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A partir de un vendaval de casos de corrupción conocidos desde la segunda década del presente siglo, Chile dejó de ser considerado un ejemplo de probidad y transparencia en la región, y se vio navegando en aguas turbias. El país modelo ya no se diferenciaba de sus vecinos del barrio, pues acá –como allá– campeaba la corrupción política, empresarial y militar. De eso, precisamente, trata este libro de perfiles. Del clientelismo y el acomodo en cargos públicos, como ocurrió con el exsenador Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho; y de la contraparte, de quien engrasa el sistema, como lo ha hecho Julio Ponce Lerou, a través de esa máquina pagadora de favores políticos en que se convirtió SQM.

Este volumen habla también de esa tradición de los uniformados por echar mano al erario público, representada por el exgeneral Flavio Echeverría, cabecilla del «Pacogate»; de ese mundo endogámico y de claroscuros que es el Poder Judicial, que permitió el progreso de un juez como Emilio Elgueta, expulsado de su puesto por tráfico de influencias y faltas a la probidad; de ese muchacho ambicioso y de pueblo como Sergio Jadue, que participó en el mayor escándalo de la FIFA; y de ese pobre diablo que siempre paga los costos de los superiores, como ocurrió con Álex Smith, el experto informático del caso Huracán, que ilustra la degradación moral de Carabineros.

A través de seis perfiles que exploran la faceta íntima y pública de quienes protagonizaron emblemáticos casos de corrupción, estas páginas permiten apreciar el devenir de un país que perdió la inocencia y al que es necesario observar en sus pliegues o dobleces, en lo oscuro, allí donde justamente aparece el rostro menos edificante –venal– de nuestra sociedad.

Joyitas

Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile

juan cristóbal peña (editor)

Joyitas. Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile

Juan Cristóbal Peña (editor)

© Editorial Hueders

© 2021, cada autor por su texto

Friedrich Ebert Stiftung / @fescomunica

Departamento de Periodismo / Universidad Alberto Hurtado

Primera edición: enero 2021

ISBN 978-956-365-226-0

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.

Diseño: Constanza Diez


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santiago de chile

Joyitas

Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile

juan cristóbal peña (editor)


Este libro contó con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung.

Prólogo

Juan Cristóbal Peña

La idea de este libro surgió de una disputa absurda ocurrida una noche de primavera de 2017, durante una sobremesa en un restaurante de Santiago. Periodistas de varios países de Latinoamérica que habíamos coincidido en un encuentro sobre libertad de expresión, nos vimos polemizando sobre la pertenencia de los mayores escándalos de corrupción en el último tiempo en la región. La competencia era reñida. En esa mesa había argentinos, brasileños y, creo, mexicanos, representantes de grandes potencias mundiales en la materia, a quienes procuré ilustrar sobre los casos Penta y SQM, que hacía no mucho habían salido a la luz pública en Chile, dando cuenta de pagos sistemáticos y solapados ocurridos durante años a políticos de casi todos los partidos con representación parlamentaria. Pero claro, en Argentina, por ejemplo, tenían los bolsos con fajos de millones de dólares enterrados en un monasterio de monjas. Y al lado, en Brasil, se lamentaban de Odebrecht, la empresa constructora que había contaminado a casi toda la región con generosos sobornos y coimas.

En medio de este debate de tintes tragicómicos, el periodista colombiano Omar Rincón propuso zanjar la discusión con una Copa Sudamericana de la Corrupción. Esto es, un libro que reuniera y ponderara en su conjunto los casos más sonados del continente.

–Ustedes los chilenos ya están clasificados –juzgó.

De pronto, después de haber sido una aparente isla de aguas calmas y transparentes, ejemplo de probidad en la región, estábamos clasificados para jugar en las ligas mayores.

Pero claro, antes de salir a disputar un torneo internacional había que tener una liga local para determinar a los seleccionados de cada país. Un libro que fuese una suerte de Campeonato Nacional de la Corrupción, volvió a decir el periodista colombiano, tomándose en serio la idea de una serie clasificatoria por países. No sonaba mal. A esas alturas, había bastante donde elegir en Chile.

***

El primer escándalo de corrupción en un servicio público tras el fin de la dictadura en Chile ocurrió en 1991, en la Oficina Nacional de Emergencia. Su encargado, militante democratacristiano de bajo perfil, del que jamás se volvió a hablar, había montado un pequeño emprendimiento de reventa de mercaderías almacenadas en las bodegas del servicio. A fin de cuentas, con la perspectiva del tiempo, ese militante fue apenas un minorista y en cierto modo una excepción para la década, porque desde entonces, y hasta entrado el nuevo siglo, no hubo noticias de grandes desfalcos sistemáticos protagonizados por civiles, sino más bien casos aislados y aventuras solitarias, como la del encargado de las operaciones a futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila, que dejó pérdidas por cerca de 200 millones de dólares de aquella época.

Definitivamente, en los años 90, en las grandes malversaciones al erario público participaron principalmente altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, que dispusieron a su antojo de un presupuesto de casi nulo control civil y al que desde los tiempos de la dictadura se acostumbraron a echar mano a voluntad. De hecho, el caso de los Pinocheques, que se conoció a fines de 1990 e involucró al primogénito del general Augusto Pinochet, había tenido origen en la década anterior, cuando “Augustito” recibió cheques por un total de cerca de tres millones de dólares, girados por la Comandancia en Jefe del Ejército en 1989, para la compra supuesta de una empresa de armamento que estaba en bancarrota. Después de fuertes presiones del jefe del Ejército, que amenazó con un golpe de Estado si el gobierno democrático perseveraba en llevar a su hijo a tribunales, el caso fue cerrado sin culpables.

Esa cultura de impunidad, abusos y privilegios explica también las millonarias cuentas del Banco Riggs que Pinochet había abierto y abultado de manera solapada desde los años 80, apelando a identidades falsas y testaferros. El caso recién fue conocido en 2005 –no gracias a autoridades chilenas, por cierto, sino por una investigación del Congreso de Estados Unidos que perseguía inversiones bancarias realizadas en ese país por grupos terroristas– y vino a derribar un mito: Pinochet hasta entonces podía ser un criminal, pero no un ratero. Pues bien, resultó ser las dos cosas, y por ninguna rindió cuentas ante la justicia.

La impunidad, otra vez, se imponía en este paraíso que era Chile para el resto del mundo desde los años 90. Un paraíso que, para ser tal, privilegiaba razones de Estado antes que la aplicación pareja de la ley.

Esto último también explica otro mito que permanecía tanto o más arraigado que el primero: en Chile, los políticos eran en su enorme mayoría gente honesta. Los políticos y los grandes empresarios. En parte, esa creencia tenía asidero en el bajo número de casos de corrupción, lo que era respaldado por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que desde mediados de los 90 situaba a Chile entre los países más probos de la región y del mundo. Pero ocurre que esa creencia comenzó a derrumbarse en 2014, cuando un gerente de las empresas Penta que fue despedido sin la indemnización que creía merecer, acudió al Ministerio Público y contó que, por años, había firmado cheques de la empresa para financiar a políticos de derecha. Como en Las crónicas de Narnia, el caso abrió la puerta a un mundo desconocido y fantástico, habitado por fuerzas oscuras y poderosas que vestían de cuello y corbata y acostumbraban a dictar patrones de buena conducta; un mundo que, además, señaló otros portales desconocidos de corrupción: la puerta de Penta permitió conectar al mundo de SQM, y este al de Corpesca, y así...

Todos los casos tenían un patrón común: financiamiento solapado a la política por medio de boletas que justificaban servicios inexistentes (ideológicamente falsas, fue la definición que recibieron). Aunque en rigor no es tan así, porque como ha quedado en evidencia, los servicios consistían en beneficiar con favores políticos y leyes a las empresas financistas.

De esta forma, después de que por años creímos navegar por aguas relativamente calmas y límpidas, al menos en lo que se refiere al poder civil, después de una borrachera de autocomplacencia y arrogancia que duró dos décadas y media, de pronto caímos en la cuenta de que debajo de la superficie había corrientes de aguas turbias y pestilentes. Entre tanto, lejos de amainar, la corrupción entre los uniformados seguía galopante. Y en paralelo se sucedían noticias sobre casos de colusión empresarial, uso de información privilegiada y elusión de impuestos.

Fue un despertar, un mal despertar, que nos devolvió a una realidad que gran parte de la élite empresarial y política se empeñó en negar y que contribuyó a incrementar un clima de desconfianza y permanente abuso que podría explicar el estallido social de octubre de 2019. El oasis en medio de una América Latina convulsionada –como definió el presidente Piñera al país, muy poco antes de que se desataran las mayores protestas desde la dictadura– en rigor era un terreno de extensiones tan yermas como las de nuestros vecinos en la región, en las cuales, acá como allá, campea el pillaje y la impunidad.

De eso justamente habla este libro, de algo que conocemos de sobra pero que no deja de sorprender, de esa tradición de los uniformados de echar mano a las platas fiscales para beneficio personal, como hizo el general de Carabineros Flavio Echeverría, cabecilla del mayor fraude a los dineros del Estado en la historia del país. De eso y del fin del mito, algo que supimos hace no mucho pero es más antiguo de lo que puede suponerse, como es el pago de coimas a los políticos; de esa idiosincrasia oportunista y ambiciosa que, en definitiva, no nos hace muy distintos a nuestros vecinos, pero que nos lleva a absurdos formalistas y burocráticos como entregar boletas para el pago de una coima.

Este libro habla de los vicios a los que conduce el acomodo en cargos públicos, del clientelismo y de ese desenfreno ciego y compulsivo por el poder de funcionarios como el exsenador Jaime Orpis, quien está acusado de defraudar al fisco y recibir coimas de una empresa pesquera que tenía intereses en un proyecto de ley en curso en ese entonces. Y habla, por cierto, de la contraparte, de quien ofrece dinero a cambio de favores políticos, de quien engrasa el sistema, en este caso, de ese gran corruptor de la política chilena que ha sido Julio Ponce Lerou, cuyo origen de su fortuna no se explica de otro modo que no sea por el hecho de haber estado casado con una de las hijas del general Pinochet.

