El ocaso de la guerra. La confrontación armada y los procesos de paz en Colombia

Resumen

Este libro describe y analiza los contextos históricos y políticos en que se suscitaron el conflicto armado y los diálogos y procesos de paz que los gobiernos y las guerrillas colombianas establecieron durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI; relata la manera en que los actores del conflicto buscaron posicionar, legitimar y validar sus concepciones, posturas y determinaciones frente a la confrontación armada y frente a sus maneras de solucionarla; destaca la manera en que las dinámicas de la contienda bélica afectaron el curso de los diálogos y negociaciones, y subraya la grave afectación que padecieron millones de personas por efecto del conflicto. A manera de idea central se aduce que, a propósito de las férreas —y hasta sectarias— convicciones que los actores del conflicto asumieron frente a la confrontación armada; de las permanentes y desmedidas acciones bélicas que estos acometieron; de la guerra sucia que se desplegó en el país; de la intransigente postura que los actores armados asumieron frente a las negociaciones de paz, y de los réditos (ya políticos, económicos o militares) que la confrontación bélica dispensó para cada uno de esos actores, los diálogos de paz no solo fueron entorpecidos de manera permanente, sino que, para infortunio del pueblo colombiano, en muchas ocasiones fueron deslegitimados para, en su lugar, justificar la abierta y permanente confrontación que los azuzadores de la guerra promovieron y que los actores armados perpetraron.

Palabras clave: Colombia, conflicto armado, proceso de paz, solución de conflictos, confrontación armada.

The Decline of War. Armed Confrontation and Peace Processes in Colombia

Abstract

This book describes and analyzes the historical and political contexts in which dialogues and peace processes were established between the Colombian government and guerrillas during the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century; it also examines how the actors of the conflict sought to position, legitimize and validate their views, positions, and determinations in the face of the armed confrontation and their ways of solving it; similarly, it highlights the way in which the dynamics of the military conflict affected the course of dialogues and negotiations, as well as the serious damage suffered by millions of people as a result of the conflict. As a central idea, it is argued that, given the rigid—and even sectarian—convictions assumed by the actors of the conflict in the face of the armed confrontation; the permanent and excessive military actions they undertook; the dirty war that unfolded in the country; the intransigent stance taken by the armed actors during peace negotiations, as well as the political, economic, or military benefits that the armed confrontation bestowed to each of these actors, peace dialogues were not only permanently hindered, but, to the misfortune of the Colombian people, they were also delegitimized on many occasions with the aim of justifying the open and permanent confrontation promoted by the supporters of the war and perpetrated by the armed actors.

Keywords: Colombia, armed conflict, peace process, conflict resolution, armed confrontation.

Citación sugerida

Chaparro Rodríguez, Juan Carlos. El ocaso de la guerra. La confrontación armada y los procesos de paz en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.

DOI: https://doi.org/10.12804/th9789587389692

El ocaso de la guerra

La confrontación armada y los procesos de paz en Colombia

Juan Carlos Chaparro Rodríguez

Chaparro Rodríguez, Juan Carlos

El ocaso de la guerra: la confrontación armada y los procesos de paz en Colombia / Juan Carlos Chaparro Rodríguez. -- Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.

viii, 220 páginas. -- (Colección Textos de Ciencias Humanas)

Incluye referencias bibliográficas.

Conflicto armado -- Historia -- Colombia / Proceso de paz -- Historia -- Colombia / Guerrillas -- Historia -- Colombia / Solución de conflictos -- Colombia / I. Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas / II. Título. / III. Serie.

303.6  SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI

JDA  agosto 28 de 2017

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Colección Textos de Ciencias Humanas

© Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas

© Juan Carlos Chaparro Rodríguez

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 No. 12B-41, of. 501 • Tel.: 2970200 Ext. 3114

Bogotá, Colombia

editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá, D. C., octubre de 2017

ISBN: 978-958-738-968-5 (impreso)

ISBN: 978-958-738-969-2 (epub)

ISBN: 978-958-738-970-8 (pdf)

DOI: doi.org/10.12804/th9789587389692

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Lina Morales

Diagramación: Martha Echeverry

Diseño de cubierta: Precolombi UE, David Reyes

Desarrollo ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

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Autor

Juan Carlos Chaparro Rodríguez

Politólogo e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, y profesor del Departamento de Ciencia Política de la misma institución. Autor de los libros Las relaciones político-militares en el marco de la transición política en Colombia. Academia Colombiana de Historia (Bogotá, 2010); Democracia, ciudadanía y régimen político en Colombia (Bogotá, Fundación Gimnasio Moderno, 2010) y ¡Desmilitarizar las Repúblicas!: Ideario y proyecto político de los civilistas neogranadinos y venezolanos, 1810-1858 (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2017).

Introducción

El 7 de agosto del año 2010, con ocasión de su posesión como presidente de la República, y a propósito de las situaciones y acontecimientos que habían signado el curso del conflicto armado durante los últimos años, Juan Manuel Santos expresó:

A todas las organizaciones ilegales las seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel. Descansaremos hasta que impere plenamente el Estado de derecho en todos y cada uno de los corregimientos de nuestra patria. Con la consolidación de la seguridad democrática hemos avanzado en esta dirección como nunca antes, pero falta camino por recorrer. Llegar a este final seguirá siendo prioridad, y desde ya le pido a la nueva cúpula de nuestras fuerzas armadas que continúe dando resultados y produciendo avances contundentes.

Al mismo tiempo quiero reiterar: la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. De un desarme real de los espíritus, construido sobre cimientos perdurables que no alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz.¹

Dos años después, el 4 de septiembre de 2012, el presidente volvió a pronunciarse sobre ese mismo asunto, pero esta vez lo hizo para anunciar algo que sorprendió a muchos colombianos, y especialmente a los sectores políticos más beligerantes que insistían en la reafirmación y en la continuación de la confrontación armada como mecanismo fundamental de la lucha contrainsurgente:

Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; lograr efectivamente el fin del conflicto —no su prolongación—, y no ceder un solo milímetro del territorio nacional. Hoy les quiero anunciar que esas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC que establece un procedimiento —una hoja de ruta— para llegar a un acuerdo final que termine, de una vez por todas, esta violencia entre hijos de una misma nación.

