EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vicerrectoría de Comunicaciones

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www.ediciones.uc.cl

Cómo vivir bien 100 años.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Editores

Felipe Larraín B.

Pedro Paulo Marín L.

Eduardo Valenzuela C.

© Inscripción: en trámite

Derechos reservados

Noviembre 2016

ISBN edición impresa Nº 978-956-14-2002-1

ISBN edición digital Nº 978-956-14-2617-7

Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clapes UC

Primera edición

2.000 ejemplares

Diseño Corporativo UC

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

info@ebookspatagonia.com

CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile

Cómo vivir bien 100 años / editores Felipe Larraín B., Pedro Paulo Marín L.

y Eduardo Valenzuela C.

1. Envejecimiento - Aspectos sociales - Chile.

2. Envejecimiento - Aspectos económicos - Chile.

3. Ancianos - Chile.

I. Larraín, Felipe, ed.

II. Marín, Pedro Paulo, ed.

III. Valenzuela Carvallo, Eduardo, ed.

2016 305.260983
+ DDC23
RCAA2

Colaboran:

Clapes UC

Instituto de Sociología UC,

Facultad de Ciencias Sociales UC

Facultad de Medicina UC

Centro de estudios de la Vejez

y el Envejecimiento (CEVE)

Fundación Alimenta

Centro de Nutrición Molecular y

Enfermedades Crónicas UC

Centro de Bioética UC

Programa del Adulto Mayor UC

Auspicia:

ÍNDICE

Envejecimiento saludable Ignacio Sánchez Díaz

Prefacio Dra. Carol D. Ryff

PARTE I ECONOMÍA Y EL ADULTO MAYOR

¿Es caro ser adulto mayor en Chile? Rodrigo Cerda, Luis Gonzales y Felipe Larraín

El rol del Estado y del reparto en la solidaridad entre generaciones Salvador Valdés

Decisiones del adulto mayor al cumplir la edad legal de pensión Juan Bravo

PARTE II MEDICINA Y EL ADULTO MAYOR

Nuevo énfasis en la salud pública actual: enfrentar la fragilidad Dr. Pedro Paulo Marín, Dr. Rubén Soto y Dra. Marcela Carrasco

Sentirse bien para vivir más y mejor: importancia del bienestar psicológico en adultos mayores Nuria Pedrals, Guadalupe Echeverría, Marcela Bitrán y Dr. Attilio Rigotti

Depresión y estrés Dra. Daniela González y Dr. Homero Gac

Aspectos nutricionales y alimentarios en el adulto mayor Dra. Catalina Dussaillant, Guadalupe Echeverría, Dr. Attilio Rigotti y Dr. Pedro Paulo Marín

Dieta mediterránea, salud y longevidad: definiciones, evidencias y aplicaciones Inés Urquiaga, Guadalupe Echeverría y Dr. Attilio Rigotti

Sedentarismo y recomendaciones de actividad física en los adultos mayores Dra. Rocío Quilodrán y Dr. Pedro Paulo Marín

Hábitos de sueño y recomendaciones para un buen dormir en los adultos mayores Dra. Marcela Carrasco y Dr. Rubén Soto

Menos tabaco, más salud Dra. Claudia Bambs y Dr. Juan Alcántara

Síndrome metabólico en personas mayores Dr. Pedro Paulo Marín, Dra. CB Yu, Dra. Catalina Dussaillant, Guadalupe Echeverría y Dr. Attilio Rigotti

Salud cardiovascular en el adulto mayor Dr.Arnaldo Marín y Dr. Ramón Corbalán

Aspectos mentales-cognitivos Dr. Víctor Cares y Dr. Homero Gac

Factores de riesgo y prevención de la enfermedad de Alzheimer Dra. Rommy Von Bernhardi

Evaluación de la funcionalidad y prevención de la dependencia: otro aporte de la geriatría Dra. Marcela Carrasco y Dra. Paulina Zambra

Enfermedades crónicas no transmisibles Dr. Sebastián Valderrama y Dra. Fabiola Sepúlveda

Sexualidad en las personas mayores Dr. Víctor Cares, Dr. Homero Gac y Dr. Pedro Paulo Marín

Geriatría: qué es y cuál es su aporte en la atención de las personas mayores Dr. Pedro Paulo Marín, Dra. Paulina Zambra y Dra. Fabiola Sepúlveda

Propuestas para vivir bien cien años desde la geriatría Dr. Leocadio Rodríguez

Complejidades de la autonomía en el anciano Dr. Alejandro Serani y Dr. Gonzalo Ruiz-Esquide

Gerociencia: la revolución de la longevidad Dr. Luis Miguel Gutiérrez

PARTE III SOCIOLOGÍA Y EL ADULTO MAYOR

Aspectos generales de epidemiología y demografía del envejecimiento en Chile Dr. Pedro Paulo Marín y Dr. Víctor Cares

Tablas

Solidaridad intergeneracional y provisión de apoyo social Mª Beatríz Fernández y Mª Soledad Herrera

Capital social familiar e integración social de los adultos mayores chilenos Raúl Elgueta y Mª Soledad Herrera

Educación de adultos: desafío pendiente Rosita Kornfeld y Mª Beatríz Fernández

Importancia de la religión en el envejecimiento Eduardo Valenzuela

Conclusiones Felipe Larraín, Pedro Paulo Marín y Eduardo Valenzuela

ANEXO Envejecimiento activo. Lineamientos políticos en respuesta a la revolución longeva

Sobre los autores

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

La Pontificia Universidad Católica de Chile presenta con muchas expectativas este documento que, no cabe duda, viene a colaborar con un anhelo común en la población adulta: Cómo vivir bien 100 años en Chile. Se trata de un trabajo interdisciplinar con la participación de investigadores y especialistas de Clapes UC –Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales–, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales, quienes han unido sus capacidades para ofrecer una mirada amplia al tema del envejecimiento de los chilenos. Algunos de los aspectos considerados son la salud, el punto de vista sociológico, las perspectivas económicas, la espiritualidad, la sociabilidad, la sexualidad, la educación, y la solidaridad.

La creciente longevidad de los chilenos hace necesario que se abra un debate respecto a los desafíos que plantea el vivir más años sin limitaciones severas que impidan convertir a estos ciudadanos en personas dependientes de otros y los hagan sentirse una carga para la sociedad. El envejecimiento es un proceso que cruza el ciclo vital en su totalidad y que afecta a toda la población. Constituye un fenómeno multidimensional que conlleva retos y desafíos tanto para las personas que se encuentran en la etapa de la vejez como para la sociedad en su conjunto.

La discusión sobre cómo afrontar este fenómeno debe considerar las distintas dimensiones que afectan la calidad de vida de este grupo etario. En este contexto, los derechos, la protección social y el bienestar subjetivo de esta población son conceptos clave que deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar e implementar las políticas públicas.

Este enfoque es relevante por cuanto se proyecta que en el año 2025 las personas mayores constituirán un 20% de la población total en el país. Además, en el último tiempo ha aumentado significativamente la expectativa de vida de los chilenos y se ha llegado a hablar de un “envejecimiento del envejecimiento”. La sociedad revisa la forma de prolongar la vida laboral y aumentar la edad de jubilación legal. Los adultos mayores son cada vez más activos, gozan de mejor salud y muchos quieren seguir desarrollando actividades que les permitan sentirse parte viva de la comunidad en que se desenvuelven.

Todo esto viene a plantear nuevos desafíos que deben ser atendidos por las distintas instancias de la sociedad. La Pontificia Universidad Católica de Chile, respondiendo a la misión de aportar a la sociedad con una reflexión seria y profunda, se ha propuesto generar conocimiento y diseñar programas académicos innovadores en esta área. Además está en constante búsqueda de nuevas ideas e iniciativas dirigidas tanto a la población envejecida como a los profesionales que trabajan junto a ellos.

Para avanzar en esta materia es fundamental crear alianzas estratégicas entre el gobierno, la sociedad civil y el mundo académico y así abrir espacios de discusión en torno a las temáticas asociadas a la vejez, y, con ello, contribuir tanto al desarrollo de mejores condiciones de vida para los actuales adultos como al desarrollo de políticas que permitan a los futuros mayores vivir en un país pleno y con una buena calidad de vida.

Con este nuevo aporte al tema del envejecimiento, la Universidad Católica permite reinstalar el debate sobre qué es lo queremos como sociedad para los actuales y futuros adultos mayores, y cuáles son las políticas que debemos generar para un país que envejece año a año. Como lo señalan los autores del libro que se presenta, las políticas públicas de un país deben contribuir a una mejor vejez para que los ciudadanos puedan tener una vida más plena en todas las etapas de su existencia.

Este tema siempre ha estado presente en la Iglesia y como Universidad Católica hacemos eco de las palabras de nuestros pastores cuando se refieren a los adultos mayores. En Audiencia General del 4 de marzo de 2015, el papa Francisco nos llamó a reflexionar sobre la problemática condición actual de los ancianos y nos parece muy pertinente recordar su mensaje cuando nos dice: “El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficientemente para hacerles lugar a ellos, con justo respeto y concreta consideración por su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez, como si fuera una enfermedad, una enfermedad que hay que tener lejos; luego cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos enfermos, estamos solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que, en consecuencia, ignora a los ancianos. Y los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar… ¡Los ancianos son la reserva sapiencial de nuestro pueblo!”.

Los invito a reflexionar a la luz de este libro para que ayudemos a Vivir bien 100 años en Chile; para que haya una oportuna prevención y difusión de los cuidados a considerar como sociedad para un mejor vivir y mejor envejecimiento de aquellas personas que han sido parte fundamental en la construcción de nuestro país y a quienes debemos tanto.

Ignacio Sánchez Díaz

Rector

de la Pontificia Universidad

Católica de Chile

PREFACIO

Vivir bien hasta edades avanzadas como un adulto mayor se ha convertido en una gran oportunidad y un enorme desafío para nuestros tiempos. Chile, al igual que otras sociedades del primer mundo, está experimentando un profundo cambio demográfico: la expectativa de vida promedio actual alcanza a 79-80 años de edad, lo que significa que se ha prolongado 25 años más allá de lo que se esperaba en 1950. Además, los adultos mayores chilenos se están convirtiendo en una proporción cada vez más alta de la población total, pasando de 8% en 1975 a un 20% previsto para el año 2025. Este cambio –que conlleva una presencia progresiva de personas adultas mayores en la sociedad chilena– es profundo. Su impacto se hará sentir en todos los ámbitos de la vida, incluyendo desde la economía y la atención en salud, pasando por la vivienda y el transporte, y alcanzando hasta las relaciones familiares y los servicios y programas sociales. A la luz de esta realidad demográfica, la publicación de este libro titulado “Cómo vivir bien 100 años” es muy oportuna y muestra una visión hacia el futuro de parte de sus autores. Para maximizar la calidad de vida del número creciente de personas adultas mayores que existirán en Chile, investigadores y profesionales de diversas disciplinas necesitan informarse mutuamente y planificar sabiamente el enfrentamiento requerido para la transformación que significa una sociedad que va envejeciendo.

Lo que se ha aprendido en todo el mundo sobre este cambio demográfico es que este desafío exige un enfoque multidisciplinario integrador, es decir, que incluya la importante contribución de expertos de todos los departamentos académicos que trabajan en las universidades complejas. Por lo tanto, es digno de elogio ver la gran variedad de temas abordados en este volumen, empezando por una destilación de datos demográficos y perspectivas epidemiológicas sobre los retos inminentes derivados de las futuras tasas de enfermedades y discapacidad que presentará Chile. En este contexto, una sociedad tiene, sin embargo, que hacer algo más que meramente prepararse para el manejo de patologías como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad coronaria y cerebrovascular; sino que también debe considerar la evidencia científica emergente de numerosos factores sociales, psicológicos y conductuales que pueden reducir los potenciales efectos adversos de dichas condiciones patológicas sobre la salud de la población.

Uno de los avances más relevantes de la última década en el campo del envejecimiento ha sido la demostración de una amplia variabilidad evolutiva que expresan diferentes subgrupos de adultos mayores –algunos muestran manifestaciones precoces de enfermedad y discapacidad, mientras que otros permanecen en forma y activos hasta edades muy avanzadas de la vejez–. Cada vez más estas diferencias se encuentran vinculadas a aspectos psicosociales, como la mantención de relaciones interpersonales y redes de apoyo adecuadas, la práctica espiritual y religiosa y el acceso a oportunidades de educación continua. Estos factores, a su vez, muestran relaciones importantes con la salud psicológica y mental, tanto la identificación de las personas en riesgo para el desarrollo de depresión, ansiedad y aislamiento, así como también en la detección de aquellos que evolucionarán con gran vitalidad, manteniendo un compromiso activo y significativo con sus vidas. Esta interacción de factores psicosociales tiene una gran relevancia en aspectos conductuales relacionados con el estilo de vida: las personas mayores que experimentan sus vidas con mayor sentido y plenitud son los que tienen más posibilidades de mantener o adquirir prácticas de alimentación saludable y actividad física regular. Por otro lado, los trastornos del sueño aumentan con la edad, aunque nuevamente manifestándose con una gran variabilidad, existiendo evidencia creciente que sugiere que una vida diaria activa, involucrada y comprometida es un importante factor que predispone a una mejor calidad de sueño en los adultos mayores.

Que este libro incluya todos los dominios anteriores es una característica destacada de las temáticas abordadas en sus diferentes capítulos. La sección sobre los problemas de salud física asociados al envejecimiento constituye un fundamento esencial para comprender mejor una mente y un cuerpo que envejecen. Sin embargo, el riesgo conocido de enfermedad y discapacidad asociado al envejecimiento se puede modificar: no depende solo de la herencia genética y de la exposición acumulativa al entorno que ha experimentado cada individuo a lo largo de su vida, sino que también es afectado –en forma significativa– por la presencia de lazos sociales positivos, compromiso con un aprendizaje continuo, involucramiento con una vida activa y bienestar general. Dicho de otra manera, mentes activas junto con la práctica rutinaria de actividades con sentido y propósito son factores conocidos por su capacidad para prolongar el tiempo y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Esta realidad pone de relieve la importancia de contar con médicos geriatras que interactúen con los científicos e investigadores que están generando nuevos conocimientos sobre los aspectos psicológicos, sociales y de comportamiento asociados al envejecimiento. El progreso necesario para lograr vivir bien hasta los 100 años exige la integración de la investigación con su aplicación práctica, como está valiosamente representado por todos quienes han contribuido en este libro.

En la medida de que el campo de estudio del envejecimiento evoluciona, también debe estar abierto a incorporar nuevos conocimientos, incluyendo el efecto de las diferencias culturales sobre cómo se desarrolla y expresa esta etapa final de la vida en las personas. Los países difieren en sus perfiles demográficos (porcentaje de ancianos) y socioeconómicos (grados de desigualdad), los cuales definen factores clave que pueden socavar o favorecer un envejecimiento positivo. Por otro lado, el contexto cultural también puede establecer una variación importante en el estilo de vida (p. e., dieta y actividad física) y en la valoración de las experiencias psicológicas y emocionales (p. e., las culturas determinan qué emociones son normales y aceptables versus anormales y estigmatizables), y cómo se responde a ellas (p. e., el tipo de oferta de atención en salud mental). La interacción de estos factores puede variar en forma insospechada, subrayando así la necesidad de que cada país examine sus propias fortalezas y oportunidades versus las debilidades y amenazas con respecto a una sociedad que envejece.

A pesar de esto, las futuras líneas de investigación y estrategias de intervención pueden incluir elementos comunes en diferentes países y regiones del mundo. Por ejemplo, la promoción de un envejecimiento exitoso en cualquier contexto cultural no requiere solamente de planificación para enfrentar las demandas de una población creciente de adultos mayores, sino que también debe reconocer la necesidad fundamental de los individuos de todas las edades por contribuir de manera fructífera en sus familias, comunidades y sociedades. Esta perspectiva hace hincapié en la importancia de asegurar que los adultos mayores de una sociedad sean valorados por su contribución vital hacia la misma, sin que sean considerados una mera fuente de mayor demanda para los sistemas de salud cada vez más sobrecargados. Por otro lado, aunque el ámbito integrador de este libro es impresionantemente amplio, vale la pena señalar que ciertos segmentos de la academia –como las artes y las humanidades– no se incluyen en este esfuerzo interdisciplinario. El arte, la literatura, la música, la poesía, el teatro, el cine, la naturaleza y la filosofía –poderosos agentes que han enriquecido la experiencia humana a lo largo de la historia– probablemente tengan un enorme impacto y beneficio en lo que implica vivir bien hasta los 100 de edad. Como tales, las artes y las humanidades pueden aportar importantes orientaciones futuras a los académicos y los profesionales que buscan aproximarse a los desafíos del envejecimiento desde una perspectiva más amplia e integradora.

En conjunto, estas ideas y pensamientos representan un mensaje de reconocimiento a quienes fueron convocados a participar y preparar este importante volumen; y de estímulo a todos ellos para generar una visión que oriente y guíe hacia la meta de un envejecimiento positivo, saludable y exitoso en la población chilena.

Dra. Carol D. Ryff

Directora

Instituto del Envejecimiento

Universidad de Wisconsin-Madison, EE. UU.

Investigadora Principal

Estudio Edad Media de la Vida en EE. UU. (MIDUS)

PARTE I

Economía y el adulto mayor

CAPÍTULO 1

¿Es caro ser adulto mayor en Chile?

RODRIGO CERDA, LUIS E. GONZALES Y FELIPE LARRAÍN B.

Introducción

Los adultos mayores compran y consumen cosas distintas al resto de la población. Por ejemplo, van más al doctor y seguramente compran más remedios. Además, es muy probable que gasten menos que el resto en educación, aunque a veces ellos deben hacerse cargo de los costos económicos de la educación de sus nietos o de algún otro familiar. Cuando uno lo piensa de esa forma, debemos darnos cuenta de que las medidas usuales del costo de vida (como el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, INE) no evalúan realmente el aumento en el costo de vida que enfrentan los adultos mayores, simplemente porque esas medidas utilizan patrones de consumo muy distintos a los de ellos.

Tener un buen cálculo del costo de vida de los adultos mayores es relevante por varias razones. La primera es que las pensiones se reajustan de acuerdo al IPC, que es el índice que mide el aumento en el costo de vida para el promedio de la población. Pero este no es representativo del costo de vida de los adultos mayores; además, si el IPC creciera a un ritmo menor que su costo de vida, los adultos mayores irían perdiendo poder adquisitivo y haciéndose algo más pobres que el resto de la población. En segundo lugar, es importante tener una buena medida de costo de vida que se enfoque en los adultos mayores porque entrega señales para diseñar políticas públicas enfocadas en ellos, sobre todo en la medida de que el costo de vida de los adultos mayores crezca más rápido que el IPC, porque permite ir alertando que algunos precios están creciendo y afectando más a los adultos mayores

Con eso en mente, en este capítulo analizaremos la diferencia en las elecciones de consumo que tienen los adultos mayores en contraste con el resto de la población. Para lograr este objetivo elaboramos un índice que mide el promedio de los precios de bienes y servicios de una canasta representativa para un hogar compuesto exclusivamente por adultos mayores, y se lo compara con el promedio de precios de una canasta de consumo promedio para otros grupos etarios. Las preguntas naturales que nos motivan son: ¿Existe una diferencia en el consumo entre adultos mayores con respecto al resto de la población?, ¿existe alguna condición de vulnerabilidad que agrave la situación del adulto mayor? y ¿cómo se ve afectado el poder de compra de los adultos mayores?

