se dice no han tenido efecto alguno al ser desestimadas por la Delegación de Hacienda de Lugo, teniendo que abonar los participantes en estas reuniones en concepto de gastos y honorarios ocasionados 1.000 pts. cada uno...⁴¹

En la protesta contra las deficiencias de los amillaramientos los labradores contaron con apoyo de las hermandades. Entre 1945 y 1950 van a ser continuadas las alusiones en la prensa sindical y en las asambleas de hermandades provinciales al «carácter francamente abusivo» de aquellos, hasta el punto de crear, caso de la Hermandad Provincial de Pontevedra, una comisión o servicio encargado de preparar un plan de amillaramiento alternativo al de los ayuntamientos y de elevar una queja formal ante la Delegación de Hacienda. El ente sindical argumenta que su postura proclive a favorecer las demandas campesinas en el caso de los amillaramientos es una cuestión de «justicia». Según las conclusiones de la Asamblea Provincial de hermandades de Pontevedra,

No se nos oculta que el campesino de nuestra región ha sido siempre reacio a cualquier reforma tributaria, fenómeno que nada tiene de particular dada la pobreza en que normalmente ha vivido, pero es que en el presente caso no rehúye la aportación de recursos a la ingente tarea económico-social que está llevando a cabo el Estado sino que pide que el reparto de la contribución se haga con justicia y que cada uno pague por lo que debe pagar. Hay que tener además en cuenta que esta distribución tan poco ecuánime de la contribución territorial se produce en el momento en que el campo atraviesa por una grave crisis económica, la de la baja perpendicular del precio de los productos del campo y de la ganadería (...) Pues bien (...) en este momento esta injusta distribución de la contribución rústica crea una situación de verdadera calamidad para un gran número de campesinos.⁴²

Justicia social y consolidación, en su papel de representantes válidos de los hombres y mujeres del rural, son los motivos que arguyen, aunque detrás de esta actitud de colaboración sindicato-encuadrados lo que está es el interés de aquel por lograr el traspaso de esta atribución del ayuntamiento a sus manos. Afianzar el poder en el campo no era baladí si tenemos en cuenta las dificultades de implantación que las hermandades tuvieron en Galicia y así se entiende que titularan más de una noticia sobre el aplazamiento o la revisión de los amillaramientos con el significado epígrafe de «Defensa de los intereses campesinos. Contra la injusticia de un procedimiento absurdo. Merecido aplauso del agro a la valentía y gestión de sus mandos provinciales».⁴³

Pero son sobre todo los problemas competenciales los que llevan al ente sindical a actuar decididamente. La posibilidad de hacerse con el control de un nuevo espacio de recaudación y arrogarse potestades de intervención en la fiscalidad municipal eran ambos botines que merecían su alineación con las demandas campesinas. Las hermandades conseguirán que su posición en la «batalla de los amillaramientos» se reconozca en 1949, momento en el que se prohíbe la exacción directa a los labradores por el servicio de elaborar los amillaramientos y se posibilita su rectificación cuando esto fuera solicitado por el ayuntamiento en cuestión o por un grupo de propietarios superior al 25%. Pero, como se aprecia por las fechas de las protestas traídas a colación para la provincia de Lugo, los amillaramientos y su confección no dejaron de estar en manos de los ayuntamientos y tampoco dejaron de provocar episodios de resistencia por parte de los labradores, más allá de la acción de las hermandades.

3. El remplazo generacional: una generación sin pasado

En este ejercicio de parcelación temporal de las formas de resistencia, es fundamental reconocer la existencia de diferentes posiciones, es decir, de considerar la inevitable heterogeneidad de los grupos sociales que vivieron el franquismo. Las posiciones tomadas por la población están determinadas por diversas condiciones, entre las que debemos tener presente la edad. Esto tiene que ver con la construcción de una conciencia histórica diferente entre generaciones que someten el poder a visiones diferentes (haber vivido la guerra/no, poder comparar con la realidad de preguerra/no, etc.), pues dicha conciencia redefine las posiciones dentro de los sujetos a la hora de formular los modos de resistencia.

La biografía generacional es crucial para la comprensión de muchas cuestiones sobre los niveles de resistencia y sus diferencias. La toma de poder franquista alteró las relaciones sociales existentes de manera clara. Así, generalmente, la generación que llegó a su edad adulta antes del franquismo permanecía más escéptica y crítica, mientras que la generación más joven se mostró menos combativa. La importancia del papel de la escuela y de otros pilares del franquismo como entes propagandísticos y socializadores en este aspecto es evidente.⁴⁴ La familia también actuó como un foco para la creación de consentimiento con respecto al franquismo. A pesar de que se tratara de padres combativos en su momento, los comentarios y conversaciones aleccionadoras con los hijos, con el anhelo de protegerlos y asegurarles no tener que pasar por situaciones peligrosas y perjudiciales, apuntalaban la necesidad de aceptar la situación (Aguilar, 1996: 65).⁴⁵ Salvo casos de compromiso excepcional, la mayoría de las primeras generaciones que vivieron el franquismo se encargaron de no dar a los más jóvenes elementos con los que comparar la situación del momento y buscar, con ello, su aceptación.

