Historia nacional de la infamia

Historia nacional de la infamia

Crimen, verdad y justicia en México

PABLO PICCATO

Traducción de Claudia Itzkowich

Primera edición, 2020 | Primera edición en inglés, 2017

Título original: A History of Infamy. Crime, Truth, and Justice in Mexico

Traducción de Claudia Itzkowich

Fotografía de portada: © Rodrigo Moya, El pistolero

Fotografía de solapa: © Xóchitl Medina

Diseño de portada: León Muñoz Santini y Andrea García Flores

D. R. © 2020, Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC

Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, 01210,

Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

www.cide.edu LibrosCIDE

D. R. © 2020, Libros Grano de Sal, SA de CV

Río San Joaquín, edif. 12-B, int. 104, Lomas de Sotelo, 11200,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

contacto@granodesal.com www.granodesal.com GranodeSal LibrosGranodeSal grano.de.sal

Todos los derechos reservados. Se prohíben la reproducción y la transmisión total o parcial de esta obra, de cualquier manera y por cualquier medio, electrónico o mecánico —entre ellos la fotocopia, la grabación o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación—, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-98762-6-5 (Grano de Sal)

Índice

Agradecimientos

Introducción | Hacia una historia nacional de la infamia

Primera parte | Espacios

1.Una sola mirada al escenario del crimen | La justicia y la publicidad en el espejo de los jurados criminales

Historia y estructura

María Del Pilar Moreno

Toral, Conchita y el descenso hacia la opacidad

Conclusiones

2.No pisar los charcos de sangre | La nota roja y la búsqueda pública de la verdad

El negocio de las páginas policiacas

Los productores de la realidad

Las narrativas de la nota roja

Conclusiones

Segunda parte | Actores

3.Detectives perdidos | Los policías, la tortura y la ley fuga

Detectives anómalos

Policías oscuros

La ley fuga

Conclusiones

4.Crímenes horribles | Los asesinos como autores

Alberto Gallegos

Goyo y el criminólogo

Asesinos sin gloria

La multiplicación de los asesinos

Conclusiones

5.Tipos cuidadosos | Los pistoleros y el negocio de la política

Política y pistolerismo

Los valores del oficio

El negocio de ser pistolero

Tres asesinatos

Conclusiones

Tercera parte | Ficciones

6.Nuestra época, nuestras perspectivas | El surgimiento de la novela negra mexicana

La comedia policiaca

Las revistas crean lectores y autores

El misterio literario de Leo D’Olmo

Conclusiones

7.Nuestros modelos del Espanto | El crimen como venganza, justicia y arte

María Elvira Bermúdez: la obsesión literaria

Rodolfo Usigli: el criminal y el artista

Juan Bustillo Oro: el director y el criminal

Rafael Bernal: el detective se convierte en el pistolero

Conclusiones

Conclusiones | Mantener los ojos abiertos

Apéndice | Estadísticas del crimen en México en el último siglo

Notas

Abreviaturas de las fuentes de archivo

Para Xóchitl, Catalina y Aída

Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos que intentaban mantener los ojos abiertos en medio del sueño.

Soñé con crímenes horribles Y con tipos cuidadosos que procuraban no pisar los charcos de sangre y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada el escenario del crimen.

Soñé con detectives perdidos en el espejo convexo de los Arnolfini: nuestra época, nuestras perspectivas, nuestros modelos del Espanto.

ROBERTO BOLAÑO, La Universidad Desconocida

Agradecimientos

Si no hubiera sido testigo del ejemplar rigor, el arduo trabajo y las largas horas que mis hijas Catalina y Aída dedicaron a sus estudios de preparatoria y universidad, probablemente me habría tardado muchos años más en escribir este libro. Su amor por el conocimiento, sin embargo, me hizo darme cuenta de que valía la pena unírmeles durante no pocas noches en vela para producir algo que en un futuro pudiera ser de interés para otros estudiantes. Todo esto fue posible, por supuesto, porque Xóchitl Medina, mi esposa, maestra de maestras, nos enseñó a trabajar duro y hacer las cosas bien. Mis conversaciones con las tres acerca de las historias de este libro me ayudaron a mejorarlo y a darme cuenta de su relevancia. Ya sea que las haya escrito cerca de ellas o a distancia, cada una de las líneas que siguen está en deuda con las tres.

Es probable que haya comenzado este libro, sin saberlo, el primer día de clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1983. Mientras esperaba a que llegara un maestro, leí un relato de André Gide acerca del misterioso caso de una mujer que había sido encerrada en un cuarto oscuro durante 25 años; mi hermana me había regalado el libro por mi cumpleaños. 32 años después me encontré con una cita del mismo libro en Violette Nozière, de Sarah Maza: “Mientras más conocemos las circunstancias, más profundo se vuelve el misterio.”¹ La coincidencia dice mucho acerca de las razones por las que estudié y escribí historia en los años que transcurrieron entre uno y otro suceso, pero también acerca de las deudas en las que he incurrido desde entonces. La sed de leer de todo, pero siempre volver a Jorge Luis Borges, se la debo a mi familia, incluida mi hermana Cecilia, mi hermano Antonio, mi madre Ana y mi difunto padre Miguel Ángel. Leí el libro de Maza porque Kate Marshall, la editora de University of California Press, me lo envió como parte de la asesoría y el impulso que le dio a este proyecto. También estoy agradecido por el trabajo de Luis Herrán, Bradley Depew, Francisco Reinking y Sue Carter. Mi colaboración con los coeditores de la serie sobre la historia de la violencia en Latinoamérica a la que pertenece este libro, Paul Gillingham y Federico Finchelstein, también ha sido un factor invaluable. Paul ha sido una fuente de energía y saber. Su profundo conocimiento del siglo XX en México me ayudó a agudizar mis argumentos y a ubicarlos en el contexto adecuado. Federico además fue clave en el empuje para terminar este proyecto, así como en mi esfuerzo por conceptualizar la violencia y la política. Estoy muy agradecido por su lectura del manuscrito, la cual sacó a relucir ideas que no se habían formulado bien en un inicio. Mi deuda con los lectores de University of California Press es muy profunda: Mary Kay Vaughan, Elaine Carey y Robert Buffington mejoraron este libro de maneras decisivas. Rob ha leído mis últimos tres libros, de modo que mi gratitud hacia él es particularmente profunda. Adela Pineda, Thomas Rath y Benjamin T. Smith fueron extremadamente generosos al leer el manuscrito, hacer comentarios y mejorarlo. La desbordante erudición de Ben ha enriquecido este libro, que sólo espero establezca un diálogo con su reciente obra sobre el crimen y la prensa.

Agradecer a las numerosas personas que ayudaron a la producción de este libro no es una mera formalidad, sino un modo de recordar muchas buenas conversaciones y colaboraciones. Las primeras de ellas fueron aquellas que tuve con mis colegas y amigas queridas Caterina Pizzigoni, Nara Milanich y Amy Chazkel, quienes hicieron las primeras, perspicaces lecturas de estos capítulos. Recibí apoyo decisivo y atinadas preguntas y sugerencias de Claudia Agostoni, Marianne Braig, Lila Caimari, Gabriela Cano, Hélène Combes, Angélica Durán Martínez, Tanya Filer, Gustavo Fondevila, Cathy Fourez, Serge Gruzinski, Ruth Halvey, Paul Hathazy, Aída Hernández, Marc Hertzman, Eric A. Johnson, Ryan Jones, Dominique Kalifa, Alan Knight, Regnar Kristensen, Alejandra Leal, Eugenia Lean, Annick Lempérière, Everard Meade, Daniela Michel, Mariana Mora, Saydi Núñez Zetina, Nadège Ragaru, Margareth Rago, Ricardo Salvatore, Gema Santamaría, Luana Saturnino Tvardovskas, Elisa Speckman Guerra, Pieter Spierenburg, Mauricio Tenorio, Geneviève Verdo, Edward Wright-Rios, Rihan Yeh, René Zenteno y mis compadres Theo Hernández y Carla Bergés. Los estudiantes de Columbia con quienes he trabajado en estos años merecen mención aparte por su interés continuo y los entusiastas comentarios que hicieron a los largos borradores de los capítulos: Sarah Beckhart, Andre Deckrow, Marianne González le Saux, Sara Hidalgo, Paul Katz, Daniel Kressel, Daniel Morales, Rachel Newman, Allison Powers y Alfonso Salgado. La colaboración de Rachel fue esencial en las últimas fases del proceso, tanto en la mejoría del manuscrito como en la búsqueda de las imágenes. También conté con la invaluable ayuda de Laura Rojas, quien me hizo descubrir a María del Pilar Moreno, y con la de Xóchitl Murguía, Julia del Palacio, Natalia Ramírez, Kimberly Traube y María Zamorano. Le agradezco a Susan Flaherty y Rodrigo Moya por ceder la foto del Güero Batillas, a Carlos Peláez Fuentes y Luis Francisco Macías, de La Prensa, y a Marina Vázquez Ramos, de la Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña.

Recibí apoyo financiero e institucional de la Universidad de Columbia por medio del Instituto de Estudios Latinoamericanos, el Departamento de Historia, el Institute for Social Research and Policy y el Programa Alliance, que hizo posible una estancia en la Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. También tuve el apoyo del Center for U. S.-Mexican Studies de la Universidad de California, en San Diego, para una útil estancia en La Jolla; del DesiguALdades Project de la Freie Universität Berlin, para un periodo productivo en Berlín; de la Universidade Estadual de Campinas, para otro fructífero mes en São Paulo; del American Council of Learned Societies, y de la familia Shorin-Ores, por un rato de tranquilidad en Lakeville, Connecticut.

La versión en español de este libro fue posible gracias a la iniciativa de Gustavo Fondevila y el respaldo de los demás colegas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Aprecio particularmente el sello de aprobación que significa la coedición de este libro bajo el auspicio del CIDE. Tomás Granados Salinas, de la editorial Grano de Sal, también es responsable de que podamos haber llegado a este punto. Sobre todo, quiero agradecer a Claudia Itzkowich. Este libro ha mejorado gracias a su cuidadosa lectura y su inteligente traducción. El proceso de colaborar con Claudia en la versión en español ha sido un verdadero aprendizaje por su minucioso profesionalismo y su conocimiento del español y el inglés.

Introducción

Hacia una historia nacional de la infamia

Como cualquier otro libro de historia, éste trata de entender el presente. En el caso de México, el presente significa violencia e impunidad en una escala tal que el nombre del país se ha convertido prácticamente en sinónimo de infamia. La violencia y la impunidad parecen estar arraigadas en una deshumanización de las víctimas que tanto el gobierno como un amplio sector de la población acepta como inevitable. El asesinato no suele investigarse; más bien se explica simplemente como consecuencia de disputas entre sospechosos cuyos derechos se violan de manera rutinaria. Este libro sostiene que dicha negligencia es resultado de un proceso histórico. El régimen político que emergió de la Revolución de 1910 fue un modelo de estabilidad para América Latina durante el siglo XX, mas no un ejemplo exitoso de transición hacia la democracia y el Estado de derecho. Al mirar la historia nacional a través de la lente del crimen y la justicia, este libro examina el surgimiento, entre los años veinte y los años cincuenta del siglo pasado, de una amplia tolerancia por parte de la sociedad civil mexicana hacia el castigo extrajudicial y la victimización del inocente. Esta tolerancia se desarrolló a pesar del surgimiento paralelo de perspectivas críticas que condenaban severamente la incapacidad del Estado para buscar y reconocer la verdad.

El vínculo entre el crimen, la verdad y la justicia es una premisa de la sociedad moderna: todos creemos que debe haber una relación ente los tres. Una vez que se comete un crimen, la policía debe establecer qué sucedió y quién es responsable, y el sistema judicial debe darle seguimiento con un castigo adecuado. En México, esa premisa es tan antigua como la nación misma. Sin embargo, durante esas cuatro décadas de mediados del siglo XX, los mexicanos llegaron a definir la realidad más bien por la ausencia de esa conexión: la verdad acerca de los crímenes específicos solía ser imposible de conocer, con lo cual la justicia podía obtenerse sólo de manera ocasional, las más de las veces al margen de las instituciones estatales. De los años veinte a los cincuenta también vemos el desarrollo del lenguaje y los temas que le permitieron a los ciudadanos hablar del problema y mantenerlo en un lugar central de la vida pública. Sin embargo, este libro no se trata únicamente de símbolos o ideas. Incluso las percepciones —una palabra utilizada comúnmente por los políticos contemporáneos para insinuar que ellos saben más acerca de la realidad que la población— son resultado de prácticas llevadas a cabo lo mismo por actores sociales que por el Estado. Este libro rastrea las formas en las que se rompió el nexo entre crimen, verdad y justicia, y examina los intentos de la sociedad civil por restablecerlo. El periodo de la historia nacional que se aborda aquí, precedido por una dictadura y una guerra civil, fue testigo del desarrollo de una serie coherente de conocimientos y prácticas en torno al crimen y la justicia. Estas nociones básicas sobrevivieron más allá del fin de este periodo, cuando nuevas formas de crimen organizado y de complicidad y violencia por parte del Estado rebasaron la habilidad de la sociedad civil para lidiar con ellos.

En el México posrevolucionario, la historia del crimen está entrelazada con la historia política. A partir de 1876, el régimen porfirista logró proyectar una imagen de paz por encima de una realidad de violencia social y política. El gobierno hablaba del crimen, en particular de los robos insignificantes y del alcoholismo, como razones para desplegar el castigo como una forma de ingeniería social. Durante la Revolución, la definición legal del crimen prácticamente carecía de sentido, ya que los actos colectivos de robo, asesinato y violación no se castigaban y las autoridades no tenían la capacidad para garantizar la vida o la propiedad. Inmediatamente después de la guerra civil, la confluencia del acceso generalizado a las armas, el conflicto de clase y la laxitud del gobierno en relación con el crimen amplió el margen de tolerancia para la transgresión.¹ Los años veinte vieron la consolidación de un gobierno basado en una amplia alianza entre las organizaciones de trabajadores y campesinos, los intelectuales progresistas y los capitalistas nacionales. A partir de 1929, un sistema de un solo partido oficial minimizó la competencia electoral y disciplinó a la clase política en todo el país, aunque no eliminó el clientelismo. Más o menos al mismo tiempo, nuevos códigos y otras reformas legales presagiaban un sistema penal moderno. Sin embargo, tras la fachada de una estabilidad corporativista, la vida pública era inestable y descentralizada, y los distintos actores sociales estaban encontrando nuevas formas de negociar sus relaciones con el Estado y traspasar las divisiones de clase. Las viejas prácticas criminales subsistieron, pero además emergieron formas modernas de criminalidad, las cuales se volvieron más prominentes en la vida pública.

Hacia fines de los años veinte del siglo pasado dio inicio una era distinta en la historia del crimen, a la cual se sumó un crecimiento urbano masivo en los años cuarenta. Estudios recientes confirman los vínculos entre la modernización y las nuevas formas de criminalidad, al considerar el crimen como un síntoma del nuevo individualismo urbano asociado con el capitalismo, el surgimiento de los medios de comunicación masivos nacionales y la influencia cultural de Estados Unidos. El gángster urbano arquetípico —anteriormente asociado con el lado estadounidense de la frontera— se convirtió en el tropo dominante del nuevo submundo mexicano. Esos hombres violentos de origen humilde hacían alarde de su éxito por medio del consumo más que notorio de ropa cara, autos y armas. En esta nueva era de la búsqueda del progreso, la legalidad se convirtió en un componente inconsecuente, marginal, de lo que estos hombres consideraban tan sólo como un negocio. Las lecciones morales de las historias de gángsters tenían únicamente que ver con su éxito o su fracaso personales. El paradigma criminológico dominante a fines del siglo XIX, que consideraba al criminal como un individuo primitivo, al margen del mundo civilizado, no tenía cabida para esta nueva expresión de la criminalidad, en la que los gángsters definían el éxito. La tajante línea que dividía lo criminal de lo legal se había atenuado.²

Las pruebas cuantitativas, descritas en el apéndice, respaldan la idea de un periodo distinto entre los años veinte y los años cincuenta. Los niveles de delincuencia en general bajaron desde el fin de la Revolución, alrededor de 1920, hasta mediados de los años ochenta, cuando los delitos contra la propiedad comenzaron a aumentar, mientras que los crímenes violentos continuaron en una tendencia a la baja que sólo se revirtió con la llamada guerra contra el narcotráfico de la primera década del siglo XXI. Para fines de los años sesenta, el número de consignaciones por tráfico de drogas había aumentado, lo cual revela el recién descubierto interés del Estado en este tipo de delitos. Los efectos de estas nuevas políticas en términos de corrupción y violencia dieron paso a una nueva fase en la historia nacional del crimen, una era que sigue vigente, pero que está fuera del alcance de este libro. En el mismo momento en el que las drogas se volvieron la obsesión del gobierno federal, éste reveló también su propensión a utilizar la violencia contra los disidentes políticos. Desde los años sesenta, la guerrilla rural, los movimientos de los trabajadores y los estudiantes opositores denunciaron y a menudo respondieron a la violencia subyacente de la política mexicana. La represión se manifestó del modo más dramático en la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, un episodio emblemático de la guerra sucia contra los movimientos sociales, en la que los presidentes le daban a los servicios de inteligencia, la policía, el ministerio público y las fuerzas armadas una gran libertad para utilizar la violencia. Los miembros de estas ramas del Estado también utilizaron su poder exacerbado para explotar el cada vez más redituable negocio de la extorsión y el tráfico de drogas. La política se mezcló con los cambios sociales y culturales para transformar las prácticas criminales mismas, que a partir de entonces estarían representadas por el tráfico y el consumo de drogas, la delincuencia juvenil y algunos ejemplos tristemente célebres de policías convertidos en ladrones.³

El crimen siempre estuvo presente en México, pero sólo después de la Revolución se convirtió en el hecho más prominente de la vida urbana y en objeto de una investigación sistemática. Cada crimen dejaba pruebas materiales, desde un cadáver y un nutrido rastro de testimonios hasta sentimientos, opiniones y otras pistas. La averiguación era la operación básica para revelar lo que había pasado; en México, implicaba métodos y habilidades que dominaban aquellos profesionales llamados detectives, pero los ciudadanos comunes también se apropiaron de esas técnicas. Profesionales y civiles operaban bajo el supuesto de que había una respuesta verídica al enigma que planteaba el crimen. Sin embargo, éste fue también el momento en que el vínculo entre la realidad detrás del delito y el conocimiento público, veraz, de sus causas, así como la responsabilidad penal, se volvieron un problema.⁴ Restricciones institucionales y políticas limitaban la capacidad y también el prestigio de los detectives mexicanos, quienes no se preocupaban mucho por obtener pruebas materiales y se fiaban más bien de su habilidad para embaucar, amenazar y torturar a los sospechosos. Esto abrió la labor detectivesca a otros actores. Una diversidad de lectores y escritores externaban sus opiniones sobre los casos famosos que parecían envueltos en misterio. Esta participación cívica no tenía parangón en otros campos de la vida pública, en especial porque la movilización política, la política electoral y el debate abierto sobre el régimen en la esfera pública estaban cada vez más controlados por el partido oficial y su élite gobernante.

Esta participación resulta aún más notable porque todos sabían que la verdad acerca de un delito no determinaba el castigo que administrarían las instituciones penales. Los procesos judiciales eran lentos y difíciles de entender. Para las víctimas y sus familiares, las demoras disminuían la sensación de vindicación —y en ocasiones, los juicios infligían incluso más humillación y dolor—. La impunidad era alta: en los casos de asesinato, entre 1926 y 1952, en todo el país, sólo 38 por ciento de los imputados fueron declarados culpables y un gran porcentaje de las investigaciones ni siquiera culminó en una acusación.⁵ Los archivos presidenciales durante esos años contienen miles de cartas de parientes de víctimas de homicidio que denuncian la impunidad de los asesinos y exigen la intervención del presidente. En el caso de los delitos menores, como el robo o la extorsión, los periódicos publicaban abundantes ejemplos de impunidad y corrupción por parte de los jueces y los agentes de policía. El encarcelamiento no estaba ligado necesariamente a la culpabilidad criminal. Los prisioneros carecían de información sobre su estatus. Lo que sí sabían era que a menudo los culpables andaban sueltos y los inocentes permanecían tras las rejas.

La verdad, en otras palabras, tiene una historia y una serie de particularidades locales. En México, de los años veinte a los cincuenta del siglo XX, surgieron nuevas preguntas que podían responderse con veracidad. En el pasado, lo único que se necesitaba era establecer los hechos de un crimen, por lo regular en forma de una narración, en la que los criminales, las víctimas y las autoridades se distinguían entre sí con claridad. La Revolución fue un tiempo de ilegalidad, en el que el crimen y la política se mezclaron, lo cual volvió más complicado establecer la verdad sobre un delito, en particular en casos de asesinato. Los defectuosos métodos empleados por las autoridades mexicanas desviaron la atención de los ciudadanos hacia las palabras de los propios sospechosos, la versión más confiable de lo que realmente había sucedido. Como lo dijo Manuel Múzquiz Blanco en un relato publicado en 1931 en Detective, “Y si la verdad judicial, las constancias procesales, la imaginación reporteril y la zaña [sic] de los acusadores y las versiones de los testigos dieron al asunto modalidades de grand guignol, la verdad escueta hasta hoy dicha por el principal personaje del drama, Dolores Bojórquez […] es aún más hosca, más fría, más brutal.”⁶ Ahora, por ejemplo, era legítimo explorar la subjetividad del criminal con el apoyo del periodismo, la ciencia e incluso la literatura. Como la policía y el sistema judicial carecían de la autoridad social para producir un informe creíble de los sucesos, entonces los pensamientos, los sentimientos y los impulsos de los criminales empezaron a considerarse como una base legítima para la discusión pública. En el establecimiento de la verdad acerca del crimen, los métodos científicos, que habían sido acreditados como los únicos legítimos, ahora competían con la sinceridad conmovedora de los informes personales, en particular las confesiones de los asesinos. Los criminólogos tuvieron que adaptar su aproximación a su objeto de estudio favorito, “el criminal”. Si bien todavía se usaban las ideas positivistas acerca de los criminales natos como seres humanos primitivos, ahora compartían la escena con aquellas de los psiquiatras, los médicos y los psicoanalistas, quienes exploraban a los criminales bajo el supuesto de que tenían personalidades complejas y de que sus palabras podían esconder la verdad, pero también revelarla.