El acuerdo lleva el nombre de “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias, realizadas de manera directa y con toda discreción, se llevaron a cabo durante seis meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, digno, realista y eficaz. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda —muy difícil—, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como ésta de acabar con el conflicto.²

Cuatro años más tarde, esto es, el 24 de noviembre de 2016, y luego de que el plebiscito realizado el 2 de octubre del mismo año hubiera resultado adverso para el interés de todos los promotores del proceso y del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP, el presidente Santos —como también lo hizo Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP— se refirió nuevamente al tema de la paz, y esta vez lo hizo para la firma de un acuerdo de paz definitivo con el cual se clausuró la confrontación armada en la que el Estado —a través de sus fuerzas armadas— y aquella organización insurgente habían estado debatiéndose y combatiéndose durante más de cinco décadas:

Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. EL DEFINITIVO... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN. Un nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia, y un proceso riguroso de renegociación entre las delegaciones en La Habana. Dignas de exaltar y agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo negociador del gobierno. Al equipo de las FARC también le agradezco su trabajo, su compromiso y su buena disposición. Este acuerdo, mejorado y ajustado gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena.

¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas. Logramos que aquellos que perdieron sus tierras, que tuvieron que dejar todo atrás para salvar sus vidas, puedan volver y recuperarlas. Logramos darles oportunidades a nuestros campesinos para tener mejores y más reales opciones de progreso y que el miedo a la violencia, al desplazamiento desaparezca para siempre. El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. Logramos, con la justicia transicional, ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el derecho internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición.

Esta justicia nos permitirá voltear la página de la violencia. Los responsables de graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad serán investigados, juzgados y sancionados. Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, con sus bienes. Los colombianos también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema de la droga. Tenemos por primera vez la oportunidad de darle una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos. Y mantendremos con contundencia el combate a las mafias y organizaciones que persistan en el narcotráfico. Por último, los colombianos logramos con este nuevo acuerdo que las ideas se expresen y se defiendan en una democracia fortalecida.³

Tan ilustrativas como significativas fueron las declaraciones que el presidente Santos profirió con respecto a la apertura, desarrollo y culminación de los diálogos de paz adelantados con las FARC-EP, y de ese mismo talante fueron las declaraciones que los comandantes de la insurgencia fariana emitieron cuando se refirieron al mismo tema. La apertura y posterior conclusión de las negociaciones de paz con esta guerrilla —la más antigua y poderosa del hemisferio occidental— no era, en modo alguno, cosa baladí. Haber llegado a esta instancia luego de varios años de negociación, pero, sobre todo, después de tantos años de confrontación armada, es una cuestión que por sí misma adquiere una especial significación política e histórica. Vista a la luz de las repercusiones humanitarias que la confrontación armada aparejó para millones de personas, y analizada a efectos de lo que esa confrontación significó para la historia contemporánea de Colombia, la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla constituye, ciertamente, un hecho de trascendencia histórica, en tanto que con dicho pacto no solo se buscó ponerle punto final a una confrontación armada que durante más de medio siglo mantuvo en vilo a los colombianos, sino que a su amparo también se busca reorientar el destino político, social e institucional del país.

En efecto, además de contener la tragedia humanitaria que el conflicto armado aparejó para millones de personas, la firma de los acuerdos de paz también constituye una posibilidad para pensar y reorientar el rumbo que ha de tomar el país de cara a la superación de esa estela de violencias y conflictividades armadas alimentadas por las herencias de la violencia bipartidista que se vivió en el país a mediados del siglo xx; por los incumplidos acuerdos que, en distintos momentos de la historia nacional, los gobiernos colombianos firmaron con diversos sectores sociales (campesinos, colonos, obreros, fuerzas políticas alternativas, etc.); por la incapacidad y desinterés que tuvieron las élites políticas para incluir y armonizar pacíficamente los diversos elementos sociales, políticos, culturales y económicos que debían fundamentar la configuración e institucionalización del Estado-nación; por los sectarismos ideológicos que los actores políticos y militares construyeron al amparo del devenir político interno e internacional, y en la misma economía de guerra —ya de orden legal o ilegal— que la confrontación fue generando para beneficio de los actores armados, y especialmente para merced de los auspiciadores y azuzadores de la confrontación bélica.⁴

Situados en este marco de análisis, es fácil colegir que tanto la conclusión de la negociación de paz pactada entre el gobierno del presidente Santos y las FARC-EP como la apertura de las conversaciones que actualmente se adelantan con el ELN no son cuestiones pueriles o de poca trascendencia social, política e histórica. La cesación de la confrontación armada ha sido, en sí misma, un hecho y una decisión política de indudable importancia, y lo propio ha de indicarse con respecto a la decisión que tomaron las partes negociadoras con relación a la atención que ha de dársele a las víctimas que generó la confrontación armada y a comprometerse a resarcirlas por el daño que se les causó en el marco del conflicto.

Aquellas decisiones, lo mismo que la determinación de atar los acuerdos de paz a los marcos jurídicos nacionales e internacionales a fin de disminuir la consustancial impunidad que envuelve a una sociedad que busca salir de esa anquilosada situación de conflicto y violencia en la que se sumergió durante tanto tiempo, son, en su conjunto, actos moralmente necesarios y deseables, a virtud de los cuales los diálogos, negociaciones y acuerdos de paz han adquirido una especial relevancia. Empero, y sin desvirtuar ninguno de estos valiosos aspectos, la trascendencia de estos diálogos, negociaciones y acuerdos también ha de ser considerada a la luz de una perspectiva histórica que dé cuenta de los contextos en los que se generó el conflicto, de las disímiles vicisitudes que fueron nutriéndolo, del carácter de los actores que lo protagonizaron, de las posturas que estos asumieron frente a la manera de remediarlo (diálogo o confrontación armada), de los sucesos que impidieron su solución y que, contrario a ello, hicieron que el conflicto se degradara y prolongara durante tantos años, y de las razones por las cuales este solo tendió a encauzarse hacia la negociación después de medio siglo de confrontación armada y después de más de tres décadas de intermitentes y fallidos diálogos.