Yo recuerdo precisamente en la casa donde yo nací, me pasó con dos que andaban refugiados del ejército... era la feria del 26. Le dijeron a la Guardia Civil que fulano y fulano los habían visto en la feria, y movilizaron la feria... mira de aquí y de allí, los tíos no los cogieron en la feria, pero sí más tarde cogieron a otros sospechosos... eran los tres vecinos, los trajeron a nuestra casa porque mi abuelo había sido concejal de ayuntamiento y le había pasado el cargo a mi padre, que pasó de ser concejal a ser alcalde pedáneo de la parroquia... los trajeron a mi casa... uno era sobrino de mi padre... los trajeron y les dieron una «pasada» para que cantaran dónde estaban los que andaban los que buscaban... a nosotros los chavales nos metieron en una cuadra para que no viéramos nada de aquello, para que no viéramos como les pegaban.

Cuando estalló la guerra pues él [el maestro de Foz, una de las personas más vinculadas con la República en este ayuntamiento] me daba consejos... cuando estalló la guerra él empezó a tener miedo, un miedo negro, porque estaba fichado y tal... y no se atrevía ni a hablar pero a mí me daba muchos consejos, de que nunca me metiera en política y que no me afiliara a ningún partido.

... políticamente todos éramos de un lado, estábamos tan concienciados, desde que tenía uso de razón, y no vi nada más que eso... y concienciado sobre todo por las personas mayores de casa «¡ay mis niños! Tened cuidados cuando habléis de política, no os metáis en nada...», no había nada en que meterse todos éramos de un bando... uno fue criado en esa cultura, y no veías más que eso... y eso y punto, y eso iba a misa y nada más, el resto no existía, no era decir que tuvieras una opción, el resto no existía... después hubo épocas en que, ya con los aparatos de radio, se oía la «Pirenaica», y, pero bueno, había que tener mucho cuidado con que no te oyeran que era motivo de sanción y todo eso, pero bueno, todo lo que oías a través de la «Pirenaica» también te parecía una tontería que no conducía a nada, no había una argumentación que te convenciera, porque estabas influenciado por la coexistencia, por el día a día.

Yo nunca quise que se hablara de política en mi casa con los críos. No me gustaba que supiesen ciertas cosas porque en este país no se puede meter uno en ellas (...) Mira, mis hijos nunca supieron que ese de al lado de la carretera fue el que me denunció a mí, y que estaba con los que nos dieron aquella paliza... Ni siquiera lo saben hoy, y eso que de pequeños eran muy amigos de sus hijos.⁴⁶

El mutismo de los padres favorecía la penetración de sentimientos de identificación con el régimen en los hijos (Saz, 1990). La diferencia generacional fue percibida especialmente por los emigrados-exiliados de primera hora que, después de reanudarse el flujo migratorio a partir de 1946, se encuentran con un emigrante muy diferente tanto sociológica como políticamente a su llegada. Castelao, en 1949, lo expresaba amargamente como «la mentalidad de los nuevos emigrantes gallegos, que vienen a enriquecerse con los métodos corrientes en España. Hablaría de la emigración de los jureles con tanto respeto como lo haría de la emigración de los gallegos de hoy en día» (Núñez Seixas, 2004: 125).

A medida que avanza la dictadura aparece lo que se denominó en su momento «mentalidades auto-reprimidas» (Soutelo y Sabas, 1994: 232; Ortíz Heras, 2004). El control de las autoridades puede convertirse en menos evidente y presente, hasta incluso desaparecer, dejando todo el protagonismo a represaliados por la dictadura que mantuvieron este control deliberadamente, transformándose en represores de sí mismos e inculcando el miedo a las generaciones siguientes.⁴⁷ Una autorrepresión que se transmite de la familia al conjunto de la sociedad por mera agregación. De ahí que se pase de una época inicial donde existe una oposición al régimen en el medio rural a otra donde esta prácticamente se desvanece y aparece como casi única respuesta la resistencia civil. Miedo y miseria consiguieron en España en general, y en Galicia en concreto, algo sin parangón en Europa, que mayoritariamente se acabara asumiendo un sistema de autocontrol, de autovigilancia que impidiera cualquier posible manifestación de oposición para el común de la población.