Sobra decir que las confesiones no estaban a salvo de la crítica. Los parientes de las víctimas de asesinato podían participar en los juicios como civiles, o por medio de la prensa, para defender la reputación de las víctimas. Los lectores de periódicos y de novela negra estaban al tanto de la ineptitud, la corrupción y la impunidad de los cuerpos de seguridad. Sabían ya que las confesiones podían obtenerse mediante coerción. Con todo, la mayoría de la gente creía que la verdad quedaba en algún lugar de las páginas policiales (también llamadas policiacas o policíacas). La historia mexicana de la indagación detectivesca, por lo tanto, cuestiona la premisa de que el Estado era una garantía, la entidad confiable dentro del proceso judicial, y de que, una vez que las pruebas se habían establecido, se podía contar con una sentencia de culpabilidad. En México, múltiples actores, entre ellos periodistas, abogados, miembros del jurado, testigos, sospechosos y víctimas, discutían acerca de lo que constituía la verdad. El Estado tenía un papel en el proceso, pero no lo controlaba. Incluso a los escritores se les dificultaba restablecer una percepción de orden por medio de la literatura. En suma, la indagación detectivesca era un proceso complejo, pero no tanto como para que la gente perdiera la esperanza de alcanzar algún día la verdad. Puede que sus debates no siempre hayan conducido a una sentencia judicial, pero alcanzaron cierto grado de validación en el tribunal de la opinión pública.⁷

El crimen era un tema clave en la esfera pública. Gente de todos los ámbitos lo narraba, lo explicaba, lo fotografiaba y lo debatía. Analizar estas discusiones nos permite mostrar cómo el crimen producía representaciones de la realidad que, a su vez, le daban forma.⁸ Detectives, sospechosos, víctimas, testigos, jueces, periodistas y lectores convergían para discutir historias de crímenes. Las pruebas que reunían eran variopintas y confusas, libres de las ataduras que podían imponer los criterios legales o incluso las normas morales. El crimen ofrecía hechos objetivos, independientes del conocimiento científico o legal sancionado por el Estado. Las narraciones de casos famosos y las imágenes de asesinatos y cadáveres eran tan reales como podía serlo cualquier hecho acerca de la vida social. Los juicios por jurado, las noticias policiales y la novela negra le daban a los ciudadanos una plataforma para diseminar sus propias explicaciones y convertirse en autores de historias y narraciones —a algunos sospechosos se les permitía incluso dar discursos y entrevistas—. En estos relatos, el asesinato era un acto lleno de significado, algo que debía explicarse e interpretarse con el uso de la razón y la emoción, e incluso juzgarse desde una perspectiva estética.

Estas narraciones y debates crearon lo que denomino “alfabetismo criminal”, es decir, una serie de conocimientos básicos acerca del mundo del crimen y la ley penal. El alfabetismo criminal incluía información ecléctica acerca de las instituciones, los casos famosos, las prácticas cotidianas y los lugares peligrosos que le ayudaba a la gente a sortear los complejos problemas prácticos de la vida urbana moderna. La incertidumbre que rodeaba a la justicia y la policía volvió aún más necesario ese conocimiento. El dato básico del alfabetismo criminal en México era que la verdad nunca era definitiva, siempre era una versión debatible. La realidad, en otras palabras, no era la información en bruto que uno recolectaba caminando en las calles de la ciudad o asomándose a la escena del crimen: era la organización de esa información en patrones predecibles que hacían del delito el objeto de un diálogo productivo y prometían el restablecimiento de la seguridad después de una transgresión.⁹

La reputación de México, tanto dentro como fuera del país, ha estado durante mucho tiempo enturbiada por la violencia y la impunidad. A ojos de los visitantes, durante los años de inestabilidad que siguieron a la Independencia, el país estaba prácticamente en manos de los bandoleros que asaltaban los caminos. En el porfiriato, las prisiones y las calles de la ciudad parecían infestadas de degenerados borrachos y marihuanos que blandían sus cuchillos. La Revolución de 1910 trajo consigo una explosión de violencia y desorden de una escala tan amplia, que las imágenes de las ejecuciones y los cadáveres en México se imprimían en postales. Para mediados del siglo XX, México era un lugar más tranquilo, un refugio tolerante para los viajeros en busca de entretenimiento ilícito, ya fuera psicoactivo, erótico o de cualquier otro tipo. William S. Burroughs elogiaba la Ciudad de México en 1949 por “la atmósfera general de libertad” que la violencia y la ilegalidad ofrecían. (Atmósfera que sin duda le ayudó a eludir el castigo por el disparo accidental a su propia esposa.)¹⁰

Este libro entiende la infamia, para usar las palabras de Jorge Luis Borges, como una “superficie de imágenes”.¹¹ Sin embargo, detrás de las historias apócrifas o distorsionadas que componen su Historia universal de la infamia de 1935, hay un argumento sutil acerca de la necesidad de revisitar las conexiones entre ficción y realidad, y las reputaciones y los hechos. Borges escribe sobre personajes despreciables a lo largo de la historia mundial cuyo logro en común es la propia infamia. Tom Castro, por ejemplo, es el impostor que, después de salir de prisión, da conferencias en las que o bien se defiende, o bien confiesa su culpabilidad, dependiendo de las preferencias del público. A esos criminales debe agradecérseles, sugiere Borges, porque hicieron posible “la negra y necesaria ocasión de una empresa inmortal”; es decir, contar su historia, como el compadrito de Buenos Aires que mata a su adversario y “consagra su vejez a la narración de ese duelo tan limpio”.¹²

La infamia de México ha sido un producto nacional de consumo universal. Según Carlos Monsiváis, las noticias policiales, el género periodístico más popular del siglo XX en nuestro país, reproducían la violencia en gran escala, poniendo énfasis en los aspectos más feroces de la cultura nacional y reforzando imágenes de los mexicanos como gente inclinada a cometer actos violentos por razones triviales. Desde fines del siglo XIX, los ya inmortales grabados de calaveras de José Guadalupe Posada aportan una iconografía para respaldar la idea. El reportero Pepe Nava lo expresó de la manera más simple en 1936 en una columna en Excélsior: “Para el mexicano, la muerte es una tarugada sin importancia. Aquí lo mismo les da matar que morir.” Esas imágenes también eran adoptadas por los intelectuales en busca de una definición de la identidad nacional, “lo mexicano”, hacia mediados del siglo. Autores como Octavio Paz y Samuel Ramos consideraron la violencia y la muerte como la particularidad y a la vez el lastre de la nación. Las historias policiales representaban un aspecto de la cultura popular mexicana que, desde su punto de vista, la nación tenía que transcender para poder volverse verdaderamente moderna, como Estados Unidos.¹³

La infamia se refiere tanto a la reputación como a la moralidad. El doble significado de la palabra —vileza o maldad, pero también descrédito o deshonra— es central para el proyecto de este libro: entender la intersección de las prácticas y las percepciones que, a ojos de la población, definieron determinadas acciones como criminales y el castigo como algo justo. Por consiguiente, esto es una historia, porque su premisa es que nociones como la verdad, la justicia e incluso la realidad cambian con el tiempo; son producto de debates en los que participan múltiples actores sociales. Ésta es específicamente una historia nacional porque, en contraste con el proyecto de Borges, se enfoca en la infamia del crimen en México y, al hacerlo, trata de explicar la infamia de México, la reputación del país entero. Pero desde esta perspectiva histórica, el libro critica la normalización del crimen implícita en esa reputación. A diferencia de la mayor parte de las historias nacionales, por lo tanto, no puede ofrecer una descripción de “los mexicanos” o adoptar la estructura de una narración unificada. Este libro es en cambio una serie de historias que incluyen un reparto diverso de actores y se refieren tanto a la ficción como a la realidad, igual que el libro de Borges. Ahora bien, por supuesto que éste no es un libro de narrativa, sino un estudio acerca del papel de la literatura en la creación de una experiencia de la realidad como parte del alfabetismo criminal, ese saber admonitorio que las personas utilizaban para sortear la vida cotidiana. Si bien la experiencia y las historias son siempre locales, la escala nacional es necesaria para abordar los vínculos más amplios entre las prácticas sociales, las instituciones, la prensa y la literatura. La mayor parte de las pruebas que figuran en los próximos capítulos, por lo tanto, provienen de la Ciudad de México, pues era el escenario de los casos criminales famosos: ahí estaban los periódicos que los cubrían y los legisladores y los responsables de hacer políticas públicas que trataban de lidiar con sus consecuencias. Las historias de asesinatos en la capital desempeñaron un papel central en la estructuración del alfabetismo criminal en todo el país, sin eliminar las diferencias regionales.

Los historiadores han utilizado casos famosos como referencias narrativas para hurgar en la microhistoria de distintos momentos y lugares. No hay nada mejor que un buen caso criminal para ejemplificar una circunstancia histórica, presentar el contexto y reproducir una diversidad de voces, manteniendo al mismo tiempo una trama de suspenso que debe resolverse, no forzosamente mediante la indagación detectivesca, sino revelando el significado histórico, más amplio, de la anécdota. Los siguientes capítulos, sin embargo, se abstienen de esa estructura narrativa. No utilizan los casos como vehículos metafóricos para decir algo de una relevancia más general. En lugar de eso, el libro muestra cómo cada caso, con sus características únicas, le dio forma al alfabetismo criminal. Los casos, por lo tanto, no son ejemplos, sino el objeto mismo del conocimiento que estoy tratando de reconstruir. En otras palabras, no seré el detective, sino que simplemente observaré cómo otros hicieron de detectives con los materiales que la vida les ofreció.¹⁴

Las páginas siguientes exploran varios escenarios en los que el público debatió acerca de las difíciles conexiones entre el crimen, la verdad y la justicia. Los capítulos están organizados en tres secciones que siguen cierto orden cronológico. La primera parte del libro, “Espacios”, se refiere a los recintos en los cuales se discutían el crimen y la justicia. Los juicios por jurado, en el capítulo 1, fueron el ámbito donde una multiplicidad de actores debatieron sobre los delitos y sobre los criminales. Los juicios en los que los ciudadanos comunes, más que un juez, decidían los hechos del caso eran una novedad en la historia legal del país. En la Ciudad de México, estos procedimientos le dieron un papel prominente a los sospechosos y también crearon un escenario en el que otras voces proponían interpretaciones alternas de los sucesos y las motivaciones. Los fiscales y los abogados defensores daban largos discursos, atacando o alabando el carácter de las víctimas, los testigos y los sospechosos. Al participar en cualquiera de esas modalidades, los ciudadanos estaban expuestos a la mirada del público de maneras poco halagadoras, pero a la vez esto les permitía a algunos de ellos cuestionar los roles de género y de clase. Los propios miembros del jurado estaban involucrados, mientras que los jueces solían permitir que todos se expresaran sin tapujos y no siempre eran capaces de prevenir el desorden. Muchísima gente asistía a los juicios por jurado y externaba sus opiniones a gritos, a menudo perturbando los procesos judiciales. A partir de que se abolieron los jurados en 1929, los procesos penales se volvieron cada vez más opacos, tenían lugar en pequeñas oficinas en los juzgados y en gruesos expedientes. Fue entonces cuando las noticias policiales, o la “nota roja”, el tema del capítulo 2, se impusieron como el ámbito en el que el crimen y la justicia se discutían abiertamente. La transición de los juicios por jurado a la nota roja como el punto focal del crimen en la esfera pública refleja la creciente alienación de los ciudadanos mexicanos respecto del sistema judicial. Los periódicos y las revistas enfocados en el crimen contrastaban su apertura y dinamismo con la oscuridad de los juzgados. Los lectores de publicaciones periódicas creían que debían buscar la verdad, y a veces también el castigo, más allá de las instituciones del Estado. Así como la prensa se consideraba una fuente confiable de datos, también era un vehículo emocional para expresar apoyo a la violencia punitiva. De esta forma, los periódicos se situaban en el centro del debate público sobre el crimen y fomentaban un apoyo generalizado a la violencia extrajudicial en contra de los sospechosos. Los columnistas argumentaban que debido a que la pena de muerte no podía aplicarse y las sentencias de prisión no eran lo suficientemente largas, los criminales conocidos debían castigarse con violencia directa, incluida la tortura, el linchamiento o la muerte a manos de sus guardias: la llamada “ley fuga”.

La segunda parte, “Actores”, se enfoca en los personajes centrales de esas discusiones. Se suponía que los detectives y los policías, tema que se aborda en el capítulo 3, debían establecer la verdad detrás de los crímenes y permitirle a los jueces impartir justicia. Sin embargo, no siempre lo lograban, o lo lograban utilizando métodos que socavaban la confianza de la población en sus versiones, como la tortura, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales. La violencia ilegal era infligida por representantes del gobierno. Se recurría a la ley fuga en unos cuantos casos ejemplares, como si ello fuera la culminación de un debate abierto a todos al cabo del cual se implementaba la “sentencia de la opinión pública”. La muerte era un final adecuado para un juicio paralelo en la esfera pública que, como todos sabían, no era tan propenso a la corrupción como los que tenían lugar dentro del sistema judicial. Así, la violencia extrajudicial era una forma de romper la ley con el fin de lograr la justicia. Pero sucedía a costa de la deshumanización de sus víctimas y su efecto era profundizar la brecha entre verdad y justicia. A pesar de las flagrantes contradicciones entre estas prácticas y las nociones liberales de justicia, la opinión pública otorgaba a la tortura y a la ley fuga una pátina de coherencia y una legitimidad que no estaban disponibles en los canales oficiales. El capítulo 4 se enfoca en los asesinos y en el asesinato como un acto comunicativo —una acción que siempre tiene repercusiones públicas, por lo regular visibles en la prensa—. Los asesinos, en particular cuando tenían la atención de los medios, utilizaban sus crímenes para transmitir un mensaje, una explicación de su comportamiento o simplemente una historia. Sus narraciones a menudo cuestionaban la verdad legal: dada la inefectividad de los procedimientos oficiales para esclarecer los hechos, los testimonios de primera mano se volvieron fundamentales, así provinieran de personajes despreciables, y las confesiones se convirtieron en la prueba dominante de la verdad acerca de un crimen. El capítulo 5 se detiene en un estereotipo muy real, el pistolero, una expresión de la violencia y la impunidad que la mayoría de los mexicanos asociaba con el crimen y la política durante estas décadas. Los pistoleros poblaban la zona gris entre el crimen y la justicia, y prosperaban gracias al apoyo de sus poderosos empleadores, a menudo políticos, particularmente después de los años cuarenta.

La tercera parte del libro, “Ficciones”, sostiene que las narraciones literarias fueron fundamentales para que la gente comprendiera los dilemas de la verdad y la justicia, y que estas narraciones fueron un vehículo central para la formación del alfabetismo criminal. El capítulo 6 habla de los orígenes del género de la novela policial en México y el surgimiento de lectores y escritores, y el capítulo 7 se enfoca en cuatro autores y sus esfuerzos para reconciliar el arte, el crimen y la justicia. La ciencia y el pensamiento legal fueron solamente una parte del conocimiento popular acerca de los criminales, las estaciones de policía, los juzgados, las cárceles y las costumbres del submundo. Este conocimiento nunca se presentó en un formato enciclopédico, aunque se condensó en narraciones literarias que desplegaban imaginación en la trama, pero que eran realistas en los detalles. Las novelas policiales eran producidas y consumidas por todo tipo de gente, que las estimaba de utilidad en su vida diaria. Después de todo, cualquier habitante moderno, ingenioso y letrado de la ciudad tenía que poseer cierto conocimiento acerca de estos temas. Como veremos en el capítulo 6, las historias de detectives y asesinatos fueron un género literario popular que incluyó tanto traducciones como obras originales de autores locales. En las primeras narraciones mexicanas, al igual que en el género estadounidense conocido como hard-boiled, la intuición de los detectives ficticios se consideraba más confiable que las mentiras de los sospechosos evasivos —y sin duda más convincente que los métodos estúpidos o, en el mejor de los casos, turbios, de la policía—. Los autores mexicanos de historias detectivescas y novela negra (más centrada en el crimen que en la averiguación) profundizaban en el papel central de las noticias policiales para alcanzar la verdad y en la apreciación estética del homicidio que los periódicos sólo insinuaban. En Ensayo de un crimen, la extraordinaria novela de 1944 de Rodolfo Usigli que se examina en el capítulo 7, Roberto de la Cruz, el personaje principal, decide cometer un asesinato con fines estéticos. Lo intenta un par de veces y se frustra cuando los periódicos malinterpretan su obra artística o se la atribuyen a alguien más. Desea utilizar el asesinato para alcanzar una verdad estética más elevada, pero necesita que los periódicos lo difundan y validen. La propia novela, como si buscara contrastar la realidad con el deliro de De la Cruz, a menudo invoca el alfabetismo criminal, al hacer alusión a prácticas y casos conocidos entre los lectores informados. Otros contemporáneos intentaron variaciones de esta situación. El capítulo 7 muestra cómo, a medida que maduraba, el género comenzó a dejar de lado la dimensión detectivesca de las tramas a favor de la perspectiva de los criminales que utilizaban formas crueles de justicia directa. Es posible que estas historias hayan canalizado la frustración de los lectores decepcionados por el sistema de justicia oficial; en todo caso, mantenían la noción de que el castigo tenía una conexión directa con la verdad. Al hacerlo, expresaban impulsos intolerantes inherentes a la normalización de la violencia y la impunidad. Con base en este hallazgo, el epílogo trata de conectar algunos de estos temas con el presente.

Otros países ofrecen ejemplos de las maneras en que las historias policiales y los estereotipos han generado debates de gran relevancia política. Abundan las pruebas acerca del papel del crimen como el foco de las relaciones críticas entre la sociedad civil y el Estado. En palabras de Josefina Ludmer, el crimen es un “instrumento crítico”. El criminal, apuntaba Karl Marx, es un productor de normas, conocimientos y relaciones.¹⁵ En el caso de México, como veremos, el crimen fue un tema central para el surgimiento de públicos críticos —que no sólo consumían información, sino también se definían a sí mismos activamente mediante la expresión de sus opiniones—. La debilidad de la policía y el sistema judicial mexicanos llevó a la sociedad civil a desempeñar un papel significativo en la prevención del crimen, especialmente si se compara con lo que sucedía en países donde esas instituciones tenían mayor fuerza y legitimidad. En México hasta los casos más pequeños se politizaban: Concepción Dueñas, una ciudadana común y corriente, le informó al presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954 que el asesino de su hija estaba suelto porque “las autoridades no me hacen caso para investigar como se debe”. Quería justicia, mientras que los investigadores se habían quedado satisfechos con la idea de que se había tratado de un suicidio.¹⁶ Ese tipo de demanda de justicia insatisfecha es un tema recurrente en este libro, siempre en tensión con la “empresa inmortal” de recordar las historias criminales que parecían definir la identidad nacional mexicana. Como Dueñas, la mayoría de los mexicanos que se mencionan en las siguientes páginas no disfrutaban vivir en un lugar violento y objetaban enérgicamente la impunidad. La aspiración de descubrir la verdad, y conectar la verdad con el castigo, puso al crimen en el centro de la esfera pública.¹⁷

No se trató, sin embargo, de una historia de unanimidad. La falta de consideración por el debido proceso y la aceptación general de la violencia fueron los paradójicos resultados de la intervención cívica que la debilidad de la justicia estatal había hecho necesaria. La nota roja y las novelas policiales produjeron narraciones que resultaban más convincentes porque involucraban múltiples voces que cuestionaban al Estado, no porque remedaran su retórica. Las opiniones expresadas en esos debates apelaban a la violencia sin socavar su autoridad racional. Esta versión de la justicia en la esfera pública podía ser brutal, no a pesar sino precisamente a causa de su cacofónica combinación de sentimientos, deducciones, intuiciones y pruebas aleatorias, y al menos se jactaba de tener un fuerte vínculo con la verdad. Empoderaba a algunos individuos a tomar la justicia en sus propias manos y, de ese modo, legitimaba los prejuicios colectivos.

La infamia afectaba a mujeres y hombres pero no por igual. Desde los sospechosos y las víctimas en los juicios por jurado hasta los escritores y los personajes de las novelas policiales, la desigualdad de género en términos de acceso a la seguridad y a la justicia define la historia contenida en este libro. Estas diferencias podían ser simbólicas o materiales. Las mujeres eran con mayor frecuencia víctimas que autoras de la violencia, y se esperaba que las víctimas de ambos sexos fueran pasivas y vulnerables con respecto a su dignidad y sus cuerpos. Al mismo tiempo, los hombres tenían prácticamente el monopolio del uso legítimo, si no legal, de la violencia. También excluían a las mujeres de los papeles legales clave que detentaban policías, abogados, jueces y miembros del jurado. Sin embargo, el crimen sacudía las normas sociales, pues abría espacios para que las mujeres desafiaran las expectativas, aunque fuera a menudo a costa de su honor. Así, el de reportero policial era un trabajo masculino, pero las mujeres también consumían y producían historias: entre los lectores se contaban mujeres y con frecuencia los casos famosos se enfocaban en las mujeres como víctimas o criminales. El alfabetismo criminal le ayudó a la población a descifrar un tiempo de grandes cambios en los roles de género en México, cuando la urbanización, la educación y la democracia estaban volviendo a las mujeres más prominentes en el trabajo y los espacios públicos, permitiéndoles adquirir gradualmente derechos políticos (el derecho al voto lo obtuvieron apenas a inicios de los años cincuenta). Sin embargo, los procesos estudiados en este libro no pueden resumirse como una transformación progresiva en términos de igualdad de género. Si acaso, las historias sobre violencia y castigo confirman que las mujeres tenían un lugar subordinado en la vida social, por seductoras que fueran las historias en las que cuestionaban las expectativas.