Pero este volumen también habla de la ambición de ese muchacho de pueblo que toma un atajo y se inventa una oportunidad, como lo hizo Sergio Jadue, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la FIFA. Y habla, de paso, de algo de lo que se conoce más bien poco, como es el sistema judicial chileno, quizás el más sensible de todos los poderes del Estado. Un poder que, aparentemente, parece el menos degradado de los tres grandes poderes, pero que a la vez sigue siendo un mundo endogámico que favorece las condiciones para el progreso de un juez como Emilio Elgueta, quien, antes de ser removido del Poder Judicial y ser acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y prevaricación, se comportaba como esos antiguos magistrados de pueblo –campechano, clientelista y dadivoso–, siempre dispuesto a dar un favor a cambio de recibir otro.

Quizás la excepción en este recorrido la constituya el perfil de Alex Smith, ese profesor de informática autodidacta a quien la inteligencia de Carabineros recurrió para montar pruebas falsas que inculparan a líderes mapuches. En este caso, con su inclusión, hemos querido representar los alcances de la degradación moral de la policía uniformada, como también mostrar que en estos casos el hilo se suele cortar por lo más delgado: siempre habrá un pobre diablo a quien cargarle las culpas de los de más arriba. De paso, el retrato del Profesor Smith, como lo apodaron sus superiores, da cuenta de que muchas veces la corrupción es protagonizada y alentada por gente torpe y negligente, pero con poder e iniciativa. De ahí también su peligrosidad.

Sin duda esta selección nacional es insuficiente y parcial, si es que no también arbitraria, como lo es también la selección reunida en el libro ya publicado a instancias del mismo Omar Rincón, que contiene una selección de los casos más gravosos en Latinoamérica bajo el título Perdimos. ¿Quién gana la Copa América de la Corrupción? (2019). En nuestro caso, hay varios otros personajes e instituciones que merecerían un lugar en el podio. Es un campeonato corto, sin duda. Corto y desigual: no es lo mismo el que corrompe que el que se deja corromper. Sin embargo, en su conjunto, este libro procura ser una muestra representativa, a la vez que una voz de alerta y también un espejo. A fin de cuentas, los grandes casos de corrupción son en parte el reflejo de una sociedad habituada a pequeñas corruptelas, trampas y atajos, como saltarse la fila, ahorrar impuestos de manera mañosa o recurrir a algún amigo en la burocracia del Estado, porque qué se le va a hacer, si todos lo hacen, porque hay que sobrevivir, porque así funcionan las cosas en este país que, ya sabemos, no es ningún oasis.

Emilio Elgueta

el juez de los favores

Alberto Arellano

Aunque había amanecido despejado, la mañana del 26 de abril de 2019 estaba fría en Rancagua. La audiencia de formalización estaba programada para las nueve de la mañana. Poco después de esa hora ya se habían agolpado en las puertas del Juzgado de Garantía de esa ciudad más de una veintena de personas, todas atentas a la salida del imputado que, en esos minutos, era notificado de una serie de cargos en su contra.

Quienes lo esperaban afuera no eran familiares ni amigos. Era la muchedumbre de siempre, aquella que con la devoción de una misa dominical concurre a ese tribunal cada vez que estalla un caso de alta connotación pública en la ciudad. Van a descargar su rabia y a entregar su propio veredicto, a su modo, como si fuesen los miembros de un tribunal paralelo. Uno popular.

Es larga la lista de imputados que ha desfilado en los últimos años por el Juzgado de Garantía de Rancagua por cohecho, tráfico de influencias, obtención de ventajas indebidas y enriquecimiento ilícito. De eso es testigo el maestro albañil Bernardo Córdova, conocido como “El Hombre del Cartel”, residente de Requínoa y un emblema ya entre quienes esperan afuera de ese juzgado. Ahí estuvo sosteniendo su pancarta de ocasión –Natalia undistes a tu suegra (sic)– cuando formalizaron, en enero de 2016, a Natalia Compagnon y a Sebastián Dávalos –la nuera y el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet– por el caso Caval.

Córdova no se achica. Hace no mucho también viajaba a Santiago a pasar sus mensajes. En 2007, hizo parar el vehículo en que se desplazaban miembros de la familia Pinochet, acusados entonces de malversación de fondos públicos, y les enrostró el siguiente cartel: Pinochet y su mafia de hijos ladrones. Y en 2017 siguió de cerca por el Centro de Justicia a los excontroladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, con este: Pentagate: cárcel a los corruptos.

Esa fría mañana de abril de 2019, y pese al cáncer que lo aqueja, Córdova fue uno de los primeros en llegar. Llevaba puesta una gruesa bufanda rosada y un casco de faena pintado con los colores patrios. Con su mano derecha sostenía en alto una nueva consigna:

Justicia terrena corrupta.

Jueces-Fiscales es lo último.

¿Cuántos serán?

Claro, el formalizado no era cualquiera y la pregunta del cartel de Córdova –escrita con su dedo índice mojado en pintura– daba en el blanco, medio a medio. Quien comparecía en la silla de los acusados ante tribunales ese día era nada menos que el aún ministro y poco antes presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres (65 años). El mismo que durante casi una década fue una de las máximas autoridades responsables de impartir justicia en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

A contrapelo de los pronósticos de Córdova, la audiencia se alargó. Dentro del tribunal, los delitos que la Fiscalía local le imputaba al ministro Elgueta se acumulaban, así como las evidencias en su contra. El maestro albañil, de 78 años, estuvo haciendo guardia un par de horas, pero tuvo que irse antes –y a regañadientes– por trabajo.

Pasado el mediodía, apenas puso un pie en la calle, el ministro Elgueta fue engullido por una vorágine de flashes, cámaras y micrófonos. Vestía terno azul y corbata a rayas. La multitud de siempre, que sí esperó hasta el final de la audiencia, no lo perdonó.

“Viejo corrupto”, “viejo ladrón”, “sinvergüenza”, le gritaron a pocos metros en las puertas del tribunal de la misma jurisdicción que por largos años estuvo bajo su dominio. Como el coro teatral de una tragedia griega desnudando a un rey ya sin poder, en desgracia, convertido en una sombra inocua y pestilente de lo que alguna vez fue.

***

En 2019, Emilio Elgueta –quien llegó en 2011 a la Corte de Apelaciones de Rancagua proveniente de la de Santiago– enfrentó dos procesos investigativos en su contra. Uno administrativo, a cargo de la Corte Suprema, y que concluyó con su expulsión del Poder Judicial, tras más de 40 años de ejercicio en esa institución. El otro penal, y aún en curso, donde el Ministerio Público lo formalizó por varios delitos: enriquecimiento ilícito, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y nombramiento ilegal.

Removido de sus labores como ministro del tribunal de alzada de Rancagua el 26 de agosto de 2019, Emilio Elgueta es el principal protagonista de uno de los mayores escándalos ocurridos en democracia en el Poder Judicial. “Un golpe fuerte desde el punto de vista moral”, dijeron desde la judicatura, en medio del control de daños y cuando recién digerían la magnitud de la crisis que causó en la institución el caso del ahora exministro. Porque el fondo de la pregunta inscrita en el cartel de Bernardo Córdova cuando formalizaron a Elgueta es de sentido común y se la hizo todo el mundo: ¿en cuántos otros tribunales del país sucede lo mismo? ¿Qué tan extendido está el tráfico de influencias en el Poder Judicial?

En la investigación administrativa que siguió la Corte Suprema contra Elgueta figuraban, también con cargos, otros dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A uno de ellos, Marcelo Albornoz Troncoso, lo encontraron muerto en su casa el 3 de julio de 2019. Se quitó la vida con un disparo solo horas después de que el pleno de la Suprema decidiera suspenderlo momentáneamente de su cargo para estudiar su remoción. El otro ministro, Marcelo Vásquez Fernández, corrió la misma suerte que Elgueta –con quien mantenía una íntima amistad– y fue expulsado del Poder Judicial a fines de agosto de 2019. Dos meses después, a mediados de noviembre, la Fiscalía también formalizó a Marcelo Vásquez imputándole tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible.

El Ministerio Público investiga el origen de 25 millones de pesos repartidos en cinco cuentas de Emilio Elgueta y que, se sospecha, no tienen fundamento legal. Sí, no es mucho dinero, no se hizo rico. El tema es otro: de acuerdo con la Fiscalía son más de 20 depósitos en cuatro bancos distintos y en efectivo, realizados por él mismo justo antes o después de dictaminar fallos –a lo menos– polémicos.

Elgueta no maneja autos caros ni viste ropa exclusiva. Conduce un Chevrolet Sail avaluado en seis millones –le compró el mismo vehículo a su exesposa en 24 cuotas–, ha vivido largos períodos en viviendas fiscales del Poder Judicial y no figura con un patrimonio inmobiliario relevante. No cumple con el perfil de un tipo ávido de lujos. Al contrario, es descrito como una persona de gustos sencillos. Pero tiene cinco hijos –con tres parejas distintas– y carga con un tren de gastos que le costaba solventar con el dinero que recibía como ministro y profesor universitario. Andaba “corto de plata”, dice un funcionario de tribunales que pidió reserva de identidad; también que le gusta la vida nocturna, la buena mesa: otro ítem de gasto importante.

Una cronología similar a la de los depósitos bancarios bajo sospecha sigue más de un centenar de conversaciones telefónicas que Elgueta sostuvo con abogados el mismo día, en días previos o inmediatamente posteriores al dictamen de los fallos que hoy se le cuestionan. Sus interlocutores –uno en particular– litigaban en causas que el ahora exministro debía revisar y que terminó resolviendo a favor de estos.

Se investiga si Elgueta recibía dinero por esas resoluciones. En sus manos estuvieron imputados por narcotráfico, homicidio, tenencia ilegal de armas, manejo en estado de ebriedad, perjurio, falso testimonio y más. A todos, o casi todos, el ministro les suavizó las medidas cautelares o derechamente les redujo su condena.

Bajo su decisión estuvo también el destino judicial de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, a quien sobreseyó de cargos en el bullado caso Caval. Para el exministro Elgueta –quien ha dicho públicamente que su destitución fue motivada, entre otras cosas, por su posición política de izquierda y algunos fallos emblemáticos marcados por la defensa de los derechos humanos– esa causa gatilló una campaña en su contra para removerlo. También dijo, en entrevista con CNN Chile, que le faltaban pocos años para acceder por derecho propio a la quina de elegibles para un sillón en la Corte Suprema y que querían eliminarlo de esa carrera.