En este sentido, debe puntualizarse que representar al sujeto de la represión fascista acostumbra a tener como resultado trazar instintivamente un retrato amable y justificativo de la víctima. En dicha representación parece que la víctima lo es siempre y forma parte de un bloque de damnificados. Si calla o potencia el silencio es por causas que le sobrevienen, mucho más poderosas que ella, que sigue arrastrando sine die la debilidad del espacio y del momento que la convirtió en tal víctima. Representar así a las víctimas de algún tipo de represión es, paradójicamente, deshistorizarlas, esencializarlas y petrificarlas en su condición. En este sentido, la idea de que el olvido y el silencio son siempre fruto de presiones negativas sobre el sujeto no es veraz en todos los casos. Esta decisión no es el resultado unidireccional de la relación víctima-perpetrador. El silencio parece obedecer también al papel jugado por individuos que no quieren recordar deliberadamente, que no ambicionan ser percibidos como disidentes de las disposiciones franquistas, que no se reconocen en el papel de víctimas porque eso supone un lastre para su presente y potencial futuro, el cual pasa, muchas veces, por la promiscuidad con el antes «enemigo».

De este modo, antiguas víctimas se convirtieron con el tiempo en «guardianes de la normalidad franquista» (Piedras, 2004). Fue el caso de Gonzalo Rodríguez Pérez, de Alongos, en el Ayuntamiento ourensano de Toén. Su condición de galeguista y fundador de una delegación del Partido Galeguista en su aldea hizo que se convirtiera en fuxido. «¡Aquí fue un desbarajuste lo que hizo la Falange con pueblo (...) merecían que los mataran a todos!», recuerda. Al entregarse, al final de la guerra, debió cumplir condena sir-viendo en el ejército hasta 1942, año en el que lo licenciaron del servicio. Pocos años después, sin embargo, fue elegido presidente de la Hermandad de Labradores de Vilamarín, con lo que puso fin a su condición de víctima del régimen franquista.⁴⁸ La misma situación es la de muchos colonos de la comarca lucense de Terra Chá. En un primer momento estamos ante, si no represaliados, sí damnificados por el franquismo. Se trata de pequeños agricultores cuyas casas y fincas son expropiadas, bien para llevar a cabo un decreto obligatorio de repoblación forestal, bien para la construcción de un embalse. Esta incidencia los conceptuó, y así se categorizaron ellos mismos, como «víctimas», pero con el pasar del tiempo, y al convertirse en exitosa en términos económicos la empresa colonizadora –a partir de la segunda mitad de los años sesenta–, dejaron de identificarse de tal manera y, es más, pasaron a reconocerse en su discurso como beneficiarios de las medidas franquistas.⁴⁹ Así pues, es preciso señalar que víctimas y perpetradores son categorías muchas veces volátiles y cambiantes en el discurrir del tiempo y no deben ser vistos como departamentos estancados.

LAS HUELLAS DEL DISENSO Y RESISTENCIA CIVIL

La visión de una Galicia pasiva y resignada fue construida a partir del análisis de la documentación producida para consumo público por las autoridades franquistas y por la ausencia de insubordinación popular después de 1936, pero la extensión de la desobediencia y de las expresiones de descontento es mayor de lo que previamente se podía imaginar.

Una de las tareas más importantes que debían acometer los gobernadores civiles era asegurarse la adhesión inquebrantable de la población y la paz social. De ese entusiasmo dependía su continuidad en el puesto y futuros ascensos en el cursus honorum. De esta manera, la norma era que en sus informes anuales declarasen una adhesión generalizada. Sin embargo, son tantos los matices que relatan y las contradicciones en las que incurren que todo parece indicar que los descontentos abundan y que las disidencias son percibidas, de una o de otra manera, por las autoridades. Que había un descontento masivo y un ambiente frío para con el régimen por las diversas imposiciones políticas contrarias a los intereses de los pequeños propietarios agrícolas, por la corrupción rampante y por la escasez material en la que se circunscribía la vida cotidiana es indiscutible y fácilmente perceptible al revisar la documentación interna de las diferentes autoridades franquistas, que contradice los comentarios triunfalistas que reinan en la prensa. Los propios jefes provinciales de Falange reconocían en sus informes la preocupación por la impopularidad del «Movimiento» entre la población rural gallega.

El jefe provincial de la Falange en A Coruña lo reconoce sin miramientos en un informe interno que envía a la sede central del partido en 1942, con motivo del día de la fiesta de la Victoria:

como quiera que me imagino que tanto la prensa local como las de otras provincias hablará en tonos encomiásticos, creo mi obligación informarte de la frialdad helada del ambiente (...) en el desfile militar fueron escasísimos los vítores y aplausos, siendo todos ellos a cargo de la Sección Femenina y de los grupos de Militares que tenían lugares reservados para presenciar el paso de las Fuerzas.⁵⁰

En el extremo contrario se sitúan los órganos de prensa clandestinos, la mayoría vinculados al Partido Comunista, que ensalzan cualquier episodio de resistencia por parte del campesinado gallego en términos de rebelión (como las detenciones de labradores que se negaban a entregar las requisas).⁵¹ La realidad está justo en medio. Multitud de casos relatados en la documentación interna de Falange, junto a comentarios vertidos por las autoridades en ámbitos que entendían como privados, desmienten el panorama de una opinión popular identificada con los presupuestos del Partido Único y del régimen, como ya hemos apuntado al tratar de la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Nada más irreal que el dibujo de una «comunidad nacional» que se trazaba de puertas para afuera. Nada más lejano tampoco que un campesinado imbuido de ideología comunista dispuesto a acabar con las requisas mediante la lucha directa contra las autoridades como primer paso hacia el fin de la dictadura.⁵²