Algo similar puede decirse acerca de las diferencias de clase, que pasaron por un cambio decisivo a mediados del siglo XX, haciéndose eco de los cambios en las normas de género. Los conflictos creados por el crimen y los esfuerzos por restablecer el orden mediante las investigaciones y la administración de la justicia reunieron a gente de distintas clases sociales en una proximidad a veces incómoda. El acceso al dinero y a las conexiones protegía a la mayoría de los sospechosos de las clases media y alta y los mantenía al margen de la pesadilla de las cárceles y las estaciones de policía, aunque no a todos. Eran menos aún los que escapaban de la mirada entrometida de reporteros y fotógrafos policiales. Las historias de crímenes le ofrecían a los lectores una fascinante ventana a los espacios privados de la clase alta y a los prestigiosos lugares en los que la modernidad parecía reinar, como los clubes nocturnos más sofisticados, los restaurantes e incluso las oficinas de gobierno. La ilegalidad y la violencia obligaron a intimar a gente que en circunstancias normales habría permanecido tranquilamente aislada en sus propios espacios sociales, por una noción de honor profundamente arraigada. Los hombres educados monopolizaban la administración de la justicia, pero la búsqueda de la verdad dio lugar a debates en la esfera pública en los que los participantes no podían separarse fácilmente con base en su posición social.

Este libro abarca dos tendencias simultáneas. En primer lugar, la violencia y la impunidad se normalizaron bajo el supuesto de que siempre habría víctimas y sospechosos, y de que sus derechos no siempre serían respetados. En otras palabras, las divisiones de género y de clase expresadas en los crímenes eran la base que sustentaba las actitudes autoritarias que toleraban la desigualdad y la aplicación selectiva de la ley en contra de un grupo de la sociedad que no tenía ni voz ni voto. En segundo lugar, los debates públicos sobre el crimen y la justicia, aun sin resolverse, expresaban un deseo común de averiguar lo que había pasado y restablecer cierto balance en las vidas perturbadas por la violencia. Este deseo a menudo entraba en tensión con la idea de que había una coherencia entre las diferencias expresadas por el crimen y las jerarquías sociales de clase y género. Restablecer aquel balance no significaba necesariamente restaurar esas jerarquías. Lo opuesto de la infamia, en suma, no era el honor, sino la verdad.

Primera parte

Espacios

1. Una sola mirada al escenario del crimen

La justicia y la publicidad en el espejo de los jurados criminales

Entre 1869 y 1929, la capital mexicana albergó la institución que mejor ha encarnado las posibilidades y los límites de la búsqueda de la verdad en el crimen: el sistema de jurados en los juicios penales. Un grupo de residentes de la ciudad, de sexo masculino y seleccionados al azar, tenía el poder de decidir sobre los hechos en casos de delitos graves. Los abogados y los jueces mantenían un papel prominente en el proceso y las voces de los testigos y los sospechosos también se escuchaban durante las audiencias públicas, pero la decisión sobre la justicia estaba básicamente en manos de unos cuantos hombres de bien que, al carecer de cualquier tipo de interés directo en el conflicto en cuestión, votaban con base en su conciencia y, de ese modo, representaban a la opinión pública. A pesar de las constantes críticas que recibían por parte de juristas y otros expertos, los jurados populares, como se les llamaba con frecuencia, funcionaron con suficiente transparencia e independencia como para alcanzar una autoridad considerable. Para los años veinte del siglo pasado, la institución había alcanzado la cúspide de su influencia, pero fue abolida en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal. A partir de entonces los procesos criminales siguieron un sistema inquisitorial, idéntico al establecido en otras jurisdicciones, que mantenía la mayor parte del trabajo de los fiscales y los jueces fuera de la mirada pública. Las razones por las que se abolió el sistema de jurados, como veremos, fueron a la vez políticas y jurídicas. En todo caso, a partir de 1929, el proceso penal se volvió completamente opaco para los ciudadanos comunes.

Durante los años veinte, los juicios por jurado eran reconocidos en la esfera pública como los lugares donde distintos actores presentaban narraciones y explicaciones del crimen a una amplia variedad de públicos. Los casos famosos movilizaban el creciente poder de los periódicos y la radio, y eran particularmente fascinantes para sus audiencias, porque exponían la subjetividad de aquellos actores al escrutinio inquisitorio del público y, simultáneamente, canalizaban la crítica al régimen posrevolucionario.¹ Los juicios por jurado funcionaban como telón de fondo de influyentes debates sobre la feminidad y, a su vez, contribuían a la transformación del papel de la mujer en la vida pública —si bien, como veremos, no necesariamente de un modo que las empoderara—. Los juicios por jurado fueron un lugar clave para la construcción del alfabetismo criminal y catalizaron el surgimiento de públicos que harían frente al problema de la violencia y la impunidad en las décadas posteriores. Los estudios de los jurados criminales en otros países enfatizan su papel como espacios de la esfera pública en los que es posible explorar muchos temas además de la justicia: las emociones, los roles de género, la privacidad o la cuestiones raciales. Estos juicios se parecían al teatro y, en efecto, resulta tentador verlos como un escenario en el que una variedad de interesantes tramas y papeles se representaban en forma de melodrama. Las expectativas cambiantes de las mujeres en relación con lo violento y lo doméstico se ponían en juego en este teatro. En México, sin embargo, los juicios por jurado eran también el escenario principal para la búsqueda de la verdad y la justicia. Múltiples actores, desde los abogados y los propios sospechosos hasta el público y los periodistas, participaban en debates contenciosos, mientras los miembros del jurado evaluaban las versiones rivales.² Los agentes del Estado tenían sólo un limitado control del proceso. El resultado fue el surgimiento de un escepticismo duradero con respecto a la ley. Observar la forma de operar de esta clase de juicios más allá de la estructura del melodrama muestra cómo las mujeres y los adversarios políticos del gobierno también podían utilizarlos para cuestionar su subordinación.

Tras una breve historia de los juicios por jurado y su contexto político, este capítulo describirá su operación recurriendo a los testimonios de sus defensores y de sus detractores. Parecería que estos juicios no tenían nada de serenos o balanceados: los debates entre los abogados acerca de un caso particular podían ser tan mordaces como las disputas acerca de la forma en que funcionaba la institución. La pregunta básica que dividía esas opiniones era si los miembros del jurado podían ser manipulados fácilmente mediante viles recursos emocionales o intereses ocultos, o si eran los custodios de una institución verdaderamente democrática. La segunda parte del capítulo abordará un caso famoso que marcó el cénit de la influencia del juicio por jurado en la esfera pública, cuando en 1924 una muchacha fue absuelta tras asesinar a un político. La tercera parte estudiará la caída de la institución, tras el juicio en 1928 del asesino del presidente electo, en un veredicto que se alcanzó en el contexto de la presión política, el conflicto religioso y el interés obsesivo de los medios. Estos dos casos ejemplifican otro legado perdurable de los juicios por jurado: la justificación abierta, por parte de ciertos miembros de la sociedad civil, de la justicia informal y el castigo extrajudicial como las mejores maneras de lidiar con las limitaciones del Estado.

HISTORIA Y ESTRUCTURA

Los juicios por jurado, establecidos tras el medio siglo que siguió a la Independencia, un periodo marcado por la guerra civil y la invasión extranjera, prometían una forma ilustrada de abordar los conflictos que todavía asolaban a la nación en todos los niveles de la vida pública y privada. El ministro de Justicia Ignacio Mariscal y otros liberales que propusieron esa institución la identificaban con la democracia y el progreso, y ofrecían una genealogía prestigiosa: el jurado era una invención de la Antigüedad clásica, perfeccionada por el pueblo inglés, codificada por la Revolución francesa y adoptada por Estados Unidos.³ En México, el Congreso Constituyente de 1856, convocado por una coalición liberal, debatió la idea de incluir jurados criminales en la nueva Constitución y faltaron sólo dos votos para lograr su aprobación. Tras la guerra civil con los conservadores (1857-1861) y la invasión francesa que impuso la última monarquía (1861-1867), el mismo grupo de liberales volvió a insistir en la idea. Esta vez establecieron juicios por jurado en el Distrito Federal por medio de una ley que propuso Mariscal, que el Congreso aprobó casi por unanimidad y que el presidente Benito Juárez firmó en abril de 1869. Como un espacio en el que los ciudadanos comunes podían, al menos en teoría, intervenir directamente en el proceso de la justicia, el “jurado popular” parecía ser una animada expresión de la soberanía popular.⁴ Había un antecedente mexicano que Mariscal evitó reconocer. Desde la década de 1820 y hasta 1882, con algunas interrupciones debido a la inestabilidad política, se había juzgado mediante jurados a los periodistas. En 1869, sin embargo, Mariscal trató de no dar la impresión de que los jurados criminales tendrían las mismas fallas que los jurados de prensa, que muchos consideraban caóticos y predispuestos a favor de los sospechosos.⁵

Los partidarios del jurado creían que podía enseñarle a la población a afrontar complejas situaciones éticas y políticas y, al mismo tiempo, redimir un sistema de justicia que carecía de autoridad. Benjamin Constant, una fuerte influencia para los primeros liberales mexicanos, sostenía que el jurado era un pilar de la gobernanza porque canalizaba el interés de los particulares en la ley.⁶ El jurado era valioso porque le permitía a los ciudadanos ordinarios no sólo hacer cumplir la ley, sino también trascenderla, utilizando su sentido común para llevar a cabo una función básica de la opinión pública en su papel clásico de juzgar la reputación de las personas. A pesar de que sólo se les pedía decidir acerca de los hechos de un caso, los miembros del jurado llevaban más lejos su sentido común, apropiándose de las emociones del juicio y adoptando una perspectiva negativa de la ley cuando pensaban que era defectuosa. Los miembros del jurado en los casos criminales ponían su conciencia por encima de la letra de la ley y las instrucciones de los jueces. Para ese prócer liberal que fue Guillermo Prieto, el exceso de orientación de las autoridades alteraba la esencia del jurado y lo convertía en una mera rama del sistema judicial.⁷ Si la educación podía conducir a la injusticia, la ignorancia era una virtud.

Y la ignorancia no era difícil de conseguir. Para 1869, la legislación penal era todavía un revoltijo de códigos coloniales, leyes nacionales y normas tradicionales. La turbulencia y la guerra civil habían vuelto a los magistrados vulnerables a la corrupción, a las presiones políticas o, en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, a la inexperiencia. Los liberales argumentaban que sólo la participación directa de los ciudadanos podía remediar tal “podredumbre judicial”.⁸ La naturaleza democrática del jurado le ayudó a ganarse el amplio apoyo que consiguió desde el inicio, como testimonio de las dificultades de las que el país acababa de salir airoso. Escribiendo desde El Monitor Republicano, “Juvenal” sostenía que el pueblo tenía que reivindicar el poder de juzgar: “No deleguemos en manos del poder —exhortaba— […] facultades que con tanto trabajo, que merced a tantos esfuerzos, hemos podido quitarle.” Mariscal sostenía que el jurado era un nuevo derecho del pueblo mexicano: como una representación del pueblo, el jurado prevendría la politización de la justicia y otros abusos de poder.⁹

Más que un derecho, el jurado era una expresión de la soberanía popular, una representación directa de la voluntad popular por medio de la conciencia de los particulares. El ideólogo liberal Ignacio Ramírez explicó que “el pueblo soberano” era el juez por antonomasia, del mismo modo en que lo había sido en la plaza pública de la Antigüedad y en ese momento lo era en Estados Unidos.¹⁰ Según la ley de 1869, no podía apelarse en contra de los veredictos del jurado si nueve de once de sus miembros estaban a favor de una condena. Una mayoría simple era suficiente para obtener un veredicto, aun si éste conducía a la pena de muerte. En los años siguientes, los críticos vieron en esta autoridad tan amplia una aberración provocada por el idealismo. Reformas posteriores le dieron a los jueces la autoridad para escuchar apelaciones en contra de la decisión del jurado en caso de un error de procedimiento, pero mantuvieron la excepción cuando el voto era casi unánime. La premisa era que sólo los ciudadanos particulares podían ser honestos y estar libres de la influencia del dinero y del poder que tan fácilmente corrompía a los funcionarios públicos. Cada miembro del jurado decidía desde el subjetivo ámbito de sus convicciones, donde no tenía que rendirle cuentas a nadie, con excepción, quizá, de dios.¹¹ Así, por ejemplo, incluso si a un miembro del jurado se le pedía votar acerca de los hechos del caso, tenía la libertad de emitir su fallo con base más bien en su valoración de la moralidad de la acción del sospechoso. A diferencia del juez, al “aplicar la ley moral que cada hombre lleva en su conciencia”, el miembro del jurado estaba por encima de la letra de la ley y las intenciones del legislador.¹²

La letra de la ley, sin embargo, era equívoca con respecto a las obligaciones del jurado. La preguntas que le hacía el juez se restringían a hechos concretos (“¿J. Jesús Rodríguez Soto, es culpable de haber privado de la vida a Marcos Tejeda Soto, infiriéndole la lesión descrita en el certificado médico respectivo?”, o “¿La muerte de N. fue debida a la peritonitis determinada por la herida?”).¹³ No obstante, cuando los miembros del jurado comenzaban a deliberar, debían jurar: “¿Protestáis desempeñar las funciones de jurado sin odio ni temor y decidir, según apreciéis en vuestra conciencia y en vuestra íntima convicción, los cargos y los medios de defensa, obrando en todo con imparcialidad y firmeza?”¹⁴ Más allá de esa demanda subjetiva, la ley no imponía regla alguna para el modo en que los miembros del jurado debían llegar a sus decisiones. Después de todo, la autoridad del jurado residía en la conciencia individual de cada uno de sus miembros: lo que importaba no era su inteligencia ni su conocimiento, sino su creencia sincera en el valor moral de las acciones del sospechoso.¹⁵

Desde el inicio, el juicio por jurado provocó resistencia por parte de ciertos sectores de la profesión jurídica. Al principio, los abogados podían ver el beneficio de un sistema que aumentaba la imparcialidad de los jueces. Antes de que a los jurados se les asignara la tarea de decidir sobre hechos concretos, los jueces tenían que llevar a cabo el doble papel de fiscal y mediador, reuniendo pruebas y luego dictando la sentencia. El jurado popular, así como la oficina fiscal especial creada para complementar su tarea, le dejarían al juez el trabajo de coordinar el proceso y decidir sobre asuntos relacionados con la ley, lo cual le permitiría conservar su imparcialidad. Pero a medida que la profesión jurídica creció en tamaño y especialización, algunos comenzaron a hacer comentarios críticos de dicha “mejora democrática” en la administración de la justicia.¹⁶ Así, a la ley de 1869 le siguieron decretos y legislaciones que reflejaban un creciente escepticismo. El Tribunal Superior del Distrito Federal propuso eliminar los jurados criminales desde 1880. En lugar de eliminarlos, el código de procedimientos penales de 1881 para el Distrito Federal redujo el alcance del jurado a crímenes con una sanción de más de dos años de prisión. Un nuevo código de procedimientos de 1894 limitó aún más los delitos sobre los cuales los jurados podían decidir y expandió el papel de los jueces. Más delitos, como la bigamia, se excluyeron en 1902, y en 1907 el trabajo de los jurados quedó restringido a delitos con sanciones de más de seis años de prisión; también se exceptuaron casos que involucraran duelos, adulterio y ataques a funcionarios públicos. Durante esos años, otros estados que también habían tenido jurados criminales los abolieron.¹⁷ Poco antes de la Revolución, los juristas auguraban que el jurado popular tenía los días contados. Sin embargo, el Primer Jefe Venustiano Carranza incluyó el jurado popular en su proyecto para una nueva Constitución a fines de 1916 y en esa oportunidad los diputados constituyentes lo aprobaron.¹⁸ Las regulaciones para el Distrito Federal se mantuvieron vigentes hasta 1929, cuando se aprobó un nuevo código penal. La posibilidad de recurrir a jurados en lugar de jueces permaneció en la Constitución hasta 2008, pero únicamente para unos cuantos delitos, como la traición y la difamación.

Los críticos del sistema de jurados se mostraban pesimistas acerca del ciudadano promedio y su capacidad para expresar la voluntad popular. Para Santiago Sierra, la ilusión de “nuestra experiencia democrática” había consagrado una institución que era un reflejo mediocre y efímero de la justicia.¹⁹ Cuarenta años después, otro porfirista, Francisco Bulnes, sostenía que la autoridad del jurado debía restringirse porque “no merecemos justicia, porque no la merece el que no sabe hacerla”.²⁰ Bulnes describía el jurado en México como una mala parodia de modelos augustos: “Los veintiséis hombres justos de la pudibunda Inglaterra, primitivos representantes solemnes del pueblo en sus actos de justicia, se transformaron en México en doce léperos que felicitaban a los violadores por los buenos cueros que habían disfrutado, se mofaban de los maridos víctimas de escandalosos adulterios, admiraban el honor exquisito de los matadores de sus concubinas o de mujeres públicas, ardían de entusiasmo con el heroísmo de los rijosos, la astucia de los asesinos madrugadores, las estratagemas de los ladrones”.²¹ Sin embargo, la acusación más coherente en contra del jurado vino del prominente abogado Demetrio Sodi, un jurista que adquirió considerable influencia y riqueza durante el porfiriato. Sodi publicó El jurado en México en 1909, en el que promovía la eliminación del juicio por jurado, cuyo fin creía inminente: la mayor parte de los estados ya lo habían abolido, estableciendo “procedimientos más acordes con el progreso científico del derecho criminal”.²² El libro se hacía eco de la crítica positivista en contra del liberalismo, pero enfatizaba la perspectiva de que la profesión jurídica ya había adquirido un mayor prestigio para ese momento. Sodi sostenía que el jurado no era una institución democrática —¿cómo podía serlo, si las listas las producían los funcionarios de gobierno de manera arbitraria?— y descartaba la idea de que los jurados fueran necesarios debido a las fallas de la institución judicial. Incluso si la mayoría de los jueces carecían de una educación de calidad, los defectos del jurado eran de tal magnitud que abolirlo era una mejor opción. Con base en su larga experiencia judicial, Sodi combinaba las citas habituales de autoridades legales con anécdotas insólitas de juicios por jurado reales. Al enumerar las muchas maneras en las que la justicia podía ser socavada, señalaba que uno de los peligros más grandes eran las argucias y la retórica de los abogados, “porque los jurados deciden por impresión y no por íntima convicción”.²³

Los informes de frecuentes irregularidades en el juzgado respaldaban las peticiones de abolir los jurados populares. Los espectadores en la sala trataban de influir en el jurado con sus escandalosas reacciones a los discursos y los testimonios. En algunos casos se descubrieron sobornos y amenazas. Los miembros del jurado a menudo apresuraban sus conclusiones, sin darse tiempo de sopesar las pruebas con seriedad. Los abogados recurrían a la sofistería o se tomaban atribuciones que no les correspondían. Las acusaciones más fuertes a los juicios por jurado surgieron a partir de unos cuantos casos particularmente escandalosos en los que los jurados exoneraron a sospechosos de crímenes graves como el homicidio. A pesar de que los periódicos cubrían la mayor parte de estos acontecimientos como algo rutinario, algunos ejemplos parecían particularmente indignantes y dieron pie a las primeras solicitudes de abolir la institución o suspender temporalmente las garantías constitucionales. Se escribieron obras inspiradas en esas injusticias y hubo una amplia cobertura de exoneraciones particularmente lamentables porque eran resultado de votos del jurado que contradecían las pruebas. Incluso ante las múltiples confesiones de un sospechoso, como sucedió en el caso de Felipe Guerrero, acusado de asesinato en 1895, los jurados no siempre emitían un veredicto de culpabilidad. Para los críticos, la conclusión era simple: el tipo de gente que servía en los jurados era egoísta y por lo tanto simpatizaba con el criminal, o bien era tan crasa y vulgar que no lograba ver la aberración del crimen.²⁴

Estos argumentos pasaban por alto el hecho de que, en muchos casos, la exoneración se apoyaba en contundentes pruebas y de que, en otros, los veredictos de culpabilidad conducían a la pena de muerte.²⁵ De acuerdo con una cuenta realizada en 1929 por unos jueces que presidían juicios por jurado, de 260 casos, 70 por ciento resultó en sentencia de culpabilidad, 5 por ciento había sido de “veredictos absurdos, principalmente por defectos de acusación” (en los que los fiscales solicitaban severos castigos por delitos menores) y, el resto, exoneraciones por “delitos de orden pasional”.²⁶ Las cifras, a pesar de ser parciales, contrastaban favorablemente con los datos reunidos en 1880, cuando los jurados en una pequeña muestra de casos absolvieron a más de 70 por ciento de los acusados.²⁷ La mejoría, sostenían los periódicos, era resultado de su cobertura, que había vuelto más transparente la operación del juicio. Hasta la selección del jurado podía volverse un evento público, al punto de que los periódicos mostraban nombre y retrato de los elegidos.²⁸