A efectos de dicha situación, y persuadidos de que la descripción y el análisis de las dinámicas del conflicto y de los procesos de diálogos y negociaciones de paz nos ofrecen valiosos insumos para la comprensión de los aspectos antes señalados, hemos vuelto la mirada —eso sí, de manera bastante panorámica— hacia los tiempos en que se generó el conflicto interno armado y hacia los diálogos y procesos de negociación de paz que los gobiernos y las guerrillas colombianas establecieron durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. A este respecto, el planteamiento que guía las reflexiones aquí esbozadas aduce que, a propósito de las férreas y hasta sectarias convicciones que los actores (directos e indirectos)⁵ del conflicto asumieron frente a la confrontación armada, concibiéndola no solo como legítima, sino como —en muchos casos— prioritaria arma de lucha; de las permanentes y desmedidas acciones bélicas que estos acometieron; de la guerra sucia que desplegaron los actores estatales y paraestatales; de la intransigente postura que los actores armados asumieron frente a las negociaciones de paz; y de los réditos (ya políticos, económicos o militares) que la confrontación bélica fue dispensando para cada uno de esos actores, los diálogos de paz no solo fueron entorpecidos de manera permanente, sino que, por desgracia, en muchas ocasiones fueron deslegitimados para, en su lugar, justificar la abierta y permanente confrontación armada que los actores del conflicto perpetraron y que los azuzadores de la guerra promovieron.

Describir los contextos políticos en que se generó el conflicto y en los que se suscitaron los diálogos y procesos de paz; identificar los términos en que las partes negociadoras plantearon y asumieron las conversaciones y negociaciones; y destacar la manera en que las dinámicas de la confrontación armada afectaron y determinaron el curso sinuoso de los diálogos y negociaciones, (hasta el curso del mismo conflicto) son, en términos generales, los objetivos que hemos buscado acometer con la elaboración de este documento. De ello hemos intentado dar cuenta en cada uno de los capítulos que componen este ensayo, y lo hemos hecho apoyándonos en un conjunto de fuentes bibliográficas, documentales y periodísticas.

Al hacer uso de estas fuentes, y especialmente de las periodísticas, no hemos pretendido reproducir las interpretaciones efectuadas por esos medios de comunicación, sino que nos hemos valido de ellas para, por una parte, identificar las vicisitudes que fueron signando las dinámicas del conflicto y los procesos de diálogo y negociación; y, por otro lado, con el ánimo de identificar y contextualizar, ¡que no de justificar!, las declaraciones, las interpretaciones y las concepciones que los diversos actores y protagonistas del conflicto tuvieron y emitieron en distintos momentos con respecto a los más diversos temas, hechos y acontecimientos relacionados con la confrontación armada y con los procesos de paz.

Más que plantear grandes tesis explicativas sobre las causas y consecuencias generadas por el conflicto, nuestro interés ha sido, simplemente, el de elaborar un texto descriptivo y de síntesis que le permita a cualquier lector comprender el decurso del conflicto y los procesos de paz que tuvieron lugar en Colombia durante el último medio siglo.

Notas

1 Discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón pronunciado el 7 de agosto de 2010. En: El Espectador. 8, agosto, 2010. p. 2A y 3A.

2 Discurso del presidente Juan Manuel Santos anunciando la eventual apertura de las conversaciones de paz con las FARC-EP. 4 de septiembre de 2012.

3 Intervención del presidente de la república, Juan Manuel Santos, en el acto de la firma del nuevo acuerdo de paz con las FARC. 24 de noviembre de 2016 [citado en 2017-01]. Disponible en internet: <

4 Al respecto ver Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo xx. En: Cátedra Anual de Historia (II: 2001: Bogotá); GONZÁLEZ, Fernán, et al. Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep, 2003; COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Desde Abajo, 2015;

5 Nos referimos tanto a las partes directamente involucradas —las guerrillas, los gobiernos, las fuerzas militares y los grupos paramilitares— como a los actores políticos, económicos, sociales que, a virtud de sus intereses y concepciones, asumieron determinadas posturas con respecto a la manera como debía solucionarse el conflicto.

Capítulo 1
Una larga historia de confrontaciones armadas

Sin entrar en el debido detalle que un riguroso análisis ha de proporcionar sobre el asunto, y solo con el ánimo de rastrear los ‘inmediatos antecedentes’ que signaron la situación de violencia y de conflicto que la sociedad colombiana vivió durante los años que precedieron la apertura de los diálogos de paz con las guerrillas durante el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), en el presente capítulo nos proponemos describir y analizar, eso sí, de manera bastante general, el contexto político en el que se generó, proyectó y desenvolvió el conflicto armado en Colombia desde mediados del siglo xx y hasta comienzos de la década de 1980.

Retomando los planteamientos efectuados por muchos historiadores y analistas del conflicto, la idea que guía nuestra reflexión aduce que si la génesis y proyección del conflicto armado que se desató en el país desde mediados del siglo xx estuvieron alimentadas por los estructurales e irresueltos problemas que se habían configurado desde muchos años atrás a virtud de las históricas disputas tejidas en torno a la tenencia de la tierra, por el carácter excluyente del régimen político y por el discurso ideológico y político nacional e internacional que se configuró al amparo de la lucha contra el llamado comunismo internacional, su radicalización obedeció a la decidida postura confrontacional que asumieron todos los actores del conflicto durante aquella época y a su convencimiento de que la consecución de sus objetivos políticos podría lograrse a través de la confrontación armada.