Había muchas razones para la protesta, pero esto no constituyó una base para un levantamiento general. Esto es evidente. Lo que requiere consideración es conocer las razones para la evaluación y descripción de los patrones del disenso. En el capítulo anterior nos hemos referido a los rasgos históricos que la conflictividad muestra en la Galicia rural, con lo que hemos tratado de poner los pilares para proceder a la caracterización de dichos patrones sin caer en simplicidades, acudiendo a lógicas de actuación y comportamiento. Como vimos, y como parece confirmar el estudio de la etapa franquista, la elección de una conducta que guarda una apariencia próxima a la resignación, junto a la elección de los modos de protesta más «escondidos», tiene relación con la eficacia represiva del Estado, que convierte otras opciones directas de protesta en irracionales.⁵³

Lo que se constata es que, a pesar del miedo y las sanciones, algunas personas se negaron a obedecer ciertas normas y mantuvieron una posición renuente y repetida de desobediencia en momentos en que dicho comportamiento era definido como delito. Y esto los convirtió en «disidentes», en los protagonistas de la resistencia civil, porque el franquismo los tildó de tales al entender que todo acto o actitud fuera de lo establecido constituía una muestra de «no conformidad» con el sistema. Las comunidades rurales van a defender aquello que consideran sus derechos de esta manera, evidenciando su no conformidad. En su día a día muestran su indignación y descontento, aunque no actúan de modo que pongan en riesgo el orden establecido. Entendemos así el término disenso en un sentido amplio y comprensivo de toda forma de desacuerdo y actitud negativa, que puede transformarse en apatía, desobediencia civil, protesta o posición contraria, y que convive con el consentimiento respecto a otros aspectos.

La dura represión acabó con muchas de las posibilidades de una rebelión, pero la protesta descansó en una cultura popular autónoma que no era factible (o, cuando menos, no era fácil) reprimir. En ella se encuentran muchas muestras cotidianas de descontento, ya difuso y excluido, ya articulado y verbalizado, con la situación sociopolítica imperante, que si bien pocas veces se traducía en un posicionamiento consciente y comprometido de oposición al régimen, requería la toma de decisiones y la realización de acciones que en ningún caso remiten a la pasividad, a la resignación o al acatamiento. El grado de resistencia parece estar definido por las posibilidades existentes en cada momento, que podían ir desde acudir a reuniones esporádicas con otros vecinos para escuchar Radio Pirenaica o la BBC, lo que ya era considerado acto de conspiración por el régimen franquista, hasta la colaboración con la guerrilla. Se trata, si se quiere, de actuaciones de mantenimiento de niveles de autonomía con respecto a un Estado cada vez con más presencia y con medios para ejercer un fuerte control de la vida cotidiana.

Actualmente contamos con algunos trabajos que se acercaron al estudio de los indicadores de la resistencia civil de la población española.⁵⁴ Haciendo un balance, podría señalarse que estos estudios concluyen que

durante los años de la posguerra, y a pesar de los «apoyos» institucionales y sociales de los que dispuso el Nuevo Estado, la mayoría de los españoles mostraron un acatamiento aparente del régimen como consecuencia de la completa desarticulación de la sociedad civil por la coerción social y el control estatal de los medios de información, extendiéndose la apatía política entre la población (...) relegada al ámbito de la vida privada (...) Sin embargo, dentro de este amplio sector de la sociedad caracterizado por su pasividad existía tanto un «apoyo difuso» a la dictadura, como una «disidencia» que se manifestaron puntualmente en los momentos de máxima tensión política y social en el país (...) Detrás de esa diferencia subyacía un creciente malestar motivado fundamentalmente por los problemas más inmediatos a los ciudadanos (...) (Sánchez Recio et al., 1995: 89).

Lo mismo ocurre en el rural gallego. Lo que emerge es lo que ha verbalizado I. Kershaw (1983: 154) en su análisis de las opiniones y actitudes de la población alemana hacia el Tercer Reich, y es la compatibilidad de la «no satisfacción» en aspectos económicos, sociales o de políticas concretas con una «aceptación» genérica del sistema. Como los sistemas de poder son múltiples, la resistencia a un nivel puede significar subordinación a otros. Por eso, debe identificarse la existencia de un abanico de estrategias específicas de resistencia en ámbitos locales y cotidianos, como bien han señalado L. Abu-Lughod (1990) y M. Richards (1999).