El perfil social de los miembros del jurado era la razón principal por la cual los abogados profesionales se oponían a este sistema. Según la ley de 1869, los jurados se componían de once miembros. No había requisitos de ingresos, pero se exigía de sus miembros “No ser empleado, ni funcionario público, ni médico en ejercicio, ni tener otra ocupación que impida disponer con alguna libertad del tiempo sin privarse del jornal o sueldo necesario para su subsistencia.”²⁹ Sólo tenían que ser, explicaban los legisladores, hombres de “buenas costumbres y buen sentido común”.³⁰ Así pues, las exclusiones se basaban en el estatus social, no en la ideología. Los analfabetas quedaban excluidos, al igual que los artesanos y, más tarde, aquellos que estuviesen por debajo de cierto nivel de ingresos. Lucio Duarte, dueño de una pulquería, logró que lo excusaran de su obligación de ser jurado “por carecer de los conocimientos que deve [sic] tener la persona que desempeñe tal comisión”.³¹ Los extranjeros con tres años de residencia y los antiguos partidarios del Segundo Imperio, a quienes en otras instancias se consideraba traidores, podían ser incluidos —después de todo, solían ser hombres educados, de clase alta—. En 1880, el liberal moderado Santiago Sierra abogó por un jurado más pequeño “pero bien elegido entre ciudadanos que reunieran ese conjunto de cualidades que constituyen la honorabilidad”.³² Una reforma de 1891 a la ley redujo a nueve el número de miembros del jurado y estableció que debían ganar cien pesos al año o tener una profesión.³³

Antes de cada juicio, los nombres de los miembros del jurado se extraían al azar de una lista de “personas caracterizadas” en cada barrio, recopilada por las autoridades municipales.³⁴ En la práctica, el perfil social de los miembros del jurado estaba determinado por el proceso de selección de los nombres en la lista. Muchos ciudadanos pedían que se les excluyera por motivo de enfermedad, ignorancia, sordera, vejez u otras razones. Los que tenían amigos en el gobierno podían ser borrados fácilmente. El resultado eran listas arbitrarias, incompletas y no actualizadas, que a menudo incluían a personas inexistentes. Según un juez, esto causó “graves inconvenientes, que poco a poco, destruye[ro]n y enerva[ro]n la institución de Jurados”.³⁵ Los jurados, decían sus críticos, incluían a gente con poca educación, comerciantes, inmigrantes españoles de baja calaña y motivados por el interés, e incluso a borrachos. Demetrio Sodi denunció la existencia de “miembros del jurado profesionales”, también conocidos como “coyotes” o “milperos”, que conocían muy bien los procedimientos legales. Eran “vagos” que se las ingeniaban para ser seleccionados en los jurados con el fin de recibir el pequeño estipendio que correspondía a la tarea. Su truco era adivinar el resultado que el juez deseaba, de modo que los “seleccionaran” de nuevo.³⁶ Veinte años después, los periódicos seguían ridiculizando a los miembros del jurado que se vendían al mejor postor, que no representaban “la ingenuidad limpia y espontánea del ciudadano humilde”, sino más bien la astucia de personajes urbanos superficialmente educados que buscaban aprovecharse de los intersticios de un sistema defectuoso. Al convertir el servicio en el jurado en un oficio, pervertían los objetivos de la institución y hacían posible una “sentina amenazadora donde la corrupción hierve y burbujea”.³⁷ La corrupción podía jugar a favor o en contra de cualquiera de las partes. En 1929, los miembros de un jurado en un caso de asesinato vinieron juntos desde Iztapalapa; eran, según El Universal, “indios” enviados por un cacique. Durante un receso de las sesiones en el juzgado, almorzaron con un empleado de la defensa que les dijo cómo votar.³⁸

Un vistazo al resto de los participantes en los juicios sugiere que en efecto había otros actores que podían socavar esa expresión de la soberanía popular que era el jurado. Los jueces controlaban el proceso de los juicios antes de la audiencia pública final. Estaban a cargo de la fase de investigación inicial del proceso, que consistía en reunir todas las pruebas en un archivo escrito. Las audiencias públicas ante el jurado comenzaban con la lectura por parte del secretario del juzgado de la acusación del fiscal y del contraargumento de la defensa, con una monotonía tal, que dormía tanto a los miembros del jurado como al público. Luego los sospechosos respondían preguntas y se le presentaban pruebas adicionales al jurado. Durante esta fase, según la ley, el juez “puede hacer cuanto estime oportuno para el esclarecimiento de los hechos: la ley deja a su honor y conciencia el empleo de los medios que puedan servir para favorecer la manifestación de la verdad”.³⁹ El juez era el actor más activo y poderoso en el proceso judicial, el que interrogaba y reñía a los sospechosos si sus declaraciones contradecían cualquiera de las pruebas existentes o si decían no recordar los hechos. Según Carlos Roumagnac, un observador avezado del mundo del crimen y las prisiones, los jueces actuaban bajo el supuesto de que el sospechoso era culpable y dejaban de lado “la calma, la imparcialidad, y en muchos casos hasta la piedad, que […] deben ser las principales características del verdadero juez”.⁴⁰ Los jueces perdían parte de su poder en la siguiente fase del juicio, cuando el fiscal y el abogado defensor resumían el caso utilizando todas sus herramientas retóricas. Ése era el momento en el que todos ponían atención y en el que la retórica adquiría un papel central, porque los abogados defensores hábiles podían voltear a los miembros del jurado y al público en contra del fiscal.⁴¹

Los abogados desplegaban las herramientas de la retórica y la emoción personal, socavando la estructura del proceso establecido por la ley. El código le indicaba a los fiscales que debían limitar sus conclusiones a “una exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado”, sin citar autores ni leyes, y le permitía al abogado defensor hablar “con toda libertad sin más prohibición que la de atacar a la ley, a la moral o a las autoridades, o injuriar a cualquiera persona”.⁴² En la práctica, sin embargo, había un margen de libertad considerable. Si bien el juez podía detener los discursos si éstos transgredían estos límites, los abogados utilizaban una variedad de recursos para influir en los miembros del jurado. Algunos comenzaban con bromas. Los fiscales citaban a criminólogos para poner énfasis en las características evidentemente criminales del sospechoso. Ambas partes desplegaban “las figuras retóricas de relumbrón y los golpes escénicos” en los que la inspiración literaria cobraba mayor prioridad que los hechos.⁴³ Pero la defensa era la que realmente podía recurrir al arte para suscitar emociones y motivar la empatía de los miembros del jurado hacia los sospechosos. Provocar los mismos sentimientos hacia las víctimas era más difícil, pues resultaba más sencillo imaginar la venganza que el sufrimiento.

La habilidad para movilizar la sentimentalidad por encima de la ley volvió muy populares a ciertos abogados defensores. Eran oradores talentosos a quienes se veía como artistas cuyo trabajo tenía relevancia política. El más conocido de ellos era Querido Moheno. Abogado y miembro del congreso durante el porfiriato, Moheno abogó por un régimen parlamentario y fuertes restricciones a los derechos al voto con el fin de garantizar una transición pacífica tras el fin de la benévola dictadura del envejecido Díaz. Esto significó, en los escritos de Moheno, un papel dominante para la opinión pública, a la que definió como la voz de los sectores más educados de la sociedad. Durante la guerra civil que comenzó con el golpe en contra del presidente Francisco I. Madero en 1913, Moheno se unió al gabinete del general Victoriano Huerta y tuvo que salir del país con el triunfo de la Revolución. Volvió en 1920, aparentemente renunciando a la política, para trabajar como periodista y abogado defensor en la Ciudad de México. Durante esa década, sus discursos, algunos de los cuales duraban varias horas, se elogiaban como obras de arte, mientras que sus columnas en el periódico arremetían en contra del régimen posrevolucionario. Era tan popular, que el público le aplaudía desde antes de que comenzara a hablar y los oyentes celebraban la conclusión de sus discursos con “Gritos, aplausos, llanto, manos que se extremecían [sic], todo confundido en el homenaje al gran tribuno”; incluso lo llevaban en hombros, a pesar de su peso considerable.⁴⁴ Sus éxitos en el juzgado a menudo se interpretaban como victorias políticas. Los diputados oficialistas en el congreso se referían a él como “el cínico de Querido Moheno, que no conforme con haberse manchado con el crimen del huertismo, todavía así quiere mancharse con su complicidad en todos los crímenes de las mujeres prostitutas de la Ciudad de México”.⁴⁵ Moheno utilizaba todos los recursos de la oratoria para persuadir a los miembros del jurado de votar a favor de la exoneración, al combinar los preceptos básicos de la retórica clásica con una astuta manipulación de las emociones del público.

Moheno compartía las ideas del sociólogo político Gustave Le Bon acerca de las masas. Por ello, hacía del juicio por jurado la pieza angular de una teoría política más amplia acerca del papel de las emociones y la violencia en la vida pública. Le Bon, admirado tanto por los porfirianos como por los revolucionarios, sostenía que las multitudes podían ser estudiadas y manipuladas como organismos vivos. Las describía como impulsivas, simplistas, autoritarias y conservadoras. Los jurados eran sólo una variedad particular de esas masas y, como tales, los influía más la imaginación que el razonamiento o las pruebas. Le Bon ofrecía unas cuantas reglas para influir en los jurados: explotar su tendencia a ser indulgentes con los delitos que por lo regular no los afectan, modificar el discurso según las reacciones del jurado y dirigirse a aquellos que aparenten ser los líderes del grupo.⁴⁶ El Universal tradujo esto al contexto mexicano: “Un jurado es una colectividad. Y una colectividad no obra por razones, sino por sentimientos. A una colectividad nada ni nadie la convence; pero antójase hasta cierto punto fácil conmoverla. Y conmoverla es vencerla, anonadarla, aun con riesgo de la justicia.”⁴⁷ Desde esta perspectiva, las emociones podían ser un fundamento legítimo para los veredictos; se asumía que los miembros del jurado simplemente canalizaban el juicio de la opinión pública. Esto obviamente contradecía el modelo de la verdad racional, lógica, que se suponía caracterizaba las investigaciones judiciales. Pero funcionaba como parte de las estrategias retóricas de Moheno. A menudo se rehusaba a fundar su defensa en detalles factuales; argumentaba que el destino de sus clientes “no ha de resolverse por esas minucias sino por los grandes hechos y las grandes generalizaciones”.⁴⁸

Para Le Bon, “conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas”.⁴⁹ Las implicaciones políticas de estas ideas fueron particularmente relevantes en el México de los años veinte. En manos de Moheno, hicieron de la oratoria un arma en contra del abuso del poder por parte del régimen posrevolucionario. En sus discursos ante jurados y en sus columnas periodísticas, defendía el uso de la violencia como resistencia heroica en contra de la tiranía. Como abogado en esa década, Moheno sostenía que el jurado era la representación más alta de la opinión pública —prácticamente lo mismo que había sostenido acerca del Congreso antes de 1913—. Junto con otros abogados defensores famosos, insistía en que el jurado era la única institución que podía ofrecer algo de justicia en un sistema judicial corrupto —“la única verdadera garantía de que aún disfruta el ciudadano entre nosotros”—. El jurado desbancaba a la ley escrita porque era “el resumen de la conciencia social”.⁵⁰ La “justicia oficial”, después de todo, no era más que una manera de delegar temporalmente al gobierno el derecho del pueblo a buscar la justicia. La “convicción íntima” de los miembros del jurado traducía al plano de la acción pública un profundo escepticismo respecto del Estado, el cual Moheno cultivaba en discursos que hacían que las acciones de los acusados parecieran una forma de resistencia en contra de la corrupción del régimen. Mientras defendía a Alicia Jurado, que había matado a su marido, sostenía que la Revolución había provocado confusión moral e impunidad y que, como consecuencia, la justicia había perdido su autoridad; si a los asesinos de Madero y Zapata no se les había castigado, y los hombres que se habían robado los muebles del propio Moheno durante la Revolución ahora los usaban sin miedo al castigo, ¿cómo podía el jurado condenar a una mujer indefensa?⁵¹ La Revolución había sido “esta espantosa pesadilla […] estos diez años de horrible carnicería entre hermanos, durante la cual ha perecido un millón de mexicanos”.⁵²

La defensa de la opinión pública por parte de Moheno se basaba en una concepción racista de la sociedad. Sostenía que un jurado auténticamente independiente tenía que extraerse de una lista que representara el “nivel intelectual” de la sociedad mexicana: ni los intelectuales ni los “huarachudos” ignorantes,⁵³ y sostenía que “la única forma posible de la democracia es el gobierno del pueblo por los mejores del pueblo”.⁵⁴ La decadencia del sistema judicial era resultado del mestizaje que estaba “estrangulando la república”.⁵⁵ Moheno, que había vivido en Cuba y Estados Unidos durante su exilio, aludía al “salvajismo africano” de los negros en la isla, quienes, aseguraba, mataban a niños blancos y se los comían. En sus textos, elogiaba al sur de Estados Unidos, donde “la ley de Lynch autoriza cierta clase de ejecuciones populares” como protección del honor de las mujeres blancas y como una representación directa de la soberanía popular —el mismo razonamiento que había utilizado el liberal Ignacio Ramírez seis décadas antes, cuando los juicios populares se propusieron por primera vez—.⁵⁶ Otros autores mexicanos compartían el punto de vista de Moheno acerca de las jerarquías sociales, una visión fuertemente marcada por preconcepciones raciales, así como su rechazo conservador de la Revolución.⁵⁷ El éxito de los discursos de Moheno probablemente orilló al gobierno a eliminar la institución en 1929.⁵⁸ Si bien estas ideas no condujeron a ideologías fascistas similares a las que se estaban desarrollando en otros países, en México dejaron un legado menos abierto pero más resiliente de escepticismo generalizado hacia el sistema judicial y la policía, y de tolerancia al castigo extrajudicial.

Regresando a la práctica judicial, las posibilidades para la manipulación estaban restringidas por la ley. El jurado sólo entraba en escena como el actor principal de los procesos judiciales después de escuchar estos discursos y las instrucciones del juez. Éste le proporcionaba a los miembros del jurado las preguntas sobre las cuales tenían que votar. El cuestionario seguía un orden lógico en el que una respuesta negativa a una pregunta podía evitar que se discutiera la siguiente. Las circunstancias atenuantes y agravantes, por lo tanto, se consideraban únicamente después de que el jurado había votado acerca de la culpabilidad del sospechoso. El juez tenía que evitar términos técnicos y hacer las preguntas lo más simples posible, pero a menudo las respuestas del jurado eran ilógicas: podían presentar, por ejemplo, circunstancias agravantes después de declarar que no había tenido lugar ningún crimen. Junto con las preguntas, el jurado recibía un manual con artículos relevantes sobre los códigos procesales. El juez también les daba instrucciones con el fin de preservar la integridad del proceso de decisión. Por ejemplo, al jurado se le indicaba que debía ignorar el destino que le esperaría al sospechoso de acuerdo con su veredicto. Nadie tomaba estas órdenes muy en serio y el jurado sí tomaba en consideración el castigo cuando votaba sobre los hechos del caso. Fuera de esto, no había reglas para la deliberación del jurado. El juez sólo podía entrar a su sala de reunión para esclarecer algún punto de la ley, pero sí podía presionar al jurado a llegar a un veredicto rápido, prohibiéndoles abandonar el juzgado antes de haber votado o negándose a traerles comida, a pesar de que las sesiones se programaban por la tarde y la noche. Estas tácticas, argumentaban algunos críticos, conducían a votos evidentemente erróneos como consecuencia del agotamiento.⁵⁹

El papel del jurado no se limitaba a su deliberación y su voto después de la audiencia. El jurado ofrecía una perspectiva unificadora a todo lo largo del juicio, comunicándose activamente con los otros participantes y manteniendo, no obstante los argumentos de los críticos del sistema, una competencia pareja entre las partes en la búsqueda de la verdad. La mejor descripción general de la diversidad de voces que se escuchaban en los juicios por jurado durante los años veinte proviene de las memorias de Federico Sodi, El jurado resuelve, publicadas en 1961. A diferencia de su medio hermano Demetrio, quien en 1909 escribió El jurado en México, Federico alababa la institución y su caos polifónico, y no ponía mucha atención en las cuestiones jurídicas. Los grandes discursos a cargo de abogados famosos, según Sodi, “no determinaban nunca la suerte de un procesado. Un caso se ganaba o se perdía gracias a las pruebas que se ponían a la vista de los jueces del pueblo.” Más que ser el objeto de una manipulación emocional, “el instinto del jurado le hacía distinguir la verdad de la mentira con una precisión matemática […] todo por un maravilloso fenómeno intuitivo”, de modo que su opinión ya estaba formada desde antes de las observaciones finales por parte de los abogados. Así, por ejemplo, Sodi logró obtener una absolución para la sospechosa de homicidio Bernice Rush a pesar del prejuicio en contra por su nacionalidad estadounidense y su pasado como prostituta. Al cabo de unos cuantos días, los miembros del jurado comenzaron a comprenderla a pesar de su mal español, gracias a “esos pequeños elementos fugaces, por los imponderables que sólo se captan y se transmiten de espíritu a espíritu humanos”.⁶⁰

Las pruebas llegaban al jurado desde distintas perspectivas. Cuatro partes interrogaban a los sospechosos y los testigos en orden: el juez, quien por lo regular trababa de respaldar los resultados de la investigación previa; el fiscal, quien contribuía al caso esperando un veredicto de culpabilidad; los abogados defensores (a menudo un equipo que podía incluir a abogados de oficio), quienes trataban de poner en duda la acusación y, a la vez, crear una historia alternativa y, por último, los abogados que representaban a la parte civil. Estos últimos eran contratados por las víctimas o la familia de una víctima de homicidio para conseguir una compensación monetaria y defender la reputación del fallecido. Se sentaban frente a una mesa sobre una plataforma junto al juez, los fiscales y los abogados defensores; participaban en los interrogatorios y también daban un discurso de cierre. Su papel podía ser importante: en el caso de María del Pilar Moreno, el representante de la familia de la víctima fue más vehemente en la exigencia de castigo que los fiscales.⁶¹ Los representantes de la parte civil también podían contribuir al tono emocional del juicio. En un caso en el que un hombre que había matado a su esposa y al hombre con el que lo engañaba conmovió al público con sus lágrimas, los parientes del amante contrarrestaron el efecto con un abogado que había sido, en opinión de Sodi, ridículo pero efectivo: “Se decía de él, probablemente por sus malquerientes, que tenía una tarifa de honorarios de tres categorías y precios diferenciados: defensa con voz lacrimosa, defensa con sollozos y defensa con llanto corrido.”⁶² Todos los abogados podían trabajar, en diferentes momentos de su carrera, en cualquiera de las cuatro modalidades mencionadas arriba. Así, incluso después de las peores batallas, solían tomarse un trago junto con sus adversarios, a menudo en un bar que quedaba frente al juzgado.⁶³

Los miembros del jurado también escuchaban otras voces durante la presentación de las pruebas. Los fiscales y los abogados defensores, según Sodi, podían ser dominantes durante los discursos, pero perder el control durante los interrogatorios. Los mejores, como Moheno, reunían información acerca de los testigos antes del juicio y los sorprendían revelando datos acerca de sus vidas y preparando el terreno para las conclusiones, una narración melodramática con personajes rigurosamente delineados. La veracidad de los testimonios también se exponía durante el careo, la confrontación cara a cara entre el sospechoso y los testigos o las víctimas. El juez exigía que ambas partes conciliaran sus testimonios y las dejaba hablar libremente, sin la intervención de los abogados. El resultado no producía muchas pruebas nuevas pero sí diálogos fascinantes aderezados de insultos, acusaciones y chismes, como en un caso que involucraba a dos esposas de una víctima de asesinato, en el que cada una cuestionaba la moralidad de la otra, u otro entre dos hombres implicados en un duelo que se resistían a admitir que la causa de la disputa era la esposa de alguien más. Los sospechosos podían, por lo demás, intervenir en las discusiones e, incluso durante el interrogatorio del fiscal, daban sus propias explicaciones y emitían sus críticas de las pruebas presentadas en su contra. Los miembros del jurado también podían hacer preguntas recurriendo al juez o, como sucedió en el caso contra Rush, hacer comentarios acerca de la precisión de la traducción de su declaración.⁶⁴ Los testigos también tenían un papel activo en el proceso, más allá de sus declaraciones. Este rubro incluía todo tipo de personas intrigantes, desde un enfermo mental traído del psiquiátrico hasta un famoso detective; podían dormirse mientras esperaban su turno o permanecer involucrados activamente como parte del público.⁶⁵

La más disonante de estas voces era, por supuesto, la del sospechoso. Algunos de ellos tenían una presencia tan imponente que se volvieron una suerte de celebridad. Ciertas mujeres que fueron absueltas gracias al trabajo de Federico Sodi terminaron, como él mismo temía, siendo víctimas de su propia fama repentina, pero otras adquirieron reputaciones duraderas.⁶⁶ El público venía a los juzgados a ver de cerca a estos personajes fascinantes. Un español acusado de asesinato, por ejemplo, atrajo la curiosidad de todo el mundo porque su apariencia no concordaba con ninguno de los estereotipos del criminal que ofrecía la ciencia. En el famoso caso del Desierto de los Leones, la imagen de una mujer de negro, cubierta por un velo, sentada junto al cráneo del hombre al que ayudó a matar y enterrar, superaba cualquier película en términos de la puesta en escena.⁶⁷ Los sospechosos manipulaban al jurado, según Sodi: “Procuran hacerse simpáticos al tribunal; buscan la manera de hacer reír a sus jueces, o bien, los conmueven con relaciones sentimentales y con infortunios fingidos”; las sospechosas alquilaban niños “para poder conmover, por medio de una maternidad fingida, al sencillo y cándido jurado”. Algunos también escondían la supuesta prueba anatómica de su propensión criminal, como las orejas grandes, los brazos largos, la piel oscura o la barba rala —como buen positivista, Sodi consideraba que estos rasgos eran pruebas objetivas de tendencias criminales.⁶⁸

FIGURA 1. Boletos para el jurado. Excélsior, 29 de abril de 1928, p. 6. “ELLA: Bueno, si no hay teatros, llévame esta tarde al jurado. / ÉL: No pude conseguir entradas, mujer… / ELLA: ¡Caramba!… ¿Pues dónde nos vamos a divertir?”