Para responder estas preguntas realizamos el cálculo de dos nuevas medidas: 1) el índice de precios al consumidor de adultos mayores (IPC-AM), y 2) el índice de precios al consumidor de adultos mayores vulnerables (IPC-AMV). El cálculo de ambos indicadores se realiza siguiendo la metodología que el INE utiliza en el IPC general, pero nuestros índices se focalizan en el patrón de consumo de los adultos mayores.

Este cálculo no es algo que solo nos preocupe a nosotros. Recordemos que el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que afecta a países desarrollados como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, así como a países en desarrollo como los latinoamericanos. De acuerdo a datos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1995 la población de más de 60 años en Latinoamérica era de 36 millones y se espera llegar a triplicar esta cifra para 2030. En ese escenario, algunos países ya están desarrollando índices de costo de vida especialmente enfocados en los adultos mayores. En Estados Unidos, el Bureau of Labor Statistics calcula un índice de precios experimental (no oficial) para los adultos mayores, conocido como CPI-E, por sus siglas en inglés (Consumer Price Index – Elderly). En 2009-2010, se construía con los patrones de consumo de aproximadamente 24% de los consumidores de los Estados Unidos, que correspondían a la representatividad de los adultos mayores. En Chile según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la población de más de 60 años en 1990 representaba el 10% del total; según los últimos datos disponibles este grupo estaría actualmente rondando un 17%. Para 2030 este porcentaje se situaría en torno a un cuarto del total. En otras palabras, 1 de cada 4 personas será adulto mayor en esa fecha, de ahí que tener buenos indicadores para dicho segmento se torne cada vez más importante.

Este capítulo está organizado de la siguiente forma: en primer lugar se analiza la estructura de ingresos y gastos de los hogares que tienen al menos un adulto mayor en su hogar. Esto nos da una idea del patrón de consumo de nuestros adultos mayores. Posteriormente, y con vistas a responder nuestras preguntas de interés, establecemos una regla de identificación para calcular la canasta de consumo de los hogares cuya totalidad de sus miembros son adultos mayores de 60 años, lo que nos permite calcular el índice de precios al consumidor para los adultos mayores en Chile. Además realizamos un ejercicio de estimación del gasto en los principales 20 productos de la canasta de consumo del adulto mayor vulnerable, y presentamos algunos comentarios y conclusiones finales.

Gastos e ingresos de hogares con adultos mayores

¿Cuáles son los ingresos y los gastos de los hogares con adultos mayores? Para poder responder esta pregunta tomamos los datos de la séptima encuesta de presupuestos familiares (EPF VII) (INE, 2013).

La encuesta es representativa de 3 millones de hogares a nivel nacional, de los cuales 31,2%, vale decir 938.308, son hogares que tienen al menos un adulto mayor de 60 años. Como se aprecia en la Figura 1, una de las primeras características que encontramos en estos hogares es que el 50% de ellos están conformados por una persona (177.347 hogares) o dos personas (290.995 hogares).

Figura 1: Número de personas por hogares que tienen al menos un adulto mayor de 60 o más años

Fuente: elaboración propia.

De igual forma, nos interesa conocer el gasto total del hogar que incluye a este adulto mayor, para después saber cuál es el gasto per cápita que tiene en ese hogar. Para esto, procedemos a dividir la muestra en quintiles de hogares que tienen al menos un adulto mayor, y calculamos los niveles de gasto para cada uno de estos quintiles.

Tabla 1: Gasto por quintil de hogares con al menos un adulto mayor vs hogares sin adultos mayores

Fuente: Con base en Valdés, Gonzales y Kutscher (2016).

La Tabla 1 muestra una diferencia significativa entre el gasto total por hogar que se encuentran en plena actividad laboral (última fila incluye el dato para personas entre 35 y 59 años de edad) y aquellos que están en edad de jubilación. El gasto de los hogares de los adultos mayores es 30% menos que el gasto en hogar de personas entre 35 y 59 años de edad. Lo relevante es que cuando se analiza el gasto equivalente¹ por persona la diferencia se reduce a solo un 5%. Por lo tanto, los gastos por adulto equivalente no varían demasiado entre adultos mayores y el grupo entre 35 y 59 años de edad. Ahora bien, aunque el gasto total puede ser similar, los productos en que gastan pueden ser distintos, y eventualmente más caros en el caso de los adultos mayores. Por esta razón es necesaria una metodología de cálculo del costo de vida para los adultos mayores. A continuación describimos esta metodología.

Metodología de cálculo del IPC para los adultos mayores

Dado que el objetivo principal es estimar un índice de precios que sirva para aproximar el aumento en el costo de vida de los adultos mayores, lo primero que debemos hacer es identificar los hogares cuyos miembros sean exclusivamente adultos de 60 o más años. Esta regla obedece principalmente a la necesidad de aislar la estructura de consumo de los adultos mayores.

Ocupando los datos de la EPF VII, se observa que los hogares cuyos miembros tienen 60 años o más suman 372.141. De estos, el 96,7% son hogares unipersonales o con dos personas. Ocupando estos hogares se procede a determinar el gasto en los productos (bienes y servicios) que ellos consumen. Así se obtiene la importancia en el gasto de cada una de las divisiones en las que se puede clasificar la canasta de consumo. Para la identificación de los productos y las divisiones que tienen estos hogares se usó el manual metodológico del IPC general base 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE 2013). El resultado es un índice de precios para el Adulto Mayor (IPC-AM). El procedimiento fue el siguiente:

A. Para la selección de la canasta del IPC-AM se aplicaron los mismos criterios utilizados en la estimación del IPC general que son:

a. A nivel “Grupo” la cota mínima de ponderación en el gasto total debe alcanzar:

i. 0,1% en la división 1 “Alimentos y bebidas no alcohólicas”

ii. 0,2% en las demás divisiones

b. Luego se evalúan los productos

i. Cota mínima de ponderación de los productos de 0,020% en el gasto total de los hogares.

ii. Presencia de gasto de los productos en cuatro de los cinco quintiles según ingreso per cápita

B. Además se debe considerar el ajuste con datos externos como se describe literalmente en el documento metodológico de la EPFVII, es decir:

Las ponderaciones del IPC base 2013=100 se basan en la VII EPF. Se excluyeron los gastos vinculados al trueque, la producción de autoconsumo, las inversiones y las transferencias que no constituyen gasto en consumo.

Las ponderaciones para productos como el Automóvil Usado, Seguros y Juegos de Azar se ajustan, ya que la VII EPF utiliza el criterio de gastos brutos. Se ajustaron con información de registros administrativos (Encuesta Estructural de Comercio 2011 (INE), Encuesta Registro Automóviles (Registro Civil e Identificaciones), Superintendencia de Valores y Seguros, estados de resultados empresas de la Industria de juegos de azar e información Superintendencia de Casinos de Juegos, respectivamente) para obtener un ponderador neto que es consistente con los fines del IPC. También se ajustó el gasto en Bebidas Alcohólicas y Tabaco con información de Cuentas Nacionales, porque estos gastos estaban sub-declarados en la EPF.

Con este procedimiento podemos calcular cuánto gastan estos hogares en educación, salud, transporte, etc. Estas últimas categorías se conocen como divisiones del IPC y justamente en la Figura 3 se muestran las diferencias en la importancia en el consumo de estas divisiones para hogares cuyos miembros son adultos mayores y el resto de la población. Como era de esperarse las grandes diferencias se encuentran en la preponderancia de las divisiones de Educación y Salud. La división de Educación representa, en promedio para el total de la población, un 8% de su presupuesto. Esta importancia está explicada por el gasto de los hogares en sala-cunas, kínder, enseñanza primaria y secundaria, y además los gastos en la universidad o institutos técnicos. Si bien nunca es tarde para estudiar, la relevancia que los adultos mayores le otorgan en su presupuesto representa menos del 1%, llegando a ser 0.4%. En contrapartida, si bien el gasto en educación se reduce con el paso de los años, la importancia en el cuidado de la salud incrementa por el desgaste natural del ciclo de vida. Los datos reflejan que se pasa de otorgarle un 6,4% del total de presupuesto en un hogar promedio en Chile a un 12,1% en el caso de los adultos mayores, es decir, en la vejez la ponderación se duplica.

Figura 3: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

A continuación queremos introducir otra dimensión en nuestro análisis: la pobreza en los adultos mayores. Queremos entender cómo cambian los patrones de consumo entre los adultos mayores si estos últimos están en una condición de vulnerabilidad económica. Para hacerlo ordenamos los hogares de adultos mayores por su ingreso y tomamos el 20% de ingresos más bajos o vulnerables. Con estos hogares, volvemos a calcular los patrones de consumo y obtenemos diferencias con los patrones de consumo del resto de la población como se observa en la Figura 4.

Figura 4: Diferencias entre los ponderadores en la canasta de consumo de hogares de adultos mayores vulnerables y el resto de la población

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4 nos muestra que más allá de las diferencias mostradas en las divisiones de Educación y Salud, para el grupo de mayor vulnerabilidad en los hogares de adultos mayores, las divisiones de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, y de Vivienda y Servicios básicos son las que tienen mayor diferencia, reflejando la importancia del consumo de estos bienes de primera necesidad para los adultos mayores vulnerables.

A diferencia del promedio de hogares que gasta un 19,1% de su presupuesto en alimentación, los adultos mayores vulnerables destinan un 35,1% de sus gasto a esta necesidad básica. Mientras que el gasto en Vivienda y servicios básicos pasa de 13,8% a 23,1% para los ancianos vulnerables.

De igual forma, se puede observar que hay una suerte de enclaustramiento en la tercera edad con bajos ingresos, dado que el gasto de Transporte llega a solo un 6%, bastante por debajo del 14,5% de los hogares en general. A esto se suma una reducción en el gasto de Educación que pasa de 8% a prácticamente 0% en los adultos mayores vulnerables.

La Tabla 2 muestra el gasto estimado para un hogar de adultos mayores vulnerables (bajos ingresos) en los principales 20 productos que ellos consumen. Como puede observarse, en mayo de 2015, el gasto total promedio era de $218.140. Los productos de mayor gasto eran electricidad ($16.811), carne de vacuno ($9.966), papa ($7.925) y pan ($3.020); productos de primera necesidad para el diario vivir. Esto ilustra la fragilidad del consumo de estos hogares, y que cualquier fluctuación de ingresos de estos hogares de adultos mayores vulnerables puede afectar el consumo de bienes de primera necesidad. El gasto promedio en mayo de 2014 fue de $196.793, mientras que en mayo de 2016 el gasto ascendió a $218.140, donde el aumento se explica principalmente por el alza del gasto en electricidad que en un año experimentó un incremento de un 32% y las frutas de estación en 22,7%. Esto fue contrarrestado por la caída del arriendo (0,9%), los servicios de conservación y reparación de la vivienda (6,2%) y las cecinas (7%).

Es importante notar que el ejercicio de la Tabla 2 ejercicio nos da cuenta de cómo debería repartirse el presupuesto de un Adulto Mayor Vulnerable si tuviera que mantener el consumo de todos los productos de la canasta del IPC-AMV. Sin embargo, la realidad nos muestra que se priorizan el consumo de los hogares de los Adultos Vulnerables y se sacrifican muchos otros productos como se mostró en la Figura 4 y 3

Tabla 2: Gasto estimado de los 20 productos con mayor ponderación para hogares de adultos vulnerables en función de la variación del IPC-AMV

Fuente: elaboración propia.

Hasta ahora la metodología nos permitió responder dos de las preguntas iniciales que habíamos planteado. En primer lugar, pudimos constatar la diferencia en el consumo de los hogares de adultos mayores con respecto al total de la población, gracias a la identificación de los hogares que están conformados exclusivamente por adultos mayores. En segundo lugar, encontramos que los adultos mayores vulnerables gastan parte importante de su ingreso en alimentación y servicios básicos.

A partir de los datos anteriores trataremos de responder la tercera pregunta relacionada con la medición del costo de vida para los adultos mayores, por medio de un indicador que refleje las presiones en los precios de los bienes y servicios más importantes para este grupo de la población. Estos son los indicadores de IPC-AM (IPC del adulto mayor) e IPC-AMV (IPC del adulto mayor vulnerable).

A continuación explicamos cómo calculamos el IPC-AM y el IPC-AMV. Dada las ponderaciones estimadas con la metodología presentada antes, y con los precios que mensualmente recolecta el INE, es posible construir la evolución de IPC-AM y el IPC-AMV desde su año base hasta el último dato disponible a junio² de 2016.

Figura 5: Evolución del IPC, IPC-AM y el IPC-AMV y evolución de la inflación anual de cada serie

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, la inflación acumulada desde principios de la muestra desde 2014 a la fecha ha estado en torno a 12,4% para el IPC-AMV y 11,0% el IPC-AM. Este último muestra movimientos similares al IPC publicado por el INE, pero el IPC-AMV tiene tasas de inflación mayores desde principios de 2015, lo que nos muestra que los costos de vida son efectivamente distintos. Desde ese punto de vista tanto el IPC-AM como el IPC-AMV pueden ser herramientas muy útiles para la medición del costo de vida de los adultos mayores en Chile. Las características de oportunidad en su publicación y alta frecuencia y fácil comprensión son algunas de las cualidades que hacen sencilla su implementación. Más importante aún, la mayor inflación en el IPC-AM e IPC-AMV versus el IPC indica que las pensiones posiblemente debieron haberse reajustado más que lo que efectivamente se hizo, si se hubiese ocupado una medida adecuada de costo de vida para los adultos mayores.

Conclusiones y comentarios finales

En el Chile de 1990, según datos de CASEN, la población de más de 60 años representaba el 10% del total, pero actualmente según los últimos datos disponibles este grupo bordea el 20% de la población total. En 2030 este porcentaje estaría en torno a un cuarto del total. Esto obviamente nos invita a estudiar con más detalle las necesidades de este grupo tan relevante. En este capítulo nos centramos en el estudio de los hábitos de consumo y de las presiones del aumento de precios que enfrenta este grupo de personas. Como se explica, es determinante conocer el costo de vida de este segmento de la población para poder mejorar las políticas públicas orientadas hacia el adulto mayor.

Existe una diferencia significativa entre el gasto total por hogar cuando se compara hogares con personas que se encuentran en plena actividad laboral con aquellos con personas en jubiladas (cerca de 30%). Sin embargo, cuando se analiza el gasto (equivalente) por persona la diferencia se reduce a solo un 5%.

Más allá del nivel de gasto por adulto, que puede no diferir considerablemente, lo que sí difiere es el tipo de consumo. Por ejemplo, la división de Educación representa en promedio para el total de la población un 8% de su presupuesto, motivado por el gasto que los hogares realizan desde la sala cuna hasta la educación universitaria. En tanto, en el presupuesto de los adultos mayores la educación representa menos del 1% (solo 0,4%).

Por otro lado, la importancia en el cuidado de la salud se incrementa por el desgaste natural del ciclo de vida. Los datos reflejan que se pasa de otorgarle un 6,4% del total de presupuesto a un 12,1% cuando se llega a la vejez.

También se encontró evidencia de la vulnerabilidad de algunos adultos mayores. En esos casos, sus bajos ingresos los obligan a sacrificar otros bienes y servicios por alimentación y servicios básicos.

Más allá de las diferencias mostradas en las divisiones de Educación y Salud, para el grupo de adultos mayores vulnerables, las divisiones de Alimentos y Bebidas no alcohólicas y Vivienda y Servicios básicos representan una mayor importancia en la vejez. El promedio de los hogares de nuestro país gasta un 19,1% de su presupuesto en alimentación, mientras que los adultos mayores vulnerables destinan un 35,1% de sus presupuesto. De forma similar, el gasto en Vivienda y servicios básicos pasa de 13,8% a un 23,1% en los ancianos vulnerables.

Finalmente, el ejercicio de estimación de los gastos en los 20 productos con mayor ponderación nos muestra cómo se ve afectado el poder de compra de los adultos mayores vulnerables ante variaciones de precios. Claramente los incrementos de precios en electricidad, pan y agua potable son los principales ítems que afectan el costo de vida de los más vulnerables.

Referencias

Centro Latinoamericano de Políticas sociales y Económicas (CLAPES UC), Informes mensuales del IPC-AM y el IPC-AMV. www.clapesuc.cl

Instituto Nacional de Estadística (2013), Manual Metodológico, Índice de Precios al Consumidor Base anual 2013. http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/base_2013/antecedentes_metodologicos/manual_metodologico_IPC_base_2013.pdf

Instituto Nacional de Estadística (2013), Metodología, Séptima Encuesta de Presupuestos Familiares 2013. http://www.ine.cl/epf/

Valdés, Gonzales y Kutscher (2016), When does redistribution to the elderly increases inequality? Documento de trabajo Clapes UC.

1 Se optó por utilizar la escala de equivalencia uniparamétrica que emplea el Ministerio de Desarrollo Social igual a 0.7 para todos los miembros del hogar. El valor de este coeficiente puede variar entre 0 y 1. Si la elasticidad de equivalencia toma el valor 0, se supone que las economías de escala son absolutas, por lo que el indicador de bienestar utilizado es el gasto total. En cambio, cuando no existen economías de escala en el hogar, este coeficiente toma el valor 1, y el indicador de bienestar es el gasto per cápita.

2 Fecha de cierre de este capítulo.

CAPÍTULO 2

El rol del Estado y del reparto en la solidaridad entre generaciones

SALVADOR VALDÉS PRIETO

La solidaridad intergeneracional

Este trabajo analiza diversas instituciones sociales que ayudan a cubrir las necesidades de la tercera edad, partiendo por la familia y el esfuerzo personal de ahorro; y pasando luego al Estado y sus múltiples roles. Varias de estas instituciones contribuyen a materializar la solidaridad entre generaciones.

La solidaridad “intergeneracional” se refiere a los apoyos mutuos entre personas de generaciones diferentes. Este concepto tiene dos dimensiones que conviene distinguir: el apoyo dado a personas en aquellas fases de la vida donde se tiene mayor debilidad, y el apoyo dado a cohortes que en su vida completa fueron infortunados, en comparación con otras cohortes.

Solidaridad entre personas en distintas fases de la vida

La primera dimensión incluye el apoyo que los adultos dan a sus padres o familiares en la tercera edad (Fernández y Herrera, 2015, este volumen). La cultura de muchos países con costa en el mar Mediterráneo, de la cual es heredera la cultura latinoamericana y la chilena, prescribe que la tercera edad acceda a una red de apoyo integrada en su mayor parte por sus descendientes adultos, como hijos, yernos y sobrinos (Tsani et al., 2012). Esa red proveerá tiempo, apoyo psicológico y recursos económicos a la tercera edad.