Un conocido doctor rancagüino, bonachón y amigo personal de varios funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua, condenado en esa ciudad por tráfico de psicotrópicos y delitos tributarios, figura entre los beneficiados por los fallos del exministro Elgueta. Otro caso: un alto funcionario judicial, poco después de ser nombrado juez de Garantía de Rancagua, transfirió un millón a la cuenta del ministro, su superior jerárquico. Si andaba o no con problemas de dinero, acá un dato: miembros de la corte de esa ciudad que supieron de esa transferencia bancaria aseguran que el traspaso sí correspondió a un préstamo y no al pago de un favor. Agregan que Elgueta le devolvió el dinero al juez a goteo, a veces con billetes de 10 mil y otras de 20 mil.

***

Cuando los antecedentes del proceso administrativo con el que se decidió su expulsión en 2019 llegaron a oídos de la Suprema, fueron varios los ministros del máximo tribunal a quienes se les vino a la memoria otras historias del ministro. Episodios incómodos que fueron mellando su ascendente carrera en la judicatura. Y es que en el ejercicio de sus funciones en el Poder Judicial, Emilio Elgueta ha tenido serios problemas para mantener a raya sus asuntos personales, lo que en dos oportunidades le ha valido la apertura de procesos disciplinarios en su contra.

5 de julio de 2010: “Estoy segura de que si mi marido hubiera sido gásfiter o tenido cualquier otra profesión u oficio alejado del Poder Judicial, yo estaría con mis hijos y ellos conmigo”.

Dos consideraciones para una lectura más nítida de esa confesión contenida en el expediente disciplinario Nº 1323 de la Corte de Apelaciones de Santiago. La primera: fue realizada “en caliente”, en medio de una disputa matrimonial. Aunque –y aquí la segunda– su responsable, Alejandra Rebolledo, es probablemente la persona que mejor conoce al removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Con varias rupturas y reconciliaciones de por medio, Alejandra Rebolledo estuvo casada con Elgueta durante 13 años.

Ninguna de las imputaciones que pesan hoy sobre el exministro de la corte rancagüina tiene relación directa con lo que denunció su exesposa hace 10 años, cuando Elgueta ocupaba una magistratura en la Corte de Apelaciones de Santiago: lo acusó de usar su posición e influencia en la judicatura para quitarle a sus hijos. Pero lo que desencadenó la confesión de Rebolledo en 2010 ofrece un origen trazable, un hito que al menos insinúa que nada de lo que sucede ahora con él es tan extraño: por esos hechos, la Corte Suprema lo sancionó por ejercer presiones indebidas y sacar ventajas utilizando su investidura de ministro.

En enero de 2014, la Corte Suprema ordenó abrir un nuevo expediente administrativo en su contra. Esta vez lo detonó otra expareja de Elgueta, quien lo acusó de hostigamiento. La denuncia, al igual que la que interpuso su exesposa Alejandra Rebolledo en 2010, también fue llevada al lugar de trabajo del exmagistrado.

Cristina Rosas, la denunciante y exalumna de Elgueta en un centro de formación técnica de Santiago, entregó antecedentes suficientes como para armar un competitivo guion para la franja de teleseries de media tarde: amor, desilusión, despecho e intriga, con una trifulca en las puertas de una iglesia en medio de un matrimonio, son los puntos altos de ese novelón que volvió a colocarlo al centro del comidillo en los pasillos de la judicatura.

Una de las cosas llamativas de esta nueva denuncia es que Rosas reconoció en una declaración judicial que el exministro movió hilos para conseguirle trabajo en tribunales del país. Pero en 2014, cuando esos antecedentes fueron conocidos en las altas esferas del Poder Judicial, nadie se escandalizó y Elgueta no fue sancionado. Más tarde el escenario fue otro.

Al exministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua también se le cuestionó por nombramientos irregulares en esa jurisdicción y por influir o presionar para abrirles espacio en tribunales e instituciones públicas a personas de su círculo. Parejas y alumnas, entre ellas.

Los vínculos que ha establecido Emilio Elgueta –a veces más allá de lo profesional– con estudiantes de distintos centros de educación superior le han pasado la cuenta. Dos de ellas, a quienes Elgueta conoció en labores de docencia cuando ya ejercía como magistrado en Rancagua, figuran en los antecedentes del proceso disciplinario que desencadenó su remoción definitiva. En ambos casos se le acusa de hacer gestiones para ubicarlas en tribunales de esa región.

Elgueta ha insistido en que solo buscaba darles una mano. Un cercano da fe de la preocupación del exministro por sus estudiantes y de que solía ofrecerles apoyo cuando enfrentaban necesidades o problemas. Asegura que lo hacía de manera desinteresada, porque el exministro –definido por quien fuera uno de sus estudiantes como uno de los profesores “más carismáticos” que tuvo en su carrera– construyó su vida en medio de varias adversidades. Perdió a su madre a los seis años y, poco después, a una de sus hermanas. Cuando tenía 15, su padre, miembro del Comité Central del Partido Comunista y quien falleció de cáncer en 1987, fue apresado y torturado por agentes de la CNI.

Emilio Elgueta terminó sus estudios primarios en el emblemático Liceo Manuel Barros Borgoño, para luego ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se graduó de abogado en 1978. Ya siendo ministro de corte y profesor universitario, le gustaba imprimir el valor del esfuerzo y la meritocracia en sus estudiantes. “No me digan a mí lo que es vivir en piso de tierra”, era una de sus frases recurrentes en clases, según una exalumna. Su historia, la de un hombre sin redes, contactos ni apellidos influyentes ejerciendo cargos de importancia en la judicatura nacional, estaba envuelta en esa épica.

Pero hay quienes también señalan que era usual que Elgueta alardeara sobre sus redes y contactos, y que no era raro que ofreciera a algunas de sus alumnas oportunidades laborales. Una funcionaria del Primer Juzgado Civil de Rancagua, y también exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua, entregó su testimonio en el último proceso administrativo contra el exministro. Dijo que Elgueta, en más de una oportunidad, le ofreció ayuda, pero que nunca la aceptó porque sabía que era un ofrecimiento “interesado”. A raíz de ese rechazo, agregó, siempre sintió que su permanencia en ese tribunal era inestable. Al menos en ese juzgado de Rancagua corría el rumor de que si no tenías un buen contacto, como el que ofrecía Elgueta, era difícil hacer carrera.

Son varios los antecedentes con los que la Corte Suprema delineó un patrón en su desempeño como ministro del Poder Judicial al momento de considerar su remoción: Elgueta hace valer su posición y presiona para obtener favores: era ministro de corte y no gásfiter, y algunos de esos favores comprometían la independencia de su labor.

Pero vamos al principio.

***

Hasta julio de 2010, fecha en que su entonces esposa, Alejandra Rebolledo, lo denunció en la Corte de Apelaciones de Santiago –lo que hizo que su nombre saltara por primera vez a los titulares de la prensa–, Emilio Elgueta era prácticamente desconocido para cualquier persona ajena al círculo de ministros, jueces, secretarios y funcionarios del Poder Judicial. A ellos habría que agregar algunas decenas de estudiantes de un par de centros de educación superior en la Región del Maule y en Santiago, donde se desempeñó como académico impartiendo materias civiles, procesales y penales.

Elgueta mantenía un bajo perfil público y llevaba una carrera judicial ascendente, iniciada en 1979 como oficial tercero del Juzgado de Menores de San Miguel, y luego en cargos de cada vez mayor peso en tribunales de Santiago, Coyhaique, Curicó y Talca. Fue en Talca donde llegó en 2001 a integrar la Corte de Apelaciones de la ciudad. Allí, el juez se convirtió –por primera vez– en ministro del Poder Judicial, escalando a la presidencia de ese tribunal un año más tarde. “Partió de abajo. Mientras estudiaba trabajó como actuario, en los tiempos en que se cosían los expedientes a mano”, dice una cercana.

Los hechos indican que 2002 fue un año auspicioso para él. Como presidente del máximo tribunal de la Región del Maule, coronaba una trayectoria de más de dos décadas en el Poder Judicial, donde fue escalando con buenas calificaciones. Se había separado no hacía mucho de su primera mujer –con quien tuvo dos hijos y una relación que no terminó en los mejores términos–, y el 14 de noviembre de ese año se casó con Alejandra Rebolledo, a quien había conocido en 1998. De esa relación también nacieron dos hijos.

Rebolledo cursaba por entonces estudios de sicología en la Universidad de Las Américas, en Santiago, establecimiento contra el que Elgueta inició una acción judicial en 2005. ¿El motivo? Hacer valer los derechos de su esposa, luego de que la universidad decidiera incorporar inglés en su malla académica como asignatura obligatoria. Pero el tribunal ni siquiera se pronunció sobre el fondo: el recurso fue desestimado por extemporáneo. Elgueta, que fue el que litigó, perdió.

En este episodio hay un detalle. Puede leerse como un sutil despliegue de poder, una manera de facilitar el trámite judicial o como un simple descuido. El hecho es el siguiente: al presentar el recurso contra la Universidad de Las Américas, Emilio Elgueta, actuando como abogado, fijó domicilio en calle Álvarez de Toledo Nº 1022. No es cualquier domicilio. Allí funciona la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal donde, tras su paso por Talca, había aterrizado como fiscal judicial.

***

El removido ministro Elgueta siempre tuvo en mente llegar a la Suprema. Su retorno a Santiago desde la Región del Maule pudo tener que ver, entre otras cosas, con el deseo de pavimentar ese camino que, como condición deseable –no excluyente–, tiene un paso previo: la Corte de Apelaciones de Santiago o, en su defecto, otra corte de peso a nivel nacional.

La mitad de los miembros que actualmente componen el pleno de la Suprema ocupó el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago antes de escalar a la máxima magistratura. Otro puñado, los que han hecho carrera judicial (cinco de sus integrantes deben ser abogados ajenos al Poder Judicial), proviene de cortes prominentes como las de Valparaíso, Concepción, Rancagua y San Miguel.

En 2004, y a la par de sus labores como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Emilio Elgueta retomó la academia. Estando en Santiago ejerció como docente de derecho procesal en la Uniacc. Allí obtuvo en 2007 el premio al mejor profesor de la carrera de Derecho, año en que la directora de esa escuela era la exministra de Educación y Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga.

“Era un excelente profesor y, además, una buena persona. Un valor que siempre nos inculcó es el de la austeridad y él lo encarnaba. También el de la empatía. Te pongo un ejemplo: cuando tú no estabas al día en el pago de la mensualidad no se podían rendir los exámenes. Emilio igual los tomaba. Entre impartir justicia ciega y ser empático, él optaba, cuando había mérito suficiente, por la empatía con sus alumnos”, cuenta la abogada y exalumna de Elgueta en la Uniacc, Tábata Recabarren.