La puesta en escena era muy apreciada por las multitudes que asistían a los juicios por jurado. El juzgado distribuía un número limitado de boletos gratuitos, los cuales, para los casos famosos, se vendían afuera del Palacio de Justicia. La presencia física de los espectadores en la sala era perceptible; a medida que la temperatura se elevaba, los olores a sudor, alimentos, humo de cigarro y flashes podía ser sofocante. La gente chiflaba, abucheaba, lloraba, aplaudía y, en algunos casos, según Sodi, coreaba: “‘¡Absolución!’ Como las ‘porras’ de un partido de futbol.”⁶⁹ Al menos en uno de los casos, examinado a continuación, los miembros del público atacaron físicamente a los sospechosos. Los que no podían entrar a la sala tenían que ser retenidos afuera por soldados, pero estos espectadores potenciales aún podían expresar su opinión desde la calle. A los abogados y los periodistas les gustaba comparar estas multitudes con los públicos que se encontraban en los teatros, en los cines baratos, los mercados callejeros o los cabarets.

En 1907, el escritor Federico Gamboa solía asistir por la mañana a los juicios por jurado para escuchar a los oradores más prometedores, antes de disfrutar de un almuerzo en el Country Club. La diversidad de públicos lo fascinaba. Gente de todos los ámbitos podía conseguir boletos y hacer sentir su presencia: desde mujeres de clase alta, burócratas de elevado rango, diplomáticos extranjeros y otra “gente decente” hasta “hampones” y todo tipo de chusma de los barrios que rodeaban la cárcel de Belem, donde estaban los juzgados de la Ciudad de México.⁷⁰ Para la sensual y aburrida mujer de la caricatura de Cabral que se muestra en la figura 1, el jurado era una distracción necesaria cuando no había obras de teatro disponibles; estaba molesta porque su marido no había podido conseguirle boletos.

Para los años veinte del siglo pasado, los juicios por jurado ya tenían sus propios reporteros especializados, quienes generaron una innovadora cobertura fotográfica y narrativa. Las crónicas exhibían la intensidad dramática del escenario, la personalidad de los actores y la secuencia de los hechos, desde la escena del crimen hasta los discursos finales en la sala.⁷¹ La figura 2 captura los elementos más llamativos del caso de María del Pilar Moreno: su pequeña aunque circunspecta silueta, el apoyo de su madre, las multitudes en la calle, los rostros de los miembros del jurado, una reconstrucción del momento del disparo y los escritorios del juez, los abogados y los periodistas en la sala.⁷²

El hecho de que los juicios por jurado fuesen un espectáculo no significa que fuesen frívolos. Las mujeres, como veremos en la próxima sección, exploraban los límites del ejercicio femenino de la violencia en defensa de la dignidad. Algunos casos se convirtieron en laboratorios vivos de la justicia y escuelas para construir el alfabetismo criminal. Los cronistas de un caso famoso en 1906 destacaron que ciertos miembros del público, entre ellos algunos estudiantes de derecho, opinaban sobre asuntos de jurisprudencia. Gamboa seguía yendo a los juicios para reunir material para sus novelas, aun si condenaba al jurado como una “imbecilidad democrática”.⁷³ Los criminólogos observaban una variedad de personajes y situaciones criminales en un escenario que, como la cárcel, estaba inherentemente conectado con el “mundo del crimen”. Roumagnac recomendaba que aquellos que estudiasen la ciencia de la vigilancia policial asistieran a las sesiones del jurado; entre el “público que asiste a ellas […] será muy raro que no se hallen individuos del hampa y muy especialmente reincidentes”.⁷⁴ El propio Roumagnac entrevistó a algunos presos, que le dijeron que asistían a los juicios no sólo para pasar el tiempo, sino también para aprender técnicas delictivas y estratagemas para evadir a los detectives. La radio, un medio que emergió a mediados de los años veinte, contribuyó a expandir el alcance de estas lecciones. Las ramificaciones políticas de los juicios por jurado, como veremos en la siguiente sección, también fueron multiplicadas por los medios y sus públicos.⁷⁵

FIGURA 2. La exoneración de María del Pilar Moreno. Excelsior, 29 de abril de 1924, sec. 2, p. 1.

MARÍA DEL PILAR MORENO

El caso de María del Pilar Moreno resulta útil para entender cómo las prácticas y las discusiones relacionadas con el jurado criminal llegaron a producir narraciones perdurables. Su historia se volvió un poderoso foco de interés público en todo el país porque incorporaba varias tramas, tanto políticas como privadas. Como “tema de actualidad”, los detalles del caso circularon por todo el país de boca en boca durante varios meses. Lectores de periódicos, jueces, abogados, sospechosos, estudiantes, mujeres e incluso escritores (“todas las clases sociales”, según El Heraldo) conocían los detalles del caso y hablaban de él con emoción y conocimiento. La convergencia de un público tan diverso era consecuencia de que se trataba de una historia compleja con un significado muy rico. Las opiniones inspiradas por el asesinato y el juicio reflejaban que las concepciones en torno a la edad, el género, la privacidad y la justicia estaban cambiando de manera inesperada.⁷⁶

El 10 de julio de 1922, a los 14 años de edad, María del Pilar mató al senador Francisco Tejeda Llorca fuera de su casa, en el número 48 de la calle de Tonalá, en la Ciudad de México. Dos meses antes, Tejeda Llorca había matado al padre de la pequeña, el diputado Jesús Moreno, pero había eludido una acusación criminal porque era miembro del Congreso. La acción de María del Pilar provocó inmediatas manifestaciones de apoyo y hubo celebraciones tras su absolución en abril de 1924. El resultado se debió en gran medida a la defensa de Querido Moheno, pero también ayudó a María del Pilar la propia explicación de sus motivaciones, diseminada por la prensa, un libro de sus memorias de infancia y el propio juicio. La “tragedia”, como los contemporáneos etiquetaron el caso, no habría sido tan poderosa si no hubiese tenido lugar en medio de la agitación política que en esos días asediaba al gobierno de Álvaro Obregón. La historia de María del Pilar expuso la ferocidad masculina de la política, la creciente brecha entre las instituciones judiciales y la verdadera justicia y la incertidumbre en torno al papel que debían desempeñar las mujeres en una nueva era marcada por una participación política cada vez mayor. El juicio reflejó un creciente apoyo público del uso de la violencia privada para remediar las fallas de la ley y la impunidad asociadas con la política.

Los personajes de la historia presentaban ese dilema con la severidad del melodrama. El 24 de mayo de 1922, Tejeda Llorca se encontró por casualidad con Jesús Moreno, el padre de María del Pilar, en las puertas de la Secretaría de Gobernación. Ambos estaban tratando de reunirse con el secretario Plutarco Elías Calles. Tuvieron un altercado y Tejeda Llorca, azuzado por sus amigos, que estaban sujetando a la víctima, le disparó de cerca a Moreno. Tejeda Llorca se entregó de inmediato a la policía y rindió declaración en la comisaría. Sin embargo, como diputado federal, no podía ser acusado, a menos que el Congreso lo despojara del fuero. En las semanas siguientes, María del Pilar y su madre, Ana Díaz, se reunieron con varios políticos de alto rango, incluido Calles, para pedir el arresto de Tejeda Llorca. No se podía hacer nada, les decían, debido a su inmunidad parlamentaria. Tejeda Llorca era el ejemplo de los privilegios de que gozaba una clase política de hombres violentos que parecían estar por encima de la ley. Los miembros del Congreso en particular eran objeto de desprecio, ya que el propio Congreso estaba perdiendo influencia en relación con la presidencia y como representación de la opinión pública.⁷⁷ La prensa atribuyó la muerte de Moreno a la “pasión política” y las luchas electorales en el estado de Veracruz. A pesar de que ambos pertenecían al Partido Nacional Cooperatista, estaban tratando de socavar sus mutuas candidaturas para el Congreso —Moreno nuevamente para diputado y Tejeda Llorca para senador—. Los dos aseguraban tener apoyo popular, pero sabían que la bendición de Calles, el probable sucesor de Obregón, sería seguramente la que decidiría su futuro. El año siguiente, mientras tenían lugar las audiencias del juicio, una rebelión militar a favor del rival de Calles para la presidencia dentro del gabinete de Obregón, Adolfo de la Huerta, creó una seria amenaza al gobierno y magnificó las implicaciones políticas del caso. Los amigos de Jesús Moreno ahora estaban entre los delahuertistas y, durante el juicio, los abogados de María del Pilar le rindieron homenaje a algunos de los rebeldes ejecutados por el gobierno.⁷⁸

Con todo, la muchacha de 14 años en el centro del caso parecía estar por encima de la política, ya que atraía la simpatía de todos los interesados en el suceso. Tras la muerte de su padre, María del Pilar reaccionó con gestos dramáticos: cuando vio su cadáver en el hospital, trató de subirse a un barandal para arrojarse a su muerte; luego abrazó el cuerpo de su padre y prometió buscar venganza. En el funeral, bajo una fuerte lluvia y frente a políticos y familiares, estalló en “gritos desgarradores” y exclamó: “¡Justicia, señor! ¡Mi padre ha sido villanamente asesinado!”⁷⁹ Después de su crimen, confesó que al fin estaba en paz. Recibió flores en la comisaría, en la escuela correccional y durante el juicio; tras su absolución, salió de la sala del juzgado “pisando flores” lanzadas por la multitud que esperaba afuera del Palacio de Justicia de Belem y que detuvo el tráfico durante casi media hora.⁸⁰ Gente de todo el país le escribió o la vino a ver en persona para abrazarla o besar sus manos. María del Pilar inspiraba estos sentimientos porque, después de su crimen, construyó una narrativa de su vida que exhibía su vulnerable feminidad contra la violenta disrupción de la domesticidad provocada por la política. Según sus memorias, La tragedia de mi vida (escritas con la ayuda de periodistas y publicadas en 1922, después del homicidio), a ella nunca le había dado miedo intervenir en defensa de su padre: una vez se lanzó contra los oficiales que venían a arrestarlo y en otra ocasión siguió a su madre en una larga travesía por el campo para cuidar a su padre enfermo.⁸¹

El que María del Pilar hubiese matado a Tejeda Llorca era simplemente otra demostración de su amor filial. Cuando decidió dispararle, se vistió de blanco y le ordenó a su chofer que la llevara a su iglesia favorita, la Sagrada Familia, en la colonia Roma. Su tía Otilia los acompañaba. En la calle de Tonalá, a dos cuadras de la iglesia, María del Pilar salió del coche y se acercó a Tejeda Llorca, que estaba parado en la banqueta con otros hombres. Lo tomó de la solapa y le dijo: “máteme como mató a mi padre”. Él tomó su brazo e intentó hincarla a la fuerza, pero ella logró sacar su pistola y dispararle cuatro veces. Al parecer hubo más disparos, y Manuel Zapata, un amigo de Tejeda Llorca que también había tenido que ver en la muerte de Jesús Moreno, desarmó a María del Pilar y la golpeó. Su madre llegó poco después en otro coche y la llevó a las oficinas de El Heraldo, el periódico que Jesús Moreno dirigía en el tiempo en que fue asesinado. El nuevo director del diario las acompañó a la comisaría, donde María del Pilar confesó, fue arrestada y pasó la noche en compañía de su madre.

En sus declaraciones, María del Pilar dio diferentes versiones; primero dijo que lo había hecho por venganza y luego añadió detalles que podían disminuir su responsabilidad penal. Al principio dijo que el crimen había sido premeditado y que estaba satisfecha por haber vengado a su padre; también lo hizo “por defender mi vida, por defender el honor de mi padre y por defender mi orfandad”. Pero cuando se le cuestionó acerca de los hechos del crimen, declaró que no estaba buscando a su víctima en la calle de Tonalá, que había usado su pistola porque creía que Tejeda Llorca iba a sacar la suya y que no tenía la intención de matarlo, pero que se vio obligada a jalar el gatillo por la dolorosa presión que la víctima ejerció sobre su brazo. Los testigos, sin embargo, sugirieron que todo había estado planeado; algunos habían visto, días antes del crimen, un “coche misterioso” estacionado en su calle con un hombre y dos mujeres adentro; otros declararon que vieron a un “hombre fuerte” dispararle dos veces a Tejeda Llorca mientras se tropezaba, ya herido, rumbo a su casa. La autopsia más adelante reveló que el cuerpo de Tejeda Llorca contenía una bala calibre .38, además de las balas calibre .32 de la pistola de María del Pilar. La investigación subsiguiente, sin embargo, no llevó a ningún otro arresto y las contradicciones entre las declaraciones de la acusada, las de los testigos y las pruebas físicas nunca se resolvieron.⁸²

Los procedimientos que siguieron a la consignación de María del Pilar se enfocaron menos en los hechos que en el antagonismo entre múltiples actores. Los familiares de Tejeda Llorca demandaron a María del Pilar por 30 mil pesos, por lo que estuvieron involucrados directamente en el juicio. Más que el dinero, su objetivo era limpiar el nombre de la víctima ante la opinión pública. María del Pilar presentó el proceso como una confrontación en contra de adversarios poderosos. Cuando se le ofreció libertad bajo fianza, la rechazó, contraviniendo el consejo de su abogado y explicando que se sentía más segura en la escuela correccional. Eso implicaba que sus enemigos podían usar violencia en su contra, pero también era una manera de declarar su confianza en la justicia: más que obtener libertad sin una resolución clara, prefería esperar en prisión y dejar que el jurado decidiera su destino. El caso, sin embargo, se prolongó por casi dos años, una demora que era en sí misma una forma de castigo. María del Pilar permaneció ocho meses en la escuela, de donde salía solamente dos veces por semana para poner flores en la tumba de su padre, hasta que resultó evidente que los fiscales y el juez estaban retrasando la conclusión del juicio, y entonces se mudó de vuelta con su madre.⁸³

El retraso le permitió a María del Pilar proponer una narración de su propia vida que abundaba en las contradicciones entre la violencia de la política y la feliz domesticidad de un hogar próspero y protector. Había estudiado con tutores privados, en el prestigioso Colegio Francés y en la Escuela Normal para Profesoras. Su padre la motivaba a aprender piano, canto y bordado, y esperaba que se volviera periodista. Le pedía a su esposa que excusara a María del Pilar de cualquier tarea doméstica que pudiese lastimar sus manos y esperaba que se vistiese bien, aunque sin ostentación. La respetabilidad de la familia estaba personificada en la casa en la que vivían en 1922. Su padre la había construido, la había llamado “María del Pilar” y había puesto las escrituras a nombre de su hija. Ella le había dicho que le gustaba la colonia Portales, un área escasamente poblada al sur de la ciudad. Los periodistas y el propio Moheno en su discurso final en el juicio describieron la casa de un modo que evocaba la dicha de la vida moderna y autosuficiente de la arquitectura estilo estadounidense y los automóviles característicos de las nuevas colonias de la Ciudad de México.⁸⁴

La política, la fuente de la prosperidad que había hecho posible esta felicidad, también la amenazaba. María del Pilar y su madre a menudo le pedían a Jesús que abandonara su candidatura para el Congreso y se enfocara en el periodismo. A causa de su trabajo político había estado preso y había sido víctima de persecución, exilio, enfermedad y duelos. En los años veinte, el trabajo en el Congreso todavía implicaba riesgos considerables; en el propio recinto de la Cámara de Diputados hubo balaceras e incluso homicidios. La intriga política era probablemente la razón por la cual varios hombres enmascarados habían acechado la casa de la colonia Portales por la noche e intentado subir a la terraza de María del Pilar. Sin embargo, la forma en que María del Pilar defendió su vulnerable hogar se apartó de la feminidad que caracterizaba a las familias más respetables: disparó un pequeño rifle que había recibido como regalo, con el fin de llamar la atención hacia los intrusos. Como el rifle era demasiado endeble, su padre le dio otro que resultó demasiado pesado y luego le dio una pequeña pistola que mantenía en su buró y que terminaría utilizando para matar a Tejeda Llorca. Durante el juicio, Moheno intentó minimizar la poco femenina familiaridad de María del Pilar con las armas de fuego, ya que podía evocar criminelles passionnelles extranjeras e influir en su contra en los miembros del jurado. Pese a la estrategia de Moheno, a los admiradores masculinos de María del Pilar no les quedaba más remedio que reconocer su valiente uso de un símbolo tan viril del legado de su padre. Confiaba en que esa conexión filial le ayudaría, pues sabía que los miembros del jurado “han tenido padre o tienen hijos” y tendrían que exculparla.⁸⁵

El distanciamiento más claro de María del Pilar de los roles de género y edad, no obstante, fue su conciencia del efecto de sus acciones y sus palabras en la opinión pública. Después de matar a Tejeda Llorca, le describió a los periodistas las emociones que la llevaron a cometer el crimen. Escribió una autobiografía y siguió dando entrevistas a los periódicos hasta los últimos días del juicio, siempre con énfasis en su feminidad vulnerable pero circunspecta. Por ejemplo, le aseguró a Excélsior que se sentía tranquila, a pesar “de mi temperamento femenil y nervioso”.⁸⁶ Su actuación durante las audiencias ante el jurado estaba bien sintonizada para conmover al público. Lloraba varias veces durante los interrogatorios y los discursos, pero cuando llegaba el momento de testificar, ofrecía una versión clara y conmovedora de su historia. Además de narrar los acontecimientos básicos, reprobó a Calles por haber rechazado sus súplicas de que se hiciera justicia. En contraste con la imagen común de las mujeres tristes y silenciosas en los juicios criminales (que de todas maneras ella y su madre ofrecieron a los fotógrafos), ella era extrovertida, casi imponente: le pidió al juez que no expulsara de la sala al escandaloso público, invitó al auditorio a mostrar respeto hacia los fiscales y agradeció a los familiares de la víctima por abandonar su solicitud de que el asesinato de su padre se discutiera como parte del juicio. Esta última intervención provocó “una tempestad de aplausos del auditorio, profundamente conmovido”.⁸⁷ Así María del Pilar pudo dotar a su acción de un claro sentido moral. No volvería a escribir, como prometió en su libro, pero sus ademanes y palabras ante el público del jurado, su autobiografía y sus fotos en la prensa crearon un paradigma del amor filial y la dignidad. Su triunfo se celebró como el triunfo de la feminidad, pero su activa defensa de la domesticidad y su reclamo de venganza parecían confundir las nociones contemporáneas sobre del uso de la violencia y las diferencias de género.

Las conclusiones de Moheno ante el jurado lograron darle una forma retórica efectiva a esta tensión entre las normas de género y el uso de la violencia en nombre de la justicia. Comenzó en un tono menor: la piedad, argumentó engañosamente el abogado, era el objetivo de un buen discurso de defensa, de modo que él profesaba la humildad. Pero luego se presentó como un hombre que había logrado defender a otras mujeres acusadas de homicidio. Es esos casos, también se había enfrentado a la hostilidad del gobierno, que lo caracterizaba “como el abanderado de la reacción”, cuyos triunfos eran “un peligro nacional”. Le recordó a los miembros del jurado y al público que estaba trabajando de manera gratuita, después de haber rechazado un anticipo de los familiares de Tejeda Llorca.⁸⁸ La presencia de Moheno dominaba el escenario y contrastaba con la imagen de María del Pilar; sudoroso y corpulento, en algún momento pidió una pausa, explicando que estaba muy cansado.

En la parte principal del discurso, presentó la decisión del jurado en términos de las implicaciones morales del crimen, más que de los hechos. Pintó una escena idealizada de la dicha doméstica de los Moreno en la casa de la colonia Portales y la comparó con las “lobregueses de la sórdida vivienda de dos piezas en horrendo patio de vecindad” adonde la acusada y su madre habían tenido que mudarse tras la muerte de su padre. Ahora María tenía que hacer trabajo doméstico.⁸⁹ Tal infortunio era consecuencia, explicó Moheno a un público con lágrimas en los ojos, de “la política baja, sangrienta y suicida nuestra”.⁹⁰ La estrategia se calculó para orientar el razonamiento de los miembros del jurado hacia factores que eran a la vez más grandes que el crimen en cuestión, pero igualmente cargados de emociones. El verdadero crimen, manifestó Moheno, había sido el fraude electoral que le había dado a Tejeda Llorca una silla en el Senado, lo cual le había permitido mantener su impunidad después de haber cometido un asesinato. Siguiendo al pie de la letra las ideas de Le Bon acerca de las masas, Moheno incentivó la intervención del público de la sala y, más en general, de la opinión pública; citó sus propios libros, sus columnas y entrevistas en los periódicos. También trató de incitar a los miembros del jurado a la acción, como dictaba la retórica clásica, mediante la calidez y la pasión de las emociones. Sus herramientas en éste y otros discursos eran pocas pero efectivas: la repetición de “grandes ideas” y metáforas, referencias constantes a la religión, la mitología, la historia nacional y la literatura; ataques a los testigos de cargo, representaciones del sufrimiento de la acusada y patéticos llamados al perdón. El clímax, sin embargo, fue una justificación de la venganza violenta que demostraba poca piedad hacia la víctima. Moheno exhortaba al jurado a hacer justicia por mano propia, como lo había hecho María del Pilar, y a absolverla, votando con su conciencia aunque ello significara ignorar la letra de la ley. Le aplaudieron durante varios minutos y hasta el juez lo felicitó por la belleza de su discurso. Tras el veredicto, el público se lo llevó de la sala cargado en hombros.⁹¹

La resolución del juicio de María del Pilar fue un ejemplo emblemático de la forma en que los juicios por jurado se habían convertido en un lugar donde los roles de género podían discutirse abiertamente y, en cierta medida, transformarse. Su caso y otros más durante los años veinte crearon un espacio prominente para que la población escuchara historias en las que las mujeres y la violencia aparecían juntas. Eran narraciones fascinantes, lo suficientemente complejas como para hacer posibles distintas interpretaciones, y todas compartían una fuerte protagonista femenina. Con las palabras y las imágenes producidas en las salas de los juzgados, estas mujeres explicaban cómo habían utilizado la violencia para defender su honor y su integridad física. Las absoluciones que muchas de ellas consiguieron, como en el caso de María del Pilar, demostraban que los jurados estaban dispuestos a votar a favor de las acusadas incluso cuando ese voto contradijese la interpretación estricta de la ley.