En un ciclo de vida con tres fases –infancia, adultez y vejez– las personas primero reciben apoyo en su infancia; luego entregan apoyo a sus propios hijos infantes y, al mismo tiempo, a sus padres mayores; y por último reciben apoyo en la vejez. Según algunos autores, los padres “invierten” en criar hijos con el fin de que estos los ayuden en su vejez. Un atributo de esta perspectiva es que la unidad de análisis es una sola fase de la vida, tomada por separado, no la vida completa.

Esta dimensión de la solidaridad encuentra un sustituto parcial en los esfuerzos personales por cubrir los gastos en la tercera edad, por medio del ahorro y los seguros: para aliviar a nuestros hijos de la obligación futura de sostenernos cuando lleguemos a la tercera edad, podemos sacrificar parte de nuestro consumo durante nuestra adultez con el objetivo de acumular ahorros y seguros que cubran una parte sustancial de nuestras necesidades en la vejez.

Las instituciones y empresas que ofrecen medios de ahorro y seguros operan de modo impersonal; no parecen estar guiadas por la solidaridad entre generaciones. Sin embargo, los mercados de ahorro y seguros permiten a personas de otras generaciones contribuir a sostener a la tercera edad. Por ejemplo, cuando una persona de 75 años liquida parte de sus ahorros, con el fin de financiar su consumo de ese año, está apoyándose en la voluntad de otras personas, en la práctica más jóvenes, de adquirir ese activo. Esa presencia y voluntad de los jóvenes es esencial para que el ahorro personal sea efectivo. Por eso, detrás del intercambio voluntario en los mercados, en este caso un mercado de activos, existe una disposición a cooperar comerciando de buena fe y con honestidad. Así, las instituciones que sostienen el intercambio voluntario son necesarias para que este modo indirecto de solidaridad entre generaciones se materialice con éxito.

Sin embargo, esa sustitución es parcial, y por varias razones. Primero, porque muchos apoyos en tiempo y atención no pueden ser adquiridos en un mercado impersonal, menos aún en la calidad requerida. Segundo, por la capacidad limitada de muchos de nosotros para idear, identificar e implementar un plan óptimo de ahorro personal para la vejez. La revisión bibliográfica de Valdés (2002, Cap. 3) muestra que la “imprevisión” es un fenómeno psicológico masivo: una proporción significativa de personas adultas sufre dificultades para incorporar su futura vejez a sus planes, en parte porque pensar en esa fase de la vida no es placentero para los jóvenes. Tercero, porque hay muchos casos en que el apoyo familiar falla.

Solidaridad de vida completa en personas no contemporáneas

La segunda dimensión de la solidaridad intergeneracional se refiere a apoyos mutuos entre personas que nunca se conocieron, y que incluso nunca fueron contemporáneas. Aunque no se conozcan, estas cohortes pueden sentirse parte de una comunidad más amplia, de duración indefinida en el tiempo. Se trata, por ejemplo de una familia o clan, o del gremio integrado por quienes trabajan en cierta rama de la actividad económica, agrupados por medio de los empleadores o de los sindicatos. A nivel más agregado, pueden sentirse parte de una misma nación, definida por compartir elementos como cultura, idioma, religión y la ocupación de un cierto territorio. Aquí la unidad de análisis es la vida completa, y el bienestar en la vida completa suman los bienestares parciales alcanzados en las tres fases del ciclo de vida (infancia, adultez y vejez)³.

Desde esta perspectiva, se pregunta si una cohorte es desafortunada en comparación a cohortes anteriores y posteriores. En esta dimensión, la solidaridad con una cohorte desafortunada se manifestaría en ayudas de parte de otras cohortes menos desafortunadas. No es necesario que todas las generaciones que participan en la ayuda sean contiguas en el tiempo ni contemporáneas. Por ejemplo, para ayudar a una cohorte de la familia que resultó especialmente desafortunada, la familia puede acordar vender parte de algún activo común heredado desde antiguo (tierra, derechos de pesca), sabiendo que ello implica reducir su consumo desde ahí en adelante, y que ese sacrificio incluirá a las generaciones no nacidas de la familia. Estas últimas generaciones nunca conocieron a la generación beneficiada, pero su menor consumo también es producto de la venta del activo familiar, que ayudó a la generación desafortunada.

Roles del Estado en la solidaridad intergeneracional

En los ejemplos dados hasta aquí, la institución clave es la familia. A esto se suma el esfuerzo personal apoyado por intercambios voluntarios realizados en mercados de ahorro y de seguros, otras instituciones. ¿Qué rol queda al Estado en la solidaridad intergeneracional?

Respecto a la solidaridad entre fases de la vida, la respuesta depende de la cultura imperante. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes 2013 da una respuesta parcial: muestra que la mayoría de los chilenos estima que la familia tiene el deber principal, por sobre el gobierno, de ayudar a los mayores que lo necesitan en las tareas de la casa así como en las tareas de cuidado (Fernández y Herrera 2015, este volumen). Así, existen ámbitos de la solidaridad intergeneracional donde el Estado no tiene un rol preponderante.

Sin embargo, las familias son frágiles ante muchos cambios de carácter macrosocial, por extensas y poderosas que parezcan, mientras que el Estado puede resistir y atenuar los impactos de algunos de esos cambios. De aquí surge un rol para el Estado.

Precisamos a continuación, por medio de ejemplos, qué entendemos por “cambios macrosociales”. La migración del campo a la ciudad, o proceso de urbanización, constituye el evento macrosocial más notorio que dañó a la tercera edad durante el siglo XIX en los actuales países de la OCDE. También lo hizo durante el siglo XX en América Latina, y actualmente en China (Banco Mundial, 2004, Cap. 3). En las migraciones campo-ciudad, la tercera edad queda sola en el campo, inaccesible al apoyo de hijos que se han ido a las ciudades.

Probablemente este problema continuará en el siglo XXI en India y en África al sur del Sahara. Si bien será atenuado por la revolución de las tecnologías de información, que ha bajado el costo de comunicarse y saber del otro, la migración pone barreras a compartir el tiempo y prestar aquella ayuda que requiere presencia física, por lo que sigue siendo importante.

Las guerras mundiales y las depresiones económicas del siglo XX también provocaron impactos macrosociales sobre la tercera edad. Esos eventos destruyeron los ahorros para la vejez que habían acumulado las personas que tenían más de 45 años de edad. A esa edad ya es demasiado tarde para recuperarse por medio de ahorrar más y trabajar más. En algunos países de europa del norte, el Estado intervino creando o ampliando pensiones estatales “no contributivas” (Anderson, 2004). En los EE.UU. de América, el Estado intervino creando el programa Social Security (Engelhardt y Gruber, 2004).

Otro proceso macrosocial con consecuencias para la tercera edad ha sido y será la transición demográfica, en cuanto reduce la fertilidad o fecundidad. A ella se suma la transición cultural que ha reducido la conyugalidad. Ambas tendencias “reducen las redes de potenciales cuidadores (en la vejez)” (Fernández y Herrera, 2015). La caída en la tasa de fecundidad reduce el número de hijos que se deben repartir la carga de ayudar a los familiares en tercera y cuarta edad. En Chile, ese número bajó desde 5,4 hijos promedio por mujer en el quinquenio 1960-1965 (quienes deberán prestar cuidado en 2010-2035) hasta 1,8 hijos por mujer nacidos en el quinquenio 2010-2015 (quienes deberán prestar cuidado en 2060- 2085). Por su parte, la menor tasa de nupcialidad, tanto legal como efectiva, elevará a lo largo del siglo XXI el número de solteros, separados y divorciados en la tercera y cuarta edad.

Igualmente importantes son aquellos eventos macrosociales que aumentan la diferencia de nivel de vida material entre distintos grupos sociales: algunos grupos se unen a la economía moderna, que es mucho más productiva, y elevan su consumo, pero quienes no logran unirse permanecen en la antigua situación de pobreza secular, a una distancia mayor en términos de consumo.

Frente a los eventos macrosociales, el Estado puede tomar algunas medidas. Una es organizar una redistribución solidaria entre quienes pagan impuestos (trabajadores activos y capitalistas), y los sectores rezagados en situaciones de pobreza, sean ellos niños, adultos o ancianos. Debido a las diferentes realidades en esas tres fases de la vida, nada impide que sea más eficaz ayudar a los niños en pobreza con programas especializados en niños, y ayudar a los ancianos en pobreza con planes especializados en ancianos.

Además, existen cambios macrosociales que, podrían no concretarse, como ocurre con las variaciones de la participación de la mujer en el mercado laboral. Si la participación laboral femenina de Chile converge a la que actualmente tiene Italia, entonces no subirá casi nada respecto del nivel actual⁴.

El rol del Estado

El Estado podría desempeñar roles valiosos en solidaridad intergeneracional, para ayudar a responder a algunos cambios macrosociales. Sin embargo, el Estado también puede fallar y empeorar situaciones de infortunio, lo cual sería antisolidario.

Un requisito para que el Estado contribuya de modo positivo y solidario es que fortalezca y complemente la solidaridad intergeneracional aplicada por instituciones anteriores a él, como son la familia y el esfuerzo personal apoyado por intercambios voluntarios realizados en mercados de ahorro y de seguros. En cambio, cuando debilita o destruye la solidaridad practicada por la familia y debilita el esfuerzo personal, el Estado incurre en una falla que puede ser seria.

Marco conceptual general para las políticas de pensiones

Las políticas públicas modernas para las pensiones monetarias de vejez gobiernan grandes recursos, cuyos flujos llegan hasta el 15% del ingreso nacional o el PIB en algunos países. Por eso tienen fuertes consecuencias para los salarios, el empleo, la solvencia fiscal, y para el mercado de capitales. El resto de este capítulo analiza las políticas públicas de pensiones monetarias de vejez, sin referirse a otros campos⁵.

Se ha visto que los Estados modernos actúan en cuatro planos a la vez:

1. Dictando políticas públicas para la vejez.

2. Financiando algunas de esas políticas públicas.

3. Supervisando a otros actores no estatales en temas de vejez, como algunos empleadores grandes, los sindicatos y los proveedores de servicios (como las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros de vida).

4. Prestando servicios directos (el Instituto de Previsión Social, la Dirección de Previsión de Carabineros, y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional).

Respecto a la actividad (1), dictar políticas públicas, el objetivo general es proveer seguridad de ingreso en la vejez⁶. Este consta a su vez de tres objetivos específicos:

a. aliviar la pobreza en la vejez, en relación con el nivel de vida de la población activa, cuando los programas de transferencias y apoyos generales a los sectores vulnerables (que igualan hacia arriba) no logran apoyar lo suficiente a la tercera edad. Este objetivo también puede entenderse como proveer un seguro parcial contra el riesgo de tener una carrera laboral relativamente mal remunerada.

b. ayudar a todas las personas (la mayor parte, menos vulnerable) a transferir recursos desde la fase activa de su vida a la fase pasiva (una vez retirada del mercado laboral). Es decir ayudar a todas las personas a ahorrar, con el fin de emparejar su nivel material de vida entre las distintas fases de la vida, a pesar de sufrir una posible imprevisión respecto a la vejez⁷. El nivel material de vida se mide como la suma del arriendo imputado a la vivienda propia, las transferencias familiares (desde el/la cónyuge y de los hijos), el desahorro de activos que fueron acumulados en la fase activa (vivienda, parcela), el ingreso laboral, las transferencias o subsidios del Estado diferentes de pensiones, y las pensiones monetarias.

c. ayudar a todas las personas a asegurarse frente a los gastos inusuales causados por contingencias de alta prevalencia. En especial destacan tres contingencias: una longevidad mayor que la longevidad promedio (para personas que llegaron a la misma edad de retiro en forma simultánea); una invalidez anterior a la edad normal de retiro; y una muerte anterior a la fecha en que los hijos hayan alcanzado la capacidad de autosostenerse (orfandad a edades inferiores a 18 hasta 23 años, según el país). En algunos países la pensión de viudez no corresponde si no hay hijos menores de edad.

Los instrumentos de política pública deberían estar alineados con estos objetivos específicos, sin perder de vista que un mismo instrumento puede influir sobre el logro de más de un objetivo a la vez. Por otra parte, es clave entender que estos tres objetivos pueden ser y son perseguidos de modo simultáneo. Si bien existe alguna competencia en ciertos aspectos, en otros se complementan.

Las restricciones que deben cumplir los instrumentos de política son eficacia, bajo costo operativo (eficiencia), y estabilidad financiera en el corto y en el largo plazo ante distintos tipos de choques o sorpresas.

Las pensiones contributivas

La eficacia de los objetivos específicos de ahorro y seguro (b y c) requieren que los beneficios sean proporcionales a la contribución de cada uno, y, por tanto, al sueldo. Por eso se llaman “contributivos”.

Los objetivos de ahorro y seguro (b y c) son atendidos con dos tipos de instrumentos: los mandatos, que fuerzan a las personas laboralmente activas a destinar parte de su remuneración a adquirir derechos a pensión y seguros; y los incentivos fiscales, que motivan a esas personas a destinar recursos al ahorro y los seguros sin obligarlos. Los mandatos originan las pensiones “contributivas obligatorias” y los incentivos fiscales originan las pensiones “contributivas voluntarias”.

Cuando el Estado crea un mandato y luego lo fiscaliza con dedicación, reduce los costos de transacción y de marketing, y logra que personas con capacidad cognitiva modesta deleguen a profesionales decisiones complejas en cuanto a ahorro, inversión y seguros. El mandato logra mayor cobertura que un incentivo fiscal, a un menor costo fiscal, aunque también crea ciertas ineficiencias. Una pensión contributiva obligatoria combina un mandato, que es una política pública, con la propiedad privada del trabajador sobre sus derechos a pensión⁸.

Las pensiones no contributivas

Para lograr el objetivo específico (a), que es aliviar la pobreza en la vejez, se usan pensiones “no contributivas”, es decir, cuyo monto no dependen positivamente de las contribuciones de cada uno ni de los salarios que tuvo cada jubilado en el pasado.

Estas pensiones pueden ser uniformes o focalizadas. En Chile, ese rol es cumplido por los tres programas de pensiones solidarias, cuyo costo fiscal sumó un 1,2% del PIB en 2013, la cifra más alta de América Latina, aunque bastante inferior al 6% observado en algunos países nórdicos⁹.

Diseños de los planes de pensiones

Todo plan de pensiones, sea contributivo o no, obligatorio o no, debe definir diseños y parámetros en tres dimensiones principales:

1. La fórmula que determina la pensión de cada individuo a partir de su historia de contribuciones (y sueldos), y de variables como residencia. Si el vínculo con la historia de contribuciones es bajo o cero, la fórmula está habilitada para ayudar a los ancianos pobres (objetivo específico a). Por eso se utilizan fórmulas con este atributo en las pensiones “no contributivas”. En cambio, lograr los objetivos de ahorro y seguro requiere fórmulas que entreguen beneficios proporcionales a la contribución de cada uno, es decir, al salario del pasado. Las fórmulas contributivas se clasifican, a su vez, en “actuariales” y “por años de servicio”¹⁰. Los parámetros clave de la fórmula son la tasa de cotización, la tasa de reemplazo y la edad de inicio de la pensión.

2. La proporción de los pasivos del plan que está respaldada por un “fondo de pensiones”. Tal fondo consiste de activos protegidos por derechos de propiedad a favor de la institución o plan. El parámetro clave es el grado de capitalización del plan de pensiones. Si el grado de capitalización es cero, el plan es de reparto “puro”.

El financiamiento por reparto contributivo contiene solidaridad solamente a favor de la generación jubilada al momento de crearse o ampliarse el plan, pues los beneficios de esa generación provienen de recursos que se extraerán a los trabajadores activos, jóvenes y generaciones siguientes. Una vez maduro, el reparto contributivo no contiene solidaridad entre jubilados y trabajadores, porque ambos deben colaborar a servir la deuda creada al iniciar o ampliar el plan de reparto, por medio de soportar pensiones inferiores y salarios reales inferiores¹¹.

En las pensiones “no contributivas” también puede haber grados de capitalización, como prueban Bolivia y Nueva Zelandia, cuyas pensiones son financiadas (en total o en parte) por fondos de reserva o fondos de pensiones, y por lo tanto son incrementadas por los intereses que ganan dichos fondos.

La solidaridad en las pensiones no contributivas también difiere según cual sea la base de recaudación, pues algunos impuestos gravan a la tercera edad (IVA, impuestos específicos, patentes comerciales y renta), y otros no lo hacen (impuestos a la masa salarial o al trabajo).

3. Los sistemas previstos de ajuste a los distintos tipos de riesgo o incertidumbre agregada. Los principales riesgos agregados son cuatro: (i) que suba la longevidad promedio más rápido de lo previsto, (ii) que la masa salarial decrezca (por menor fecundidad, por emigración, por deterioro en la fiscalización del mandato de cotizar), (iii) que los retornos de las inversiones sean bajos, y (iv) que ocurran intervenciones políticas de corte demagógico o populista. Entre los distintos sistemas previstos de ajuste al riesgo destacan el beneficio definido por contrato, el beneficio definido por ley (modificable), la contribución definida, y varias formas de cuasicontribución definida y cuasibeneficio definido. Cada una de estas fórmulas tiene sus propios parámetros¹².

Países donde coexisten múltiples planes de pensiones

El conjunto de planes de pensiones que opera en un país puede ser caracterizado también por dos dimensiones adicionales:

a. Si el Estado obliga a los trabajadores a participar simultáneamente en dos o más planes contributivos paralelos, aportando a ambos a la vez, versus si solo los obliga a participar en un plan contributivo a la vez. Imponer la participación simultánea en dos planes contributivos obligatorios tiene efectos similares a fusionar esos planes en uno solo, y elegir de nuevo la fórmula de beneficio, el grado de capitalización y las fórmulas previstas de ajuste a los riesgos agregados, con el fin de recoger el funcionamiento combinado de ambos planes.

b. Fragmentación versus unificación de los distintos planes de pensiones que sirven a distintos grupos de partícipes. Por ejemplo, si muchos empleadores o ramas de la producción cuentan con planes de pensión con diseños y parámetros diferentes, y no hay acuerdos de “totalización” eficientes, aquellos trabajadores que cambien de empleador o rama de producción sufrirán de una escasa portabilidad de los derechos a pensión. Eso impondría grandes daños a la seguridad en la vejez y a la eficiencia de la asignación del factor trabajo entre empleadores y entre ramas de producción. La unificación de planes evita ese daño. Debe aclararse que la unificación no requiere crear un monopolio en la prestación de servicios a los afiliados, pues los servicios pueden ser provistos por una multiplicidad de instituciones especializadas en pensiones, con portabilidad entre sí de acuerdo a fórmulas previstas por la ley.