Fue la propia abogada Recabarren quien asumió la defensa administrativa del exministro ante la Corte Suprema, cuando se decidía su remoción del Poder Judicial en 2019. Dice que lo hizo convencida de que la conducta de su exprofesor no fue éticamente reprochable. Asegura que en la preparación de esa defensa participaron más exalumnos, incluso de otras universidades:

“Defendí al más humilde de los ministros y, como su alumna, fue un honor hacerlo. Lamento enormemente la decisión adoptada”.

Paralelamente con sus clases en la Uniacc, Emilio Elgueta impartió cursos en la Academia Judicial y enseñó materias procesales y penales en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, un centro de formación técnica al que en 2014 se le rechazó la acreditación.

La llegada de Emilio Elgueta al Instituto Canon revolvió su vida personal. Fue allí donde conoció a Cristina Rosas, su alumna en derecho procesal y con quien inició más tarde una relación sentimental paralela a su matrimonio. La relación con Alejandra Rebolledo –de la que se separó oficialmente en 2015– pasaba por una severa crisis.

A mediados de 2007 apareció la oportunidad que Emilio Elgueta esperaba para seguir escalando posiciones. En mayo de ese año, se abrió una vacante en la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la ratificación de la entonces ministra de esa corte Gabriela Pérez Paredes, como nueva integrante de la Suprema. A fines de noviembre, siendo aún fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Elgueta fue incorporado en la terna para ocupar la plaza dejada por Pérez en el tribunal de alzada de Santiago. Sorpresa causó en algunos miembros del Poder Judicial ver su nombre en esa instancia. Lo veían como un salto inesperado en su carrera.

Contra el pronóstico de algunos, a comienzos de 2008 Emilio Elgueta tomó posición de su nueva investidura, en reemplazo de la ministra Gabriela Pérez. Quedaba a pocos escalones de la más alta magistratura.

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Cuando a fines de marzo de 2019 salieron a la luz pública los primeros indicios que lo vinculaban a graves casos de corrupción, la Policía de Investigaciones allanó la oficina del exministro Elgueta en la Corte de Apelaciones de Rancagua. En la gaveta de su escritorio –que fue descerrajada– los detectives encontraron una foto de Gabriela Pérez; otra de un demonio con una mujer desnuda con sus ojos recortados y un muñeco de mimbre con billetes falsos de 10 mil pesos, entre otros objetos. Trascendió entonces que la imagen de Gabriela Pérez –la ministra a quien Elgueta reemplazó en la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– estaba atravesada por tres clavos.

Fue un bocado, de esos que aparecen dos o tres veces al año, para los matinales de televisión que llenaron sus horas de transmisión con ese hallazgo. Unos pusieron a noteros a recoger la impresión de la calle: “Malo, ese hombre no tiene corazón... es un brujo de esos malos”, se escuchó en el programa Mucho Gusto, de Mega, que también llevó al set a un miembro de la Iglesia Ortodoxa para aclarar:

–Reverendo –preguntó el animador José Miguel Viñuela–, ¿existe realmente o se podría avalar la magia negra?

–Tal como existe la fuerza vivificadora que proviene de Dios, existe la fuerza negativa, la magia negra, que viene del demonio –respondió el sacerdote.

–¿Y uno la puede ocupar como ser humano? –contrapreguntó Viñuela.

–Es que son dos entidades que emanan energías: Dios, positivas; y el diablo, negativas. Ahora, si tú eres capaz de involucrarte con una de estas dos, vas a tener resultados diferentes.

Eso era lo que ofrecía la televisión abierta a las 10 de la mañana del 2 de abril de 2019. La prensa también estalló con la noticia. Vudú, magia negra, ocultismo, satanismo, brujería por todos lados. En medio de ese tráfago, los motivos de la animadversión de Elgueta hacia Gabriela Pérez pasaron a segundo plano, hasta que el diario El Mercurio logró hablar con la exministra:

–(Periodista) Cercanos a Elgueta comentan que él siempre decía que usted se habría reído de él cuando se acercó para decirle que la había reemplazado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

–(Ministra Pérez) Es probable que se lo haya dicho, porque ya tenía problemas. Yo nunca he votado por él. No desconozco que se lo pude haber dicho. Obviamente que no me podía reemplazar, modestia aparte, porque siempre estuvo con un pie como para que lo sancionaran.

La exministra –con fama de eficiente, prolija y estricta– agregó que nunca tuvo buena opinión de Elgueta, que no era un buen ministro y que ella lo evaluaba siempre con un cuatro. Nota “regular” en la escala de calificaciones del Poder Judicial, de acuerdo con el tecnicismo del Código Orgánico de Tribunales. Baja, en definitiva, para alguien que aspira a llegar a la Corte Suprema. Las notas de la ministra Pérez le bajaban el promedio a Elgueta porque, pese a sus antecedentes administrativos, la mayoría de los ministros de la Suprema lo evaluaron por años con calificaciones sobresalientes.

Acá otro motivo probable para el encono de Elgueta con Pérez: en más de una ocasión, Gabriela Pérez ha criticado públicamente la soterrada influencia en el Poder Judicial de la masonería, institución de la que Emilio Elgueta fue expulsado en abril de 2019 y que durante años le proveyó de una red de contactos en la judicatura y entre autoridades de gobierno de la Nueva Mayoría.

Hay un tercer elemento a considerar –el más relevante– y que nos lleva de vuelta al exministro Elgueta ocupando el asiento dejado por Gabriela Pérez en el tribunal de alzada santiaguino. El 7 de diciembre de 2010, tras un proceso de meses, la Corte Suprema decidió sancionar a Emilio Elgueta. Fue una medida disciplinaria que puso fin al sumario iniciado en julio de ese año, tras la denuncia que Alejandra Rebolledo interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra su entonces marido. Dice el documento:

Emilio Elgueta Torres desplegó conductas al margen de los procedimientos establecidos por la ley al efecto, valiéndose de la calidad ya señalada [ministro] de manera tal que no cabe sino concluir que se vulneró el principio de ética judicial vinculada a la probidad, cuyo respeto irrestricto exigía al señor ministro conducirse de un modo diverso al que lo hizo y no valerse de su investidura a fin de obtener algún provecho o ventaja personal.

La suspensión por cuatro meses con apertura de un cuaderno de remoción es la sanción más grave que puede recaer sobre un funcionario del Poder Judicial. Fue justamente esa la determinación que tomó la Corte Suprema en 2019 cuando decidió apartar a Elgueta de la Corte de Rancagua y luego expulsarlo de la judicatura.

Pero hace 10 años, y en el contexto de ese sumario administrativo, el pleno de la Suprema optó por castigarlo con la medida más leve contemplada en la normativa judicial: una amonestación privada.

Fue votación dividida.

La suprema Gabriela Pérez no quedó conforme con la medida disciplinaria. La encontró insuficiente para lo que ella consideraba una falta grave. Su propuesta, a la que adhirió el también ministro Pedro Pierry, apuntaba mucho más lejos: suspender a Elgueta de sus funciones por un mes con goce de media remuneración, una sanción tres grados más arriba de la que dictaminó la corte.

Otros tres magistrados estuvieron por no levantarle cargos a Elgueta y sobreseerlo: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Araya.

–¿A qué atribuye que se le aplicara una baja sanción?

–Lo atribuyo a sus vinculaciones con algunos ministros de la Corte Suprema y de otras personas por la masonería –dijo la exministra Pérez en la entrevista con El Mercurio el 6 de abril de 2019.

Un dato de contexto: Dolmestch y Araya –quienes dejaron la Corte Suprema en 2019 y 2014, respectivamente– son miembros de la masonería. El primero, de hecho, ostenta el grado 33, el más alto de la Gran Logia, equivalente al título de Soberano Gran Inspector General de la Orden.

Un matiz, también de contexto: la postura de Dolmestch, Araya y Künsemüller estaba en línea con la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo y en la que siete integrantes de ese tribunal, en acuerdo con el fallo, solo le recomendaron “mayor prudencia” al ministro sumariado.

Fue en la Corte Suprema –con la exministra Pérez solicitando la sanción disciplinaria más dura– donde la decisión de primera instancia que dejaba a Elgueta sin tacha en su hoja de vida cambió.

En 2010, y por primera vez, Emilio Elgueta obtuvo un promedio de calificaciones en el Poder Judicial solo “satisfactorio” (nota 5,9). Sus líos dejaron una estela que también le pasó la cuenta al año siguiente: obtuvo una ponderación de notas “regular”, con un 5,2. Su hoja de vida del Poder Judicial muestra que fue un bajón de solo dos años. Antes y después solo registra evaluaciones que lo ubican en la escala “muy buena” o “sobresaliente”.

Gabriela Pérez dejó la magistratura en enero de 2013. Su foto apareció en el cajón del despacho del removido ministro seis años después de su retiro del Poder Judicial.

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La historia que originó el primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta en julio de 2010 es compleja y, sobre todo, delicada.

A comienzos de junio de 2010, Elgueta presentó una denuncia en Fiscalía por violencia intrafamiliar, tras una fuerte discusión con su esposa, Alejandra Rebolledo. Según el expediente judicial de esa causa, la Fiscalía decidió no perseverar en el asunto. Rebolledo terminó internada en una clínica de Ñuñoa con un cuadro depresivo. Ambos dieron versiones contradictorias del origen de la pelea.

El asunto no quedó allí y comenzó una batalla por la custodia de sus hijos. Elgueta, tras un veredicto de tribunales, consigue que queden a su cuidado. Rebolledo contraataca con otra acción judicial por violencia intrafamiliar en contra de su marido, y el 5 de junio denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago que Elgueta utiliza influencias para privarla de sus hijos. Allí introduce la metáfora del gásfiter, dando a entender que su esposo se aprovecha de su cargo ministerial.

“Me amenaza con que no los volveré a ver, amenaza a mis familiares de que perderán el trabajo y presiona a funcionarios policiales, médicos y a toda persona que me presta ayuda”, declaró en esa oportunidad. Define a Elgueta como un celópata y a su matrimonio, como un martirio.

Tras un encuentro fortuito en la calle, Elgueta asegura haber sido golpeado por su esposa. Se dirige al hospital El Salvador a constatar lesiones y presenta una nueva denuncia por violencia intrafamiliar. El relato posterior del exministro indica que, a esas alturas, una de sus mayores preocupaciones era que la prensa pudiera hacer un festín de su situación, tomando en cuenta su calidad de ministro.