Sin embargo, sería un error concluir que estos casos fueron parte de un proceso de empoderamiento femenino mediante usos socialmente legítimos de la violencia. Después de todo, el sistema que le otorgaba a estas asesinas una voz pública e impunidad estaba completamente controlado por hombres. Como resultado, las emociones que los abogados removían entre los miembros del jurado no estaban asociadas con la igualdad de género, sino que más bien estos sentimientos podían llevar a los miembros del jurado a interpretar las acciones de las sospechosas como una súplica de mujeres débiles en busca de ayuda masculina. La defensa de Moheno de María del Pilar invocó roles de género patriarcales y representó su historia como una tragedia en la que las funciones de hija y esposa habían sido cuestionadas por factores externos (concretamente, la política mexicana), arguyendo de paso que tenían que regresar a su equilibrio adecuado mediante una fuerza compensatoria, es decir, el sistema de jurados. Así, cuando los miembros del jurado y la opinión pública enfrentaban la ley escrita para promulgar su interpretación moral de la violencia, estaban protegiendo el mismo orden masculino que excluía a las mujeres de cualquier rol prominente en el sistema penal. Los casos de mujeres acusadas ante el jurado podían ser fascinantes, pero no eran un capítulo en una tendencia inequívoca hacia la igualdad de género.

Las mujeres eran primordiales en el público creado por los jurados. Excélsior mencionó que el público del juicio de María del Pilar y la multitud afuera de Belem se parecía muy poco al típico grupo de espectadores de los jurados: esta vez, las mujeres superaban en número a los hombres en la sala, donde había un gran número de personas de clase media y muchas “bellas y elegantes mujeres”.⁹² Estas “señoras y señoritas de la mejor sociedad” le traían flores a María del Pilar, escuchaban cada una de sus palabras, lloraban con ella, la visitaban y la abrazaban en la escuela correccional, e incluso ofrecían sus casas como cárceles sustitutas.⁹³ El Heraldo justificó su minuciosa cobertura del caso argumentando que “La mujer mexicana nos interesa, ya sea madre, hija, esposa o hermana.”⁹⁴ Esta presencia femenina en los juicios por jurado también se dio en otros casos famosos. Al escribir para El Universal acerca del público del juicio de Luis Romero Carrasco en 1929, José Pérez Moreno describió una masa ansiosa cuya “curiosidad había llegado a ser paroxística”. Mujeres mayores apuntaban sus binoculares hacia los abogados, un hombre elegante batallaba para conseguir un buen lugar y “muchas mujeres” aportaban color, ya que sus prendas creaban “manchas lila o rosa o rojas escarlata” en la sala. Pérez Moreno comparaba la escena en la sala del juzgado con la de un “salón de espectáculos”.⁹⁵ Incluso los casos en los que a los hombres se les acusaba de matar a sus esposas ofrecían una oportunidad para expresar sentimientos normativamente femeninos: en 1928, el oficial del ejército Alfonso Francisco Nagore le disparó a su bella esposa y su lascivo jefe y fotógrafo. Durante el juicio, y contraviniendo el consejo de su abogado defensor, Nagore lloró abierta y largamente, como lo hacían muchas mujeres en el público.⁹⁶ Es posible que a las espectadoras les hayan atraído estos juicios por algo más que las historias sórdidas, la oratoria artística o el melodrama. En las salas de los juzgados también reivindicaban su alfabetismo criminal y participaban en debates acerca del lugar y los derechos de las mujeres en la sociedad posrevolucionaria.

A los críticos les preocupaba la capacidad de estos juicios para socavar las jerarquías de género: además de los casos de Moheno, veían otros juicios famosos de los años veinte que involucraban a mujeres como un síntoma de la decadencia de la institución. Algo acerca de las presencia de las mujeres en los juzgados parecía estar cambiando de manera amenazante, empezando por la presentación de las sospechosas ante los jurados. El pasado reciente ofrecía un ejemplo opuesto del orden. En varios casos famosos durante el porfiriato, los abogados describieron a algunas de las asesinas como simples “harapos de las sociedades” que merecían piedad debido a su ignorancia, aun si también representaban los peores atributos de su sexo. Era el caso de María Villa, una prostituta que fue declarada culpable de matar a otra mujer por celos; su propio abogado la llamó “pantera terrible, que no cuentas con los recursos del claustro craneano”. Estas percepciones de las mujeres infractoras, basadas en la criminología positivista, estaban perdiendo vigencia ante nuevas actitudes.⁹⁷ Para los años veinte, las mujeres que mataban parecían más complicadas e interesantes, incluso cuando los jurados las declaraban culpables. Los periódicos publicaban retratos de las sospechosas y la gente quería verlas en persona en sus juicios. Los abogados defensores le pedían a los jueces que los soldados que las custodiaban se apartaran para evitar bloquear la vista del público. Con su uso de la violencia, María del Pilar ofreció un ejemplo a seguir. Eso sugirió El Universal cuando en Torreón una niña de 13 años le disparó a un soldado que estaba acosando a su madre. Ahora los hombres se sentían en peligro por las reacciones populares instigadas por las mujeres: los amigos de Tejeda Llorca recibían amenazas anónimas y se rehusaban a asistir a las audiencias del juicio debido a que temían por su propia seguridad. Las historias personales de otras sospechosas, no sólo el hecho de que fueran mujeres, se volvió relevante para entender su necesidad de utilizar la violencia en contra de los hombres. Fue el caso de María Teresa de Landa, la primera “Miss Mexico”, quien en 1929 mató a su esposo bígamo, el general Moisés Vidal, y quien fue absuelta gracias a la defensa que de ella hizo Federico Sodi. Otro caso similar fue el de María Teresa Morfín, de 16 años, quien mató a su esposo cuando le anunció que la iba a dejar y fue absuelta en 1927. Para los críticos, su caso ilustraba perfectamente las consecuencias negativas de la laxitud de los jurados: tras su liberación, Morfín se volvió bailarina de cabaret y fue asesinada después en Ciudad Juárez.⁹⁸

La experiencia de María del Pilar demostró que las mujeres, incluso las mujeres muy jóvenes como ella, ahora podían ser admiradas cuando hacían uso de la violencia. Ella, sostenía Moheno, había cometido un crimen pasional. Su comportamiento se comparaba con el de “fuertes varones dignos de reverencia”.⁹⁹ Se solía aceptar que los autores de crímenes pasionales, por lo regular varones, no eran auténticos criminales —al menos no en términos de las clasificaciones somáticas y la causalidad hereditaria de la criminología positivista—, porque cometían crímenes inspirados en emociones exaltadas y ponían el honor por encima de la ley. Moheno apeló a la identificación “íntima” de los varones del jurado con la sospechosa. Les pidió que imaginaran el cadáver de su propio padre y los invitó a empatizar con el “desorden tempestuoso de todos sus sentimientos de ternura, de desesperanza y de indignada cólera”. En esas circunstancias, hacer justicia por propia mano merecía el elogio de todos.¹⁰⁰ Las mujeres también tenían derecho a matar en casos de explotación o deshonra. Las respuestas de los varones del público al predicamento de María del Pilar se hacían eco de estos sentimientos: Federico Díaz González, por ejemplo, declaró su “respeto y veneración” por ella, que no tenía otra opción más que “hacerse justicia por sus propias manos” y cumplir con el “deber de hija amorosa”.¹⁰¹ Otros hombres enfatizaban la importancia de su edad y de su deber filial, y la valentía de poner su amor de “hija modelo” por encima de la ley. Algunos ofrecieron su ayuda para completar la tan viril acción: Adolfo Issasi estaba dispuesto a aportar 40 mil pesos para cubrir la fianza de la muchacha y otros ofrecieron sus propios cuerpos para tomar su lugar en la escuela correccional o en la colonia penal de las islas Marías en caso de ser necesario. Para estos hombres, María del Pilar había adquirido atributos masculinos que resultaban aún más admirables debido a su sexo: una “recia personalidad” y una “viril actitud”. Después de todo, argumentaba con cierta ironía un grupo de “obreros honrados”, había conseguido lo que ni los hombres ni las instituciones revolucionarias podían hacer: había castigado a un político.¹⁰²

Este entusiasmo por las mujeres que realizaban acciones masculinas coexistía con los puntos de vista que enfatizaban roles más convencionales. María del Pilar era la encarnación de la feminidad: otras mujeres habían matado a hombres que vivían con ellas, pero ella venía de “las alturas de su lecho virginal de niña mimada” como “una virgen fuerte y justiciera” en un cuerpo pequeño.¹⁰³ Tejeda Llorca ofrecía un contraste adecuado: era musculoso, adinerado e intocable, y amenazaba la pureza de la acusada. Incluso los abogados defensores de la acusada desempeñaron el papel de protectores caballerescos de mujeres indefensas. La reputación de Moheno, después de todo, se basaba en un récord perfecto en la defensa de mujeres asesinas.¹⁰⁴ La lección moral del melodrama era tan fuerte como el grado en el que sus personajes resultaban emblemáticos de los roles de género.

Por lo tanto, no debe sorprender encontrarse con respuestas negativas a la acción criminal de las mujeres en los mismos lugares y a veces por parte de los mismos actores que habían elogiado la actuación de María del Pilar. En múltiples casos en los que los hombres asesinaban a mujeres por cuestiones de celos, los abogados justificaban el homicidio como una reacción natural en contra de la libertad que las mujeres estaban obteniendo. En un discurso de 1925 en defensa de un diputado que había matado a otro miembro del Congreso que lo había acusado de ser de “sexo dudoso”, el también diputado agrarista Antonio Díaz Soto y Gama sostuvo que el asesinato era una obligación en esas situaciones. “Si [el diputado Macip] no lo hacía, las mujeres se van a volver más terribles contra los hombres, como las prostitutas que defiende Moheno.”¹⁰⁵ Díaz Soto y Gama advirtió acerca de los desafíos a las jerarquías sexuales que casos como ése parecían alentar: “La mujer mexicana se está convirtiendo en una mujer criminal, bravía, peor que aquellas mujeres que se nos contaba de España, que llevan la navaja debajo de la media. Ya nuestras mujeres ya casi no son mujeres; es para dar miedo quizás.”¹⁰⁶ El asesinato de Tejeda Llorca por parte de una joven y débil mujer ofrecía un ejemplo gráfico del desorden de género. Las transcripciones de su autopsia en la prensa presentaban gráficamente el cuerpo del político expuesto y vulnerable: una de las balas, según los médicos, había salido a través de su pene. La violencia contra las mujeres podía, por lo tanto, ser justificada como una manera de restablecer el equilibrio. Mientras se desarrollaba el juicio de María del Pilar, muchos otros casos de hombres que mataban en defensa de su honor terminaban en su absolución o el retiro prematuro de los cargos. Esto se debía a la orden del procurador general del Distrito Federal para que los fiscales facilitaran la liberación de los hombres acusados de asesinato en esas circunstancias. En un juicio posterior, Moheno, a quien nunca le preocuparon las contradicciones, le pidió al jurado que absolviera a un hombre que había matado por motivo de celos.¹⁰⁷

En este contexto, el fin del sistema de jurados en México puede interpretarse como un esfuerzo por mantener el monopolio masculino de la justicia. Los últimos tres casos notables que llegaron al jurado antes de su abolición en 1929 involucraban a mujeres que habían matado a varones. Los juzgados en adelante se volvieron espacios aún más dominados por hombres, en los que las mujeres estaban perdiendo hasta la más mínima protección. Preservar un rol limitado para las mujeres en la vida nacional era a todas luces el objetivo generalizado cuando el Congreso Constituyente de 1916-1917 debatió los derechos al voto: las asambleas y las masas no eran racionales, sostenían los diputados, sino que gobernaban por “sentimentalismo”, la influencia de “idealistas[,] soñadores” y el clero. De modo que decidieron no aprobar una propuesta para otorgar el derecho al voto a las mujeres.¹⁰⁸ En contraste, durante los años veinte, el gobierno vio la intervención del Estado en el ámbito doméstico como una herramienta clave para la reconstrucción social y económica. Esto significó una mayor preocupación por la niñez y un renovado énfasis en las responsabilidades domésticas de las mujeres. El movimiento a favor del sufragio fracasó en el esfuerzo por capitalizar la movilización de las mujeres durante los años veinte y treinta, y no logró una reforma constitucional pese a los intentos del gobierno solidario de Lázaro Cárdenas (1934-1940).¹⁰⁹ Pero puede que ésa no sea la manera correcta de abordar esta historia particular. María del Pilar Moreno personificó un estilo valiente de feminidad, pero a la vez era un ejemplo de la domesticidad perturbada por la política. Tras su momento de fama, parece haberse apartado por completo de la vida pública. Su juicio movilizó las emociones como un elemento legítimo de la vida pública, cultivó nuevos públicos que incluían a mujeres y reconfiguró los vínculos entre la verdad y la justicia de una manera que, al menos por un muy breve lapso, cuestionó el poder del Estado.

TORAL, CONCHITA Y EL DESCENSO HACIA LA OPACIDAD

Un ejemplo de un desafío similar al poder del Estado puede encontrarse en el caso más importante jamás dirimido ante un jurado en México. El 17 de julio de 1928, el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado por José de León Toral en un restaurante del barrio de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. El asesinato sucedió en un momento de gran tensión entre la élite política, marcado por amenazas de rebelión militar, una guerra religiosa que se propagaba en algunos estados del occidente del país y confrontaciones entre los obregonistas y los grupos políticos que se identificaban más con el presidente Plutarco Elías Calles. Era tal la complejidad de la situación, que aquellos que vieron a Toral dispararle a Obregón se abstuvieron de matar al asesino para saber quién lo había mandado. Un grupo de políticos confrontó a Calles en las siguientes horas y le dijo que la opinión pública estaba culpando a Luis N. Morones, líder del Partido Laborista Mexicano, leal al presidente y enemigo abierto de Obregón; le dijeron, según la autobiografía de Emilio Portes Gil, que la gente no confiaba en el actual jefe de la policía y exigía que el general Antonio Ríos Zertuche, conocido obregonista, se pusiera a cargo del Departamento y la investigación.¹¹⁰ Calles pronto se dio cuenta de que el liderazgo caudillista heredado de la Revolución y personificado por Obregón tenía que ser reemplazado por un sistema más estable. En los meses que siguieron, negoció el fin de la guerra civil con la jerarquía eclesiástica, dejó de lado la idea de su propia reelección, se aseguró de que Portes Gil fuese nombrado presidente interino y fundó un partido oficial. También maniobró políticamente para mantener una influencia preeminente durante los siguientes seis años.

A Calles no le quedó más remedio que acceder a las demandas de los hombres que lo confrontaron tras el asesinato: se dio cuenta de que su posición era débil y de que él mismo no sabía lo que había sucedido. Si bien no podía sacrificar a Morones de inmediato, porque hacerlo habría sido una señal de debilidad, como le explicó a Portes Gil, Calles se aseguró de que la verdad del caso saliera a la luz. Él mismo interrogó a Toral poco después del asesinato, pero no pudo extraer nada de él; el asesino se rehusó a hablar, salvo para decir que estaba haciendo el trabajo de dios. A pesar de que la investigación en sí no se apartó de las prácticas comunes de la policía mexicana, las consecuencias políticas y jurídicas del juicio fueron inesperadas. Entre los agentes que trabajaron con Ríos Zertuche estaba el famoso detective Valente Quintana (del que se hablará en el capítulo 3), a quien se le pidió que regresara de la práctica privada para sumarse al esfuerzo, así como otros hombres cercanos a la víctima, entre ellos el vengativo coronel Ricardo Topete, que había visto a Toral actuar de manera sospechosa en el restaurante, pero que no logró evitar que le disparara a su jefe. Torturaron a Toral y amenazaron a su familia durante varios días antes de que se decidiera a hablar, revelara su verdadero nombre y llevara a Quintana y a Topete a detener a Concepción Acevedo de la Llata, la “madre Conchita”, una monja que también sería acusada del asesinato. Al cabo de unos días emergió una explicación: Toral era un fanático religioso que había decidido matar a Obregón para detener la persecución de católicos por parte del Estado. Se arrestó también a las personas que habían influido en él y le habían ayudado, pero los hallazgos no condujeron con claridad a ningún otro autor intelectual, más allá de Acevedo. Se trataba de una religiosa de espíritu independiente que había alojado a Toral y a otros personajes de la resistencia católica urbana en un convento ilegal, donde vivía con otras monjas desde que tuvieron que desalojar su morada original a raíz de un decreto gubernamental.

La acusación en contra de Toral era parte de los esfuerzos de Calles para fomentar la institucionalización del régimen. Descubrir las verdaderas motivaciones detrás del crimen mediante un proceso judicial regular debía restablecer cierta sensación de normalidad de cara a una serie de circunstancias más bien extraordinarias. Como consecuencia, la policía no ejecutó a Toral inmediatamente después de su crimen, como lo había hecho con otros católicos sospechosos de atentar contra Obregón el año anterior. En noviembre de 1927, días después de que se lanzara una bomba al auto del caudillo de camino a una corrida de toros, un pelotón de fusilamiento le disparó a cuatro hombres, sin que mediara juicio, en el cuartel central de la policía. A pesar de que las pruebas en contra de algunos de ellos eran poco convincentes, Calles ordenó una ejecución rápida que sirviera de lección para los cristeros. El suceso se fotografió cuidadosamente pero, en lugar de infundir miedo, las imágenes se volvieron parte de la devoción popular a una de las víctimas, el jesuita Miguel Agustín Pro.¹¹¹ A su funeral asistieron decenas de miles de personas y, a ojos del pueblo, su sacrificio se volvió un ejemplo de los abusos del régimen.