Ampliar el reparto: ¿Es solidario entre generaciones?

Crear o ampliar un plan de pensiones financiado por reparto puede ser una política pública solidaria entre generaciones solo si se cumplen dos condiciones: (1) que exista una generación comprobadamente desafortunada en comparación a las generaciones contiguas; y (2) que el plan de pensiones ampliado o nuevo cumpla estándares mínimos de diseño, en particular que sea “no contributivo”, y evite el diseño contributivo.

Sin embargo, una cosa es lograr cierta solidaridad, y otra es lograr la solidaridad óptima. La política fiscal directa y explícita es otra herramienta capaz de lograr solidaridad entre generaciones. Una alternativa capaz de ayudar a la generación desafortunada consiste en emitir deuda pública explícita y usar esos recursos para financiar subsidios explícitos y directos a la generación desafortunada. Esta alternativa también es solidaria, pues las generaciones futuras financian esa ayuda por medio de un Estado que paga intereses mayores en su deuda pública y por medio de asumir un mayor riesgo de crisis fiscal futura. Y es importante consignar que en muchos casos la política fiscal puede ser más solidaria y más eficiente para ayudar, que ampliar un plan de pensiones de reparto no contributivo.

En qué consiste el reparto y el impuesto que este aplica a los jóvenes

Uno de los modos de financiar pensiones de vejez (y otros gastos) es el método piramidal. Cconsiste en que las cotizaciones obligatorias de este mes o año se destinan íntegramente a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en este mismo mes o año. Por eso también se lo llama “financiamiento sobre la marcha” y “pensiones pagadas con contribuciones corrientes – PPCC” (OCDE), ambas traducciones de pay as you go. En los países latinos se lo llama “reparto”¹³.

Al gastarse de inmediato la recaudación, no hay fondo de pensiones en el reparto, es decir su monto es cero. La ausencia de un fondo de pensiones implica que el reparto no tiene ingresos por intereses.

El reparto es 100% compatible con cuentas individuales no redistributivas, es decir, con una fórmula “actuarial” de beneficios. Así lo atestiguan los planes contributivos obligatorios de Italia, Polonia y de Suecia. Por eso, el financiamiento –de reparto, capitalización o intermedios– es una dimensión independiente del diseño de cualquier plan de pensiones, que no tiene relación con la presencia de cuentas individuales no redistributivas¹⁴.

Desde luego esos tres países tienen políticas públicas redistributivas fuertes, pero usan herramientas diferentes de las pensiones: los impuestos personales progresivos que gravan a las pensiones contributivas, y las transferencias hacia los sectores vulnerables (pensiones no contributivas).

El extremo opuesto al reparto /PPCC es la “capitalización”. En este caso existen fondos de pensiones que ganan intereses. Esos intereses suplementan las pensiones y las hacen mayores. Porque el reparto no gana intereses, sus pensiones tienden a ser inferiores a las que paga la capitalización, para una misma cotización.

Al igual que Australia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong y Suiza, entre otros, el Estado chileno ordena que las contribuciones obligatorias sean destinadas a fondos de pensiones, cuyas funciones son resguardar los recursos (el capital) y ganar intereses. Tanto los recursos como los intereses han sido y son de propiedad exclusiva de quienes cotizaron (no son propiedad “de las AFP”, que sólo son entes prestadores de servicio).

¿En qué casos ampliar el reparto es solidario entre generaciones?

Cuando un infortunio empobrece a la tercera edad, en relación con los trabajadores activos y los jóvenes, es justo ayudarla. Uno de los medios para ello es crear o ampliar pensiones de reparto, porque extraen recursos de modos indirectos, pero reales y efectivos, a los trabajadores activos y a los jóvenes de ahí en adelante, y los canalizan hacia la generación que ya estaba en tercera edad al ocurrir esa creación o ampliación de un plan de reparto. Explicamos esto.

Ya se indicó que al gastarse de inmediato la recaudación, el reparto no presenta un fondo de pensiones de propiedad de los trabajadores. La ausencia de un fondo de pensiones implica que el reparto no tiene ingresos por intereses.

Justamente porque no se planea tener un fondo de pensiones, es que al “inicio” de la ampliación o creación del plan de reparto, es factible gastar la recaudación recién aportada por trabajadores activos que no requerirán de pensiones por varias décadas, en cualquier cosa. Esa primera recaudación puede ser “repartida” por si sistema político. Por ejemplo, puede usarse para conceder bonos marzo, abril y mayo de modo casi permanente, es decir, durante esas décadas iniciales, o también para eliminar la cotización a los seguros de salud de modo casi permanente. Un uso muy popular en distintos países ha sido usar una parte para suplementos de pensión a quienes estén en tercera edad durante las primeras décadas contadas desde la ampliación o creación del plan de reparto.

Sin embargo, esta fase de abundancia de recursos termina. Ello ocurre cuando los trabajadores activos que aportaron esos recursos empiezan a jubilar, y empiezan a exigir su propio incremento de pensiones. Al “madurar” el plan de pensiones de reparto, el excedente va disminuyendo hasta desaparecer.

Incidencia de las cotizaciones: ¿sobre los empleadores o sobre los trabajadores?

Una concepción de este tema ve a los empleadores como una fuente externa de recursos, que puede ser ordeñada sin costo, en este caso para financiar una mayor pensión para todas las generaciones en tercera edad: las actuales y las futuras. Comete un error grave, porque la evidencia empírica de los países pequeños y abiertos muestra que los empleadores marginales diversifican más sus inversiones hacia el exterior cuando un país sube los impuestos al trabajo local, en especial cuando ese país eleva las cotizaciones obligatorias de cargo del empleador. Técnicamente, la elasticidad de la demanda por trabajo cubierto por seguridad social al costo empresa es alta para una parte significativa del empleo cubierto¹⁵. Por otro lado, es bastante inelástica a salarios la oferta de servicios laborales de parte de los trabajadores educados, a empleadores del sector cubierto por la obligación de cotizar para la seguridad social, aunque dicha elasticidad varía entre sectores. Por eso, cuando se crean nuevas cotizaciones obligatorias para empleadores formales, ellos logran defenderse y trasladar la mayor parte de esta nueva cotización a menores reajustes de salarios para sus trabajadores, y a mayores precios finales de los productos que adquieren los trabajadores de otros empleadores.

El estudio empírico para Chile de Gruber (1997) avala lo dicho: encuentra que el 100% de las cotizaciones de los empleadores se traslada a reducciones del salario líquido real de los trabajadores¹⁶. Otra evidencia pertinente está en los estudios de Feldstein (1995) y también de Packard (2001) para América Latina, que confirman las altas elasticidades de la demanda por trabajo cubierto por seguridad social, al costo empresa, y la modesta elasticidad de la oferta laboral a los sectores cubiertos. Ello es confirmado por Gill, Packard y Yermo (2005)¹⁷.

En resumen, los recursos necesarios para pagar la cotización de los empleadores son extraídos a los trabajadores activos y a los jóvenes. Es decir, al crear pensiones de reparto, la generación inicial en tercera edad recibe subsidios desde los trabajadores activos y jóvenes, pues ellos accederán a menores salarios líquidos y a menos empleos con seguridad social apenas se complete la fase inicial de dos o tres años de ajuste.

Aunque la incidencia de la cotización de los empleadores sea sobre los trabajadores activos y jóvenes, si dicha cotización se acreditara a las cuentas individuales de los mismos trabajadores en el plan de reparto, ellos también recibirían un aumento en pensiones de vejez a cambio de su menor salario líquido (después del ajuste). La presencia de una mayor pensión podría llevar a creer que al destinarse de este modo la cotización de los empleadores, los trabajadores no serán dañados. Eso sería un error cuando la pensión es de reparto, porque los derechos a pensión que los trabajadores activos y jóvenes acumulan en el plan de reparto están sujetos a un fuerte gravamen: no ganan intereses, porque no hay fondo de pensiones. La ausencia de intereses reduce las pensiones de las generaciones siguientes. Este gravamen se extiende para siempre a todas las generaciones futuras de trabajadores.

En resumen, la creación o ampliación de un plan de reparto siempre redistribuye recursos desde los trabajadores activos y jóvenes, hacia la generación que inicialmente estaba en tercera edad, y hacia los demás usos que los políticos den al excedente inicial.

Razones benevolentes para crear un plan de reparto

Los eventos que han justificado de modo benevolente la creación de un plan de reparto han sido aquellos que apelan a la equidad intergeneracional, ya presentados en la sección 2:

• Migración masiva del campo a la ciudad, que deja a los migrantes sin la red comunal de apoyo a la vejez desarrollada en siglos anteriores. Esto explica la creación del primer plan contributivo obligatorio por la Alemania de Bismarck en 1889 y la creación del primer plan no contributivo en Dinamarca en 1891, ambos en beneficio de los trabajadores urbanos que estaban en peligro inminente de llegar a la vejez sin apoyo.

• Guerras, que destruyen el capital productivo y de vivienda acumulado por la generación madura y en tercera edad. Las guerras dejan a la clase media que ya llegó a la vejez o está cerca, en la miseria. Por esto en Japón y Europa expandieron sus planes de pensiones de reparto después de la Segunda Guerra Mundial.

• Depresiones económicas o crisis financieras, que destruyen los ahorros financieros y de vivienda (cuando el crédito no ha sido pagado por completo, el no pago de dividendos conduce al remate por el acreedor), empujando a la clase media a la miseria en su vejez. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la tasa de pobreza en la tercera edad subió a 50% en los años 1930 por efecto de la Gran Depresión, y todavía alcanzaba a 35% en 1960 (Engelhardt y Gruber, 2004). Estas cifras fueron muy superiores a la tasa de pobreza que regía para las edades entre 30 y 59 años de edad, en esas fechas.

De estos ejemplos surge una conclusión clave: una condición mínima para que la creación (o ampliación) de pensiones de reparto sea benevolente o justa es que exista equidad intergeneracional. Es decir, que una gran proporción de las personas en tercera edad sufra, o se proyecte que sufrirá, pobreza generalizada en relación con el nivel de vida de quienes son trabajadores activos y jóvenes.

Motivaciones no benevolentes para instalar planes de reparto

Otra condición para que el reparto sea solidario es que el plan de pensiones ampliado o nuevo cumpla estándares mínimos de diseño, en particular, que sea no contributivo. Esta sección justifica esta condición con la evidencia histórica de América Latina durante el siglo XX, que muestra que este requisito técnico fue violado una y otra vez en prácticamente todos los países de América Latina, generando un aumento de la desigualdad, es decir, la antisolidaridad.

Muchos países instalaron planes de reparto en el siglo XX, en ausencia de guerras y depresiones. En América Latina, los mandatos para aportar a planes contributivos fueron iniciados por Cuba, Uruguay y Chile en la década de 1920, en ausencia de guerras y depresiones.

Inicialmente estos fueron de capitalización parcial. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos planes fueron reformados por las autoridades hacia el reparto puro (en 1952 en el caso chileno) porque otras políticas castigaron los retornos financieros de los fondos de pensiones, lo cual redujo las pensiones financiables a niveles muy inferiores a lo esperado.

En el caso de Chile, la represión financiera (imponer una tasa de interés máxima inferior a la tasa de inflación) y la prohibición de diversificar las inversiones hacia el exterior condujeron a los principales planes de pensión, especialmente a la Caja del Seguro Obrero, a obtener rentabilidades muy deficientes. Al mismo tiempo, las autoridades forzaron a los planes de pensiones de vejez a pagar subsidios de salud, de asignación familiar, a conceder créditos a tasas de interés subsidiadas, y a emplear personal en exceso, todo a costa de los fondos de pensiones (Wagner et al., 1983).

Mientras tanto, Brasil y México instalaron sus primeros mandatos generales en los años 1940, e incluso Colombia lo hizo en 1967. Esto también ocurrió en ausencia de guerras y depresiones, hecho muy revelador.

¿Habrá sido la migración campo-ciudad, la justificación para proliferar planes de pensiones de reparto en América Latina durante el siglo XX? No. Como demostró C. Mesa-Lago en su libro Grupos de Presión, Estratificación y Desigualdad (1978), el proceso de instalación de estos planes públicos de pensiones extrajo recursos a los trabajadores de niveles socioeconómicos más bajos, que pertenecían a familias que recién migraban desde el campo a la ciudad para tomar empleos con seguridad social (donde cotizaban), y destinó grandes bloques de esos mismos recursos a quienes estuvieran en tercera edad y además hubieran cotizado en su vida activa durante un cierto número mínimo de años, generalmente superior a 15, llegando en algunos casos hasta 30 años.

Este requisito fue tremendamente regresivo. En efecto, el requisito de haber cotizado muchos años en la vida activa solo era cumplido por personas que habían accedido a empleadores formales. En las zonas rurales no se cotizaba. Solo cotizaban los empleados del sector moderno (bancos, minas, petroleras, ingenios azucareros, manufacturas de gran escala, y sector formal en general), cuya remuneración real era muy superior a la de los migrantes recientes a la ciudad, quienes tomaban empleos informales en las micro y pequeñas empresas y en sectores de baja remuneración promedio, como lo fue el comercio durante ese siglo, y desarrollaban actividades por cuenta propia en la calle u otras condiciones precarias.

Como explicó la sección 3, condicionar la pensión al hecho de haber completado cierto número mínimo de años de cotización define la diferencia entre pensiones no contributivas y contributivas. Y aquí hemos explicado por qué un plan de pensiones de reparto contributivo, es decir uno que exige 15 o 20 años de cotización, es altamente regresivo. De aquí nace el segundo requisito para que la ampliación de un plan de pensiones de reparto sea solidaria: que el plan sea “no contributivo”. Este requisito fue violado una y otra vez por prácticamente todos los países de América Latina durante el siglo XX, generando antisolidaridad.

Es inevitable preguntarse por qué tantos gobiernos sostuvieron por décadas reglas tan regresivas. Una explicación sería el desconocimiento, alentado por la opacidad de los planes de reparto, que se caracterizan por esconder el impuesto oculto en el reparto maduro, explicado más adelante. Sin embargo, los coetáneos observaron la regresividad con que se destinaban los recursos extraídos a los jóvenes, y lo hicieron notar. Por ejemplo en Chile, el Informe Prat, publicado en varios volúmenes entre 1959 y 1963, documentó con gran detalle las injusticias cometidas al redestinar los recursos de los jóvenes pobres hacia personas de ingresos medios y altos en tercera edad, y a otros destinos. Sin embargo, los gobiernos de la antigua democracia chilena no hicieron casi nada para cambiar esas políticas durante los siguientes 10 años. Los gobiernos habrían aplicado cambios a esas políticas si sus motivaciones hubieran sido benevolentes y solo sufrieran de información insuficiente.

Los gobiernos de turno no hicieron esos cambios. Incluso agravaron la regresividad en varios aspectos. Por ejemplo, esos gobiernos chilenos nunca destinaron recursos a pensiones no contributivas: por ejemplo, solo concedieron –desde 1952– subsidios de pensión mínima a quienes hubieran cotizado al menos 15,4 años (hombres: 800 semanas) o al menos 10 años (mujeres). Y se sabía que esos requisitos excluían a casi todo el 50% más pobre de la tercera edad.

Una explicación más sólida de esta masiva regresividad es que la repartición que se otorgó, y la promesa (incumplible) de más reparticiones similares en las siguientes décadas, ayudaron a las coaliciones de turno a ganar elecciones. Esto fue demostrado magistralmente E. K. Browning en su artículo seminal “¿Por qué las pensiones de reparto son demasiado grandes en una democracia?” (1975). La mayor parte de esas reparticiones ocurren a costa de los jóvenes, quienes no son defendidos por sus familiares por desconocimiento y opacidad. Y los grupos de presión que se beneficiaban de esas reparticiones preservaban la confusión por medio de la retórica falsa de solidaridad intergeneracional.

Los resultados empíricos de C. Mesa-Lago (1978) confirman la preponderancia de los grupos de presión en casi todos los planes de pensiones de reparto en América Latina. Aunque cada país tiene su propia historia, hay una fuerza en común: con los recursos obtenidos al privar a los jóvenes de los intereses que generaría su ahorro, los gobiernos de turno accedieron a un excedente fiscal durante cerca de 40 años, que les ayudó a mantenerse en el poder ganando elecciones¹⁸.

Chile en 2013-14: La tercera edad no está empobrecida en relación con los trabajadores

Esta sección evalúa empíricamente la situación económica relativa de dos grupos sociales en el Chile de 2013-14: la actual generación chilena en tercera edad, y las generaciones activas, definida como adultos entre 25 y 59 años de edad. Esta situación relativa es clave para determinar si sería solidario entre generaciones que se creara o ampliara un plan de pensiones de reparto no contributivo, ahora o en los próximos años.

Resultados de la EPF 2013: los trabajadores activos y jóvenes son 5% más pobres que la tercera edad

La encuesta de mejor calidad en Chile para medir el “ingreso permanente” de las personas es la Encuesta de Presupuestos Familiares, que es tomada por el INE y utilizada para construir la canasta del IPC. En efecto, esta permite determinar con gran precisión el consumo real por hogar, de una muestra representativa nacional. Es sabido que uno de los mejores indicadores del ingreso permanente es el consumo. En efecto, el consumo incluye los ingresos laborales que no pagan cotización a la seguridad social, el consumo de capital (“comerse los ahorros en la vejez”), las rentas del capital (como arriendos de pequeñas propiedades), las transferencias intercónyuges (como las pensiones de sobrevivencia), y otras transferencias intrafamiliares. Por eso, la información de consumo es muy superior a los ingresos reportados a otros sondeos, como CASEN, pues esos reportes no cuentan con verificación alguna.

En la cultura chilena, heredera de la de los países mediterráneos, las transferencias de recursos dentro de la familia se manifiestan en compartir la vivienda y también los ingresos laborales con las pensiones para financiar alimentación y entretención en común. En la cultura chilena, donde parece existir solidaridad en la familia que vive junta, es posible aproximar estas transferencias promediando el consumo de todos los miembros de cada hogar.

Para determinar la situación económica relativa de las distintas generaciones proponemos ordenarlas según la edad del miembro del hogar que tiene más años. El resultado que se obtiene (Valdés, 2014a) al procesar los datos de la encuesta EPF de 2013 está en la Tabla 1.

Tabla 1: ¿Era en 2013 la tercera edad más pobre que la generación joven? Consumo en 2013

Fuente: EPF 2013, elaborada por el INE y cómputos de Luis Gonzales, a quien agradezco.

Se ve que la tercera edad chilena no es más pobre que los trabajadores activos. Por el contrario, los trabajadores activos y jóvenes, que residen en hogares cuyo miembro de mayor edad tiene 59 años o menos tienen un consumo per cápita 5% menor que los hogares donde reside la tercera edad.

Con el fin de verificar la robustez de este resultado se procede a tomar en cuenta el efecto de las economías de escala en los hogares. Ellas reflejan la posibilidad de compartir componentes caros de la vivienda como el baño y la cocina, y artefactos de línea blanca o electrodomésticos, en mayor grado en hogares más grandes. En la literatura internacional, este efecto es corregido por medio de alguna “escala de equivalencia”.