El tema traspasó la esfera de lo privado los días 26 y 27 de julio de ese 2010. En ese lapso, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó 10 llamados desde el teléfono celular del Poder Judicial que tenía asignado. Los destinatarios: el juez titular del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés Mellado, donde quedó radicada la causa por violencia intrafamiliar presentada por Elgueta, y el entonces jefe de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Violencia Intrafamiliar de la zona oriente, Matías Moya Lehuedé, a cargo de las diligencias.

A ambos los puso al tanto de la situación en la que se encontraba. Al fiscal, a quien contactó ocho veces, le informó en un primer llamado que estaba en una comisaría de Providencia denunciando a Rebolledo por violencia intrafamiliar. Le preguntó qué podía hacer. Moya Lehuedé, según la declaración que prestó después, le comunicó las diligencias que vendrían luego de su denuncia y le pidió que colaborara con la investigación, que lo llamarían de Carabineros para evaluar el “grado de riesgo” en el que podría encontrarse, siguiendo el protocolo institucional.

El fiscal agregó que, como el procedimiento arrojó un rango de riesgo “alto/vital”, envió a un policía de punto fijo al domicilio del exministro.

En llamados posteriores, Elgueta le preguntó, muy alterado, si se había notificado la orden que prohibía a su mujer acercarse a sus hijos. Le respondió que no, pero que se comunicarían con la comisaría y con el juez Avilés para pedir una constancia judicial.

Luis Avilés dijo que no sabía cómo Emilio Elgueta consiguió su número telefónico y que era primera vez que hablaba con él. Cuando contestó, agregó, su interlocutor se identificó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que luego lo puso al tanto de la situación y le avisó que el fiscal Moya Lehuedé lo iba a contactar para pedirle una orden en contra de su señora. Horas después, el juez Avilés recibió el llamado de la Fiscalía.

¿Puede un gásfiter hacer lo mismo?

El último llamado de Elgueta al fiscal Moya Lehuedé está registrado el 3 de agosto. Justo el día anterior, los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se reunieron para decidir la terna entre los nueve candidatos que se postulaban para el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte. Entre ellos figuraba el fiscal Moya Lehuedé. Andrés Montes –quien finalmente ocuparía el puesto– obtuvo 22 votos. Moya Lehuedé solo tres. Uno de ellos, de Elgueta.

En este primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta, Moya Lehuedé declaró que el entonces ministro solo recibió trato de víctima, que nunca se sintió presionado por él y que jamás le hizo referencia al concurso para fiscal regional. Moya Lehuedé, de buena trayectoria en el Ministerio Público, dejó esa institución a comienzos de 2015.

El 2 de septiembre de 2010, el juez instructor a cargo del proceso disciplinario propuso que Elgueta fuese sancionado con una amonestación privada por el siguiente cargo:

Vulnerar el principio de ética judicial, vinculado a la probidad, que exige abstenerse de intervenir de cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate, lo que se traduce en la especie en una presión indebida con el objeto de conseguir un beneficio directo.

Como sabemos, fue sobreseído –con cuatro votos en contra– por sus pares de la Corte de Apelaciones. En la Suprema, con el voto de la exministra Gabriela Pérez, las cosas cambiaron.

En medio de este proceso, una de las cosas que más desestabilizó al ministro Elgueta fue ver su nombre en la prensa. No por un logro, claro, sino asociado a una causa de violencia intrafamiliar y a la mala utilización de su cargo. También que su intimidad quedara expuesta –y sin mucho filtro– ante colegas y funcionarios de la corte de Santiago.

A principios de agosto de 2010, pocas semanas antes de que le formularan los cargos, Emilio Elgueta solicitó ser trasladado de la corte de Santiago a la de San Miguel, pero le denegaron la petición. Fue una permanencia incómoda que se extendió por nueve meses más, hasta que encontró la fórmula.

En abril de 2011, la Corte Suprema autorizó su traslado, luego de que adujera “razones familiares estrictamente personales”. Pero no fue San Miguel el destino. Fue en Rancagua donde encontró a un ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad dispuesto a hacer un enroque con él. En argot jurídico, fue una permuta de cargos.

En mayo de ese 2011, Emilio Elgueta fue nombrado ministro del máximo tribunal de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. No tan lejos de Santiago, pero lo suficiente como para que las cosas se calmaran, para dejar atrás los rumores de pasillo y enterrar, de a poco y para siempre, ese negro episodio.

Estando en Rancagua, las chances de llegar a la Suprema en el futuro aún se mantenían. Al año siguiente de su designación, de hecho, ocupó la presidencia de esa corte en reemplazo del ministro Carlos Aránguiz, quien fue promovido precisamente al pleno del máximo tribunal. No estaba todo perdido y así lo entendió. Prueba de ello es que en diciembre de 2016, y estando como ministro en Rancagua, postularía a una plaza –como fiscal judicial– en la Corte Suprema. No tuvo éxito.

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En el primer proceso administrativo en su contra, en 2010, Emilio Elgueta declaró que la disputa con su esposa, Alejandra Rebolledo, se produjo cuando él le pidió la tuición voluntaria de los dos hijos que tienen en común.

En sus descargos omitió un acontecimiento clave: en octubre de 2007, se convirtió en padre por quinta vez, luego de más de dos años de relación con su exalumna de derecho procesal en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, Cristina Rosas.

La relación entre el exministro y Rosas partió como una amistad. Hacia fines de 2004, Cristina Rosas terminaba sus estudios y Elgueta le ofreció una suplencia en el 5to Juzgado del Crimen, y luego le consiguió una práctica profesional en el 4to Juzgado Civil, ambos de San Miguel. Era la jurisdicción donde su profesor –antes de ser promovido a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– se desempeñaba como fiscal judicial.

Cristina Rosas retrataría al Elgueta de entonces –el hombre de quien se enamoró– como un caballero, buena persona y, por lo que él mismo le contaba, un excelente padre. Elgueta no le ocultó que estaba casado. Su matrimonio, a esas alturas, solo se sostenía en el papel. Le presentó a algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos al exministro Marcelo Vásquez Fernández, también expulsado del Poder Judicial.

La percepción de Rosas sobre su pareja solo comenzó a cambiar a mediados de 2007, después de dos años y algo más de idilio. No estaba en los planes de Elgueta convertirse nuevamente en padre. Rosas –quien trabajó en tribunales de Viña del Mar y Santiago– diría después que, por motivos laborales, tuvo que mantener bajo reserva su embarazo el mayor tiempo posible.

La relación continuó “con más penas que alegrías”, según ella misma la definió en una declaración. Elgueta seguía viviendo con su esposa y el sueño de hacer una vida juntos se desvanecía para Rosas. En 2010, ella le dio un ultimátum. Ahí fue cuando Elgueta, en junio de ese año, le pidió la tuición voluntaria de sus hijos a Alejandra Rebolledo, lo que desencadenó la serie de acontecimientos que le valieron una sanción de la Corte Suprema por sacar ventaja de su cargo.

Tras el quiebre matrimonial con Rebolledo, Elgueta y Rosas alcanzaron a vivir juntos durante un año, hasta septiembre de 2011. Ahí, en la convivencia diaria, la relación se fue al despeñadero. A fines de ese mismo año rompieron. Según dichos posteriores de Rosas, Elgueta llegaba tarde y buscando siempre una excusa para discutir.

Para entonces, Elgueta ya ejercía labores como ministro en la judicatura rancagüina y había encontrado un puesto como profesor de derecho procesal en la Universidad de Aconcagua, sede Machalí. Poco después de la ruptura definitiva con Cristina Rosas, Emilio Elgueta se reconcilió con su esposa, Alejandra Rebolledo, y volvieron a vivir juntos, esta vez en una casa fiscal en Rancagua, asignada por el Poder Judicial.

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En enero de 2014 –al igual que lo hiciera Alejandra Rebolledo en julio de 2010–, Cristina Rosas denunció a Emilio Elgueta ante sus superiores de la Corte Suprema. Se abrió en su contra un segundo expediente administrativo –número de ingreso 80/2014– en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Son seis los hechos relevantes de este nuevo capítulo sentimental que volvió a comprometer el desempeño laboral del ministro:

1) Junio de 2013: casi dos años después del quiebre con Emilio Elgueta, la exalumna, expareja y madre de uno de los hijos del entonces ministro, Cristina Rosas, conoce a quien posteriormente se convertiría en su marido.

2) Poco más tarde, día y mes indeterminados, Elgueta se entera de esa nueva relación de Rosas. En octubre, ella le pide a Elgueta que deje de llamarla por teléfono. Lo hacía, según denunció, casi todas las noches. Agrega que la “hostigaba demasiado” y que no la dejaba tener una vida independiente.

3) A comienzos de diciembre de 2013, Elgueta se entera de que Rosas se casa. Le envía una pesada ráfaga de mensajes de texto cargados de despecho. No hay vulgaridades. Sí un tono catastrófico, hiperbólico. Tras saber por terceros de la boda de su expareja, se siente traicionado. Esos mensajes constan en el nuevo expediente administrativo contra el entonces ministro y fueron presentados como evidencia por Cristina Rosas ante la corte para sustentar su acusación.

Un puñado de mensajes de texto incluye información personal del novio de Rosas, que no se sabe cómo Elgueta obtuvo: nombre, profesión, universidad donde estudió. Por alguna razón maneja, además, detalles del costo de la boda y de la ceremonia religiosa. No se advierten amenazas explícitas, pero la novia teme que suceda algo.

Rosas: “Tengo susto, porque Emilio tiene amigos en Investigaciones que entraban al correo de Alejandra [Rebolledo], pero sin necesidad de cambiar la clave. Me causa temor que Emilio sepa que nos gastamos seis millones en el matrimonio, información que solo estaba disponible en mi correo, lo mismo, respecto de la fecha, hora y lugar donde nos casaríamos por la iglesia. Creo que sus mensajes son parte de una amenaza velada. Sabe todo de mi marido, esto no lo encuentro normal”.

4) 11 de enero de 2014. Novio espera a novia, Cristina Rosas, en la puerta de la iglesia en Santiago. Novia llega y divisa a una mujer con lentes oscuros y no presta demasiada importancia. Es Alejandra Rebolledo. Minutos más tarde se arma una trifulca frente a todos los invitados. ¿Qué sucedió? Según la novia, Rebolledo le habría dicho que venía a “cagarle” el matrimonio, “al igual que ella lo había hecho con el suyo”.