Un año después, el contexto político y la creciente fuerza de la resistencia católica obligaron a Calles a probar un nuevo enfoque. Un juez le concedió a Toral un amparo después de su arresto para prevenir su ejecución y fue consignado, interrogado por un juez y juzgado de manera adecuada, junto con Acevedo, ante un jurado popular, al igual que otros criminales comunes. Tratar el crimen como un homicidio común era fundamental para la estrategia del gobierno. El objetivo era proyectar una imagen de paz y progreso para la opinión pública del país y del resto del mundo. Las audiencias tuvieron lugar en el cabildo de San Ángel, no lejos del lugar del asesinato, en la sala de reuniones del ayuntamiento. Se eligió para el jurado a nueve residentes locales de origen humilde. Toral y Acevedo estaban representados por buenos abogados: el más importante de ellos era Demetrio Sodi, el crítico porfirista del jurado, ya una figura reconocida en el gremio. Como Toral había confesado y había decidido no alegar demencia, Sodi se enfocó en evitar su ejecución, invocando el artículo 22 de la Constitución, que prohibía la pena de muerte por crímenes políticos. La fiscalía ignoró la protección constitucional siguiendo de cerca la definición en el código penal de asesinato con circunstancias agravantes. El procurador de justicia del Distrito Federal, Juan Correa Nieto, en función de fiscal, no previó ningún problema, ya que el crimen había sido condenado casi universalmente. El marco judicial era sólo un espacio para que la sociedad canalizara la “indignación justa” de la nación. Incluso la jerarquía de la iglesia católica se distanció de Toral y Acevedo, ya que le urgía resolver su conflicto con el gobierno y controlar una rebelión religiosa que estaba rebasando su propia autoridad.¹¹²

Sin embargo, como en otros juicios por jurado de la época, las cosas se le salieron de control al gobierno. Si bien no cabía la menor duda de la culpabilidad de Toral, el juicio hipnotizó a la nación y refrescó la memoria de los juicios a otros criminales famosos. Con su trasfondo político y religioso, atrajo demasiada atención. Según Excélsior, el nivel de interés sólo podía compararse con el que recibió el juicio de Maximiliano en 1867, otro caso en el que un régimen liberal ejecutaba a un enemigo conservador. Como sucedió con la ejecución de Pro, un acto que buscaba servir de propaganda terminaría por manchar aún más al gobierno. La cobertura de los medios fue vasta. Los procesos judiciales en la sala de sesiones de San Ángel fueron transmitidos por la cadena de radio de la Secretaría de Educación Pública en todo el país.¹¹³ Una cámara de cine filmó a los sospechosos. Se puso una mesa especial para los numerosos reporteros y fotógrafos de la prensa nacional e internacional. Excélsior prometió ofrecer “la más estupenda, al par que la más verídica e imparcial información que jamás haya publicado órgano alguno de la prensa nacional”, y el periódico desplegó a fotógrafos, al famoso caricaturista Ernesto García Cabral, al escritor Rafael Heliodoro Valle y a varios reporteros. También le pagó a estenógrafos para que escribieran cada palabra pronunciada durante el juicio. Querido Moheno escribió comentarios y observaciones, y M. de Espinosa Tagle escribió una columna titulada “Lo que opina una mujer sobre el jurado”.¹¹⁴

Durante los primeros días del juicio, que empezó el 2 de noviembre de 1928, Excélsior le dedicó varias páginas, al menos dos de ellas con grandes composiciones fotográficas que mostraban a los “personajes centrales” del drama, las multitudes dentro y fuera del ayuntamiento de San Ángel, el arma que se usó en el crimen y el dibujo de Obregón que Toral había usado como excusa para acercarse a su víctima. Los lectores estaban absortos con cada uno de los detalles del proceso. Breves entrevistas con los actores principales ofrecían una sensación de proximidad con los sucesos, la cual se complementaba con el uso de retratos fotográficos o dibujados. Después de que se sortearon los nombres de los miembros del jurado, un reportero encontró sus direcciones en San Ángel, los entrevistó y les tomó fotos. Varios de ellos eran trabajadores de la industria textil, un par eran dueños de pulquerías y todos respondieron a las preguntas del reportero acerca del jurado como institución y sus expectativas del caso. J. Cruz Licea, un empleado de una fábrica cercana, declaró que no daría opinión alguna hasta que le mostraran las pruebas y pudiera “resolver conforme a mi conciencia”, sin influencia externa de ningún tipo.¹¹⁵ Los reporteros registraron cuidadosamente los gestos y las reacciones de juez, miembros del jurado, abogados, testigos y sospechosos, y los columnistas escribieron sus “observaciones psicológicas”. García Cabral le mostraba sus dibujos a Toral, que también era artista, y el sospechoso hacía gestos de aprobación. Acevedo le pedía a los fotógrafos que la retrataran con Toral y el fiscal Correa Nieto fuera de la sala de sesiones. Los periodistas extranjeros elogiaban el “color” y la “intimidad” del escenario. Excélsior recibió felicitaciones por su cobertura durante los primeros días del juicio, incluso aplausos del público afuera del juzgado. Sus tirajes se agotaron durante esos días, a pesar de que los vendedores aumentaron su precio a un peso.¹¹⁶

La gente que se reunía afuera, según un reportero, quería ver el juicio “entre un ambiente de tragedia griega”. Pero no era distinta a “estas multitudes que van a presenciar espectáculos impresionantes: gente de cara apacible, buenos burgueses de los que se ven en fiestas y paseos, y, sobre todo, mujeres jóvenes, del tipo de la flapper, que ríen y comentan con una indiferencia que tiene sus ribetes de perversidad”.¹¹⁷ Las mujeres también eran prominentes en el interior de la sala de sesiones. Además de Acevedo, estaban la madre de Toral, su esposa, que estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo, y la hija de Sodi, entre muchas otras. Según Espinosa Tagle, las mujeres solían estar excluidas del público de los jurados, pero “Hoy con el modernismo que ha cambiado las costumbres, se nota decidido entusiasmo entre el elemento femenino para presenciar estos debates […] El caso de Toral ha venido a comprobar esta afición.”¹¹⁸ Al igual que con el juicio de María del Pilar, la visibilidad de las mujeres en el tribunal de justicia preocupó a algunos observadores de sexo masculino. Excélsior detalló el comportamiento femenino en esas multitudes: “El público, que es por naturaleza impresionista, no va a los jurados ni a los teatros […] los Jurados son centros teatrales pagados por el Estado, con ánimo de razonar: su juicio [el del público] se mece en la hamaca de las sensaciones, y según el lado original del impulso determina sus afectos.”¹¹⁹ Los sucesos que tuvieron lugar durante los últimos días del juicio revertirían el tono desenfadado del inicio.

Como sucedía a menudo con los juicios por jurado de alto perfil, los sospechosos se volvieron los protagonistas. José de León Toral (figura 3) era, según se dice, un hombre tímido, un devoto católico, un buen padre y marido, estudiante de arte y jugador de futbol. No encajaba mucho en el centro de una cause célèbre. Cuando llegó para el inicio del juicio en San Ángel, una multitud lo rodeó y él saludó con un semblante relajado, incluso se quitó el sombrero para las fotos. En una imagen, le sonríe a la cámara mientras se come algo sencillo en su celda. En otra, parece que está sosteniendo una agradable conversación con la madre Conchita. Y todo a pesar de que lo más probable era que estuviese a unas cuantas semanas de ser ejecutado. Rafael Cardona explicó:

La personalidad de José de León Toral ha despertado, desde los hechos del 17 de julio último, la general curiosidad. Abogados, médicos, gentes aficionadas al estudio de la psicología y literatos, todos los elementos capaces, en fin, de penetrar el misterio de la criminalidad […] así como los periodistas […] han expresado ya sus convencimientos, lanzando hipótesis y sugerido ideas sobre el carácter de Toral, sus móviles criminales, sus antecedentes, su constitución mental, etc.

Cardona creía que Toral no había mentido en su testimonio, aunque sí reveló cierta susceptibilidad a la influencia femenina: según él mismo admitía, las palabras de Acevedo (quien había dicho de manera casual que sólo la muerte de Obregón y Calles resolvería la situación de los católicos) habían sido parte de la motivación de sus actos, al igual que la historia bíblica de Judith, quien sedujo y decapitó al asirio Holofernes en defensa de su ciudad. A pesar de que no se utilizaron insultos como “afeminado” ni nada similar en contra suya durante el juicio, la imagen pública de Toral se parecía muy poco a la masculinidad dominante de la política revolucionaria. Quizá su apariencia pulcra, delgada y juvenil le haya ayudado a acercarse a Obregón en La Bombilla, donde pasó por artista sin despertar ninguna sospecha.¹²⁰

FIGURA 3. José de León Toral, Concepción Acevedo de la Llata y guardias fuera de la sala de sesiones de San Ángel. Colección Casasola, Fototeca Nacional, INAH.

Desde el inicio, Toral evadió los interrogatorios hostiles del juez y los fiscales, y presentó su historia con un gran cuidado, mirando a los miembros del jurado, ocasionalmente consultando sus notas, citando los periódicos, mostrando sus dibujos y asegurándose de que el micrófono capturase su voz. La sección en inglés de Excélsior mencionó que, gracias a su “extraordinaria compostura, su evidente inteligencia y un intenso fervor religioso, el joven asesino prácticamente condujo su propio caso”.¹²¹ A pesar de que su plan inicial era que lo mataran inmediatamente después de asesinar a Obregón, según explicó, ahora estaba aprovechando la plataforma que le ofrecía el juicio. Le dijo a Excélsior que no sabía cómo funcionaban los juicios por jurado, pero que confiaba en que se haría justicia si se escuchaban los argumentos de su defensa y la de Acevedo. Aceptó la estrategia de Sodi de tratar de evitar la pena de muerte; no haberlo hecho, explicó, habría sido como un suicidio. Preparar una defensa también significaba prolongar la oportunidad de hablarle directamente al país en los medios, lo cual hizo sistemáticamente. Antes de que se iniciara el juicio, dio entrevistas y, durante las audiencias de San Ángel, le pidió permiso al juez para leer los periódicos de modo que pudiera responderles y evitar repeticiones en sus declaraciones.¹²²

Toral no presentó un argumento abiertamente político, aun si hacerlo hubiera respaldado el argumento de Sodi, sino que ofreció un mensaje que consideró más profundo. Confesó y dio detalles de la preparación de su crimen y de su ejecución. Insistió en que había actuado solo y en que Acevedo sólo había influido en su decisión de manera involuntaria, pero que más allá de eso no estaba involucrada en el crimen. Toral explicó que le preocupaba la libertad religiosa y admiraba el ejemplo de su amigo y compañero de futbol Miguel Agustín Pro. Toral no odiaba a Obregón, pero había tenido que matarlo al servicio de una causa más elevada. Por esa causa, también, esperaba sufrir como un mártir y, como tal, volverse testigo de la verdad. Esto resonó en los medios. Toral era, para Excélsior, “un muerto que anda”, que “mira el mundo como los fantasmas: más allá de toda condescendencia moral”.¹²³ Aludiendo a su obligación legal y religiosa de hablar con verdad y rigor acerca de las circunstancias del caso, en un momento dado Toral interrumpió el interrogatorio del fiscal y comenzó a relatar con detalle la forma en que había sido torturado en la comisaría. A pesar de que los detalles eran impactantes y sorprendentes para todos, la revelación no fue cuestionada por el juez ni los fiscales, ni fue invocada por la defensa para desestimar sus declaraciones anteriores.¹²⁴ Más que utilizar su tortura como un argumento en contra del gobierno, Toral la presentó como prueba de su sacrificio y su fiel lealtad a la verdad fáctica.

El historiador Renato González Mello ha sostenido que los dibujos de Toral también revelan su interés principal, como artista y sujeto jurídico, por la verdad. Mientras estuvo en la cárcel, dibujó en un papel las diferentes posiciones en las que lo habían torturado (colgado de los pulgares, de las axilas, de los tobillos y las muñecas), escribió “Mi martirio” y, con permiso del juez, le mostró los dibujos a los miembros del jurado. A pesar de que estaba listo para el martirio desde el momento en que concibió el crimen, Toral también quería lograrlo dentro de las reglas de la justicia secular: “Quiero que se vaya entendiendo esto, que es la verdad lo que digo a ver si algún día se me llega a justificar.” Cuando Toral se reunió con Calles el día del asesinato, le dijo: “Lo que hice fue para que Cristo pudiera reinar en México.” Cuando Calles le pidió que le explicara de qué reino hablaba, Toral le dijo que “es un reinado sobre las almas, pero completo, absoluto, no a medias”.¹²⁵ Quizás estaba haciendo alusión a Juan 18:36-37, donde Jesús declara que “mi reino no es de este mundo” y que “para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha Mi voz.”¹²⁶ El juicio le otorgó a Toral la mejor oportunidad para adoptar el papel del mártir como testigo del sufrimiento de Cristo. Explicó que, tras su arresto, “Sólo pedí una gracia para los días del jurado: que Él hablara por mi boca. No busqué defenderme sino justificarme y hacerlo amar para preparar su pronta venida.”¹²⁷ La verdad de Toral, que expresó con aparente sinceridad ante los miembros del jurado, era tan subjetiva como religiosa. El naturalismo de sus dibujos de tortura y otras imágenes con temas religiosos producidos en la cárcel utilizaban su cuerpo juvenil y masculino para transmitir el dolor solitario y la humildad que emulaban el sacrificio de Cristo. En los tres meses que estuvo preso, entre la sentencia y su ejecución, Toral escribió pensamientos religiosos en pequeñas tarjetas que le regalaba a quienes venían a visitarlo: “Conocer a Jesús es amarlo”, decía una de las más comunes.¹²⁸ La verdad, en el testimonio de Toral, era la palabra de dios que su cuerpo debía transmitir.

Concepción Acevedo de la Llata (1891-1978) también declaraba hablar con la verdad, pero contrastaba de manera rotunda con Toral, ya que su reputación era la de una mujer desafiante en el centro de un entorno rebelde de activistas católicos. Se trataba de una monja capuchina que dirigió un convento en Tlalpan hasta que el gobierno lo cerró en 1927. A pesar de las órdenes oficiales de la jerarquía eclesiástica, continuó viviendo con otras hermanas en casas donde, liberada de las estrictas reglas del convento, la visitaban hombres y mujeres que querían leer la Biblia, asistir a misa o socializar. Ahí conoció a Miguel Agustín Pro y, tras su ejecución, empezó a llevarle alimentos a otros católicos presos. Su popularidad en los círculos católicos a menudo derivaba en conflictos con sus superiores, quienes habían criticado su énfasis en una severa penitencia física en el convento. Durante el juicio, Correa Nieto reveló que Acevedo había utilizado una marca de hierro para quemar las iniciales de Cristo en sus brazos y había llevado a otras monjas a hacer lo mismo. Otro miembros de la resistencia católica usaron la marca como una forma de sellar su compromiso con la causa.¹²⁹ Acevedo no buscaba ser el centro de atención durante el juicio, pero tampoco evadió sus consecuencias. Cuando Toral trajo a la policía hasta su puerta, le preguntó si estaba dispuesta a morir con él y ella dijo que sí. Las circunstancias políticas que habían causado el cierre del convento la estaban empujando hacia una nueva forma de sufrimiento místico. Acevedo fue encarcelada, juzgada y enviada a la colonia penal de las islas Marías. En sus memorias, describió su sufrimiento con lujo de detalle: hambre, humillación, enfermedad y hasta un hueso roto como resultado de los ataques de los obregonistas en la sala de sesiones. También su nueva fama era una forma de castigo, ya que había jurado dedicar su vida a dios en silencio y humildad. Se volvió objeto de una escandalosa especulación: mientras que los fiscales trataban de describirla como una figura poderosa que presionó a Toral para que cometiese el crimen, otros que estaban del lado del gobierno la criticaban desde un punto de vista moral: “era una perversa, muy guapa, muy sensual […] tenían grandes orgías con champaña”.¹³⁰ Las multitudes hostiles en la sala la llamaron “puta”.¹³¹ Rechazó las falsas acusaciones en su contra porque quería “ir al martirio por medio de la verdad y la justicia”. La verdad que buscaba se centraba en la persecución de los católicos por parte del gobierno. En sus declaraciones durante y después del juicio, definió su sacrificio como una obligación religiosa y política. Tenía, no obstante, que ser cautelosa, no mostrar vanidad. Después de todo, era una mujer cuyo papel religioso exigía paciencia y piedad.¹³²

Sin embargo, como sucedió con Toral, al final Acevedo no tuvo reparos en adoptar un papel protagónico. Tras su arresto, negó su participación en los preparativos para el asesinato de Obregón pero, al mismo tiempo, se rehusó con obstinación a condenar el crimen.¹³³ Dio entrevistas a la prensa antes del juicio, posó para las cámaras y se conmovió con la multitud que la recibió afuera del edificio del ayuntamiento de San Ángel. Mientras que las palabras de Toral fascinaban al público porque venían de un hombre que estaba a punto de morir, los comentarios de Acevedo intrigaban al público de un modo similar al de otros casos de mujeres acusadas de homicidio que rompían con los roles de género en los juicios por jurado. Durante las audiencias, hablaba con una libertad considerable, adoptando un tono desafiante hacia los abogados, dirigiéndose de manera directa al público y criticando a aquellos que la abucheaban y le aplaudían al fiscal. Más adelante, en la colonia penal, donde se hizo amiga del director, el general Francisco J. Múgica, y después se casó con otro hombre acusado de conspirar para matar a Obregón, Acevedo escribió sus memorias, en las que defendía tanto su compromiso político como su reputación a ojos de la opinión pública y la iglesia.¹³⁴

Durante el juicio, Toral y Acevedo desviaron la atención hacia un terreno que tendía a socavar la acusación del Estado. Correa Nieto y los otros fiscales fustigaban a los sospechosos, retratando a Toral como un vengador fanático de Pro que había actuado por su cuenta y a Acevedo como una mujer conspiradora que lo manipulaba a él y a otros asesinos potenciales para lograr objetivos más oscuros. Estas caracterizaciones tenían como objetivo contrarrestar la justificación que ambos habían presentado y probar que no habían cometido un crimen político inspirado en la religión sino un homicidio vulgar motivado por bajas pasiones. Pero ambos sospechosos ofrecían de manera consistente una alternativa políticamente aceptable y aparentemente sincera. La narración de Acevedo durante el juicio giraba en torno a la defensa del valor político de una resistencia religiosa como la suya. Cuando el fiscal le preguntó si estaba consciente de que su influencia, por medio de un comentario casual que escuchó Toral, pudo ser la causa del crimen, ella replicó que “fue la influencia nacional”. En otras palabras, la causa había sido una reacción social generalizada a la persecución religiosa por parte del Estado. Alegó que ella simplemente había dicho en voz alta lo que mucha gente en México creía, sólo que no todos —añadió sarcásticamente— serían procesados.¹³⁵ Sus palabras en el juicio y sus escritos posteriores sugerían que había miembros de la alta jerarquía eclesiástica e incluso personajes políticos detrás del asesinato. Pero su abogado defensor insistió en que Acevedo no había sido la “autora intelectual” del crimen ni de ninguna conspiración, como aseguraba el gobierno, y en que ella desaprobaba el enfoque militar de los cristeros. Se trajo a varios testigos a declarar en su contra, pero no proporcionaron pruebas que la incriminaran. Mientras que la culpabilidad de Toral estaba fuera de toda duda, el abogado de Acevedo le pidió a los miembros del jurado que la absolvieran.¹³⁶ Sin embargo, su disposición a abandonar el papel de mujer religiosa callada y pasiva socavó su declaración de inocencia absoluta. Por el contrario, bajo custodia del gobierno y por radio en cadena nacional, defendió la tesis de que el asesinato de Obregón era justificable.

Las palabras de Toral se prestaban a un mayor esclarecimiento. En sus columnas, Moheno escribió sobre Toral como “el regicida”, uno de esos criminales que están dispuestos a perder la vida para asesinar a un monarca o a un gobernante con el fin de lograr un bien mayor; en este caso, la libertad religiosa. El regicidio, añadía Moheno, tenía una larga historia, si bien era nuevo en México. Otros presidentes habían sido asesinados (los más recientes de ellos, Madero y Venustiano Carranza) pero, según Moheno, este caso sí merecía la etiqueta debido al significado más profundo del crimen. Sin suscribir abiertamente la causa cristera, Moheno explicó el regicidio (no utilizó la palabra tiranicidio, sino regicidio, para no insinuar que Obregón era un tirano) señalando que el país estaba sufriendo un “estado de desaliento intenso que reclama una nueva fe”.¹³⁷ Toral, por lo tanto, mató a Obregón por razones políticas: “él mata porque […] se siente un elegido de Dios para aquella misión”. Toral era un místico, según Moheno, que expiaba los pecados de los demás con su sufrimiento. Su crimen era político del mismo modo en que Lombroso clasificaba como política la resistencia de los mártires cristianos en Roma. Para entender el acto de Toral era necesaria una definición de la política que abarcase, como las ideas de Le Bon acerca de las masas, el papel de las emociones. La religión —escribió Moheno— le da forma a la política cuando “el sentimiento religioso de la masa ha desempeñado el papel de instigador”.¹³⁸ Sin embargo, la combinación de sentimiento, religión y política que personificaba Toral era anatema para la tradición liberal que suscribía el régimen posrevolucionario. Moheno aludió a ese abismo en los intercambios entre el sospechoso y el fiscal Correa Nieto: “Ese interrogatorio parecía un diálogo sostenido entre dos personas que hablasen idiomas distintos.” Incapaz de entender la lógica del sospechoso, Correa Nieto daba discursos, más que hacer preguntas. Esto a su vez le daba a Toral la ocasión para presentar su misión religiosa, narrando su tortura y deteniéndose en cada detalle doloroso, con la monótona voz de “un testigo indiferente” que se creía mártir y estaba más allá del sufrimiento.¹³⁹

En el interrogatorio y el resumen del caso presentados por su abogado aparece otra interpretación de Toral. Demetrio Sodi quería evitar la pena de muerte para su cliente, pues sostenía que había cometido un crimen político. Por lo tanto, Sodi se vio obligado a combinar el apego obligatorio al código penal y una definición muy amplia de lo que constituía un crimen político; en otras palabras, estaba atrapado entre la necesidad de defender la ley y la de promover una idea crítica de la justicia. Como resultado, la versión de su cliente contradecía su propia estrategia. A medida que el juicio avanzaba, Sodi perdía aún más fuerza ante el ambiente hostil que suscitaron las implicaciones políticas de su argumento. En un momento, cuestionó las pruebas en contra de su cliente señalando que no había habido una autopsia adecuada y que el cadáver de Obregón presentaba muchos agujeros de balas de distintos calibres. Esto habría significado que había otros culpables de disparar, pero que se les estaba protegiendo. Dicha aseveración, por sensata que fuera, resultó ser un error estratégico, ya que la fiscalía acusó a Sodi de decirle al público nacional que había habido un acto de encubrimiento en el que Calles estaba involucrado. Esta reacción indignada obligó a Sodi a abandonar rápidamente esa idea. De manera semejante, mientras que Toral insistió en que había actuado solo y trató de exculpar a Acevedo, Sodi trató de probar que ella había influido en Toral y otros adversarios católicos del régimen. Impulsando la tesis del crimen político, Sodi sostenía que el caso tenía una gran relevancia histórica y que incluso los fiscales admitían que el crimen se dirigía “en contra del gobierno”.¹⁴⁰ En cuanto a sus motivaciones, añadió Sodi, el crimen de Toral era el equivalente de aquellos por los cuales hombres y mujeres que simpatizaban con la iglesia habían sido acusados recientemente, pero le recordó al juzgado que la acción de su cliente no constituía un respaldo de la guerra cristera.¹⁴¹ Sodi se hizo eco del argumento de Moheno según el cual Toral no había matado a Obregón por un motivo de odio, sino por un sentido del deber propio del mártir. Después de traer a colación otros casos de regicidio en la historia, Sodi argumentó que la ley penal se habría equivocado si los hubiese clasificado como crímenes comunes. Pero ésta era otra estrategia perdedora. En su discurso final, Sodi hizo múltiples referencias a la Biblia y a persecuciones en contra de los primeros cristianos y otros mártires de la intolerancia, pero tuvo que coincidir con el fiscal en que el asesinato de Obregón no podía ser justificado por la doctrina católica, la cual había condenado el tiranicidio desde el Concilio de Trento.¹⁴² Su argumento clave, sin embargo, encapsulaba un dilema muy frecuente en los juicios por jurado: mientras que la letra de la ley definía el delito por sus factores externos, si los miembros del jurado entendían las razones profundas de éste, sus votos en contra de los cargos podían justificarse.