1.1. De la violencia política bipartidista a la lucha guerrillera

Hacia mediados del siglo XX, y no obstante los intentos de reforma política, institucional y económica que los gobiernos liberales habían intentado fomentar durante los años treinta, en cada uno de esos aspectos la sociedad colombiana seguía conservando una estructura notoriamente tradicional que reflejaba una suerte de estancamiento o aletargamiento histórico. Tutelada por el centenario dominio político ejercido por los partidos Liberal y Conservador; obnubilada por el fanático y sectario discurso que mutua e irresponsablemente enarbolaban y proferían los ‘jefes y caudillos’ de esas dos colectividades con el propósito de descalificar y proscribir a sus contrarios políticos sin advertir el efecto de sus declaraciones; enquistada en una estructura económica y productiva de base agrícola notoriamente arcaica (por lo menos en cuanto a la tenencia y uso de la tierra); y guiada cultural y espiritualmente por el tradicional dogma católico que había imperado en el país desde tiempos de la Colonia, para aquel momento la sociedad colombiana exhibía un rostro más cercano a lo que había sido su fisionomía durante el siglo XIX, que no así a lo que sucedía en el cambiante siglo XX que estaba transcurriendo.

Pero esa situación, en efecto, no era lo único que caracterizaba a la sociedad colombiana y tampoco sería, desde luego, la única que definiría el rumbo de su historia durante las décadas siguientes. Con una población mayoritariamente campesina, pero en paulatino crecimiento y urbanización;¹ con una economía en lento pero gradual proceso de industrialización;² con un régimen político que transitó hacia el cierre institucional y democrático; con un contexto internacional dominado por las divisas, los discursos, las ideologías y las prácticas políticas y militares que se configuraron en el marco de la Guerra Fría con el mentado propósito de combatir y contener la ‘temida’ expansión del comunismo internacional; y con la gestación de un conflicto social y armado que paulatinamente fue expandiéndose y complejizándose, durante la segunda mitad del siglo XX la sociedad colombiana no solo padecería los nefastos efectos de la violencia y la confrontación armada, sino que experimentaría toda suerte de traumatismos políticos y sociales.

Con un largo historial de conflictos políticos tradicionalmente zanjados en los campos de batalla³ y con un irresuelto y creciente conflicto social configurado a raíz de las disputas que habían tejido los colonos y campesinos contra los terratenientes, gamonales y empresarios de la tierra en distintas regiones del país,⁴ desde finales de la década de 1940 la sociedad colombiana empezó a debatirse en medio de una insondable crisis política y social que se signó con una voraz e incontenible ola de violencias y conflictividades. El asesinato del populista y carismático líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, acaecido el 9 de abril de 1948, daría lugar a la agudización, despliegue y degradación de esa estruendosa ola de violencia que venía configurándose desde hacía varios años, y que recordaría —guardadas las proporciones— los oscuros episodios que envolvieron al país durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902), esto es, de la contienda armada más sangrienta y devastadora que hasta el momento hubiera vivido el país.⁵ Inmersos en la furia colectiva que se suscitó tras el asesinato del caudillo liberal; alentados por el sectario discurso político-ideológico propugnado por las élites partidistas,⁶ y movidos por sus propios intereses y propósitos políticos, ideológicos, burocráticos o económicos, los adherentes y simpatizantes de una y otra colectividad y facción partidista (conservadores, liberales, gaitanistas, comunistas,…) se sumergieron en una abigarrada estela de violencias a efectos de la cual murieron miles de personas.⁷

Con inusual sevicia, y enarbolando toda suerte de banderas y consignas políticas e ideológicas, unos y otros se entregaron a una carnicería humana al amparo de la cual la muerte y el descuartizamiento del otro se convirtieron en parte de un funesto ritual consumado en nombre de las creencias y los objetivos políticos que cada quien tenía y perseguía. Organizados y patrocinados por jefes políticos locales y regionales del conservatismo, los llamados ‘pájaros’ y ‘chulavitas’ se convirtieron en el mortal instrumento para la conservatización de veredas, poblados y municipios en el Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Quindío y otras regiones del país.⁸ Instigados por sus jefes y auspiciadores partidistas, las ‘cuadrillas liberales’ harían lo propio con el objetivo de liberalizar sus zonas de injerencia y de asegurar el monopolio del poder político y burocrático local para sus copartidarios y/o auspiciadores. Tanto las conflictivas relaciones bipartidistas tejidas durante los últimos años entre conservadores, liberales, gaitanistas y comunistas, como el asesinato de Gaitán servirían de trasfondo, y a su vez de excusa, para que los más diversos y disímiles actores políticos y sociales dieran rienda suelta al revanchismo, a la venganza, al ‘ajuste de cuentas’, a las amenazas, a los asesinatos, a los desplazamientos forzados y a la expoliación de tierras, bienes, semovientes y cosechas.

Al tiempo que esa desenfrenada violencia se suscitaba en campos y ciudades, el país también era epicentro de la conformación y despliegue de otros actores y formas de conflicto que, en conexidad con los procesos antes señalados, pero asumiendo sus propias dinámicas, iría a signar la historia del país. Se trataba de una heterogénea multitud de grupos sociales en la que convergían colonos, campesinos, obreros, trabajadores y líderes sindicales que políticamente se adscribían a las ideologías socialistas, comunistas, gaitanistas y liberales de tendencia izquierdista que, persiguiendo sus propios y particulares intereses y objetivos políticos e ideológicos, empezaron a organizarse como guerrilla y como autodefensa en los Llanos Orientales de Colombia, en el sur y oriente del departamento de Cundinamarca y en el suroccidente del departamento del Tolima. Ya para reivindicar y defender su derecho a poseer la tierra, ya por necesidad de contener a sus opositores y perseguidores políticos, o bien por el deseo y el propósito de posicionarse políticamente frente al bipartidismo liberal-conservador, aquellos millares de hombres, ahora en armas, vinieron a constituirse en otro importante actor que vendría a inscribir su accionar en el marco del convulsionado escenario político que se había generado en el país.

Corría la década de 1950 cuando esto sucedía, y el país parecía haber entrado en una época de anomia política y social. Las organizaciones armadas escalaron rápidamente en su estructuración y accionar, y lo propio hizo el Estado a través de las fuerzas militares y de policía. Sindicadas de mantener vínculos orgánicos con el comunismo internacional, las guerrillas empezaron a ser combatidas con sistemático proceder por parte del ejército, al tiempo que este recibía duros reveses según lo testimoniaron los propios protagonistas de esa contienda armada.⁹ Además de gozar de legitimidad institucional, los militares contaban con un mayor poder de acción armada gracias a las recientes inversiones que el gobierno conservador de Laureano Gómez había hecho en el ramo de guerra. Sin embargo, ello nunca fue óbice para que las guerrillas continuaran con sus propósitos ni para que se abstuvieran de adelantar acciones armadas de carácter defensivo y ofensivo. La situación de orden público se tornó, pues, tan caótica e inestable que los militares no solo arreciaron en su accionar contraguerrillero, sino que terminaron haciéndose con el gobierno del Estado bajo la promesa de que pacificarían el país.