Tras el altercado en la iglesia, Cristina Rosas se querella contra Alejandra Rebolledo. En juicio oral, el tribunal no puede dar por acreditada la versión de la novia, quien acusó a Rebolledo de ingresar por el pasillo central de la iglesia hacia el púlpito para atacarla con una botella de ácido, en una mano, y un cortaplumas, en la otra. Alejandra Rebolledo es sobreseída. En proceso paralelo, se condena, en cambio, al hermano de la novia –que participó de la batahola–, por lesiones menos graves contra Rebolledo, quien también presentó querella acusando haber sido agredida por familiares de la novia en la iglesia.

5) Corte Suprema acoge denuncia de Cristina Rosas en contra de Elgueta por hostigamiento. Se instruye a la Corte de Apelaciones de Rancagua la designación de un ministro instructor que investigue. El abogado de Rosas pide a ese tribunal suspender a Elgueta.

6) 31 de enero de 2014: Rosas recibe dos llamados. El número que aparece en la pantalla de su móvil es el del teléfono fijo del Juzgado de Garantía de Rancagua. Rosas no atiende. Sí lo hace su abogado más tarde. Al otro lado de la línea: Marcelo Víctor Vásquez Fernández, el otro ministro expulsado del Poder Judicial junto a Elgueta y, por entonces, juez titular de ese tribunal.

Se dice que el llamado de Vásquez tenía como objetivo persuadir a Rosas para que retirara la denuncia que había dado pie a la apertura de este segundo proceso disciplinario contra Elgueta. Vásquez admite llamados, pero explica que solo quería felicitar a la mujer por su matrimonio, que conoce a Cristina Rosas por la larga relación de amistad que él tiene con Elgueta.

Emilio Elgueta no fue sancionado en este nuevo proceso sumarial. El ministro instructor que llevaba la investigación propuso el sobreseimiento de la causa, decisión ratificada luego por la Corte Suprema.

El miedo de aparecer nuevamente en titulares y ver expuesta su vida, ahora en Rancagua, volvió a rondarle. Poco antes de que se precipitara la trama que terminó por segunda vez con un sumario en su contra, Emilio Elgueta interpuso un recurso de amparo en la justicia para borrar de internet las notas de prensa que se referían a la primera sanción que recibió en 2010, tras la denuncia de Alejandra Rebolledo.

Dice el recurso: “Deduce acción de protección en contra de la empresa Google Chile por mantener –como empresa proveedora de servicios y de búsqueda de contenidos en Internet– información referida a una situación de orden judicial y privada que le aconteció, lo cual implica una afectación de su integridad y la de sus hijos, y de su derecho al respeto y protección de su vida privada y pública, y la honra de su persona y de su familia”.

En el escrito se aclara que Elgueta y Rebolledo tuvieron “dificultades” familiares el año 2010, pero que ya se encuentran “subsanadas”.

El 15 de enero de 2014, cuatro días después del altercado en la iglesia, ese recurso fue desestimado por los tribunales: “El recurrente tiene una confusión respecto de cómo funciona el motor de búsqueda Google. (...) Google no publica contenido, sino que muestra como resultado de búsqueda la página web donde dicho contenido estaría publicado (...) el recurrente ni siquiera identifica la fuente de publicación que reprocha”.

Para peor, la noticia de la apertura de este segundo sumario administrativo en su contra –incluidos los incidentes en la iglesia– reventaría poco después en la prensa. A contrapelo de sus propósitos, la presencia en la web de Elgueta aumentó. Aún así, sus tribulaciones no alcanzaban a ocupar la totalidad de la primera página de resultados del popular buscador.

Hoy su nombre está por todas partes.

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En ocasiones, Luis Evaristo Arenas Contreras atiende gratis a pacientes con problemas económicos en Rancagua. Personas que conocen al médico cirujano lo definen como un tipo sociable, entrador. Agregan que a veces también visita sin costo a personas mayores de edad en sus propios domicilios. Son varios los que lo saludan en la calle, cuando va o viene de su consulta ubicada en la céntrica Alameda de la ciudad, casi al frente del Hospital Regional de Rancagua. Luis Arenas, o “Luchín”, como le llaman algunos con cariño, es popular.

A las habilidades sociales del doctor, habría que agregar que Rancagua es un micromundo. Personajes como él se hacen notar. Las historias –desgracias ajenas más que buenaventuras– se desparraman rápido. Nada tan distinto a lo que sucede en otras ciudades de Chile. Pero Rancagua ha estado movida.

En la plaza de armas de la ciudad –Plaza de los Héroes– hay un puestito de café con mesas al aire libre. Es un punto estratégico donde se puede medir la temperatura de lo que pasa en la ciudad. Está ubicado de manera equidistante, entre la Municipalidad y la Intendencia; cerca de la Catedral; a un par de cuadras del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces, y a unas cuantas más de la Fiscalía Regional y de la Corte de Apelaciones, en calle Brasil 992.

En ese café, en el centro del poder rancagüino, se junta pasado el mediodía un grupo de hombres a discutir. Se toman su tiempo, pasan horas, varios días a la semana. Algunos cargan con aventuras políticas fallidas, otros son artesanos, escritores, columnistas esporádicos de medios locales. Hablan fuerte, se echan tallas, interpretan los acontecimientos. Tienen el pulso de lo que pasa, de lo que se sabe oficialmente y de lo que circula bajo cuerdas. Tema no les ha faltado, sobre todo desde que ese caluroso 5 de febrero de 2015 estallara el escándalo de especulación inmobiliaria en la vecina comuna de Machalí, con la nuera y el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet como protagonistas.

Como una bola de nieve en descenso y con el bullado Caso coimas de 2002 como un lejano telón de fondo –oportunidad en que Bernardo Córdova, “El Hombre del Cartel”, le propinó un cartelazo en la cabeza al exsubsecretario Patricio Tombolini, imputado y luego absuelto en esa causa–, Rancagua ha vuelto a granjearse fama como epicentro de noticias nacionales.

Ellos pueden ofrecer versiones, con mayor o menor precisión, sobre la debacle en la Corte de Apelaciones de Rancagua y cómo esto conecta, en un punto específico pero clave, con el caso Caval; sobre cómo, casi inmediatamente después del derrumbe del tribunal de alzada rancagüino, se desplomó la Fiscalía de esa ciudad con la suspensión de los persecutores jefes de esa institución, Emiliano Arias y Sergio Moya; sobre el fraude con los fondos del Teatro Regional, dependiente del municipio, y sobre la sustracción de estatuas de alto valor patrimonial que aparecieron decorando la hacienda del empresario Raúl Schüler, en Mostazal. También sobre la madeja de poder que allí se teje entre parlamentarios, ministros de Estado, magistrados, jueces, notarios, ediles, autoridades locales, fiscales y abogados. Quién es quién; quién con quién. Todo –y todos– muy cerca, quizá demasiado.

Algunos admiten que Elgueta pudo haber “metido las patas”, pero creen que le están pasando la cuenta por sus fallos, por ser un ministro de izquierda. Por “meter las patas” se refieren, entre otras cosas, a que se vinculó con las personas equivocadas.

El doctor Luis Arenas Contreras, pieza visible de ese micromundo rancagüino, también es conocido por extender licencias y recetas médicas con generosidad. Su nombre incluso traspasó el boca a boca. Una página web en la que usuarios evalúan y recomiendan doctores, califica a Arenas Contreras con nota máxima, sobre la base de una decena de opiniones. Solo loas hacia el doctor: humano, de buen corazón, preciso en diagnósticos, empático, atento, hasta sabio. Salvo por el comentario número cinco:

Muy buen médico para quienes andamos buscando una justificación para no trabajar. (...) Te puede diagnosticar desde una depresión hasta una leucemia, pasando por lumbagos, endocarditis. Solo cobra 15 lukitas (sic) por 12 días de licencia.

Puede no significar nada, un comentario “mala leche” de un usuario que, además, se resguarda en el anonimato. Pero en abril de 2015, al doctor Arenas le cayó encima el Servicio de Impuestos Internos (SII). En una ofensiva que el organismo llevó a cabo a nivel nacional tras detectar un explosivo aumento de licencias médicas fraudulentas, a Luis Arenas se le acusó por omisión maliciosa de impuestos. Fueron al menos 1.500 las boletas de honorarios que habría emitido entre 2008 y 2010 (140 millones de pesos en total) por servicios médicos que según el SII no declaró. El doctor fue condenado en juicio abreviado por esos hechos en abril de 2017.

Fue la segunda condena que recibió en menos de un mes. Solo días antes había enfrentado en tribunales rancagüinos el término de otro largo proceso judicial en su contra, esta vez por tráfico de sicotrópicos. Y es en relación con ese proceso judicial donde entra en escena el exministro Emilio Elgueta.

Elgueta conoció a Luis Arenas poco después de llegar a Rancagua, en mayo de 2011. Los juntó la logia masónica Jorge Washington Nº 56, en calle Almarza, de la que ambos eran miembros. A ellos se sumaba el fallecido ministro Marcelo Albornoz –también miembro de esa logia– y el ministro Marcelo Vásquez Fernández, que llegó desde Valdivia a la Corte de Apelaciones de Rancagua en enero de 2016.

Luis Arenas hizo de médico de cabecera de Elgueta, Vásquez y Albornoz, y de varios funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Él mismo fue quien firmó en 2014 el parte médico que acreditó ante la justicia que Alejandra Rebolledo, la entonces esposa de Elgueta, resultó policontusa; con TEC cerrado; jaqueca posterior-traumática y síndrome confusional vertiginoso, tras el escándalo que se produjo en medio del matrimonio de Cristina Rosas. El documento fue clave en el sobreseimiento judicial de Rebolledo –de hecho, Arenas declaró en ese juicio– y también en la condena por lesiones que recibió el hermano de Rosas.

Luis Arenas –el cirujano bonachón, el imputado– tenía una llegada inusual en el Poder Judicial rancagüino. Caía bien, simpático, coqueteaba con funcionarias. A una la invitó a salir, pero no hubo caso.

El doctor era una bomba de tiempo. Si no fuese por él, esta historia nunca hubiese sido escrita.