También resulta útil verificar la robustez de este resultado al remover el efecto que la asimetría de la distribución de consumos tiene sobre el promedio, lo que se logra usando el consumo mediano en vez del promedio. El consumo mediano es aquel donde la mitad de la muestra tiene valores superiores y la otra mitad tiene valores inferiores.

Con el fin de reflejar ambos aspectos, se recalcularon estos resultados por medio de la escala de equivalencia que utilizó el Ministerio de Desarrollo Social en la encuesta CASEN 2013, que consiste en reemplazar el denominador en la determinación del consumo per cápita, sustituyendo el número de miembros del hogar por el número de dichos miembros elevado a la potencia 0,7. Al mismo tiempo, se determinó el valor mediano del consumo equivalente en cada grupo de hogares, en vez del valor promedio. Y para aumentar la precisión, se dividió a los mayores de 65 años en dos subgrupos: los menores de 80 años (tercera edad) y los mayores de 80 años (cuarta edad).

Tabla 2: ¿Era en 2013 la tercera edad más pobre que la generación joven? Consumo mediano, por persona equivalente en 2013

Fuente: EPF 2013, elaborada por el INE y cómputos de Luis Gonzáles, a quien agradezco.

La Tabla 2 revela que se mantiene el resultado: la tercera edad chilena no es más pobre que los trabajadores activos.

Suficiencia del consumo en la vejez en 1997 y en 2007

Ya advertimos sobre la falacia de suponer que la única fuente de ingreso en la tercera edad es la pensión monetaria que proveen los sistemas formales (contributivos y no contributivos). El nivel de vida en la tercera edad se mide por el consumo, y éste puede ser financiado de muchas otras maneras diferentes de las pensiones formales. De aquí surge el concepto de “tasa de suficiencia del consumo relativo”. Este puede aplicarse en la dimensión longitudinal, es decir, comparando los consumos de una misma persona a través del tiempo, antes y después de jubilar; y también en el corte transversal, comparando los consumos de personas distintas, de diferente edad, pero en el mismo momento del tiempo.

Definiciones:

1. Tasa de suficiencia individual, longitudinal:

2. Tasa de suficiencia del consumo relativo, transversal:

En esta definición, Ce es el consumo del jubilado a la edad e (con e ≥ 65 años). En la tasa de suficiencia individual, el denominador contiene el promedio del consumo que logró la misma persona antes de jubilar, entre las edades (J-K) y (J-1), donde K puede ser 10, 20 o 30 años.

Para efectos de la solidaridad intergeneracional, interesa la tasa de suficiencia relativa, pues informa el consumo de la tercera edad, relativo al consumo de los trabajadores activos. Este es un criterio clave para decidir la justicia de introducir o ampliar el reparto. En el numerador está el promedio del consumo para todo el grupo de tercera edad que se está analizando, que en el año t tiene una edad E (por ejemplo, E puede ser 65, 70,… 90 años). El denominador, en cambio, muestra el promedio del consumo del grupo activo de referencia, que son aquellos trabajadores cuya edad es hasta “K” años menor que la edad de jubilación J. En esta tasa, todos los consumos se miden en la misma fecha.

La tasa de suficiencia transversal puede ser calculada a partir de las “Cuentas Nacionales de Transferencias”. Ellas distribuyen los agregados de las cuentas nacionales entre personas de distintas edades, en una fecha dada. Estas cuentas son un proyecto de recopilación de estadísticas de alcance mundial, liderado por A. Mason y R. Lee que cubre a docenas de países, entre los que se cuenta Chile.

Gráfico 1: Estabilidad de la suficiencia del consumo relativo entre 1997 y 2007

Fuente: elaboración propia a partir de datos provistos por Ronald Lee y Mauricio Holz, ambos medidos en unidades del mismo poder de compra, por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Gráfico 1 presenta datos para los años 1997 y 2007, ambos medidos en pesos de 2007 por medio de la inflación del IPC. Estos datos permiten adicionar la perspectiva de suficiencia personal de las pensiones, aportando datos longitudinales, que permiten recoger el impacto sobre los salarios y empleo del crecimiento de la producción de esos 10 años.

El Gráfico 1 revela que la tercera edad no estaba empobrecida en 1997, respecto a los trabajadores activos y jóvenes. Más importante, revela que la tercera edad lideró el fuerte aumento real en el consumo de todos los grupos de edad, ocurrido entre 1997 y 2007. Este aumento fue inducido, en parte, por el inicio de un nuevo “superciclo” en el precio internacional del cobre, a partir de 2004. En efecto, en 2007 el consumo de la tercera edad se había despegado aún más del consumo de los trabajadores activos y jóvenes. El dato concreto es que entre 1997 y 2007 el consumo real promedio del grupo de edad 26 a 54 subió en 37%, mientras que el consumo real promedio de las personas de 65 y más años subió en 55%.

Ronald Lee (2014) informa que las horas de trabajo del grupo de edad de 53 a 67 años aumentaron entre 1997 y 2007. Considerando los datos del Gráfico 1, no es plausible explicar este comportamiento por algún “empobrecimiento” de este grupo de edad. En efecto, el consumo real del grupo de 55 a 64 años aumentó en 62% según los mismos datos. Una explicación alternativa es que el salario real promedio subió casi 20% entre 1997 y 2007 (subió 19,8%: ver www.ine.cl). Este fuerte incremento puede haber atraído a una parte de los trabajadores entre 55 y 65 a trabajar más horas, por el efecto sustitución. A ese resultado también puede haber contribuido una mejor situación de salud, y que la parte femenina de ese grupo de edad registrara un fuerte aumento en los años de escolaridad entre 1997 y 2007.

Datos de la encuesta CASEN: la tercera edad ha tenido y tiene menor tasa de pobreza que los jóvenes

Hasta aquí, hemos visto resultados que se refieren a promedios de consumo. Se podría imaginar que si la desigualdad es mayor al interior de la tercera edad que al interior de los trabajadores activos y jóvenes, aquellos subgrupos de la tercera edad que están en la parte inferior de la distribución del ingreso podrían ser más numerosos, relativamente, que los subgrupos más pobres de entre los trabajadores activos y jóvenes.

Con el fin de verificar esta posibilidad, se recurre a una encuesta completamente independiente: la de Caracterización Socioeconómica (CASEN). Las encuestas CASEN se realizan cada dos o tres años desde 1987 con el fin de caracterizar a la población de la mitad inferior de la distribución del ingreso. También permite determinar cuál es la fracción de la población cuyo ingreso resulta inferior a cierto estándar llamado “línea de la pobreza”. También mide el número de miembros de la tercera edad en situación de pobreza, permitiendo una mirada diferente de los consumos promedio.

La Tabla 4 revela que la tasa de pobreza de los trabajadores activos ha sido y es al menos 60% superior a la tasa de pobreza para la tercera edad desde hace varias décadas. La tabla es lapidaria: desde el año 1990, la tercera edad chilena ha sido el grupo de menor pobreza. Esta realidad continúa su vigencia hasta el presente. Y en el periodo de rápido crecimiento económico 2010-13, la tercera edad chilena se alejó más de la pobreza que los trabajadores activos.

Tabla 3: Proporción bajo la línea de pobreza, por edad, según encuestas CASEN

(con el fin de homologar, el resultado de 2013 es el de la metodología tradicional)

Fuente: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.php?c=84 y Base de Datos de CASEN 2013. Las cifras para los grupos 0-29 y 30 -59 años de edad se obtienen sumando el número de “no pobres” en el grupo de edad y dividiendo por la suma de la población respectiva.

La menor pobreza en la tercera edad es compatible con pensiones bajas respecto a lo planeado, porque la tercera edad tiene otras fuentes de ingreso, entre las que destacan las siguientes:

• El 82% de los miembros de la tercera edad es dueño de la vivienda que habita, es decir, tiene un ingreso de arriendo implícito que eleva su nivel material de vida.

• Los miembros de la tercera edad reciben las pensiones no contributivas, creadas en 1952 y 1975, cuyo tamaño ha aumentado en el tiempo. En 2008 y 2009, además de perfeccionarse la fórmula de estas pensiones, hubo un generoso incremento en su magnitud legislado en esos años electorales.

• Las pensiones contributivas en el antiguo sistema de reparto eran cero para todos los afiliados hombres del Seguro Social que no completaran 15,4 años de cotización (800 semanas), y eran cero para todas las mujeres que no completaran 10 años de cotización. Cerca de la mitad de los afiliados del Seguro Social no cumplía estos requisitos, por lo cual perdía todos sus aportes, y tampoco accedía al subsidio de pensión mínima porque este requería haber cotizado al menos 10 años. De este modo, al tomar el promedio correcto, que incluye a estas pensiones cero, las pensiones contributivas en el antiguo sistema de reparto eran muy bajas. En cambio, en las pensiones contributivas de capitalización, cada peso cotizado es devuelto al trabajador con intereses (en algunos casos es devuelto en la forma de mayor cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia) cualquiera sea su densidad de cotización, lo que ha elevado las pensiones promedio medidas de modo correcto. Este aumento de pensiones contributivas que ha ocurrido gradualmente, sin perjuicio de ser insuficiente, ayuda a explicar que la tasa de pobreza sea 60% mayor entre los trabajadores activos que en la tercera edad.

Al mismo tiempo, las pensiones contributivas son modestas, porque la frecuencia de cotización ha sido baja y los salarios sobre los cuales se cotiza también son bajos. Algunas causas de la baja frecuencia de cotización son las siguientes fallas del sistema político:

a. ha preservado numerosas exenciones a la obligación de cotizar (boletas de honorarios, ingresos de trabajadores por cuenta propia, ítems “no imponibles” de los ingresos laborales en el sector público y privado),

b. ha evitado fiscalizar la obligación de cotizar por medio de la Dirección del Trabajo,

c. ha evitado apoyar desde la Tesorería General de la República la cobranza de cotizaciones impagas (como hacen otros países),

d. el retraso de 15 años en ajustar las tablas de mortalidad.

También existen otras razones para que las mujeres tengan pensiones contributivas bajas: un retraso de 25 años en ajustar la edad de pensión normal a pesar del aumento en la esperanza de vida, y el menor salario promedio que obtienen, gran parte de lo cual se debe a que priorizan la tarea de formaciónd e los hijos por sobre ofrecer trabajo con disponibilidad total a los empleadores (ese es el tipo de trabajo mejor remunerado).

Conclusiones

Este artículo desmenuza el concepto de solidaridad intergeneracional y muestra en qué casos el Estado puede contribuir a fortalecerla. También identifica las condiciones bajo las cuales la creación o ampliación de un plan de pensiones de reparto contribuye a materializar la solidaridad intergeneracional. Una condición clave es que la actual generación en tercera edad esté empobrecida en relación a los trabajadores activos, y la otra es que el plan de reparto sea no contributivo.

Luego se investiga el caso de Chile. Los resultados empíricos demuestran que sería altamente inequitativo crear o ampliar planes de reparto en el Chile de 2014, pues hacerlo transferiría recursos desde los trabajadores activos (que son marginalmente más pobres) hacia la tercera edad (marginalmente menos pobre). Es decir, no hay base justa para redistribuir contra la actual generación joven en Chile.

Por supuesto, Chile no está libre de que en el futuro alguna generación en tercera edad se empobrezca en comparación con las generaciones más jóvenes (ello no ocurre hoy en Chile). De darse ese evento, este estudio recomienda elevar las pensiones no contributivas, tal como lo hicieron Holanda y Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial.

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3 Esta distinción entre estas dos dimensiones de la solidaridad intergeneracional (por fase de la vida versus de vida completa) está exagerada en el texto con el fin de clarificar conceptos. Cuando estos apoyos se analizan en conjunto, como parte como un intercambio bidireccional de favores, entonces estas dos dimensiones se conectan y pasan a estar integradas (Cigno, 2000).

4 Existe el mito de que la participación laboral femenina sube inexorablemente en el tiempo. La evidencia muestra que, por el contrario, la participación laboral de las mujeres chilenas fue 50% en 1854-1884, y que durante el desarrollo económico de fines del siglo XIX disminuyó, bajando a solo 25% para 1930. Si bien la participación laboral femenina volvió a subir mucho después, desde 1970, en el año 2000 todavía era solamente 40%, un valor bastante inferior al de 1854 (Cox, 2009, Gráfico 5 en p. 58). También debe tomarse en cuenta que las tasas de participación laboral femenina actuales en los países ricos de la OCDE son notoriamente diferentes entre sí. Los países que muestran una tasa de participación femenina similar a la chilena incluyen a Italia, Hungría, Bélgica y Corea del Sur.

5 Otras políticas dirigidas a la vejez cubren campos como salud (prestaciones directas, seguros y préstamos para financiar gastos en salud), programas de recreación, programas de transporte y movilidad, programas de vivienda, pensiones monetarias y otros.

6 En algunos países las autoridades suman objetivos adicionales, como promover el crecimiento económico y el mercado de capitales privado, o la redistribución del ingreso. Si bien son objetivos respetables, pueden ser impulsados por otras políticas, distintas de las políticas de pensiones. Lo mismo ocurre respecto al objetivo de igualar el ingreso: los impuestos personales son más efectivos para igualar ingresos (nivelando hacia abajo los ingresos altos). Con todo, siempre es necesario atender a los efectos colaterales de las políticas de pensiones sobre otros objetivos.

7 La “imprevisión” es un concepto que combina falencias como miopía y sesgos del comportamiento.

8 Que los proveedores de servicios sean empresas privadas (como las AFP o las C. S. de Vida) u organismos estatales (como el Instituto de Previsión Social, IPS) no incide en el carácter público del mandato ni en la propiedad privada del trabajador sobre los derechos a pensión. Por eso, no es correcto clasificar a las pensiones como “privadas” o “estatales” según el organismo que provee el servicio.

9 Los tres programas son la “pensión básica solidaria”, el “aporte previsional solidario” (APS) y el “subsidio de pensión mínima” para los afiliados al sistema antiguo (administrados por el IPS). El retiro del APS es gradual, a una tasa de solo 30%. Se llega al costo fiscal de 1,2% sumando 0,7% por la PBS y APS, a una estimación de los subsidios de pensión mínima del sistema antiguo, por 0,5%. Brasil parece ser el segundo país de América Latina que más gasta en pensiones no contributivas, pues su “pensión rural” cuesta 0,6% de su PIB.

10 Ver capítulo 6 en Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC. Si la fórmula indicara una pensión de monto único para todos sería equivalente a una pensión no contributiva financiada por un impuesto afectado sobre las remuneraciones cubiertas. Eso sería más regresivo e ineficiente que los impuestos generales, pues estos también gravan las rentas del capital y requieren una tasa más baja.

11 Ver capítulos 8, 9, 10 y 11 Valdés, S. (2002), Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC.

12 Ver capítulos 12, 13 y 14 en Valdés, S. (2002) Mercados y Políticas de Pensiones, Ediciones UC.

13 El nombre “reparto” ha sido fuente de confusiones, pues hay autores que erróneamente lo han presentado como sinónimo de “redistribución”. Por ejemplo, P. Antolín indicó que “reparto” equivale a “redistribución” en la primera lámina de su presentación ante la Comisión Bravo (3 de septiembre de 2014). Ese mismo autor reconoce más adelante que reparto equivale a “pensiones pagadas con contribuciones corrientes” (PPCC), lo cual contradice esa primera lámina.

14 El reparto también es compatible con varias fórmulas previstas de ajuste a los distintos tipos de riesgo o incertidumbre agregada (otra dimensión de diseño). Por ejemplo, es compatible con la “cuasicontribución definida” usada en Polonia y Suecia.

15 Si el gobierno se conformara con perder toda aquella parte del empleo que los empleadores pueden eliminar con facilidad, la elasticidad de la demanda por trabajo que subsiste sería menor, al menos en un rango, y las alzas de impuestos al trabajo forzarían a esa parte del factor capital (que no emigró) a conformarse con rentabilidades subnormales. Eso ocurre solo una vez que el empleo cubierto local ha caído significativamente, y ha aumentado el empleo de baja calidad sin cobertura de seguridad social. Pero eso no es todo: aún en este caso, esa rentabilidad subnormal del capital reduce el ahorro privado y la acumulación de capital productivo. A lo largo de las décadas, eso reduce los salarios y el empleo cubierto local en relación con lo que se habría alcanzado con menos impuesto. Este efecto fue cuantificado para la economía chilena por Schmidt-Hebbel (1997), encontrando daños importantes.

16 Gruber, J. (1997), “The incidence of payroll taxation: evidence from Chile”, Journal of Labor Economics, vol. 15, N° 3, Part 2, July, p. S72-S101.

17 Nada de esto impide transformar cotizaciones de cargo del empleador en cotizaciones de cargo de trabajador y viceversa, de modo neutral, es decir, sin efecto sobre el costo empresa ni sobre el salario líquido (ver fórmulas de equivalencia en capítulo 5.3 de Valdés [2002]).

18 El excedente es “transitorio” en el sentido de que solo dura por los primeros 40 años contados desde que se suma el plan de reparto, o desde que se reduce el grado de capitalización de un plan de pensiones que continúa.

CAPÍTULO 3

Decisiones del adulto mayor al cumplir la edad legal de pensión

JUAN BRAVO M.

Un momento muy esperado en la vida de muchos trabajadores es aquel en que, tras una larga vida de trabajo, llega la hora de retirarse y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, para gozar del máximo bienestar posible en esta etapa de la vida es esencial contar con ingresos suficientes para mantener un estilo de vida relativamente similar al que se tenía durante la vida laboral activa. Si la falta de recursos para mantener un determinado nivel de vida lleva a un ajuste abrupto en las posibilidades de consumo en la vejez puede generar un grave daño a la salud emocional y física de los adultos mayores, afectando negativamente su bienestar. En consecuencia, un equilibrio adecuado entre salud física, emocional y bienestar material requiere realizar una planificación anticipada de esta etapa de la vida.

En este capítulo se discuten las opciones que se le plantean al adulto mayor al momento de cumplir la edad legal de pensión, con el objetivo de que pueda tomar las decisiones más convenientes en términos financieros y con toda la información disponible. También se discuten las opciones laborales del segmento de adultos mayores que ha cumplido la edad legal de pensión para verificar en qué grado es posible para este grupo de la población tomar acciones que les permitan mejorar su nivel de ingresos.

Edad de pensión y de jubilación de los chilenos: ¿por qué difieren?

En la discusión pública suelen utilizarse indistintamente los conceptos de jubilación y pensión como si fuesen lo mismo. Esto es un error garrafal, que confunde a la ciudadanía, lo cual resulta altamente pernicioso en un contexto en donde existe alta asimetría de información y falta de educación previsional. No es extraño ver que en los sitios web de las propias AFP –que no deberían cometer esta clase de errores– se confundan ambos conceptos.