Fue en junio de 1953 cuando esto aconteció, y al margen de las diversas opiniones que en su momento se expresaron con respecto a los verdaderos auspiciadores del golpe militar mediante el cual los uniformados derrocaron al presidente encargado Roberto Urdaneta Arbeláez, y por extensión a este, al presidente titular, Laureano Gómez,¹⁰ el general Gustavo Rojas Pinilla terminó haciéndose con la Presidencia de la República argumentando, precisamente, que su conducta se amparaba en las obligaciones que los militares tenían con respecto a la salvaguardia de la institucionalidad estatal y en la impostergable necesidad de contrarrestar la ola de violencia que se había suscitado y desplegado en el país:

Ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del Ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las Fuerzas Militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las fuerzas armadas de la República […] han determinado hacerse con el gobierno del país. Las fuerzas armadas llaman a todos los colombianos de buena voluntad, no corroídos por viles pasiones de secta, ni por mezquinos intereses particularistas y familiares, a formar en la cruzada que, fiel al mandato nacional de la Patria, pone a ésta por encima de los partidos y al bien común por encima de las conveniencias de castas y de grupos.¹¹

En lo sucesivo, dos estrategias contraguerrilleras se pusieron en marcha para doblegar a los grupos insurgentes. Por una parte, y valiéndose del respaldo que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla les dispensaba, los uniformados continuaron desarrollando acciones ofensivas que se vieron favorecidas tanto por la tecnificación que desde entonces se les imprimió a las fuerzas militares, y especialmente al ejército, como por la experiencia militar acopiada luego de que una considerable cantidad de oficiales, suboficiales y soldados colombianos regresaron al país tras haber participado en la Guerra de Corea (1950-1953), de que se iniciara un sofisticado proceso de entrenamiento en guerra irregular y de que los militares colombianos fueran adaptándose a una guerra de guerrillas que en un comienzo les había resultado adversa.¹² De otro lado, y amparado en la excepcional popularidad que le dispensaron diversos sectores de la sociedad colombiana, el gobierno militar optó por declarar una ley de amnistía que debía servir de base para poner en marcha un diálogo de paz que condujera al desarme y reinserción de las organizaciones guerrilleras.

Firmado por el comandante general de las fuerzas armadas, general Alfredo Duarte Blum, el mensaje de amnistía prontamente se difundió a través de la prensa oficial y particular. Se enfatizó en que se garantizaría “completa libertad, protección a la vida y ayuda para regresar al trabajo, a aquellas personas que de una u otra manera [estuvieran comprometidas] en actos subversivos contra el orden público, y que se [presentaran] voluntariamente ante las autoridades militares haciendo entrega de sus armas”.¹³ Actos concretos a ese respecto no se habían hecho esperar. Desde antes de que se profiriera la amnistía, y a más de derogar la censura de prensa que había impuesto el gobierno anterior, el general Rojas Pinilla había decretado reducir en una quinta parte el tiempo de la pena que estuvieran purgando las personas que hubieran sido condenadas por la comisión de delitos políticos y había prometido levantar el estado de sitio en las regiones en donde las condiciones de orden público permitieran actuar en ese sentido. Con esas medidas, y con la creación y pronta implementación de varios programas de asistencia social y económica, Rojas adquirió una considerable popularidad entre los colombianos, y ello, ciertamente, también generó resonancia entre los guerrilleros del Llano.¹⁴

Aunque no exentos de controversias e impasses, los encuentros, las conversaciones y los acuerdos establecidos y pactados entre los insurgentes y los delegados del gobierno finalmente empezaron a encauzarse. Bajo la guía de Guadalupe Salcedo, quien a la sazón había asumido uno de los más notorios liderazgos dentro de las guerrillas llaneras,¹⁵ los insurgentes presentaron sus exigencias a fin de que el gobierno asumiera compromisos con respecto a la apertura de caminos en el Llano, la extensión de la amnistía a todo el movimiento insurgente existente en Colombia, la resolución de los problemas económicos que padecían los alzados en armas, el reconocimiento oficial del título de revolucionarios para los guerrilleros, la indemnización a los habitantes del Llano por efecto de la violencia padecida, la purificación [depuración] de las fuerzas armadas, el reintegro de los militares que habían sido expulsados por pasiones sectarias, el desarme total de la contraguerrilla o guerrillas contrarrevolucionarias [grupos armados que actuaban en asocio con el ejército], la expedición de salvoconductos para los guerrilleros, el envío de misiones médicas a las zonas de conflicto, el retiro de los puestos militares que no prestaran ningún servicio en la región, la libertad de los presos políticos, la garantía de retorno de los exiliados, la regulación de la adquisición ilegal de tierras, la resolución de la situación de los militares que se habían puesto del lado del movimiento guerrillero, y con tantas otras cuestiones humanitarias, sociales y políticas conexas al origen y desarrollo de la confrontación armada.¹⁶