La amenaza popular hacia al sistema estuvo fuera de todo cuestionamiento, ya que la autoconservación individual o familiar fue lo primero, casi lo único en las fases iniciales del régimen. Pero el disenso fue una constante que se evidencia a través de muchas actuaciones que ponían en cuestión el discurso social dominante y las formas de control establecidas. Esta coexistencia proporciona una explicación a la pregunta de por qué actitudes de discrepancia no se convirtieron necesariamente en actividades de oposición, circunscribiéndose a la esfera de la resistencia civil. De la naturaleza de las formas de crítica y descontento recogidas durante el periodo de la posguerra en el rural gallego se extrae una característica en común: el disenso era fragmentario. El repudio y la no conformidad con algunas áreas de actividad del régimen convivieron con la aceptación y el consentimiento activo en otras.

El disenso popular fue transformado a veces en apatía, resignación, confusión y desespero, como atestiguan las fuentes, fue percibido por las autoridades franquistas, que actuaron para su desactivación. Las muestras de disconformidad no deben ser desmerecidas, primero porque incomodan o asustan a las autoridades; segundo porque las identidades personales pueden ser preservadas a través de actos de no conformidad en contra del «asalto» estatal por controlar la esfera privada; y, tercero, y sobre todo, por la evocación que hacen de una actuación que puede ampliarse, multiplicarse y radicalizarse.⁵⁵

Valga como muestra la actuación de los vecinos de Toiriz, del municipio lucense de Pantón. Ellos decidieron invadir la zona repoblada con su ganado para inutilizar los trabajos de repoblación llevados a cabo por el personal del Patrimonio Forestal ante la decisión de repoblar incluso las 150 hectáreas que la comunidad había conseguido preservar de la repoblación (otras 201 hectáreas habían sido consorciadas forzosamente para reforestar). El informe del ingeniero jefe de Patrimonio en Lugo demuestra el alcance de dicho acto de resistencia:

... el 21 de diciembre de 1954 se produce la primera invasión en zona repoblada. A partir de esa fecha, con ostentosidad, pues llegaron a hacer fiestas, se repite la entrada de ganado en el monte con la excusa de una anterior licencia de pastoreo (...) sufriendo la guardería forestal toda clase de abusos por parte de los paisanos, hasta tuvo que retirarse para evitar el empleo de armas, (...) a partir del día 21, siguieron enviando toda clase de ganado al monte (...) arrancando ellos mismos los pinos salvados de la boca del ganado.

El grado de preocupación que se transmite es evidente, junto con el efecto de ratificación personal y colectiva de los vecinos de Toiriz (de ahí la «ostentosidad» y la realización de festejos que acompañaron a sus actuaciones). El ingeniero reconoce también la repercusión que en otros lugares próximos habría tendido la movilización «... en Reiriz y Chave [O Saviñao], se organizaron colectas entre los vecinos con el fin de oponerse a la repoblación, aprovechándose de los rumores circulados como consecuencia de los incidentes ocurridos en el cercano monte de Ferroedo de Pantón, estando pendientes de su resolución los lugares de toda la comarca» (Molina, 1999).

Son muchas y muy variadas las muestras de resistencia civil, pues todas aquellas acciones y actitudes que muestren ausencia de colaboración y consentimiento para con las disposiciones del poder remiten a este concepto al ser acciones y actitudes que revelaban la incapacidad de los proyectos del franquismo para imbuir de sus principios a la población rural: la realización de motines, el rechazo de suscripciones, la difusión de rumores, la fidelidad a las ideas republicanas o democráticas, etc. Incluidos en él fenómenos antisociales como el robo de poca monta, la apatía, la indisciplina y la negativa a trabajar, etc. Algunas de ellas, y otras más, son las que Ramón García Piñeiro, siguiendo a Scott, define como «protestas populares de baja intensidad» (García Piñeiro, 2001: 351). Para F. Sevillano se trata de «no más que formas de supervivencia, mientras que otras fueron manifestaciones pasivas de malestar social, que no expresiones activas de resistencia, mostrando los límites del disentimiento político» (Sevillano, 2003: 165), con lo que las remite a un plano prepolítico con el que no concordamos, como hemos señalado.

Por la variedad de muestras que conforman la resistencia civil es necesario ordenar y catalogar los casos recogidos, con la finalidad de conseguir una mejor comprensión del caso gallego en concreto y, así mismo, posibilitar una comparación con otras realidades españolas y europeas. A eso dedicaremos el siguiente capítulo.