La edad de pensión corresponde a la edad en la cual el trabajador comienza a recibir los beneficios de su ahorro, esto es, a cobrar su pensión. El artículo 3 del Decreto Ley 3.500 establece que tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres. En este capítulo nos referiremos a estos umbrales como la edad legal de pensión. Como se aprecia, la ley solo establece una edad mínima para ejercer el derecho a pensionarse, pero no obliga a hacerlo precisamente en ese momento. Al cumplir la edad legal de pensión la persona tiene la posibilidad de ejercer este derecho en cualquier momento que lo desee.

Por su parte, la edad de jubilación corresponde a la edad en que el trabajador se retira en forma definitiva de la fuerza laboral, y en consecuencia, deja de participar en el mercado laboral. De este modo, las edades de pensión y de jubilación pueden coincidir, pero no necesariamente lo hacen, ya que hay personas que pueden seguir participando en la fuerza laboral a pesar de estar recibiendo una pensión. Ello, porque como ya se mencionó antes, la ley no obliga a las mujeres a cobrar su pensión a los 60 años y a los hombres a los 65, solo le permite ejercer este derecho a partir de entonces. Al mismo tiempo, la ley en ninguna parte obliga a jubilarse al cumplir la edad legal de pensión. Es por ello, que una persona puede perfectamente seguir trabajando y cobrar su pensión, con lo cual no sería catalogada como jubilada, pero sí como pensionada.

Ambas edades juegan un rol clave en los ingresos del adulto mayor durante la vejez. La edad de jubilación determina el momento en que la persona deja de percibir un ingreso laboral y, por ende, debe sostenerse mediante otras fuentes de ingreso, ya sea una pensión, las rentas de alguna propiedad en caso de tenerla, etc. Por otra parte, la edad de pensión marca el momento en que se empiezan a utilizar los ahorros previsionales acumulados. Mientras más temprano sea, menor será el monto mensual de la pensión.

La diferencia entre ellas, sin embargo, es que mientras la edad de jubilación es determinada libremente por la persona, la edad a partir de la cual se puede empezar a cobrar la pensión es determinada por la ley. Este parámetro del sistema previsional fijado por ley es muy importante, ya que afecta el monto de la pensión recibida y, por ende, la capacidad para mantener un nivel adecuado de consumo de los pensionados.

Cuando se compara la edad legal de pensión con la OCDE, se aprecia que esta es similar al promedio en el caso de los hombres, pero bastante menor en el caso de las mujeres (Figuras 1 y 2).

Figura 1: Edad legal de pensión en países de la OCDE (hombres)

Fuente: OCDE.

Figura 2: Edad legal de pensión en países de la OCDE (mujeres)

Fuente: OCDE.

En la práctica, los hechos muestran que, en promedio, los chilenos trabajan más allá de la edad legal de pensión. En efecto, la edad efectiva de retiro es mayor que la edad legal de pensión. Aunque los números difieren dependiendo de quién realice el cálculo, la conclusión es la misma. Según la OCDE, en Chile (datos para el periodo 2007-2012) la edad efectiva de jubilación de las mujeres es de 70,4 años, mientras que para los hombres es de 69,4 años. Por su parte, de acuerdo a las estimaciones de un informe del Instituto de Sociología y Centro de Geriatría y Gerontología UC (2013) la edad efectiva de retiro del mercado laboral es de 65,4 años en el caso de las mujeres y de 69 años en el caso de los hombres.

De acuerdo a la Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones efectuada por la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015), en Chile la principal razón por la que muchos pensionados siguen trabajando es que el monto de su pensión es bajo y necesitan complementarlo, como se aprecia en la Figura 3.

Figura 3: Razones por las que pensionados continúan trabajando

Indicador no suma 100% porque es respuesta múltiple

Fuente: Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile.

En la misma encuesta, un 70% de las personas está muy en desacuerdo con la afirmación “Las pensiones que entrega el sistema de AFP alcanzan a financiar un nivel de vida adecuado”, mientras que un 71% de los pensionados por vejez declara que la pensión que recibe no le alcanza para satisfacer sus necesidades. En definitiva, la percepción de que los montos de pensión no son suficientes es mayoritaria. Esto tiene múltiples causas, y es una discusión que va más allá del ámbito de este capítulo, pero muestra la necesidad de que las personas puedan tomar las decisiones más convenientes en términos financieros y con toda la información disponible, factor que puede contribuir a elevar su bienestar.

Decisiones del adulto mayor al cumplir la edad legal para pensionarse

Dado que la principal razón que lleva a los adultos mayores a continuar trabajando más allá de la edad legal de pensión es que esta no les alcanza para cubrir sus necesidades, las decisiones respecto a cuándo jubilarse y cuándo pensionarse se vuelven un factor crítico para el pensionado, ya que afectan la suficiencia del monto de la pensión, esto es, la capacidad para cubrir las necesidades de los adultos mayores. En este sentido, para los adultos mayores se vuelve muy necesario comprender las distintas decisiones que deben tomar una vez que cumplieron la edad legal de pensión. La Figura 4 presenta el árbol de decisión del trabajador que llegó a esta etapa de su vida.

Figura 4: Árbol de decisión de un trabajador que cumple la edad legal de pensión

La Figura 4 muestra que la primera decisión que debe tomar un afiliado que llega a su edad legal de pensión es si seguirá trabajando o se jubilará. Si decide seguir trabajando tiene varias opciones posibles: puede comenzar a recibir la pensión y dejar de cotizar para la AFP (debe cotizar el 7% de salud en caso de no estar exento), puede pensionarse y seguir cotizando (escenario contradictorio pero que existe dentro del abanico de opciones), puede posponer la fecha efectiva de la pensión pero dejar de cotizar (con lo que dejará de realizar aportes a su cuenta de capitalización individual) o puede posponer la fecha de pensión y además seguir cotizando normalmente.

Aunque postergar la edad de jubilación (retiro del mercado laboral) permite paliar en parte el problema de la suficiencia, para efectos de evitar variaciones bruscas en el ingreso (y por ende, en el consumo) resulta más importante postergar la edad de la pensión. Ello, porque mientras siga percibiendo un ingreso laboral, lo ideal es que el trabajador pueda postergar también la edad de pensión, y de ser posible, seguir cotizando e incrementando el saldo de su cuenta de capitalización individual. De esta manera, una vez que se jubile, el sueldo será reemplazado por una pensión, pero más alta que la que originalmente habría percibido en caso de pensionarse en la edad legal, ya que el monto ahorrado en la cuenta de capitalización individual se distribuirá entre un menor número de años. Esta es la opción que permite una mayor suavización del patrón de consumo del individuo. Pero incluso si la persona deja de cotizar a la edad legal de pensión, el hecho de haber pospuesto el momento de pensionarse, le permitirá recibir un monto mayor de pensión al retirarse, ya que los recursos acumulados en su cuenta seguirían recibiendo retornos e igualmente se distribuirán en un número menor de años que en el caso de pensionarse a la edad legal.

En cambio, si la persona solo posterga la edad de jubilación (es decir, sigue trabajando), pero decide hacer efectivo su derecho a pensión y deja de cotizar¹⁹, en el periodo en que se mantenga trabajando no solo recibirá su ingreso laboral sino además su pensión, lo que momentáneamente generará un salto en su ingreso total. Sin embargo, una vez que se retire solo recibirá su pensión, pero esta será mucho más baja que en el caso en que se hubiese pensionado al momento del retiro. Por lo tanto, tendrá una caída más brusca de su ingreso respecto a si hubiese pospuesto también el momento de la pensión.

El patrón hipotético del ingreso total en ambas situaciones para una persona que solo cuenta con los ingresos de su trabajo y con su pensión de vejez se presenta en la Figura 5. Como se observa, la trayectoria del ingreso total cuando el trabajador además posterga la edad de pensión y sigue cotizando es mucho más suave que cuando opta solo por postergar la edad de jubilación, pero se pensiona en la edad legal.

Figura 5: Patrón hipotético del ingreso total obtenido por un trabajador que decide posponer la edad de jubilación dependiendo de su decisión de posponer o no la edad de pensión²⁰

La lección de lo anterior es que dentro del abanico de opciones disponibles existen algunas más convenientes que otras. Si el afiliado optó por seguir trabajando (y asumiendo que no tiene otro tipo de ingresos además del laboral y de la pensión a recibir), probablemente la mejor alternativa es seguir cotizando normalmente y pensionarse solo al momento de la jubilación. Ello porque dado que está recibiendo su ingreso laboral, el seguir cotizando le permitirá aumentar el monto de su pensión futura. Con esto podrá suavizar mejor su consumo, al permitir variaciones menos bruscas del ingreso cuando pase de recibir su remuneración a una pensión (ilustrado en la Figura 5). Si, en cambio, la persona opta por recibir la pensión estando trabajando, recibirá no solo su ingreso laboral sino también este ingreso adicional, lo que implica aumentarlo durante el lapso posterior a la fecha de pensión en que se mantenga trabajando. Sin embargo, si la persona deja de cotizar, no podrá seguir incrementando su pensión, por lo que su tasa de reemplazo será menor que de haber seguido cotizando, lo que implicará una caída más brusca de su ingreso una vez que se retire definitivamente del mundo laboral. Por otro lado, pensionarse y seguir cotizando resulta en cierta forma contradictorio, ya que, por un lado, se están retirando fondos de la cuenta y al mismo tiempo, ingresando. Adicionalmente, para quienes trabajan y se pensionan puede ocurrir que al sumar sus ingresos podrían eventualmente tener que comenzar a pagar impuesto a la renta, o si ya lo pagaban, este será más alto. Ello, porque sus ingresos mensuales aumentarán respecto a su situación previo a recibir la pensión. Ciertamente tener que destinar una porción del dinero a impuestos que antes no se pagaban resulta poco conveniente. Además, quienes no están exentos de enterar la cotización de salud, deberán hacerlo por partida doble, tanto por su remuneración como por su pensión.

Para ilustrar los efectos de postergar la edad de pensión es útil realizar algunas simulaciones. Para ello se toman como supuestos que el individuo está casado con un cónyuge de su misma edad, que tiene dos hijos y que la edad de afiliación de las mujeres al sistema de AFP es a los 22 años y la del hombre a los 21²¹. Además, se asume una trayectoria para el ingreso imponible aproximadamente en línea con los promedios de ingresos laborales por edad de los ocupados dependientes de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) del INE 2014. De esta manera, para las mujeres se asume un ingreso imponible promedio de $560.000 para el tramo de edad de 22-35 años, de $580.000 para el tramo de edad entre 36-50 años y de $480.000 para el tramo de edad a partir de los 51 años. En el caso del hombre esta trayectoria es de $650.000 para el tramo de edad entre 21-35 años, de $830.000 para el tramo de edad entre 36-55 años y de $680.000 para el tramo de edad a partir de los 56 años. Adicionalmente se asumen tres estrategias de inversión: arriesgada, media y conservadora. La estrategia arriesgada invierte en el Fondo A hasta 55 años y en el Fondo C después de los 56 años. La estrategia media invierte en el Fondo B en el tramo 22-35 años, en el Fondo C en el tramo 36-55 años y en el Fondo D después de 56 años²². La estrategia conservadora invierte en el Fondo E siempre. Finalmente, las simulaciones asumen que el afiliado cotiza ininterrumpidamente los 12 meses de cada año. Los resultados se presentan en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1: Simulaciones de pensión líquida calculada como una renta vitalicia bajo distintos escenarios (mujer)

Fuente: Elaborado con base en simulador de pensiones de la Superintendencia de Pensiones (22 de enero de 2016).

Tabla 2: Simulaciones de pensión líquida calculada como una renta vitalicia bajo distintos escenarios (hombre)

Fuente: Elaborado con base en simulador de pensiones de la Superintendencia de Pensiones (22 de enero de 2016).

Las simulaciones de las Tablas 1 y 2 muestran que para los escenarios descritos, postergar la edad de pensión en dos años genera un aumento de su monto que fluctúa entre 15,1% y 17% en el caso de las mujeres, y entre 15,9% y 17,5% en el caso de los hombres. Estos importantes incrementos son el resultado de que el efecto de aumentar en un año las cotizaciones no es lineal, ya que a medida que pasa el tiempo el monto de la cuenta se va incrementando y la rentabilidad obtenida es sobre un capital acumulado cada vez mayor. A ello se suma el hecho de que se requieren financiar menos años de pensión una vez traspasado el umbral de la edad legal. Este ejercicio muestra, por lo tanto, la importancia que ejerce un año adicional de pensión en las etapas finales de la vida laboral.

El escenario laboral de los adultos mayores en Chile

Como vimos antes, postergar el momento del retiro y del cobro de la pensión puede generar aumentos importantes en los ingresos en la etapa de inactividad de la vejez. Sin embargo, para que las personas que deseen hacerlo puedan realmente ejercer esta opción, es necesario contar con un mercado laboral que integre al adulto mayor. En esta sección se analiza la situación laboral del segmento de adultos mayores que ha cumplido la edad legal de pensión para verificar en qué grado es posible para este grupo de la población tomar acciones que les permitan mejorar su nivel de ingresos.

De acuerdo a los datos del INE para el trimestre septiembre-noviembre 2015 hay 380.807 mujeres con la posibilidad legal de pensión (60 años o más) que participan de la fuerza de trabajo, dentro de una población total de 1.824.581 mujeres en este segmento etario (es decir, participa del mercado laboral el 20,9% de este segmento). Por su parte, existen 400.178 hombres con la posibilidad legal de pensión (65 años o más) que participan de la fuerza de trabajo, dentro de una población total de 1.085.775 hombres en ese rango etario (equivalente a 36,6% de este segmento). Sin embargo, resulta interesante constatar el elevado número de personas que participan de la fuerza laboral durante los primeros cinco años tras haber cumplido la edad legal de pensión. En efecto, el 40,7% de la población de mujeres en el rango de 60 a 64 años de edad continúa participando de la fuerza laboral, mientras que el 61,1% de la población de hombres en el rango entre 65 a 69 años de edad sigue siendo parte de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, no todos los que tienen la disponibilidad de trabajar pueden hacerlo. Al trimestre septiembre-noviembre 2015 si bien entre las mujeres con posibilidad legal de pensión (60 años o más) solo hay 9.292 desocupadas, la cantidad de inactivas que se declaran disponibles para trabajar de inmediato asciende a 95.497. Dentro de este grupo, 15.266 declaran no haber buscado trabajo en las últimas cuatro semanas porque creen que por su edad no les darán empleo; y 2.781 no lo hicieron porque creen que no lo encontrarán. En el caso de los hombres con posibilidad legal de pensión (65 años o más) solo hay 9.400 desocupados, pero la cantidad de inactivos que se declaran disponibles para trabajar de inmediato asciende a 61.838. Dentro de este grupo, 8.861 declaran no haber buscado trabajo en las últimas cuatro semanas porque creen que por su edad no les darán empleo; y 2.918 no lo hicieron porque creen que no lo encontrarán.

Por otra parte, al trimestre septiembre-noviembre 2015, 41.870 hombres de 65 años o más estaban subempleados, esto es, trabajando una jornada parcial en forma involuntaria, dado que estaban disponibles para trabajar más horas en forma inmediata o dentro de los próximos 15 días. Este número representó el 10,7% del total de ocupados en este grupo. Por su parte, en ese periodo había 61.874 mujeres de 60 años o más en situación de subempleo, representando el 16,7% del total de ocupadas en este grupo.

La distribución de la población de mujeres y hombres en edad legal de pensión de acuerdo a su situación en el mercado laboral se muestra en las Figuras 6 y 7. Estos datos muestran que no se están dando necesariamente las condiciones para que las personas que desean prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de pensión lo hagan.

Figura 6: Distribución de la población de mujeres en edad legal de pensión según situación en el mercado laboral (trimestre septiembre-noviembre 2015)

Fuente: Elaborado con base en INE.

Figura 7: Distribución de la población de hombres en edad legal de pensión según situación en el mercado laboral (trimestre septiembre-noviembre 2015)

Fuente: Elaborado con base en INE.

Los datos de encuestas de percepción revelan también que no todos los adultos mayores que desean seguir trabajando pueden hacerlo a pesar de estar disponibles. De acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2010 de la Pontificia Universidad Católica de Chile y SENAMA, un 22% de los adultos mayores que no estaba trabajando declaró que no quería dejar de trabajar, pero lo obligaron a dejar el trabajo. Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile (2015), cuando a los encuestados se les pregunta por las tres razones principales por las que cree que dejará o dejó de trabajar, un 24% de las menciones recae en “porque el mercado laboral no lo permite”.

En consecuencia, tanto los datos duros como los de encuestas de percepción muestran que los adultos mayores no necesariamente pueden prolongar su vida laboral a pesar de estar disponibles para ello, lo que implica la necesidad de mirar con mayor detención el mercado laboral en el segmento de adultos mayores. Esto impone el desafío de generar políticas públicas que permitan generar las condiciones para que los adultos mayores puedan seguir aportando en el mundo laboral cuando lo desean hacer en forma voluntaria.

Conclusión

Los antecedentes examinados en este capítulo dan cuenta de que una fracción importante de adultos mayores continúa trabajando más allá de la edad legal de pensión con el fin de obtener más ingresos en la etapa de la vejez. Esto implica la necesidad de tomar buenas decisiones que permitan elevar el bienestar lo más posible. En este sentido tomar decisiones con la adecuada información es clave; conocer las distintas opciones disponibles al llegar a la edad legal de pensión se vuelve muy importante para mejorar y estabilizar la trayectoria del consumo, de modo de evitar, en lo posible, vaivenes bruscos.

Las simulaciones dan cuenta del efecto significativo que tiene posponer la edad de retiro y continuar cotizando en el monto de la pensión. La política pública debe apuntar a que quienes deseen voluntariamente continuar participando del mercado laboral puedan hacerlo, lo que implica examinar el mercado laboral que enfrentan los adultos mayores. Tanto los datos duros como las encuestas de percepción muestran que no todos los adultos mayores que desean aportar con su trabajo pueden hacerlo. Esto se refleja en elementos como una alta prevalencia de subempleo en el segmento de adultos mayores, empresas que obligan a sus adultos mayores a abandonar sus empleos cuando cumplen la edad legal de pensión o la falta de disposición a contratar personas de este grupo etario.

En definitiva, hay un importante espacio para la política pública en ofrecer un abanico de opciones más amplio a nuestros adultos mayores.

Referencias

Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015), “Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile”.

Instituto de Sociología y Centro de Geriatría y Gerontología UC (2013), “Informe Final Análisis del Mercado Laboral para la Población de 55 años y más y sus Implicancias para el Ahorro Previsional”.

Pontificia Universidad Católica de Chile/SENAMA (2011), Chile y sus Mayores: Resultados Segunda Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez (2010).

Subsecretaría de Previsión Social (2014), “Propuestas para mejorar pensiones de vejez”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile.

19 Se excluye de este análisis el caso en que una persona se pensiona y sigue cotizando por ser de poca utilidad práctica.