Habiéndose acogido a la amnistía presentada por el gobierno, al cabo de muy poco tiempo, liderados por sus jefes, y en presencia del propio general Rojas Pinilla, más de tres mil quinientos hombres entregaron sus armas en distintos lugares de los Llanos Orientales, y lo propio hicieron algunos de quienes se habían alzado en armas en algunas regiones del Tolima (las guerrillas de Emilio Gordillo y Leonidas Borja), Antioquia (Trino García), Cundinamarca (en Sumapaz con Juan de la Cruz Varela y en Yacopí con Drigelio Olarte) y Santander (Rafael Rangel, a quien se le atribuía la realización de la masacre de más de 200 campesinos cometida en San Vicente de Chucurí).¹⁷ Así las cosas, y no obstante que en medio de las conversaciones y del desarme se profirieron denuncias por el asesinato de algunos guerrilleros, las negociaciones lograron llegar a un feliz término y la sensación que reinó entre los colombianos fue de cierto ‘júbilo’ debido al desenlace que había tenido la confrontación armada que se había vivido en los Llanos Orientales de Colombia. Empero, y para infortunio de los colombianos, la firma de la paz con las guerrillas del Llano no significaría, en modo alguno, el fin del conflicto armado y de la violencia. Poblada por campesinos y colonos mestizos e indígenas, la vasta y rica región agrícola (cafetera en buena proporción) ubicada en el suroccidente de Cundinamarca y en el suroriente del Tolima también se había configurado como otra importante zona de conflicto, y en dicho escenario se desplegaban y se desplegarían las múltiples acciones armadas que los guerrilleros y soldados ejecutaron durante varios años. Dicha situación perpetuaría la confrontación armada y generaría, o nutriría, nuevos focos y brotes de violencia.

1.2. La perpetuación de la confrontación armada y los nuevos brotes de violencia

Desconfiando de las promesas hechas por el gobierno, convencidos de la posibilidad de realizar sus propósitos políticos y sociales resistiendo y sobreponiéndose al embate que les trazaron las fuerzas militares, la policía, las organizaciones armadas parapartidistas (pájaros y chulavitas) y hasta los mismos guerrilleros liberales que hasta tiempo reciente habían combatido a su lado, los guerrilleros comunistas que se asentuaron en aquella región no solo se mantendrían en armas, sino que perfeccionarían sus tácticas y estrategias de combate en un tiempo en que las fuerzas estatales hacían lo propio amparándose en las enseñanzas y en el apoyo técnico y económico que les dispensaba el gobierno de Estados Unidos.¹⁸ La confrontación armada sostenida entre las guerrillas comunistas y las fuerzas militares se perpetuaría durante varios años y se convertiría en un laboratorio de formación política y militar que luego, pasados unos años, los insurgentes lograrían poner en práctica a propósito de sus particulares objetivos y de la respuesta que efectuaron ante el asedio de las tropas del ejército.¹⁹ La confrontación armada pareció entonces instituirse como el único recurso de mediación y disuasión entre las guerrillas y el gobierno, máxime cuando este último optó por catalogar a sus adversarios con el mote de bandoleros, un adjetivo que no solo los descalificaba políticamente, sino que los bautizaba como ‘criminales comunes’, sujetos ante los cuales era preciso descargar la fuerza del Estado, justamente porque el bandolerismo —fenómeno social y político derivado de la violencia bipartidista— se había configurado durante aquella época como el principal factor desestabilizador del orden público en vastas regiones de los departamentos de Tolima, Caldas, Valle de Cauca y Santander.²⁰

Lo que vino después no fue otra cosa que la persecución militar desplegada por el ejército y el repliegue, el ataque y el contraataque táctico efectuado por la guerrilla comunista. Asaltos y contraasaltos se gestaron por doquier durante aquellos años. El entrenamiento y la tecnificación militar harían que el ejército desplegara acciones cada vez más sofisticadas y efectivas, pero la emboscada, maniobra de ataque sorpresivo usado de manera estratégica y sistemática por los subversivos, no solo les otorgaría una notoria ventaja en el campo de batalla, sino que se convertiría en la peor pesadilla para los militares. Las mutuas bajas propinadas por ambas fuerzas parecieron mostrar que la balanza en el campo de combate tendía a equilibrarse y la recia postura asumida por los combatientes presagiaba que la confrontación iba a perpetuarse durante mucho tiempo más. Expandiendo sus respectivas unidades de combate, tanto los guerrilleros como los militares empezaron a ‘colonizar’ nuevos territorios que desde entonces, y durante muchos años, se convertirían en los principales escenarios del conflicto armado.

Luego de que se consumara la ruptura con las guerrillas liberales, y en razón del creciente asedio al que estaba siendo sometido por parte del ejército, la policía y la fuerza aérea —que ya por aquel entonces empezaba a efectuar maniobras de rastreo y bombardeo de las zonas en donde la guerrilla se acantonaba—, el objetivo fundamental del movimiento guerrillero comunista fue mantener el enclave guerrillero que se había establecido en El Davis (Tolima) y planear la estrategia política y militar que debía implementarse con el propósito de afrontar los retos que se le presentaban. En ese contexto, y en tanto que la presión armada desplegada por las fuerzas militares y policiales se acentuaba cada vez más, los insurgentes comunistas optaron por desplazarse hacia otras zonas de colonización en donde lograron establecer campamentos y zonas de retaguardia gracias a las cuales pudieron contener —al menos por un tiempo— los ataques de las fuerzas oficiales que en aquel momento contaron con la colaboración de algunos de los jefes guerrilleros liberales (‘Mariachi’ y ‘Arboleda’, por ejemplo) que recientemente se habían desmovilizado a efectos de la amnistía propuesta por el gobierno.

Perseguidos por el ejército y las llamadas ‘guerrillas de paz’,²¹ los guerrilleros emprendieron un estratégico repliegue hacia Villarrica (Tolima) y hacia la región del Sumapaz (Cundinamarca), en donde ya existía una histórica base de organización campesina que desde los años treinta había estado liderada por Juan de la Cruz Varela y Erasmo Valencia, y desde donde pretendieron formar un movimiento agrario de masas, que era, ciertamente, la orientación que el Partido Comunista había dado a fin de consolidar sus bases sociales y políticas en la región.²²

Pero el proyecto no resultaría como aquellos hombres lo habían planeado. Luego de permanecer un tiempo refugiados en el monte, los guerrilleros no solo tuvieron que salir de sus zonas de refugio, buscar el contacto con la población campesina de la región y tratar de ‘negociar’ los términos en que allí podían permanecer o hacer su trabajo político, sino que tuvieron que planear la manera de confrontar, o por lo menos contener, el avance que las tropas del ejército, las unidades de la policía, los grupos de ‘contrachusma’ y las ‘guerrillas de paz’ venían efectuando en la región. En tal virtud, y si bien es cierto que en un primer momento quisieron organizarse y permanecer como autodefensa, y que por aquella misma época llegaron a establecer diálogos con altos mandos militares a quienes les peticionaron no intervenir en la zona permitiendo que la comunidad y el movimiento agrario pudieran organizarse, los guerrilleros se vieron inmersos en una lucha armada mediante la cual buscaron golpear de manera sorpresiva a sus oponentes, eludir en lo posible la confrontación directa con los militares, desgastar la voluntad de estos en el campo de batalla y ganar armas para su movimiento.²³