¹ Los intentos más logrados de estudios globales en J. de Juana y X. Prada (2006) y A. Míguez (2009). Sobre la represión a nivel provincial y en diferentes zonas de Galicia o a nivel sectorial, véanse M. X. Souto (1987); E. Grandío (2001); X. Prada (2004); A. Rodríguez Gallardo (2006); D. Lanero (2006) y D. Pereira (2011). El proyecto interuniversitario «Os nomes e as voces», dirigido por el catedrático de la USC Lourenzo Fernández Prieto, cuenta con la base de datos más completa y actualizada sobre los nombres, cifras y lugares de represión en Galicia (nomesevoces.net). Según el «Informe de Resultados: víctimas de Galicia (1936-1939)» (www.nomesevoces.net/gl/informes), se han documentado un total de 12.253 represaliados, ya mediante procesamientos judiciales, ya vía asesinatos. Un total de 9.020 personas fueron sometidas a procesos militares y el cómputo de penas de muerte ejecutadas y muestres extrajudiciales arroja la cifra de 4.699 víctimas. El 80% de estas víctimas mortales tenían entre 19 y 45 años.

² Numerosos autores se han acercado a aspectos de conflictividad laboral para advertir la resistencia política en el periodo tardo-franquista. Por lo tanto, en el ámbito urbano y obrero se permite una relación clara entre conflictividad, con medidas puntuales y próximas, y una ulterior concienciación contra el sistema político que en el mundo rural parece no ser lícito realizar. Sobre la conflictividad laboral existe una extensa bibliografía que abarca la prácti-ca totalidad de la geografía española, véanse C. Molinero y P. Ysás (1998b); T. M. Ortega López (2003); R. Reig (1999); X. Doménech Sampere (2002); R. García Piñeiro (1990); J. Gómez Alén (1995).

³ Así, por ejemplo, mientras que noruegos y holandeses fueron tratados con «más benevolencia», los belgas tuvieron que soportar una interferencia total en su vida cotidiana (Moore, 2000).

⁴ Para la Europa oriental, véase A. Braun (1989).

⁵ Un recorrido histórico por las formas de resistencia del agro gallego, en H. Hervés Sayar et al. (1997) y en X. Jardón Pedras et al. (1997).

⁶ Una visión de conjunto del movimiento agrarista en Galicia, en M. Cabo (1999) e I. Román (1999), y en A. Bernárdez (2005).

⁷ En la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, el concepto habitus designa un sistema de disposiciones duraderas y generativas que, al integrar las experiencias del pasado, funciona en todo momento como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones adquiridas de manera inconsciente en las experiencias de sociabilidad. P. Cornnerton, por su parte, habla de «memorias-hábito», subrayando que la memoria, o la tradición, es transmitida de maneras no textuales y no cognitivas. P. Bourdieu (1988) y P. Connerton (1989).

⁸ Esta es la manera empleada por los campesinos portugueses de Couço, como indica Paula Godinho, para reactualizar su memoria de resistencia. Usan la oralidad, la conversación y los encuentros, ya organizados, ya fortuitos. P. Godinho (2001).

⁹ Las formas de protesta del agro gallego son las mismas que las detectadas en la Ale- mania rural a raíz de la implantación de la política agraria nazi o en el Portugal salazarista. I. Kershaw (1983); J. Stephenson (1997); I. Fonseca, D. Freire y P. Godinho (en prensa).

¹⁰ La Sociología ha reconocido el papel de las conciencias colectivas como estructuras simbólicas encargadas de atribuir sentido a la realidad y definir y orientar comportamientos, igual que las nuevas vías de la Historia Social, entre ellas la Historia de la Vida Cotidiana Alemana, dan cuenta de que los «ciudadanos corrientes», cuando entran en la escena de los acontecimientos, lo hacen de acuerdo con y a partir de su propia esfera de significados. A. Lüdtke (1994).

¹¹ Sobre el concepto de «valoraciones fuertes», véase C. Taylor (1994). En palabras de Habermas, «nuestra voluntad está fácticamente determinada por deseos y valores; determinaciones ulteriores solo se realizan en atención a las opciones en la elección de los medios o bien en la fijación de los fines» (1991: 36).

¹² Como ejemplifica J. Ugarte perfectamente para las realidades vasca y navarra (1998).

¹³ Sobre visiones estereotipadas y el debate teórico alrededor del concepto de «comunidad rural», véase G. Giménez (1990), y sobre el mito de la decadencia de las comunidades rurales, R. Domínguez Martín (1998).

¹⁴ Más que probada es la influencia de la ciudad en el rural y la permeabilidad de las comunidades rurales gallegas, gracias a trabajos como el de L. Fernández Prieto (1996). El estudio de Luisa Passerini sobre los operarios turineses evidencia las características de la cultura de resistencia propia de otro tipo de comunidad, la obrera. L. Passerini (1984).

¹⁵ Esa visión idealizada es la que difundieron estudiosos como Robert Redfield (1989), que destacaba la homogeneidad, la autosuficiencia y la armonía de las relaciones intracomu-nitarias. Una crítica a esta visión, en X. L. Balboa (1996).

¹⁶ Las comunidades rurales cuentan con sus propios mecanismos de corrección de desigualdades y de cohesión social, explicables en razón de lo que Scott denomina «ética campesina de la subsistencia». Esta noción, contrapuesta a la ética del trabajo y del beneficio propio de las sociedades industriales, delimita lo que es específicamente característico del comportamiento económico campesino (aquello que Scott designa como «principio de seguridad-primero»). Tal principio se manifiesta a través de dos mecanismos ideológicos: la in-sistencia en la reciprocidad y el derecho a la subsistencia del campesino (Scott, 1976: 13-35).