Al exponer con lujo de detalle la contradicción entre la ley penal y la relevancia política del delito, Sodi estaba invocando el honor de los miembros del jurado. Cuando el juez lo amonestó por hablar del castigo que Toral podría recibir, Sodi respondió con franqueza: “Ésta es otra ficción de la ley, una mentira de la ley. Nosotros vivimos entre puras mentiras.”¹⁴³ En su crítica de 1909 al sistema de jurados, Sodi se había mostrado en contra de la ficción democrática de que nueve hombres comunes pudiesen decidir con objetividad acerca de asuntos complejos que los expertos en leyes entendían mejor. Diecinueve años más tarde, como litigante de los oprimidos en un caso sumamente visible, expresó una nueva apreciación de la integridad del sistema. Cuando llegaron desde la parte trasera de la sala volantes y voces acusando a los miembros del jurado de haber recibido dinero de Sodi, éste reaccionó con indignación, diciendo que ni siquiera a él mismo se le estaba pagando por su trabajo, mucho menos había recibido fondos para comprar los votos del jurado. La acusación también provocó que algunos miembros del jurado rompieran el silencio que habían mantenido durante el juicio. Según Excélsior, “El jurado Ausencio B. Lira se exalta, protesta lleno de indignación y dice que su vida toda ha sido de honradez acrisolada.”¹⁴⁴ Durante su discurso de cierre, Sodi se sirvió de la retórica racial posrevolucionaria respecto del mestizaje al recordarle al público la “hermosa indignación [que] se retrató en los semblantes broncíneos, que son nuestro orgullo nacional, de los señores jurados”. Enfatizó la “honorabilidad” de las “personas humildes” que integraban el jurado.¹⁴⁵

Los elogios que Demetrio Sodi dirigía a la “honestidad” del jurado proyectaban sobre la institución el orgullo de su propia familia en su oposición a un régimen que consideraba cada vez más tiránico. A pesar de sus diferencias en el pasado (cuando Demetrio había colaborado con Moheno en contra de Federico), los hermanos Sodi ahora tenían una visión favorable de la perspicacia de los jurados. Lo que Federico recordaría más adelante como un espacio de libertad de expresión y camaradería entre abogados fue arrollado por la hostilidad del gobierno en 1928. Demetrio había sido “cruelmente insultado” y le habían impedido hablar varias veces durante las sesiones.¹⁴⁶ En un libro publicado ocho años después del juicio, la hija de Demetrio, María Elena Sodi de Pallares, subrayó la ironía de ese momento: tras perder su prominente posición política y su dinero con la Revolución, su padre comenzó a trabajar de nuevo en los juzgados. Emprendió su defensa de Toral como una obligación moral, aunque también podría ayudarle económicamente. El libro de María Elena, sin embargo, sugiere un compromiso ideológico más profundo. Demetrio Sodi pensaba que Toral “era el representante digno de la juventud de su época, juventud que heroicamente moría por sentimientos místicos”. Sodi había planeado presentar pruebas adicionales de los ataques del gobierno en contra de los católicos y la libertad de expresión, pero no le permitieron hacerlo.¹⁴⁷ Los cristeros y José de León Toral también contiene una explicación del conflicto religioso desde una perspectiva católica, así como biografías favorables de Acevedo y Toral, esta última basada en parte en las memorias de su madre, reproducciones de sus dibujos y testimonios de la participación de Toral en la vida cívica de los católicos a fines de los años veinte.¹⁴⁸ Para María Elena y su padre, el jurado, por defectuoso que fuera, parecía ser el último espacio en expresar abiertamente un punto de vista católico opositor en la esfera pública mexicana.

Las amargas memorias de los Sodi acerca del caso se derivan de la violencia con la que la defensa de Demetrio fue frustrada por intervenciones externas al proceso judicial. A pesar de que Calles había planeado el juicio de Toral como muestra de cómo el Estado podía impartir justicia de manera imparcial, los procedimientos degeneraron en un caótico fiasco que sólo avivó la oposición religiosa y dejó al desnudo la ineptitud del gobierno en la aplicación de la ley. Durante una pausa, los miembros del jurado le enviaron un mensaje a Acevedo, diciéndole que iban a declararla culpable y pidiéndole perdón. Ella aceptó sus disculpas y en sus memorias le preguntó al lector: “¿Es pueblo libre? Seguro que sí, hay que creer en esa libertad, los jueces piden perdón al reo, ¡qué ironía!”¹⁴⁹ Incluso un partidario del obregonismo, el diputado Antonio Díaz Soto y Gama, expresó escepticismo hacia lo que veía como una farsa del gobierno: como buenos revolucionarios, “no nos interesa por hoy en este caso la ‘justicia de juzgado’ ni creemos en ella”; todo el juicio no era más que “una maniobra para desviar la atención pública” del verdadero culpable. La insinuación se dirigía a Morones, rival político del propio Soto y Gama.¹⁵⁰

Quedaba claro que el gobierno tenía la culpa del fiasco, lo que lo obligó a recurrir a la violencia para cambiar la dirección del juicio. Con la transmisión de radio, las autoridades le habían permitido a los presuntos autores del asesinato del presidente electo hablarle a la nación de la persecución religiosa. El juez y los fiscales habían hecho un mal trabajo: sus interrogatorios, en particular los de Correa Nieto, habían sido excesivamente agresivos, con preguntas demasiado generales y más orientadas a comunicar un mensaje político en contra de los cristeros que a presentar pruebas de manera adecuada. El 4 de noviembre, el tercer día de las audiencias públicas, las cosas empezaron a cambiar. El juez cortó la sesión antes de tiempo y la defensa se quejó de que la interrupción se debía a instrucciones de las autoridades políticas. La transmisión de radio también se detuvo y a los fotógrafos se les prohibió entrar a la sala para la sesión del lunes 5. Ese día, Correa Nieto abandonó el juicio, alegando que había sido amenazado. Nombró a fiscales sustitutos para que se quedaran a cargo del caso, incluido el procurador general de la república, Ezequiel Padilla. El nuevo equipo se enfocó en probar la participación de Acevedo en otras conspiraciones y limitó las oportunidades de la defensa y los acusados.¹⁵¹

Ese mismo 5 de noviembre, en las cámaras del Congreso, los diputados federales discutieron la necesidad de intervenir de manera contundente en el juicio de Toral. Los congresistas afirmaron que el Congreso tenía la responsabilidad de expresar su apoyo a la Revolución para contrarrestar la arremetida de mensajes de los “reaccionarios” en la radio. En la “deificación del delito”, sostenían los diputados, “el delincuente se convierte en mártir”.¹⁵² En consecuencia, debían actuar enérgicamente para proteger a “las masas del país”. Más específicamente, esto significaba que si no se declaraba culpable a Toral, como aseguraba el beligerante cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, “le vaciaré la pistola a él y a los jurados”. Otros diputados sostenían que el juicio era una vergüenza nacional: “en otros países, aun en los que parecen más civilizados como los Estados Unidos, se hubiera linchado a León Toral y, sin embargo, aquí se le está tratando con guante blanco”.¹⁵³ Esa misma tarde, un grupo de varias docenas de diputados federales liderados por Santos irrumpieron en la sala de sesiones de San Ángel. Blandiendo pistolas y palos, insultaron a Sodi, quien tuvo que subirse a una silla para defenderse. Los diputados también atacaron a los sospechosos, de hecho patearon a la madre Conchita y le rompieron una pierna, y le jalaron el pelo a Toral. También amenazaron a los miembros del jurado. En los días siguientes, los diputados mantuvieron el control de la sala, perturbando la defensa y creando una situación sumamente tensa. Algunos de los miembros del jurado le pidieron al juez que los excusara, argumentando que temían por su vida. El juez negó sus solicitudes y garantizó su seguridad, pero varios decidieron traer su propio revólver al juicio. Un grupo de soldados bien armados se instaló en la sala mientras que las tropas a caballo afuera repelían a los manifestantes. A pesar de que las cosas parecieron calmarse el 6 y 7 de noviembre, el público diverso de los primeros días se había desvanecido y, para ese momento, la única mujer en la sala era Acevedo. El jueves 8, el último día del juicio, se reinició la transmisión por radio, pero el nuevo público, que incluía a funcionarios del gobierno y miembros del congreso, hizo tanto ruido que el último discurso de Sodi tuvo que cortarse antes de tiempo. Cuando el jurado volvió con el veredicto de culpabilidad (sólo se emitió un voto a favor de la inocencia de Acevedo), hubo gritos de alegría entre los simpatizantes del gobierno que esperaban afuera.¹⁵⁴ El juicio se había vuelto un escaparate de la violencia de la política mexicana.

Los actos de Santos y los otros diputados demostraron que hubo un esfuerzo coordinado, aunque tardío, para limitar los efectos públicos del juicio. Hasta antes de esta violenta intervención, los abogados defensores habían confiado en que los medios evitarían distorsionar su mensaje: “Afortunadamente, el día de ayer, todo el país oyó nuestras palabras por radio, toda la prensa habla hoy de lo que dijimos, y pueden ser testigos todos los que oyeron, que no hemos atacado a nadie”, declaró Ortega el 4 de noviembre.¹⁵⁵ Sin embargo, para el día siguiente, ya no hubo oportunidad de escuchar a Toral y Acevedo en la radio. Los periódicos nacionales casi no hablaron de la violencia que tuvo lugar dentro del juzgado, probablemente por instrucciones del gobierno. En los debates del 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, se mencionó a Excélsior como un objetivo específico: “Los enemigos de la Revolución, la prensa y el dinero”, declaró el diputado Manuel Mijares; “la prensa reaccionaria”, aseguró Alejandro Cerisola. Los diputados se pusieron de acuerdo para iniciar un boicot económico en contra de Excélsior, suspendieron la publicidad guberna-mental, cancelaron suscripciones y participaron en otras formas de acción directa.¹⁵⁶ El periódico redujo drásticamente su cobertura del juicio y reemplazó las transcripciones de los procesos judiciales por síntesis. A partir del 7 de noviembre, Excélsior le dio mayor importancia a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Dejó de imprimir los artículos de Moheno acerca del juicio y también los de otros escritores y artistas. Los editores señalaron con parquedad en un editorial que su deber periodístico había sido interpretado “torcidamente” por el gobierno, lo cual se tradujo en amenazas en su contra.¹⁵⁷ Pronto, el periódico fue castigado de una manera más permanente: se bloqueó su circulación y se obligó a Consuelo Thomalen, la viuda de su fundador, Rafael Alducín, a venderlo a un grupo de empresarios que tenían estrechas conexiones con el gobierno.¹⁵⁸

Las apelaciones de Toral y Acevedo fueron denegadas y Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. Frente al batallón de fusilamiento, gritó: “Viva Cristo Rey”, como había hecho su amigo Agustín Pro momentos antes de su muerte dos años atrás. Las balas interrumpieron la voz de Toral. Su entierro suscitó manifestaciones y disturbios, y, mientras la furia de la resistencia cristera siguió activa, continuaron los intentos de asesinato, el siguiente en contra del presidente Portes Gil el mismo día de la ejecución. En lugar de servir como un ejemplo de la buena administración de justicia, el juicio dejó un legado duradero como una muestra de abuso del poder, una mancha en la legitimidad del sistema de justicia.¹⁵⁹ Toral fue recordado en corridos, aunque no fue objeto de culto póstumo como Miguel Agustín Pro. Décadas más tarde, Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero utilizaron los registros del juicio en sendas obras de teatro para reflexionar acerca del autoritarismo que se estableció en esa época, en forma de un régimen para el cual las palabras no tenían ningún significado de cara al poder. Escrita en 1962, El atentado de Ibargüengoitia retoma el juicio de 1928 como el clímax de una comedia histórica que se burla del discurso de justicia del régimen posrevolucionario. Todos los actores asumen que hubo una conspiración en la que estaban involucrados la abadesa y Pepe para matar al presidente electo Borges, y ven el juicio como un mero escenario teatral para una sentencia predeterminada.¹⁶⁰ La obra de Leñero, El juicio, consiste en fragmentos de transcripciones del juicio de 1928. Por medio de la voz de sospechosos, abogados y testigos, la historia se presenta en toda su ambivalencia ominosa. Toral, Acevedo y otros hombres y mujeres acusados de conspirar en contra de Obregón y Calles alegan que la violencia es un derecho que pueden ejercer en defensa de su religión; los investigadores del gobierno utilizan la tortura como un elemento normal de su labor; los fiscales construyen su caso en términos de realpolitik. Las voces amenazantes que irrumpieron en la sala del juzgado el 5 de noviembre permanecen, en la obra de Leñero, anónimas y en la oscuridad: su poder, al igual que la verdad acerca del crimen, es irrefutable. La obra se montó por primera vez en 1971, cuando el público podía conectar fácilmente la opacidad que rodeaba la historia del juicio de Toral con el autoritarismo violento del régimen contemporáneo del PRI.¹⁶¹ Ambas obras reflejan otra lección histórica de la sala de sesiones de San Ángel en noviembre de 1928: ya sea como tragedia o como farsa, el juicio por jurado de Toral y Acevedo fue un episodio lleno de ambigüedades, sórdido, que tuvo muy poco que ver con la justicia.

CONCLUSIONES

Los mexicanos educados siempre vieron el jurado criminal con malos ojos. Su desconfianza articulaba ideas porfirianas acerca de la incapacidad de los mexicanos comunes y corrientes para dar forma a la democracia, así como su falta de integridad. Federico Gamboa se salía de sus casillas: “¡Qué errores tan hondos son, a mi juicio, el famoso jurado y el no menos famoso sufragio universal!”¹⁶² Incluso Querido Moheno, que le debía a los juicios por jurado cualquier dosis de buena reputación que le quedara después de la Revolución, declaró que los jurados estaban en manos de gente inferior a la que sólo le interesaba el dinero. Si se tomaba al jurado como “índice del sentimiento colectivo en materia de moral”, razonaba El Universal, entonces “tenemos que lamentar un tremebundo descenso en el nivel ético de la sociedad mexicana”.¹⁶³ Estos puntos de vista se basaban en gran medida en el melodrama y la retórica que parecía dominar los casos más famosos. Los sospechosos inevitablemente se convertían en los personajes principales, pero otros actores —víctimas, testigos, abogados, jueces y periodistas— también desempeñaban sus papeles como personajes con un claro, aunque no siempre positivo, valor moral; los jurados y los públicos constituían una especie de coro que juzgaba la historia que se desarrollaba ante ellos por su valor estético y moral. Los intercambios entre todos estos actores eran emocionalmente intensos y el escenario estaba cargado de ecos de otras historias. El melodrama, en otras palabras, ofrecía una serie de papeles y una estructura narrativa que tanto los actores como el público adoptaban. Incluso los críticos compartían un criterio estético: el jurado representaba “una teatralidad de baja estofa” en la que el problema no era tanto la estructura dramática, sino la mala calidad de las actuaciones y el guión.¹⁶⁴

Sin embargo, el histrionismo de algunos abogados conservadores y la violenta feminidad de algunas sospechosas notables eran únicamente la parte más visible del proceso. El variado reparto de personajes y los caprichos de los miembros del jurado que utilizaban sus votos para absolver socavaron el control de la profesión jurídica sobre la justicia. Voces sin experiencia podían cuestionar al gobierno y a los expertos en la esfera pública. La diversidad de actores involucrados en los juicios por jurado era el rasgo característico de la influencia de la institución en la vida pública y la fuente principal de la exasperación de sus enemigos. Quizás el más prominente de estos actores, y la causa de la ansiedad de los analistas, era un puñado de mujeres que habían sido catapultadas al centro de la vida pública precisamente por sus crímenes. Habían recurrido a la violencia para defender su honor, su familia o su religión, y no tenían empacho en contar su historia una vez que se sentaban en el banquillo de los acusados. El prominente lugar que ocuparon brevemente gracias a estos juicios cuestionaba las ideas patriarcales acerca del silencio de las mujeres y la domesticidad que les correspondía. Sin embargo, en su esfuerzo por evitar su condena, tuvieron que adoptar los aspectos menos amenazantes de la feminidad moderna. Los usos sociales de la ley, en otras palabras, podían cuestionar las convenciones, o bien apuntalar el conservadurismo. Desde la perspectiva actual, leer estos juicios como simples melodramas, espectáculos con un reparto limitado de personajes contrastantes, impide comprender la magnitud de aquellos usos sociales de la ley.

A lo largo de seis décadas, la trayectoria del jurado en la Ciudad de México reflejó una profunda transformación de las nociones acerca de la justicia. La institución vio la luz muy poco después de una época de lucha civil y los partidarios del jurado esperaban que fomentara la transparencia en el proceso judicial. Mientras que esta creencia básica persistió en los años siguientes, en realidad el efecto de los jurados criminales fue más bien difuso, borroso en cuanto a los detalles y a menudo moralmente ambiguo. En los años veinte, después de otra guerra civil, la institución alcanzó su mayor influencia en la esfera pública. Pero a ojos de abogados y políticos, el jurado también parecía minar el respeto por la ley y politizar la justicia. Como ha mostrado este capítulo, no pudo haber sido de otra manera: el jurado criminal puso en práctica una idea popular de justicia anclada en el escepticismo republicano hacia el Estado. En el nivel más básico, el jurado era un bastión en contra de los abusos del gobierno porque le daba a la opinión pública un papel tangible en su gobernanza. Una premisa del alfabetismo criminal en México era que, en el tortuoso camino que lleva de la verdad a la justicia, resultaba legítimo tomar algunos atajos, aun si éstos violaban la ley. Los defectos de los juicios por jurado eran tan sólo el aspecto más visible de la descomposición general del sistema de justicia: había sospechosos, testigos y abogados con todo tipo de calidad moral, y el melodrama difícilmente podía dejar ver estas sutiles diferencias. Para los años veinte, se había generalizado la desconfianza hacia el sistema judicial entero. Luis Cabrera, un intelectual clave del carrancismo, decidió en esos años volver a la práctica jurídica porque necesitaba trabajo. Sin embargo, debido a la corrupción que veía en los juzgados, le preocupaba el “nivel moral” que, reconocía, era culpa de los propios abogados.¹⁶⁵ Los jurados sobornables, los “milperos” descritos por los Sodi, eran sólo un síntoma de esa corrupción. Para el final de la década, el viejo escepticismo hacia el sistema judicial se estaba convirtiendo en decepción. El juicio de Toral y Acevedo fue solamente la gota que derramó el vaso.

El jurado criminal se abolió en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal de 1871 con uno nuevo, marcado por una fuerte influencia positivista. El comité que redactó el nuevo código explicó que el jurado sería reemplazado por “una comisión técnica, integrada por psiquiatras, psicólogos y otros elementos científicos, que sentencie dentro del espíritu de las nuevas modalidades del derecho penal”.¹⁶⁶ La ciencia sería capaz de entender mejor el crimen que el sentido común. Ésta había sido la opinión de los críticos porfiristas del jurado, incluido Demetrio Sodi, pero no pudo ponerse en práctica debido a la coyuntura política. La historia de Toral había revelado el daño potencial que un caso de alto perfil podía hacerle a los esfuerzos gubernamentales por controlar un cuerpo político enardecido. El municipio del Distrito Federal había sido eliminado a fines de 1928, lo cual reforzó el control de la presidencia en el gobierno de la capital. Ahora los jueces tenían un dominio absoluto sobre la investigación y la sentencia; las audiencias ya no eran eventos públicos. La opacidad que durante mucho tiempo se asoció con los procedimientos penales de rutina ahora se instaló en la parte más visible del sistema; el melodrama le cedió el paso a otras formas narrativas.¹⁶⁷

La abolición de los juicios por jurado marcó el fin de una era. Después de 1929, los actores continuaron tomando atajos en la búsqueda de justicia: los prisioneros y las víctimas recurrieron a la intervención presidencial, los policías a la ley fuga y casi todos aceptaron que los artículos de la prensa eran fuentes más confiables para conocer la verdad que las sentencias. La intervención de la opinión pública en asuntos relacionados con los delitos y la justicia ya no tendría lugar en el marco institucional del sistema de jurados, sino en el espacio virtual de las noticias policiales, que se examinará en el siguiente capítulo. Sin embargo, ésta no era una estructura sostenible para mantener la presión sobre el sistema de justicia o sobre la policía. Un efecto paradójico de esta transformación del escepticismo en decepción fue la aceptación de la violencia extrajudicial como sustituto del castigo legal. Moheno articuló la teoría y otros la pusieron en práctica: los sentimientos del pueblo mexicano, los jurados o sus públicos, podían canalizarse como violencia e intolerancia en nombre de la justicia. Esto explica sus invocaciones llenas de admiración por el linchamiento en Estados Unidos. Esta teoría no se expresó frecuentemente como tal en los años siguientes, pero sí permaneció latente en las apologías de la ley fuga que figuraron en la prensa y la literatura tras la desaparición del sistema de jurados.

La memoria del jurado criminal mantuvo su influencia en las ideas y las representaciones del crimen y la justicia de otras maneras. Tan pronto fue abolido, periódicos y libros comenzaron a conmemorarlo con cierta nostalgia. Hubo rumores y discusiones sobre su restablecimiento, pero las resonancias negativas de sus excesos melodramáticos prevalecieron sobre cualquier argumento en su favor. Para el criminólogo Francisco Valencia Rangel, su retorno sólo habría atizado el mórbido interés por las noticias policiales que invadieron los puestos de periódico tan pronto el jurado desapareció. El jurado sobrevivió como un tropo de la cultura popular. Inspiró comedias, algunas de ellas sobre casos famosos, como el de María del Pilar Moreno, y escenas de cine satíricas, en las que el escenario creado por los juicios por jurado seguía siendo útil para hablar de un modo crítico acerca de la justicia.¹⁶⁸ Como se verá en el siguiente capítulo, las noticias policiales asimilaron este legado, en particular la idea de la justicia como producto de la participación de múltiples actores en un sistema que era defectuoso, pero que al menos le ofrecía a la gente la oportunidad de hacerse escuchar.