***

Fue un mensaje por WhatsApp, un cambio de luces. La suerte del exministro Emilio Elgueta Torres comenzó a torcerse el 9 de enero de 2016. La noche de ese día, Luis Arenas le consultó a Elgueta por el estado de un recurso de protección que había presentado junto a otros médicos días antes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, para frenar una disposición sanitaria de la Seremi de Salud que los afectaba.

–¿Cómo salió el recurso, hermanito? –le preguntó.

La respuesta del ministro fue escueta, pero fue la que a la larga lo jodió:

–No se vio hoy.

–Ok, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz –le respondió Arenas.

Solo dos días después, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por el ministro Emilio Elgueta, acogió el recurso de protección de Luis Arenas. Al día siguiente, en fallo dividido y con el voto a favor de Elgueta, el tribunal dispuso orden de no innovar. En simple: la resolución de la Seremi de Salud quedó invalidada.

Pero, ¿de qué se trataba esa resolución?

Luego de detectar un aumento inusual de emisión de recetas para la compra de fentermina, medicamento para adelgazar sujeto al control de la Ley 20.000 de Drogas, la secretaría ministerial de Salud de O’Higgins fijó un límite a los médicos para recetarla. Su consumo a nivel nacional había pasado de ocho mil cajas, en 2012, a más de 400 mil en 2014.

Arenas tenía montado un negocio ilícito de venta de fentermina, una red compuesta por tres distribuidores que ofrecían el fármaco por Facebook –entre 15 mil y 25 mil pesos la caja–, y que luego despachaban por Chilexpress. Esa orden de no innovar –y la posterior eliminación por vía judicial de la medida sanitaria– le permitió continuar con su emprendimiento por un tiempo más, hasta que meses después lo pillaron.

Fueron esos hechos los que le valieron al doctor una condena por tráfico de sicotrópicos, el mismo mes de abril de 2017 en el que también fue sentenciado en causa paralela por delitos tributarios en el caso de las licencias médicas.

El intercambio de mensajes de texto entre Arenas y Elgueta puso al exministro bajo el radar de la Fiscalía y es una de las pruebas con las que el año pasado se decidió su expulsión de la judicatura. Pero no fue el único magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se enredó con el médico. Marcelo Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz también lo hicieron. Este último le pidió como favor al doctor Arenas que le facilitara $1.500.000. Aunque las versiones entregadas por testigos difieren en algunos detalles, todo indica que era dinero para costear el tratamiento médico de un miembro de la logia masónica. El problema no era el destino del dinero, una causa benéfica, más bien el momento. Cuando le solicitó ese monto, Albornoz era juez de Garantía de Rancagua y el doctor Arenas ya estaba siendo investigado por tráfico y delitos tributarios. Pero el asunto es más delicado: Arenas, para entonces, estaba prófugo de la justicia que, poco antes, había decretado prisión preventiva en su contra por la venta ilícita de fentermina. Albornoz diría después que nunca se enteró de la imposición de esa medida cautelar contra Arenas, pues en esos momentos –mismos días en que le solicitó el dinero– él estaba con permiso administrativo.

En la causa paralela que la justicia seguía contra Luis Arenas por delitos tributarios, el tribunal de Garantía de Rancagua también había dictaminado medidas cautelares para el doctor. Una serie de partes policiales evidencia que, en reiteradas oportunidades, el doctor Arenas incumplió el arresto domiciliario nocturno que pesaba en su contra, sin que ese tribunal adoptara medidas.

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En octubre de 2013, cuando ya había vuelto a convivir con Alejandra Rebolledo tras su ruptura con Cristina Rosas, Emilio Elgueta ingresó una denuncia en la Fiscalía de Rancagua por hurto simple. Acusó a su asesora del hogar de haberle robado a su esposa unos aros de oro y dos anillos. La mujer siempre insistió en su inocencia y, finalmente, se acogió a un procedimiento judicial abreviado. Nunca quedó clara su participación en los hechos que se le imputaron.

El exministro Elgueta no caía bien en la Fiscalía de Rancagua. Dos versiones indican que cuando hizo esa denuncia, llamó directamente al fiscal regional de entonces, Luis Toledo, para que un persecutor con experiencia viera esa causa. Y luego se preocupó personalmente de conocer las diligencias que se hacían al respecto a través de varios llamados telefónicos. Como no hubo resultados concretos, el ministro se enfureció.

Tiempo después, también se enfureció cuando presionó para meter, sin éxito, a Alejandra Rebolledo a trabajar como sicóloga a la Fiscalía Regional. Para entonces, ambos ya habían decidido divorciarse. De acuerdo con la sentencia judicial de mayo de 2015, el ministro se comprometió con una pensión mensual de dos millones de pesos y a adquirir una vivienda para ella y sus hijos que costara como mínimo 2.000 UF (unos 56 millones de pesos). Los costos asumidos por Elgueta –que debía lidiar con la manutención de cinco hijos– iban en ascenso.

Luego trató de abrirle espacio en la Fiscalía Regional a su exalumna del ramo de derecho procesal en la Universidad de O’Higgins, Gladys Bustos. A Emilio Elgueta se le atribuía una relación amorosa con ella.

El exministro Elgueta sentía que en la Fiscalía le debían un favor y quería cobrarlo. De ahí que haya intentado ubicar laboralmente en esa institución a Rebolledo, su exesposa, y a su exalumna. Pero, ¿sobre la base de qué?

El 2 de mayo de 2016 se presentaron ocho postulantes al cargo de fiscal regional de O’Higgins, luego de que el fiscal jefe, Luis Toledo, fuese trasladado a Santiago para ocuparse de la unidad de drogas del Ministerio Público. Emiliano Arias, quien finalmente ocuparía ese puesto, recibió el voto de Elgueta. Hoy, a más de cuatro años de ese episodio, Elgueta está convencido de que todo lo que hoy se le imputa responde a una operación de los fiscales Arias y Moya en su contra. Ya se ahondará en ese punto.

El 24 de marzo de 2019, cuando parte de los antecedentes que derivaron en su formalización ya se habían hecho públicos, Elgueta se refirió a Arias con absoluto desparpajo en El Mercurio:

–Desgraciadamente, lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba para decirme que lo apoyara, y lo apoyamos, y fue nombrado.

Sobre quiénes son los de “arriba” hay más bien versiones y lo único concreto es que era usual que Elgueta hiciera gala de sus contactos en las altas esferas del poder, en particular de su cercanía con los exministros José Antonio Gómez (Justicia y Defensa) y Jaime Campos (Justicia). A este último, masón como Elgueta, lo apoyó en Rancagua cuando se postuló, sin éxito, a Gran Maestro de la Logia de Chile en 2018.

Cuando supo que Alejandra Rebolledo había sido desestimada por la Fiscalía de Rancagua, Emilio Elgueta le envió dos mensajes de texto al fiscal Arias:

–Gracias. Le agradezco toda su preocupación y dedicación al tema personal que le conté. No todos los seres humanos son iguales. Yo soy súper jugado. Y si un amigo me pide un favor, se lo hago, porque sé lo importante que es PARA MI AMIGO. Que tengas un buen día.

No se aguantó –quizá la ironía había sido demasiado sutil– y volvió a la carga con otro mensaje:

–No te la jugaste. Esperaba a un amigo. De verdad. Como los que yo tengo y contados con los dedos de las manos. ¿Sabes? Siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Talca anulé un concurso donde no venía un amigo. Y él después fue nombrado. Esos son amigos. Que te vaya bien.

Otra exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua también recibió su ayuda. De acuerdo con el expediente que sustentó su remoción, el exministro exigió –y logró– que la integraran al Primer Juzgado Civil de Rancagua a través de presiones a la secretaria de ese tribunal, a quien, además, le habría ofrecido su voto para el cargo de jueza de San Fernando. El relato de una funcionaria de ese tribunal indica que en su nuevo lugar de trabajo, su exalumna se pavoneaba de su cercanía con el exministro Elgueta.

No son casos aislados, ya está claro. En más de 10 oportunidades Elgueta firmó la designación de la hija de su amigo, el también expulsado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, en cargos de suplencia en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Vásquez hizo lo mismo y también firmó en una oportunidad el nombramiento de su propia hija.

Al exministro Marcelo Vásquez se le cuestionó también por la designación en tres oportunidades de una exalumna de derecho de la Universidad de la República en cargos transitorios de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuando estalló el caso de los ministros de Rancagua, a fines de marzo de 2019, Marcelo Vásquez vivía en un departamento de un edificio de ocho pisos ubicado en la céntrica calle Campos de la ciudad. Es una vivienda pequeña, de un ambiente, con cocina americana y escasamente amoblada. El 13 de abril, poco después de que salieran a la luz los antecedentes en su contra, el exministro Vásquez tomó todas sus cosas y se marchó del lugar. Era un departamento en arriendo. Pero el contrato indica que el arrendatario oficial del inmueble no era Vásquez, sino su amigo y colega, Emilio Elgueta.

No hay claridad sobre el porqué del raudo abandono del exmagistrado del edificio y cuál era el destino inicial de ese departamento por el que Elgueta estuvo pagando arriendo poco más de un año. Tras la salida de Vásquez del inmueble, quedaron en el incinerador del edificio varios desechos, entre ellos una ruma de envases de suplementos alimenticios y proteínas. El ministro Vásquez –quien en sus 32 años en el Poder Judicial también figura con calificaciones “muy buenas” y “sobresalientes”– se mantiene en forma y uno de sus hobbies es la actividad física. Se le ve con frecuencia entrenando en el gimnasio Sport 9 Fitness Gym, de Machalí.

Respecto de las designaciones que se le cuestionan, Elgueta dijo a CNN Chile, en una de las pocas entrevistas que ha dado tras ser expulsado del Poder Judicial, que eso es usual que ocurra en la judicatura, que la Corte Suprema llama recurrentemente a sus subalternos para pedir favores, nombramientos. En esa entrevista, ya sin mucho que perder, tiró del mantel. Y sacó al ruedo al exministro Hugo Dolmestch (“llamaba a través de su secretaria”, dijo) y también a los ministros Silva –sin especificar si se trata del actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, o del supremo Mauricio Silva– y Haroldo Brito, quienes, afirmó, “tuvieron cercanía conmigo, no voy a decir en qué términos, para tener los cargos que tienen”.

Emilio Elgueta se retrató en esa entrevista como una suerte de eslabón en una larga cadena de favores enquistada al interior del Poder Judicial. “Yo soy un subalterno, si no lo hago, soy mal calificado (...) así que no me atribuyan cosas que suceden todos los días”, agregó.