¹⁷ Este lucense, de profesión notario, fue falangista de primera hora y al comenzar la Guerra Civil formó parte de la sección de prensa extranjera de la Delegación de Prensa y Propaganda. Posteriormente será redactor jefe de Radio Nacional de España.

¹⁸ El Progreso, 18 de julio de 1943.

¹⁹ Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Tomo III, informe de DGS, del 7 de abril de 1942.

²⁰ Archivo General de la Administración (en adelante, AGA). Presidencia. Informes de la JPF de Lugo. Parte de abril de 1946. Caja 51/20674.

²¹ Tal fue el caso de D., que fue vocal de la Hermandad de Ribadeo «toda a vida», al mismo tiempo que dio cobijo en su casa a un fuxido más de tres años, o de excombatientes laureados del ejército sublevado que fueron protagonistas de la lucha contra las repoblaciones forestales de sus montes vecinales. Entrevista a J.A.D.L. (Cubelas, Ribadeo).

²² AGA. Presidencia. Parte mensual de la Secretaría General de Movimiento (en adelante, SGM) de julio de 1940. Lugo. Caja 51/20533.

²³ Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Tomo III. Pontevedra. Informe de la Dirrección General de Seguridad (en adelante, DGS), 7 de abril de 1942.

²⁴ Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco. Tomo III. Coruña. Informe de la SGM, 4 de enero de 1942. Esta sensación estaba también muy presente en el caso de la ciudad de Vigo, tanto porque igualmente había una colonia inglesa importante afincada allí, como porque sabían de la existencia de lazos económicos de algunos grupos de comerciantes de la ciudad olívica con Inglaterra. AGA. Presidencia. Parte mensual de la SGM, de diciembre de 1941. Pontevedra. Caja 51/20560. Que los grupos burgueses de las ciudades se mostraran aliadófilos no es extraño. Como demuestra Óscar J. Rodríguez (2007) para el caso de la oligarquía almeriense, esta afinidad no era incompatible con la adhesión al franquismo, sino que sencillamente denotaba los fuertes intereses que había para que se normalizaran las relaciones con Inglaterra.

²⁵ AGA. Presidencia. Parte mensual de la SGM de diciembre de 1942. Lugo. Caja 51/20593; Parte mensual de la SGM de diciembre de 1941. Pontevedra. Caja 51/20560.

²⁶ AGA. Presidencia. Parte mensual de la SGM de julio de 1942. Lugo. Caja 51/20593.

²⁷ AGA. Presidencia. Parte mensual de la SGM de enero y febrero de 1943. Lugo. Caja 51/20615; Informes sobre el orden público de Lugo. Parte de la Jefatura local de Valadouro de mayo de 1940. Caja 51/20533; Parte mensual de la SGM de enero de 1945. Lugo. Caja 51/20674.

²⁸ En las autoridades también se dejaba sentir que el triunfo aliado en la guerra podía cambiar el status quo en España, en forma de falta de moral e incluso intentos de confraternizar con el «otro bando». Es el caso de alguno de los guardas del penal de Santa Isabel, en Santiago, que mejoran el trato y se acercan a los presos políticos allí detenidos realizando comentarios exculpatorios de su posición y actitud (Pillado, 2002: 285). El proceso de desfascistización, como ha subrayado Ismael Saz (1999), tiene su punto de arranque en 1942 y su fin en 1945, con el giro de la política franquista en el nuevo marco internacional.

²⁹ AGA. Presidencia. Delegación Nacional de Provincias. Caja 51/20639.

³⁰ «Durante el pasado mes de abril hay que señalar un recrudecimiento de la propaganda clandestina, tanto monárquica como comunista, siendo de destacar esta última por la variedad de publicaciones y los distintos procedimientos empleados para su entrega», reconocía el jefe de Falange de A Coruña en los informes elevados a la Jefatura Nacional en 1947. AGA. Presidencia. Informes de la SGM. A Coruña. Parte de abril de 1947. Caja 51/20586.

³¹ De igual manera que lo son en la generación de consentimiento, como ha señalado y demostrado Miguel Angel del Arco a partir del estudio de la Andalucía oriental. El autor señala que la gran autonomía de actuación de que dispusieron los poderes locales y provinciales bajo el franquismo dio pie a una gestión selectiva de políticas y recursos que sirvió para ampliar las bases de apoyo social del régimen, además de para reprimir a los vencidos. Véase M. A. del Arco (2007).

³² Arquivo Histórico do Reino de Galicia (en adelante, AHRG). Gobierno Civil (en adelante, GC). Secretaría General. Negociado 1.º Administración Local (en adelante, Adm. Local). G-2936.