20 Figura asume que el ingreso laboral crece mientras la persona permanece trabajando.

21 De acuerdo a lo señalado por el informe de la Subsecretaría de Previsión Social (2014) estas corresponden a la edad promedio de afiliación efectiva al sistema.

22 El simulador asume los siguientes retornos reales anualizados: Fondo A, 5,80%; Fondo B, 5,62%; Fondo C, 5,42%; Fondo D, 4,75%; Fondo E, 3,45%. Se usó el valor de la UF al 22 de enero de 2016 y las tablas de mortalidad vigentes a dicha fecha, RV-2009 H y RV-2009 M).

PARTE II

Medicina y el adulto mayor

Introducción

Nuevo énfasis en la salud pública actual: enfrentar la fragilidad

DR. PEDRO PAULO MARÍN, DR. RUBÉN SOTO, DRA. MARCELA CARRASCO

Definición del concepto de fragilidad en las personas mayores

El término fragilidad es definido en el ámbito de la salud como “un estado de declinación y vulnerabilidad caracterizado por debilidad y disminución de la reserva fisiológica, generalmente vinculado al envejecimiento. Las personas mayores frágiles son menos capaces de adaptarse a distintos estresores tales como enfermedades agudas y trauma”. La presencia de fragilidad en una persona contribuye a un aumento en el riesgo de caídas, institucionalización, discapacidad y muerte (Clegg, Young Iliffe et al., 2013).

Las personas mayores frágiles representan un desafío para los clínicos, porque aunque puede ser asintomático, también pueden tener una alta carga de síntomas y, generalmente, son médicamente complejos; esto implica que son menos capaces de tolerar intervenciones de cualquier tipo. Por lo anterior, una identificación precoz de personas frágiles tiene el potencial de prevenir muchos resultados adversos relacionados con la salud. Sin embargo, aún no existe una definición clínica única aceptada ni puesta en marcha en la práctica clínica (Sternberg, Wershof Schwartz, Karunananthan et al., 2011).

Muchos factores explican la dificultad en la formulación de una definición de fragilidad (Hamerman, 1999). Las personas mayores son muy heterogéneas desde todo punto de vista, poseen una historia que afecta su desempeño en la edad adulta y los va caracterizando del punto de vista social, ambiental, educacional, funcional, médico y psicológico, lo que determina una variación considerable en su estatus basal.

La mayoría de las definiciones de fragilidad la describen como “un síndrome caracterizado por la pérdida de función, fuerza y reserva fisiológica, con un riesgo aumentado de morbimortalidad”. En el año 2004, la Sociedad Americana de Geriatría-AGS definió fragilidad en personas mayores como un “estado de vulnerabilidad aumentada a estresores producida por la declinación en las reservas fisiológicas de los sistemas neuromuscular, metabólico e inmunológico, relacionada con la edad” (Walston, Hadley, Ferrucci et al., 2006). Otras definiciones incluyen alteraciones en la movilidad, fuerza, resistencia, nutrición y actividad física (Fried, Tangen, Walston et al., 2001; Cigolle, Ofstedal, Tian y Blaum, 2009).

Por otro lado, la edad, comorbilidades crónicas y discapacidad generalmente se han asociado con fragilidad, pero existe evidencia de que esta puede existir independientemente de estos factores (Hamerman, 1999; Fried et al., 2001; Newman, Gottdiener, Mcburnie et al., 2001; Walston, 2004). Estas características no han sido, por lo tanto, integradas en la mayoría de las definiciones de fragilidad, y muchos consideran la discapacidad como un resultado más que un componente de esta.

La mayoría de las definiciones de fragilidad no incorporan la valoración cognitiva, lo que está actualmente en debate (Sternberg et al., 2011). El año 2011, una revisión sistemática de 22 artículos que evaluaron la definición de fragilidad encontró que los métodos de screening más comúnmente usados fueron la actividad física, velocidad de marcha y cognición. Así, la fragilidad física se relaciona con un riesgo aumentado de deterioro cognitivo leve y un aumento en la velocidad de declinación cognitiva con la edad (Boyle, Buchman, Wilson et al., 2010). Por su parte, la presencia de deterioro cognitivo aumenta la probabilidad de resultados de salud adversos en pacientes geriátricos que cumplen con la definición de fragilidad física.

Un estudio chileno realizado el año 2007 –en el cual se buscaron indicadores antropométricos y funcionales que mejor se correlacionen con la funcionalidad– tuvo como principal hallazgo la estrecha relación de la dinamometría con la funcionalidad y con la habilidad para efectuar actividades de movilidad. En los modelos de regresión múltiple que incluyeron edad y las variables antropométricas estudiadas, solo la dinamometría mantuvo una asociación significativa con la funcionalidad en ambos sexos, agregándose la edad como factor de riesgo en las mujeres. Aunque se observó una buena correlación de la fuerza de agarre con la masa magra, la asociación de la fuerza de agarre con funcionalidad fue mayor que la explicada solo por la diferencia en la masa muscular (Arroyo, Lera, Sánchez, Bunout, Santos y Albala, 2007).

La mayoría de los estudios relacionados con fragilidad han utilizado la definición del Cardiovascular Health Study (CHS), empleada ampliamente en protocolos de investigación y validada en más de 5.000 hombres y mujeres mayores de 65 años, y que define el fenotipo de fragilidad cuando se cumplen tres o más de los cinco criterios mencionados a continuación (Fried et al., 2001): pérdida de peso (> 5% de pérdida de peso en el último año); fatiga (respuesta positiva a preguntas relacionadas con el esfuerzo necesario para realizar una actividad); debilidad muscular (disminución de la fuerza de prehensión); disminución de la velocidad de marcha (> 6-7 segundos para caminar 15 pasos); y disminución de la actividad física (kilocalorías consumidas por semana).También se define prefragilidad cuando se cumplen uno o dos de estos criterios.

En un estudio longitudinal con un seguimiento a seis años realizado a 754 personas mayores de 70 años, inicialmente no discapacitadas y que vivían en la comunidad, tres de los criterios anteriormente mencionados (pérdida de peso, disminución de la velocidad de marcha y baja actividad física) junto con deterioro cognitivo fueron independientemente asociados con discapacidad, estadía a largo plazo en residencias y muerte (Rothman, Leo-Summers y Gill, 2008). En personas que se someten a cirugías, estos criterios también han demostrado predecir de forma independiente complicaciones posoperatorias, duración de estadía hospitalaria y egresos a unidades de cuidado ambulatorio (Makary, Segev, Pronovost et al., 2010).

Sin embargo, algunos de los criterios utilizados en la definición del CHS no son fáciles de aplicar en la práctica clínica, fuera del ámbito de investigación, por lo que se han diseñado otras herramientas de más fácil uso para evaluar fragilidad. Una de ellas es el índice de estudio de fracturas osteoporóticas, que define fragilidad como la presencia de al menos dos de los siguientes tres componentes: pérdida de peso de un 5% en el último año; incapacidad de levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos; y por último una respuesta “NO” a la pregunta ¿Se siente usted lleno de energía? (Enrusd, Ewing, Taylor et al., 2008).

Otra herramienta diseñada para evaluar fragilidad es el índice de Rock-wood de Canadá (Rockwood, Andrew y Mitnitski, 2007), que utiliza 70 variables que abarcan desde condiciones médicas a declinación funcional. A mayor puntuación, más frágil es el individuo. Este índice está especialmente bien diseñado para evaluar el riesgo de mortalidad utilizando información proveniente de registros médicos electrónicos. La utilidad de esta herramienta para estudios biológicos o desarrollo de intervenciones no ha sido evaluado.

Aunque actualmente no existe claridad sobre cuál de las herramientas mencionadas previamente es la mejor, numerosos estudios han utilizado mediciones de fragilidad no solo para evaluar el riesgo de mortalidad y otros resultados adversos, sino también para determinar la influencia que esta podría tener en intervenciones o enfermedades específicas. Por ejemplo, un estudio demostró que las personas frágiles tendrían una menor capacidad de respuesta inmune frente a la vacunación contra influenza (Yao, Hamilton, Weng et al., 2011) y mayor tasa de resultados adversos relacionados con transplante renal (Garonzik-Wang, Govindan, Grinnan et al., 2012), o que se benefician de distintas metas terapéuticas en el control de patologías crónicas.

Epidemiología

Una revisión sistemática encontró que los estudios reportan una amplia variación en prevalencias de fragilidad en la comunidad dependiendo de la definición utilizada (Collard, Boter, Schoevers y Oude Voshaar, 2012). Cuando la fragilidad es definida exclusivamente con base en hallazgos físicos, la prevalencia estimada proveniente de quince estudios con 44.894 participantes fue de un 9.9%; cuando se incluyen variables psicosociales esta aumenta a un 13,6% basado en ocho estudios con 24.072 participantes. La prevalencia de fragilidad aumenta entre individuos con discapacidades intelectuales, estimándose que una población con estas características entre 50 a 64 años presenta la misma prevalencia de fragilidad que la población general sobre 65 años (Evenhuis, Hermans, Hilgenkamp et al., 2012).Por su parte, la depresión y el uso de antidepresivos se asocia a un aumento en la incidencia de fragilidad (Lakey, LaCroix, Gray et al., 2012).

Por otro lado, en un estudio prospectivo bien diseñado realizado a personas mayores de la comunidad se determinó que la principal condición asociada a mortalidad fue fragilidad (27,9%), seguido de falla de órganos (21,4%), cáncer (19,3%) y demencia (13,8%) (Gill, Gahbauer, Han et al., 2010).

En Chile, según el censo 2012, 14% de la población tiene más de 60 años (INE, 2012); según proyecciones del INE en 2015 las personas sobre los 75 años de edad pueden alcanzar el 4% de la población total (INE, 2007). Este aumento de edad implica un mayor riesgo de discapacidad. La población total con limitación funcional para realizar una o más actividades de la vida diaria alcanza los 2.119.316; para el rango de 45 a 59 años, la cifra es de 530.088; y desde los 60 y más años aumenta a 889.720 (41,98%). La dificultad de movimiento en el mismo rango etario alcanza el 53,86% (INE, 2012). Los adultos mayores (AM) pueden tener alguna discapacidad que puede asociarse con la dependencia; y ambas se relacionan al fenómeno de fragilidad. En el estudio de dependencia en AM chilenos (EDPM, 2009) se encontró que la prevalencia aumenta con la edad llegando a 52,9% en los mayores de 80-84 años. Este valor difiere según el sexo: 45,0% para los hombres y 57,0% para las mujeres. Considerando que sobre los 80 años existen más mujeres es razonable esperar niveles de dependencia asociada a discapacidad y niveles de fragilidad.

Fisiopatología

Numerosos avances se han llevado a cabo en la identificación de factores biológicos y psicológicos que subyacen al síndrome de fragilidad. Así, la desregulación de múltiples sistemas fisiológicos, especialmente los relacionados con la respuesta al estrés, son una característica fundamental. Por su parte, la sarcopenia, definida como la pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la edad, es un componente fisiopatológico clave de la fragilidad, donde diversas alteraciones en el sistema endocrino e inmune acelerarían este proceso, entre las que se mencionan a continuación:

• Disminución de hormonas esteroidales que ocurre con la edad (Poehlman, Toth, Fishman et al., 1995; Travison, Nguyen, Naganathan et al., 2011).

• Bajos niveles de testosterona se asocian con disminución de la fuerza y actividad física.

• Bajos niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), una molécula que estimula la producción de hormona del crecimiento, se ha asociado con disminución de fuerza y movilidad disminuida en una cohorte de mujeres pertenecientes a la comunidad (Cappola, Xue, Ferrucci et al., 2003).

• El andrógeno dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), producido en la glándula suprarrenal, se ha encontrado disminuido de forma significativa en individuos frágiles en comparación a quienes no lo son (Leng, Cappola, Andersen et al., 2004). Esta hormona tiene un rol directo en la mantención de la masa muscular e indirectamente previene la activación de la cascada inflamatoria que contribuye a la declinación muscular (Schmidt, Naumann, Weidler et al., 2006).

• Los niveles de cortisol son mayores durante la tarde en personas frágiles comparadas con las no frágiles (Varadhan, Walston, Cappola et al., 2008). Esto es en parte explicado por aumento de los niveles circulantes del péptido liberador de corticotrofina (CRP). Lo anterior impacta en el músculo esquelético y sistema inmune, y, por lo tanto, contribuye a la fragilidad.

• Bajos niveles de vitamina D están fuertemente asociados con la fragilidad (Puts, Visser, Twisk et al., 2005). Su suplementación ha demostrado preservar la fuerza muscular y jugaría un rol en su prevención y tratamiento (Montero-Odasso y Duque, 2005).

• Niveles aumentados de citoquinas proinflamatorias (IL-6), proteína C reactiva (PCR), además de leucocitos y monocitos se han encontrado en individuos frágiles de la comunidad (Leng et al., 2004). IL-6 actuaría como un factor de transcripción que impacta de forma adversa el músculo esquelético, el apetito, la respuesta inmune adaptativa y la cognición (Schmidt et al., 2006). Además su elevación crónica contribuye al desarrollo de anemia (Ershler y Keller, 2000; Ershler, 2003).

• La activación del sistema inmune innato podría contribuir a gatillar la cascada de la coagulación. Una asociación entre fragilidad y factores procoagulantes (Factor VIII, fibrinógeno y Dimero D) ha sido demostrada (Walston, McBurnie, Newman et al., 2002).

• Otros factores relacionados con fragilidad y sarcopenia serían una desregulación del sistema nervioso autónomo, cambios en el sistema renina angiotensina y disfunción mitocrondrial (Varadhan, Chaves, Lipsitz et al., 2009; Burks, Andres-Mateos, Marx et al., 2011).

Intervenciones

Existe evidencia limitada de intervenciones específicamente diseñadas para mejorar resultados en pacientes con fragilidad. Es posible que otras intervenciones desarrolladas para personas mayores puedan ser aplicadas razonablemente a pacientes con fragilidad.

El ejercicio físico es la intervención más efectiva para mejorar la calidad de vida y funcionalidad de las personas mayores. Sus beneficios demostrados incluyen aumento de la movilidad, mejor rendimiento en actividades básicas de la vida diaria, fortalecimiento de la marcha, disminución de caídas, aumento de la densidad mineral ósea y masa muscular, y mejoría del bienestar general (Dailey y Spinks, 2000; Province, Hadley, Hornbrook et al., 1995). Diversos estudios sugieren que incluso pacientes frágiles de edad avanzada se beneficiarían con actividad física de cualquier intensidad que sea bien tolerada.

En relación con el tratamiento hormonal, se ha demostrado que la suplementación de testosterona combinado con ejercicio aumenta la masa y fuerza muscular en hombres eugonádicos e hipogonádicos, sin embargo puede producir alteraciones en el perfil lipídico y efectos impredecibles en la glándula prostática (Lamberts, Van den Beld y Van der Lely, 1997; Tenover, 1998). Por otro lado, la suplementación de hormona del crecimiento (GH) y DHEA-S no ha demostrado eficacia en este contexto (Lamberts, 2000; Morley, Kim y Haren, 2005).

Por su parte, la suplementación de vitamina D ha demostrado ser efectiva en la prevención de caídas y mejorar el balance. Además jugaría un rol en la mantención del tejido muscular y nervioso con el transcurso de los años, pero aún son necesarios más estudios.

Geriatría y modelos de sistemas de cuidados

La geriatría es la rama de la medicina especializada en el manejo médico de personas mayores; especialmente ha demostrado su eficacia en el manejo de personas frágiles.

El cuidado de personas mayores frágiles es un desafío clínico de la era actual. Atender a este grupo heterogéneo en cuanto a funcionalidad, carga de patologías crónicas, distintas necesidades sociales y riesgo de discapacidad aumentado entre otras, requiere un abordaje diferente y los sistemas de salud deben adaptarse a esta nueva realidad.

La población de personas mayores frágiles resulta ser la más beneficiada de intervenciones individualizadas y dirigidas a las necesidades identificadas luego de una evaluación geriátrica integral (Ko, 2011)

Un modelo conceptual de cuidado de las personas mayores ha sido esbozado por un grupo de gerontología, que propone una serie de cambios prácticos en comparación con el modelo de cuidados de salud tradicional (Ganz, Fung, Sinsky et al., 2008), entre las que se incluyen:

• Comanejo en el equipo de salud, involucrando a médicos especialistas, enfermeras, y personal de apoyo.

• Profesionales de apoyo (enfermeras, trabajadores sociales) con entrenamiento en gerontología, disponibles como consultantes.

• Acomodación de instalaciones: altímetros ajustables, espacios adecuados para maniobrar silla de ruedas, uso de micrófonos o auriculares para personas con déficit auditivo, andadores ajustables.

• Educación en comunicación con personas frágiles.

• Reuniones de equipo geriátrico para discutir pacientes complejos.

• Integración de registros electrónicos.

• Posible agendamiento en bloque con los profesionales del equipo, en intervalos definidos, para un mejor manejo del flujo de pacientes.

• Familiarización con recursos sociales en relación con vivienda, promoción de la salud y apoyo al cuidador.

• Unidades geriátricas de pacientes agudos bien definidas.

Por lo anterior resulta fundamental que una persona mayor enferma, sobre todo hospitalizada, tenga un geriatra como tratante y un equipo de profesionales capacitados para atenderlos. Los objetivos globales son: mejorar funciones físicas y psicológicas; optimizar la prescripción y uso de fármacos; disminuir la institucionalización, hospitalización y tasas de mortalidad; y mejorar la satisfacción del paciente y su familia. Incluye un equipo interdisciplinario que coordina la evaluación de una persona mayor y desarrolla un plan integral de cuidados agudos y/o ambulatorios (Urdangarin, 2000). El equipo generalmente consta de un geriatra, enfermera, trabajador social, quimicofarmacéutico, terapeuta ocupacional, nutricionista y kinesiólogo, entre otros.

A nivel ambulatorio, el paciente frágil se beneficiaría de un programa inclusivo de cuidados, llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, que tenga como objetivos mejorar la funcionalidad, superar barreras ambientales y mantener a la persona mayor frágil en la comunidad, previniendo su institucionalización, lo que se traduciría en menores costos en salud comparado con el modelo tradicional de cuidados.

A nivel hospitalario también es necesario intervenir, por cuanto este puede ser una fuente de morbilidad para la persona mayor frágil. Cambios ambientales, polifarmacia e inmovilidad, demencia, combinados con una enfermedad aguda, pueden llevar a resultados devastadores en pacientes vulnerables. Generalmente, el nivel de declinación funcional que ocurre con la hospitalización persiste después del alta transformándose en uno de los lugares donde más se produce dependencia de los pacientes mayores (Palmer, Counsell y Landefeld, 1998; Sager, Franke, Inouye et al., 1996), además la estadía hospitalaria aumenta los riesgos de institucionalización y disminuye la calidad de vida. Por lo anterior, se ha diseñado un modelo de cuidados agudos de geriatría para personas mayores para prevenir o mejorar la declinación funcional si esta ocurre. En un estudio controlado randomizado de 1.531 adultos pertenecientes a la comunidad mayores de 70 años, este modelo demostró disminuir la probabilidad de declinación en actividades de la vida diaria o ingreso a hogares de ancianos tanto al momento del alta como a 12 meses, sin un aumento en la estadía ni costos hospitalarios (Counsell, Holder, Liebenauer et al., 2000).