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Tras la serie de desencuentros producidos por las presiones de Elgueta para ubicar a Alejandra Rebolledo y Gladys Bustos en la Fiscalía, la tensión con los persecutores de Rancagua llegó a su punto de ebullición el 2 de enero de 2018. Ese día, el tribunal de alzada rancagüino debía revisar un dictamen en primera instancia que solo semanas antes había rechazado el sobreseimiento definitivo del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet en la arista principal del caso Caval. La Fiscalía de Rancagua le imputaba a Sebastián Dávalos negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Poco antes de esa audiencia, Marcelo Vásquez Fernández, entonces presidente de la corte, dispuso repentinamente el cambio de los miembros de la sala donde se vería el recurso. El ministro Ricardo Pairicán, quien debía concurrir originalmente a esa instancia, fue marginado y reemplazado por el abogado integrante Álvaro Barría.

Ese día 2 de enero, Sebastián Dávalos, por decisión unánime de la sala compuesta por Vásquez, Elgueta y Barría, fue sobreseído definitivamente. La Fiscalía de Rancagua presentó más tarde una queja ante la Corte Suprema, pero el recurso fue desestimado por el máximo tribunal. Dávalos quedó fuera de la investigación. Pudo haber mérito para que así fuera, pero a la luz de los hechos actuales ese movimiento no se ve bien. De hecho, uno de los cargos que levantó la Suprema contra el ministro Vásquez tiene relación con la discrecionalidad con la que el exmagistrado operó ese día.

A la salida de tribunales, el hijo de la expresidenta Bachelet se fue con todo contra la Fiscalía de O’Higgins. La trató de “corrupta”. Pero Dávalos debió volver tres meses después a Rancagua para una nueva formalización en una causa subsidiaria de Caval, originada en una querella por estafa presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha. Cerca de la puerta del tribunal lo esperaba Bernardo Córdova, quien meses antes ya le había enrostrado un cartel que decía: Davalo (sic) el hijo del año. Este fue el diálogo:

–Hola, chanta –saludó “El Hombre del Cartel”.

–Hola, tatita, váyase pa’ la casa que hace frío –respondió Dávalos.

Córdova no se fue ni se calló:

–Ladrón, ladrón, ¿quién te va a defender ahora?

Una segunda fractura entre la Fiscalía de O’Higgins y la Corte de Apelaciones de Rancagua se produjo en octubre de ese mismo 2018, luego de que la primera sala de ese tribunal –integrada por Elgueta y Vásquez– acogiera un recurso de protección interpuesto por la Iglesia Católica. Los ministros decretaron orden de no innovar, lo que paralizó por casi dos meses la investigación que llevaban los persecutores de Rancagua por abusos sexuales y encubrimiento de sacerdotes.

Por esas fechas, Bernardo Córdova se paseaba por las calles de Rancagua con su casco de faena y vestido con una sotana blanca amarrada con un cíngulo en su cintura: Tolerancia cero. Sacerdocio abusadores. Deben ser casados, decía su cartel.

Los puentes entre dos de los poderes más importantes de Rancagua estaban dinamitados. A fines de ese mismo mes de octubre, Elgueta y Vásquez fueron a Santiago a dejarle en persona al fiscal nacional, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias. Lo acusaron de “odiosidad”, también de “afán de protagonismo”.

Para entonces, todo indicaba que los exmagistrados ya se habían enterado de que la Fiscalía de Rancagua había abierto una investigación en su contra por el nombramiento irregular de la hija de Marcelo Vásquez en tribunales de la zona. Pensaban, de hecho, que sus teléfonos estaban pinchados. La visita tenía como fin inhabilitar al fiscal Arias y, probablemente, enterrar esa investigación en la que ambos figuraban como protagonistas.

Elgueta está convencido de que lo que le sucede ahora tiene su origen, entre otras cosas, en una vendetta de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya. Una pasada de cuentas por sus fallos adversos a los intereses de la Fiscalía de Rancagua en los casos Caval, Iglesia y otros.

A mediados de noviembre de 2018 hubo otra reunión clave en la Fiscalía Nacional. Tal como reveló Ciper en marzo de 2019, el 19 de noviembre de ese año, el senador por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, se entrevistó durante la mañana con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para “manifestarle su preocupación” por las diferencias entre los fiscales de Rancagua y los ministros de la corte de esa ciudad. Ese mismo día, por la tarde, se instruyó desde la Fiscalía Nacional que la causa contra Elgueta y Vásquez –por el nombramiento irregular de la hija de este último en distintos tribunales de la Región de O’Higgins– saliera de Rancagua y que quedara radicada en la Fiscalía Regional del Maule. Fue un alivio para ambos.

Pese a la decisión del fiscal nacional, para entonces los persecutores de Rancagua ya habían acumulado un cargamento importante de otros antecedentes –aún más graves– en contra de Elgueta y Vásquez. Su formalización era inminente.

El 26 de abril de 2019, Emilio Elgueta fue acusado por la Fiscalía de Rancagua por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Al nombramiento irregular de la hija del exministro Vásquez, las gestiones para favorecer a su exesposa y a exalumnas, y a la intervención en beneficio del doctor Luis Arenas Contreras, la Fiscalía sumó como evidencia un centenar de llamados telefónicos con abogados que se habrían visto beneficiados en causas que él mismo falló y cerca de 20 depósitos en efectivo en sus cuentas, cuyo origen no está claro.

Solo semanas después del desplome de la Corte de Apelaciones de Rancagua, vino el de la Fiscalía Regional de esa ciudad. Fue como un efecto dominó. La historia da para largo, pero lo sustantivo es que Sergio Moya, fiscal jefe de Rancagua, quemó las naves: acusó a su superior, Emiliano Arias, fiscal regional, de tráfico de influencias y de obstrucción a la justicia, además de “ensalzar su imagen y sacar provecho personal” de ciertas causas con afán de protagonismo. A los pocos días, fue dado a conocer un email que revelaría una eventual intervención del fiscal Moya en el montaje de la bullada Operación Huracán, antecedentes que se sumaron a las ya para entonces conocidas reuniones que tuvo en su domicilio con el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en medio de ese escándalo. En ambos casos se levantaron sumarios e investigaciones.

La onda expansiva del “desastre de Rancagua”, como ha tildado la prensa a esta sucesión de acontecimientos, desembocó en una severa crisis institucional en la región, con varias bajas en el camino.

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Dice que los depósitos de dinero que hoy son investigados por el Ministerio Público corresponden a reembolsos que le hacían los apoderados de dos compañeros de universidad de su hijo que vive y estudia en Santiago. Que entre los tres amigos arriendan un departamento y que, para facilitar las cosas, él se hacía cargo de los gastos que luego eran restituidos.

Las explicaciones de Elgueta respecto del origen de sus dineros no convencen al Ministerio Público. Porque, ¿cómo se explica que parte de los depósitos a goteo, en efectivo y en cinco cuentas distintas de esos 25 millones de pesos que se le imputan como mal habidos coincidan –en fechas cercanas– con llamados de y hacia abogados y procesados en causas que falló a su favor?

En todas las sentencias que hoy se le cuestionan a Emilio Elgueta se repite un mismo abogado litigante: Gabriel Henríquez Arzola. Solo en 2018, Elgueta y Henríquez registran 116 conversaciones telefónicas. Varias fuentes conocedoras del caso aseguran que son amigos, que comparten en reuniones sociales, tipo asados y demás. Elgueta nunca se inhabilitó en esas causas. A propósito: Henríquez Arzola fue el abogado del popular doctor Arenas en la causa en la que este terminó condenado por tráfico de sicotrópicos.

En otras causas, Elgueta se comunicó por teléfono de manera directa con los imputados. A dos de ellos, abogados acusados de perjurio, los conocía y con uno había entablado también amistad. No se inhabilitó y su voto contribuyó a que fueran sobreseídos. Uno de esos abogados, de hecho, había defendido a su exesposa, Alejandra Rebolledo, en una causa que entabló en 2015 por una abdominoplastía fallida contra una médico cirujana.

También concurrió con su voto para reducirle la pena, de 10 a seis años, a un condenado por homicidio que mató a otro hombre a cuchillazos. A un formalizado por manejo en estado de ebriedad con causa de muerte, le revocó la prisión preventiva por otra cautelar de menor intensidad. Lo mismo con imputados por narcotráfico. A uno, que ingresaba cocaína en tarros de pintura a la “Gonzalina”, como se conoce a la cárcel de Rancagua, le fijó una caución con la que obtuvo su libertad a la espera de sentencia. Todos ellos eran clientes del abogado Henríquez Arzola.

El plazo de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en su contra fue ampliado hasta abril de 2021. Serán los tribunales rancagüinos los que determinarán la legitimidad de esos fallos y si el exministro Elgueta actuó movilizado por incentivos anexos al de impartir justicia.

El 22 de marzo de 2019, la Corte Suprema decidió apartar a Emilio Elgueta de sus funciones, a la espera de evaluar su remoción definitiva del Poder Judicial. Segundos antes de salir de la Corte de Apelaciones de Rancagua, miró a cada uno de los que tenía en frente –colegas, funcionarios– y les dijo: “Yo voy a volver”.

Algunos lo leyeron como una amenaza velada; una advertencia de que cobraría cuentas a los que no guardaran silencio en la investigación administrativa y penal en su contra. Estaba seguro de que la suspensión sería breve y que su regreso sería solo cosa de tiempo. No fue así. Elgueta –junto al ministro Marcelo Vásquez– fue removido de la judicatura el 26 de agosto de 2019 por decisión unánime del pleno de la Corte Suprema y ya no vuelve.

La sensación de que contaminó a todo el Poder Judicial pesó en los magistrados que decidieron ponerle fin a su carrera. Cuando en los primeros días del otoño de 2019 terminó por romperse el desagüe en Rancagua, el mal olor lo inundó todo. Ni el mejor trabajo de gasfitería habría podido revertir tamaña descomposición.

Emilio Elgueta no quiso responder preguntas para esta investigación. Ha bajado ostensiblemente de peso y hoy intenta reinventarse como abogado en una oficina particular en Rancagua. “Yo soy el ministro más pobre de Chile”, se le escuchó decir casi al final de la entrevista que dio a CNN Chile. A comienzos de 2020 interpuso una demanda por despido injustificado en contra del Estado y reclamó una indemnización de 520 millones de pesos. El tribunal que la revisó, sin embargo, se declaró incompetente.