³³ Arquivo Histórico Provincial de Lugo (en adelante, AHPL). GC. Adm. Local. Sig. 12.708.

³⁴ AHPL. GC. Adm. Local. Sig. 12.699.

³⁵ AHRG. GC. Secretaría General. Negociado 1.º Adm. Local. G-2808.

³⁶ AGRO, marzo de 1949.

³⁷ AHRG. GC. Expedientes de municipios. Sig. 2768.

³⁸ AHPL. GC. Adm. Local. Sig. 12.699.

³⁹ AHPL. GC. Adm. Local. Sig. 12.703.

⁴⁰ AHPL. GC. Adm. Local. Sig. 12715.

⁴¹ AHPL. GC. Adm. Local. Sig. 12.697; 12.702; 12.707; 12.710.

⁴² AGRO, febrero de 1949.

⁴³ AGRO, noviembre de 1946.

⁴⁴ El conflicto generacional es mucho más importante en la Alemania nazi, donde se ha-bla de una «guerra en cada hogar», a pesar de que no provocó una resistencia abierta porque la gente se vio enredada en la «trampa ideológica» que identificaba las medidas autoritarias que el nazismo implementaba con las que cualquier cabeza de familia debía tomar para asegurar el bienestar y alimentación de los suyos (Wilke, 1987: 21).

⁴⁵ M. señala «... había mucho miedo y los padres se lo pasaron a los hijos». Entrevista a MLG (Seivane, Abadín).

⁴⁶ Entrevistas a MDG (Seoane, Friol); GRS (Foz); ML-Q. R. (Friol) y CAG (reproducida en Prada y Soutelo, 1997: 636).

⁴⁷ Basta recordar la actitud del maestro Gregorio Sanz, uno de los personajes más significados en el auge político y cultural de la República en Ribadeo y principal defensor del agrarismo, que tras ser condenado dos veces a muerte y pasar cinco años en prisión optó por olvidar su pasado y negarlo cuando el régimen ya había terminado. Su experiencia en la prisión la relata en primera persona en G. Sanz García (1986).

⁴⁸ Su historia de vida ha sido recogida por Jardón et al. (1997b).

⁴⁹ Un amplio estudio sobre la colonización en J. M. Cardesín Díaz (1985).

⁵⁰ AGA. Presidencia. Informes mensuales sobre la provincia de A Coruña. Informe de abril de 1942. Caja 51/20586.

⁵¹ Son abundantes las referencias a estas acciones [«Enérgica protesta de los campesinos de Lugo contra la rapiña falangista», en Mundo Obrero, 25 de marzo de 1948. «Galicia. Motín de campesinos contra la Fiscalía de Tasas y la Guardia Civil», Mundo Obrero, 6 de mayo de 1948], razón por la que la Fiscalía de Tasas publicaba «con alarmante regularidad listas de sanciones aplicadas a pequeños comerciantes y campesinos en todas las provincias españolas». El PCE hace llamamientos al campesinado para que «oculten sus cosechas, que se nieguen a declarar lo recogido y para que echaran del campo violentamente a los ladrones de las Comisiones de Requisa falangista» [«Las listas diarias de multas y expoliaciones», en Mundo Obrero, 20 y 27 junio de 1946] (Santidrián, 2002: 387).

⁵² Sobre la creación de esta imagen de una población en comunión con el régimen sin ningún atisbo de fisuras, véase J. Gracia (2004).

⁵³ La República Democrática Alemana, igual que Galicia, fue caracterizada por su aparente estabilidad, eficiencia y aquiescencia política, en contraste con las turbulentas historias nacionales de Checoslovaquia y Polonia. Según los estudios realizados para explicar esta distinta idiosincrasia, como el de M. Fulbrokk (1993), la explicación está en la capacidad represora del Estado y no en una pretendida diferencia de la mentalidad de la población de la RDA con respecto a la de sus países vecinos.

⁵⁴ Entre ellos, véanse G. Sanchez Recio, R. Moreno Fonseret y F. Sevillano Calero (1995); R. Reig (1999); A. Cenarro Lagunas (2001); J. L. Ledesma (2001); C. Molinero y P. Ysás (1998b).

⁵⁵ El miedo a la «propagación» del disenso está siempre presente en la documentación interna, pues las autoridades eran conocedoras de que desenvolvían su labor en un ambiente de descontento tal que cualquier acto de resistencia civil podría servir de «mecha». En un informe, el ingeniero de la Brigada de Lugo del Patrimonio Forestal del Estado explicita cómo el posible triunfo de un ayuntamiento lucense contra la política de repoblación forestal podría llevar «anexa la suspensión de todos los trabajos de repoblación en la provincia (...) por la repercusión que el hecho tendría en el ambiente campesino opuesto en principio en todas partes a esta iniciativa del Caudillo». AHPL. Fondo de la Delegación Provincial de Agricultura, San Breixo, 1943. La cursiva es nuestra.

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