La confrontación, pues, fue encauzándose sin posibilidad de solución, ya que los bandos combatientes se mostraban dispuestos a seguir con la lucha armada, y ello no solo porque los uniformados quisieran mostrar su capacidad para cumplir con la misión a la cual habían sido destinados, sino porque los guerrilleros no veían que el general Rojas Pinilla fuera el hombre que realmente quisiera cambiar el estado de cosas existente, es decir que quisiera abolir el régimen oligárquico y bipartidista, el dominio de los terratenientes, la organización de bandas criminales impulsada por los conservadores y la exclusión política de los comunistas. Ante tal situación, mientras los insurgentes decidieron, mantenerse en armas y continuar con el trabajo político con miras a crear un gran movimiento agrario de masas, el gobierno optó por ilegalizar al Partido Comunista y por aumentar la presión militar sobre las zonas en que operaban los subversivos. Si la entrega de los insurgentes no daba resultado —creía Rojas Pinilla—, entonces el Estado, a través de sus fuerzas armadas, debía actuar para contener el accionar que los insurgentes pudieran desplegar. De eso estaba persuadido el general Rojas Pinilla y en razón de tal situación (aunque no solo por ello) se había propuesto fortalecer a las fuerzas armadas.²⁴

Persuadido por la situación de orden público en la que se hallaba el país y convencido de que el estamento castrense debía contribuir a superar ese estado de cosas, desde el mismo momento en que asumió la Presidencia de la República el general Rojas Pinilla empezó a fomentar la reorganización y el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía. Con respecto a esta última, y en aras de despolitizarla y de sustraérsela a los políticos y gamonales regionales que tradicionalmente la habían cooptado y utilizado para zanjar sus diferencias personales y partidistas, Rojas Pinilla decidió trasladarla del Ministerio del Interior al cual se hallaba adscrita y vincularla al Ministerio de Guerra a fin de hacerla más operativa y funcional a los intereses del Estado y de su gobierno. Asímismo, y persuadido por la situación de violencia que vivía el país y por la popularidad que se había creado en favor del ejército luego de que un voluminoso contingente de militares colombianos viajara a la Guerra de Corea, el general Rojas Pinilla consideró que dicha situación debía aprovecharse para fortalecer a las fuerzas militares no solamente mediante la adquisición de armamentos, equipos de comunicación y medios de transporte, sino con la vinculación de más hombres a las filas.

Confiado en la ‘bonanza económica’ que el país vivía por aquellos años, y amparado en la popularidad que había logrado construir en muy poco tiempo, Rojas Pinilla se mostró decidido a realizar pronta y efectivamente esa singular empresa que, por demás, ya contaba con una importante base política y jurídica de orden nacional e internacional —el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que se había firmado en 1947 entre la mayoría de las naciones latinoamericanas y el gobierno de Estados Unidos; el llamado ‘Plan de Asistencia y Asesoría Militar’, que el presidente Ospina Pérez había firmado en 1949 con el gobierno norteamericano; y el ‘Acuerdo de Asistencia Militar’, que el gobierno colombiano recientemente (abril de 1952) había firmado con el gobierno norteamericano—, al amparo de la cual no solo se había fomentado la capacitación técnica de los militares colombianos, sino que se había obtenido una importante dotación de armamentos y aviones (C-47, F-47D, B-25J) que posteriormente se utilizaron para la ejecución de operaciones contra las zonas de resistencia guerrillera.²⁵

Era esa, pues, la postura que las partes en conflicto habían asumido y las consecuencias de tal situación no tardarían en aparecer. Adicional a los que habían migrado inicialmente, durante 1954 se produjo una segunda oleada de migraciones de guerrilleros procedentes del sur del Tolima que eran comandados por Isauro Yosa, José A. Castañeda, ‘Richard’, Ciro Trujillo, el ‘Capitán Cardenal’ y otros hombres de reputada ascendencia dentro del movimiento insurgente. Su presencia fue advertida por las unidades del ejército que se hallaban desplegadas en esa región del Sumapaz y con ello se dio inicio a una serie de los combates que paulatinamente fueron dando cuenta de la capacidad y de la decisión de combate que habían asumido los grupos enfrentados. Durante más de seis meses los ataques se hicieron sistemáticos y durante ese mismo tiempo el gobierno decidió enviar refuerzos y declarar como ‘zona de guerra’ esa vasta región que se extiende desde los municipios de Cabrera y Sumapaz en Cundinamarca, hasta Cunday (Tolima), en donde además de las unidades militares, regulares también entró a operar un comando que estuvo a cargo de la Brigada de Institutos Militares.

Las operaciones militares se tradujeron en combates y los combates en muertos. Hacia finales de 1955, con más de tres mil hombres desplegados por parte de las fuerzas militares y con un número no determinado de guerrilleros,²⁶ las confrontaciones armadas desplegadas en esa zona habían dejado, según Ramsey, más de 71 militares muertos, alrededor de 200 uniformados heridos,²⁷ un número indeterminado de guerrilleros y campesinos muertos y una creciente ola de migraciones de labriegos que se desplazaron hacia distintos municipios de Tolima, Huila y Cundinamarca.