Finalmente, es importante recalcar la individualización de cuidados a las necesidades de cada paciente vulnerable. Así, para pacientes mayores robustos se debieran tratar activamente tanto enfermedades crónicas como episodios agudos, asegurar un plan de tamizaje adecuado según edad, y focalizar en la prevención de cuidados. Por otro lado, en pacientes con fragilidad moderada a severa, generalmente “menos es más”. Screening agresivo o intervenciones para condiciones que no amenacen la vida pueden resultar en frecuentes complicaciones. Además, procedimientos u hospitalizaciones pueden ser un peso innecesario y disminuir la calidad de vida en un paciente con alta carga de morbimortalidad (Goldberg y Chavin, 1997; Walter y Covinsky, 2001), donde la atención debe centrarse en optimizar la calidad de vida y prevenir el deterioro o complicaciones asociadas.

Nuevo énfasis en la salud pública actual: enfrentar la fragilidad

Una vez conocida la importancia del síndrome de fragilidad en el grupo de personas mayores y sus implicancias, es necesario realizar la siguiente pregunta, que trataremos de responder a continuación: ¿Por qué la fragilidad no está entre las principales prioridades de la agenda pública de salud?

Una de las razones principales es que la fragilidad no es aún un diagnóstico clínico común, o al menos no es frecuentemente registrado en las fichas clínicas. Concordante con esto, la fragilidad no está registrada como uno de los diagnósticos principales de egreso hospitalario o en registros estadísticos, por lo que resulta “invisible” en la práctica a los ojos de la salud pública. Sin embargo, la fragilidad usualmente es la resultante de varias enfermedades que actúan conjuntamente (por ejemplo, insuficiencia cardíaca o respiratoria, cáncer, depresión, diabetes, etc.), y con frecuencia conducen a discapacidad, mortalidad y carga de enfermedad asignada a estos problemas de salud.

Existe consenso en el concepto de fragilidad, sin embargo, el hecho de que su definición conceptual descanse parcialmente más en sus consecuencias que en sus características ontológicas, y sumado a que existen variadas maneras para evidenciar disminución de las funciones fisiológicas, ha obstaculizado un acuerdo para una definición operacional única o herramienta diagnóstica. Todo lo anterior ha contribuido a la falta de adopción de la fragilidad como un diagnóstico clínico frecuente (Cerreta, Eichler y Rasi, 2012; Rodríguez-Mañas, Féart, Mann et al., 2013).

Ya se comentaron previamente las distintas aproximaciones para evaluar el proceso de fragilidad, sin embargo, ninguna de ellas es óptima. La primera aproximación desarrollada con base en el Estudio de Salud Cardiovascular (CHS) utiliza criterios de fragilidad que son los más ampliamente empleados en la literatura. Pero estos tienen dificultad técnica en su aplicación clínica, por cuanto requieren de un dinamómetro y un test de velocidad de marcha, y porque en algunos escenarios (por ejemplo, unidades de emergencia o cuidados intensivos) la condición clínica del paciente no permite realizar esta evaluación. Además, estos criterios están basados en normas derivadas de muestras de pacientes seleccionados, que pueden variar con la etnia. Se ha considerado también que estos criterios debieran ser modificados para considerar el ánimo y la cognición entre sus variables, ambos factores reconocidos de riesgo de dependencia y muerte.

La segunda aproximación a mencionar, desarrollada por el Estudio Canadiense de Envejecimiento Saludable, define fragilidad como el efecto acumulativo de déficits individuales en varios sistemas fisiológicos, manifestado por el número total de síntomas, signos, valores alterados de laboratorio, estado de enfermedad y discapacidad que componen en llamado Índice de Fragilidad (Rockwood, Song, MacKnight et al., 2005). Este índice mide otros dominios clínicos además de fragilidad, como la llamada edad biológica, e incluye discapacidad y condiciones invalidantes. En efecto, el Índice de Fragilidad es un buen predictor de muerte, pero es probablemente menos certero para predecir discapacidad. Además, aunque versiones abreviadas de este valor han sido desarrolladas, resulta impracticable en la mayoría de los escenarios porque incluye un gran número de variables.

Existen pocas herramientas de screening de fragilidad, como la escala FRAIL (que solo incluye información autorreportada) (Morley, Malmstrom y Miller, 2012), pero una herramienta diagnóstica simple, validada y ampliamente conocida para utilizar en atención primaria y hospitalaria aún es necesaria. Esta herramienta debiera ser capaz de discriminar entre pacientes que tienen riesgo aumentado de efectos adversos (por ejemplo, dependencia o muerte) resultantes de intervenciones médicas comunes, como procedimientos diagnósticos invasivos, tratamientos oncológicos o quirúrgicos. Un asunto clave a elucidar en el futuro es si una medición única de rendimiento, como la fuerza de prehensión o la velocidad de marcha, pueden ser suficientes para la detección de fragilidad o su diagnóstico, aunque investigaciones más recientes revelan que el síndrome en su conjunto tiene propiedades más robustas que alguno de sus componentes (Bouillon, Sabia, Jokela et al., 2013).

Otra razón por la cual la fragilidad aún no está en la agenda de la Salud Pública es la escasez de ensayos clínicos bien conducidos que evalúen a corto y largo plazo las intervenciones relacionadas con fragilidad. Programas de ejercicio, suplementos nutricionales y la reducción de la polifarmacia parecen tener alguna eficacia en el tratamiento de la fragilidad, pero en la mayoría de los ensayos clínicos no se utiliza un modelo validado o establecido para evaluar fragilidad basal y en el seguimiento. Por lo anterior, es dudoso si los efectos de estas intervenciones se aplican a la mayoría de las personas frágiles en la comunidad. Además en muchos casos los resultados de estos estudios corresponden a mejoría en capacidad funcional o reducción de caídas, pero no se han realizado evaluaciones exhaustivas para cada intervención relacionada con todos los resultados relevantes (que incluyen hospitalización, dependencia, institucionalización y muerte). Dado que la fragilidad puede ser causada por distintos tipos de enfermedades es incierto si algunos tipos de intervenciones encajan con todos los tipos de fragilidad y sus componentes (por ejemplo, pérdida de peso, velocidad de marcha, etc.).

Por último, muchas organizaciones científicas están de acuerdo en que todas las personas sobre 70 años y todos los individuos con pérdida de peso significativa debido a enfermedades crónicas debieran ser evaluados para fragilidad (Morley, Vellas, Van Kan et al., 2013). Esta recomendación fue basada en la efectividad de los tratamientos para los distintos componentes del síndrome de fragilidad, y en la presunción de que los test de screening producen más beneficios que resultados adversos. Mientras esto prueba ser cierto, la salud pública comunitaria requiere evidencia sólida de estudios clínicos de que un cierto método de screening y una intervención terapéutica producen mejores resultados que la no intervención. Además, el costo de la intervención debería compararse con otras alternativas y el impacto presupuestario debiese ser razonable.

Todo lo mencionado previamente explica por qué la fragilidad no es actualmente un tema prioritario en salud pública. Pero, por otro lado, muestra una necesidad urgente de mejorar nuestro conocimiento de la historia natural de la fragilidad y particularmente, de las herramientas diagnósticas más apropiadas y la efectividad y eficiencia de su tratamiento y procedimientos de screening. Así, el síndrome de fragilidad debiese ser ranqueado alto en la agenda investigativa. De hecho, en la Unión Europea la fragilidad ha emergido como una verdadera prioridad dentro de las políticas de salud pública, lo que podría potenciarse en la medida de que aumente la investigación en esta área.

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CAPÍTULO 1

Sentirse bien para vivir más y mejor: importancia del bienestar psicológico en adultos mayores

NURIA PEDRALS, GUADALUPE ECHEVERRÍA, MARCELA BITRÁN, DR. ATTILIO RIGOTTI

El bienestar psicológico es un tema de creciente interés en salud y en políticas públicas, y se está convirtiendo en una aspiración emergente de la población en todo el mundo. Dicho bienestar no se define exclusivamente por la ausencia de estrés o de enfermedades como el deterioro cognitivo tipo Alzheimer o la depresión. La verdadera salud mental de un individuo puede y debe ser definida por la presencia de una serie de recursos psicosociales positivos y de bienestar psíquico que se traducen en un óptimo funcionamiento emocional, psicológico y social de las personas. Esta definición ha llevado al concepto de salud mental positiva así como al diseño, validación e implementación de diferentes métodos de medición para su aplicación a nivel individual y poblacional.

Desde esta perspectiva, la salud mental positiva (Keyes, 2002) está definida por tres dimensiones relacionadas, aunque empíricamente discernibles: a) el bienestar emocional, hedónico o subjetivo; que resulta de la conjunción de un balance favorable de emociones positivas versus las negativas, junto a satisfacción con la vida, y que se homologa tradicionalmente con la felicidad; b) el bienestar eudaimónico, que considera diferentes aspectos del funcionamiento psicológico óptimo permitiendo el desarrollo del máximo potencial individual que genera un propósito y sentido en la vida (Ryff, 2014); y c) el bienestar social, que evalúa varios aspectos positivos del funcionamiento de un individuo dentro de su entorno.

En las últimas décadas, la psicología ha promovido un análisis científico-experimental de los determinantes, el sustrato neurobiológico, el impacto y la promoción del bienestar psicológico de las personas en diferentes ámbitos. Estos van desde un nivel personal hasta la sociedad en general. La psicología positiva constituye este nuevo movimiento que estudia el bienestar de las personas para que puedan vivir una vida plena. Diferentes investigaciones observacionales transversales y longitudinales, así como trabajos experimentales y de intervención más incipientes, han demostrado que el bienestar subjetivo está asociado a numerosos beneficios relacionados con la salud física, el trabajo, la situación económica, la vida en familia, las relaciones interpersonales y la calidad de vida. De hecho, el desarrollo de un mayor nivel de bienestar subjetivo es uno de los objetivos primordiales de la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012-2015 propuesta por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

Evolución del bienestar psicológico con relación a la edad

Desde el punto de vista del ciclo vital, los datos internacionales en países desarrollados indican que el bienestar subjetivo o hedónico se relaciona con la edad. Este aumenta progresivamente desde el adulto joven hacia el adulto mayor de 60-70 años, aunque tiende a estabilizarse o decaer a edades más avanzadas como consecuencia, entre otras cosas, de la menor salud física y del impacto de diferentes enfermedades crónicas asociadas a esta etapa de la vida (Steptoe et al., 2015). Además de la relación cuantitativa con la edad, la evidencia indica que el sentido del bienestar psicológico homologado a felicidad es dinámico y cambia cualitativamente en el curso de la vida. Mientras las personas más jóvenes tienden a asociar la felicidad con entusiasmo y exaltación, las personas mayores se vuelven más propensas a asociar la felicidad con tranquilidad y sosiego (Molginer et al., 2010).

Como indican estudios previos sobre psicología del envejecimiento, este cambio parece estar determinado por las diferencias de tiempo disponible de vida de las personas, lo cual tiene impacto en las percepciones, los objetivos y las decisiones de sus vidas. Cuando la gente tiene un horizonte temporal amplio tiende a buscar la novedad y se entusiasma y energiza con eventos del futuro; mientras que un horizonte de tiempo limitado hace a los individuos focalizar su atención en el presente para disfrutar con calma y tranquilidad. Por otro lado, la teoría de la selectividad socioemocional (Carstensen et al., 1999) postula que con la edad se desarrolla una sabiduría emocional que conduce a la selección de las amistades y experiencias más satisfactorias. Así, a pesar de factores tales como la reducción de los ingresos, la jubilación, el deterioro de la salud y la muerte de seres queridos, las personas mayores tienden a mantener e incluso aumentar el autorreporte de bienestar, centrando la atención en un conjunto más acotado de experiencias y contactos sociales.

Estos hallazgos y modelos sugieren que las estrategias destinadas a aumentar el bienestar requerirían adaptaciones diferenciales según la edad de la población. Por ejemplo, la práctica de la gratitud y el perdón –ambas actividades que promueven el bienestar– pueden ser más eficaces para incrementar la felicidad de las personas mayores que en los jóvenes, ya que estas actividades inducen una sensación de tranquilidad y sosiego.

La evolución cuantitativa –descrita más arriba– en el patrón de bienestar a lo largo del ciclo de vida ha sido descrita primariamente en países desarrollados y no parece ser un perfil universal y aplicable en otras poblaciones (Steptoe et al., 2015). De hecho, estudios recientes muestran que la satisfacción con la vida y el equilibrio de emociones positivas/negativas empeora con la edad en los países de Europa Oriental, Medio Oriente y África Subsahariana. En América Latina y el Caribe este mismo estudio muestra que la evaluación de satisfacción con la vida también disminuye con la edad, aunque no tan drásticamente como en Europa del Este; mientras que emociones negativas como la preocupación y el estrés se expresan menos intensamente a edades mayores, aunque este cambio de perfil con la edad no es tan marcado como en otros lugares.

Basado en los datos del Programa Aliméntate Sano (www.alimentatesano.cl) del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CNMEC-UC), nuestra población también muestra una tendencia clara y significativa hacia un mayor nivel de salud mental positiva –indicador integral del bienestar hedónico, eudaimónico y social– a mayor edad, alcanzándose las cifras más altas de bienestar psicosocial en los adultos mayores. Así, un 66% de las personas mayores de 60 años (n=148) presenta un alto nivel de salud mental positiva en comparación con un 44% detectado en los adultos más jóvenes de 20 a 29 años de edad (n=1.632) (Figura 1).

Al desagregar la salud mental positiva en sus tres componentes, vemos que cada uno de ellos aumenta significativamente con la edad, siendo este incremento más importante en el bienestar eudaimónico y social (Figura 2). El perfil de evolución del optimismo y la vitalidad subjetiva es similar –tendencia al aumento– a mayor edad de los adultos chilenos. De hecho, el optimismo parece un importante recurso psicosocial positivo que determina el bienestar hedónico y eudaimónico de las personas adultas mayores. A su vez, el efecto determinante del optimismo sobre los distintos componentes del bienestar es modulado diferencialmente por el apoyo social percibido (efecto sobre bienestar hedónico) y la autopercepción de control (efecto sobre bienestar eudaimónico) (Ferguson et al., 2004). Si bien nuestros datos son consistentes con los reportados en EE. UU. y Europa Occidental, debemos considerar un potencial sesgo muestral hacia grupos de mayor nivel socioeconómico así como un sesgo de interés en el autocuidado por parte de los usuarios de la plataforma online de este programa, en comparación con la población general de nuestro país.

En contraste con la amplia evidencia disponible en población mayor sin o con escaso deterioro cognitivo, se conoce poco sobre cómo y en qué medida las personas con demencia senil también pueden vivir positivamente y desarrollar bienestar en presencia de esta condición médica. Un estudio de revisión cualitativa reciente abordó la experiencia subjetiva de las personas con demencia mostrando cómo la gente puede utilizar sus fortalezas para hacer frente y luchar contra la enfermedad, trascender esta condición, y buscar formas de mantener la identidad e incluso lograr un crecimiento personal (Wolverson et al., 2015). Este trabajo constituye un primer paso hacia la definición de parámetros positivos para las personas que viven con demencia y podría tener importantes proyecciones para disminuir la estigmatización y mejorar el cuidado de los individuos con esta condición.

Emocionalidad positiva en adultos mayores

Según la teoría de la ampliación y construcción de recursos psicosociales (Broaden and Build Theory), las emociones positivas funcionarían como un dispositivo evolutivo que permitiría a la especie humana ampliar su repertorio físico, cognitivo, psicológico y social (Fredrickson, 2001). En concreto, la experiencia frecuente de emociones positivas fortalecería a las personas y sus comunidades, volviéndolas más sanas, flexibles y resilientes ante los desafíos del ambiente. La energía y sensación de apertura que embarga a las personas cuando se sienten felices, curiosas o esperanzadas las predispone a acercarse unos a otros y a confiar en los demás. Así, abandonando por un momento el paradigma de la amenaza y la defensa, se aventuran a crear, compartir y convivir. En este estado de ánimo, prestan atención a situaciones inusuales, toleran niveles mayores de incertidumbre y se atreven a probar cosas nuevas. Este es el estado que ha permitido la creación de sorprendentes obras humanas y el descubrimiento de incontables realidades, que habrían sido inalcanzables para un individuo solo. La socialización y la capacidad de crear –habilidades distintivas de nuestra especie– florecen en el contexto de una emocionalidad positiva. Por otra parte, esta teoría también postula que las emociones positivas tienen la capacidad de contrarrestar los efectos de las emociones negativas, lo que se ha llamado el undoing effect (Fredrickson et al., 2000).

Adicionalmente, diversos estudios han demostrado que la inducción experimental de emociones positivas en sujetos voluntarios aumenta la capacidad de discurrir soluciones a problemas teóricos y fortalece funciones fisiológicas como el tono vagal y la capacidad inmunológica (Fredrickson, 2001). Por otra parte, análisis comparativos de equipos de personas que trabajan en ambientes con diferente nivel relativo de positividad apoyan la teoría de Broaden and Build, demostrando que la productividad y creatividad de los equipos que trabajan en ambientes más positivos es mayor. Y, más aún, es posible aumentar esta productividad y creatividad mediante intervenciones que incrementen el cociente de positividad/negatividad del ambiente en que se desempeñan (Losada et al., 2004).

¿Qué ocurre con los adultos mayores? ¿Cómo varía la emocionalidad con la edad? ¿Son más sanos, solidarios y creativos aquellos individuos de mayor edad que habitan una emocionalidad más positiva? ¿Es posible promover la salud o retardar su deterioro mediante intervenciones y actividades que induzcan emociones positivas? Estas son algunas de las interrogantes que se abren y su investigación encierra promesas interesantes para mejorar la calidad de vida de los adultos en la etapa final de sus vidas. Hasta el momento, la mayoría son estudios correlacionales que documentan la asociación entre la emocionalidad e indicadores de salud física y mental. Por ejemplo, un estudio realizado con 5.605 adultos mayores demostró que el bienestar emocional (expresado mediante la satisfacción con la vida, el sentirse valorados, estar abierto a nuevos desafíos) demostró ser la variable más fuertemente asociada a la salud cognitiva (Strout y Howard, 2015). Por el contrario, el ánimo negativo frecuente (medido a través del uso de frases negativas, rabia y retiro afectivo) es predictor de un mayor deterioro cognitivo en adultos mayores (Strout et al., 2015). Adicionalmente, diversos estudios longitudinales revelan una relación clara entre la afectividad positiva frecuente y la longevidad de los participantes en dicha cohorte (Danner et al., 2001; Steptoe et al., 2011).

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