Reforzarse militarmente fue la estrategia seguida por el ejército y replegarse luego de confrontar esporádicamente a su contraparte fue la que siguió la insurgencia. Reclutar más hombres para reforzar las unidades militares ya existentes y para crear otros batallones (hacia 1955-1956 el número de hombres adscritos al ejército ascendía a 32 000); aumentar la presencia de sus efectivos en las zonas de conflicto (alrededor de 3000 y 3500 hombres del ejército fueron desplegados en la región del Sumapaz y Cunday); destinar a los hombres más experimentados en tácticas de combate (muchos de estos habían participado en la Guerra de Corea, 1950-1953); extender el tiempo de servicio militar obligatorio de los soldados de 18 a 24 meses; concentrar en la región buena parte del arsenal militar disponible (aviones, helicópteros, piezas de artillería, fusilería moderna, radios de comunicación, vehículos de transporte); crear la Escuela de Lanceros emulando la ‘Ranger School’ del ejército norteamericano; y diseñar e implementar un tipo de entrenamiento militar mucho más propio de la guerra irregular que de la guerra regular fueron, en su conjunto, algunas de las medidas que los altos mandos militares, bajo la tutela del general Rojas Pinilla, impulsaron durante aquellos años.²⁸

Tanto el reforzamiento técnico como el cambio de táctica resultaban sumamente importantes para los propósitos del ejército. Como ya lo había advertido el coronel Sierra Ochoa cuando había evaluado la situación que habían vivido las tropas durante las confrontaciones armadas que habían sostenido contra la guerrilla en los Llanos Orientales, las tácticas aplicadas por el ejército resultaban inapropiadas y constituían una enorme ventaja para los insurgentes. La movilización de numerosas tropas hacia las áreas de operaciones, creía Sierra, no garantizaba éxitos inmediatos para el ejército, sino que más bien generaba desgaste y, por extensión a ello, desmoralización, ya que las tropas eran golpeadas sorpresivamente mediante la emboscada y porque los guerrilleros se escabullían fácilmente por entre caminos, selvas, llanuras o ríos que, a diferencia de los militares, aquellos conocían suficientemente. Asímismo, y como también lo había advertido el citado oficial, el ejército también sufría un desgaste moral al no contar con el apoyo de la población, cosa que la guerrilla sí tenía a su favor, e incluso, al recibir el rechazo de ella en tanto que los veían como generadores de violencia, pues al momento de acometer sus acciones y operaciones militares, el ejército terminaba agrediendo y reprimiendo a la población, ya porque la consideraban simpatizante de sus adversarios o porque consideraban que estos se ‘camuflaban’ entre aquella.

Tanto las lecciones señaladas por Sierra Ochoa como las reflexiones efectuadas por otros oficiales daban a entender que los militares estaban persuadiéndose de que la manera como estaban conduciendo las operaciones contra la guerrilla debía modificarse para ser encauzada de tal forma que generara los resultados esperados. Así, por ejemplo, y aun cuando su libro fue publicado en 1956, esto es, cuando la confrontación armada librada en Villarrica virtualmente ya se había clausurado, lo expuesto por el entonces coronel Alberto Ruiz Novoa —oficial que había comandado las tropas colombianas que recientemente habían estado en la Guerra de Corea— permite colegir que este oficial también estaba convencido de replantear la manera como debía operar el ejército a fin de confrontar militar y psicológicamente a la guerrilla. Además de plantear múltiples indicaciones relativas a la organización, movilización y conducción de tropas y operaciones, Ruiz Novoa llamaba la atención sobre el trabajo psicológico que debía desarrollarse frente a los combatientes del bando opuesto, ya fuera haciendo propaganda en favor de la causa propia mediante el uso de carteles, panfletos o altoparlantes, a través de los cuales se debía buscar la desmoralización del enemigo ofreciéndole, al mismo tiempo, prerrogativas por su deserción, o bien desinformando al bando contrario emitiendo noticias falsas y sembrando rumores no fáciles de confirmar sobre diversas situaciones, a fin de desorientarlo y hacerle perder credibilidad en su causa.²⁹

En virtud de tal situación, junto con las acciones militares desplegadas en esa extensa región que comprendía el Sumapaz, Villarrica, Icononzo, Cunday, los militares empezaron a considerar la necesidad de controlar la población y, al mismo tiempo, poner en ejecución tácticas contraguerrilleras llevadas a cabo por sus propios integrantes y en ocasiones en colaboración con las llamadas ‘guerrillas de paz’ o antiguerrilla, como se les llamó en los Llanos Orientales a las unidades de patrulla y combate que se integraban con personal militar y con personal civil afecto a la causa del ejército.

En cuanto al trato con la población, el asunto tendría sus particularidades. Por una parte, y en tanto que se trataba de una extensa región que políticamente se hallaba dividida entre simpatizantes y adherentes de los liberales, de los conservadores y de los comunistas, su cooptación no pudo realizarse como los militares esperaban. Mientras que las zonas dominadas por los conservadores y por los liberales que recién habían suscrito la amnistía y la desmovilización —o la entrega como se decía en la época— resultaron de más fácil acceso para los militares, las zonas dominadas o controladas por los comunistas sentaron una mayor resistencia al asedio de los uniformados. Por ello mismo, y de acuerdo con lo indicado por uno de los insurgentes que fue testigo y protagonista de esos episodios, además de los hostigamientos realizados de manera sistemática, los militares decidieron ‘quitarle el agua al pez’ sustrayendo la población de las zonas en donde se hallaban acantonados los guerrilleros para concentrarla en las zonas que los uniformados tenían controladas, o que paulatinamente iban controlando. La estrategia resultaría beneficiosa para los militares: al cabo de un tiempo de sostenido asedio y de sustracción de población, los insurgentes fueron quedándose relativamente solos en la zona, cosa que los obligaría, posteriormente, a replegar sus fuerzas hacia el sur del departamento del Tolima.³⁰

En lo correspondiente a la acción militar, los testimonios de algunos guerrilleros y militares³¹ que participaron en esa confrontación indican que con la acción militar desplegada por el ejército, la fuerza aérea, la policía y la ‘antiguerrilla’, las fuerzas armadas estatales envolvieron la extensa zona en donde se refugiaban los insurgentes y en donde se asentaba el movimiento agrario. Desplegados en la región, los militares mantuvieron un constante asedio contra los insurgentes hostigándolos con el avance y el ataque de la infantería y bombardeándolos con piezas de artillería de diverso calibre. Sin embargo, y según testimonios de los insurgentes, los militares no lograron su cometido, en tanto que los guerrilleros lograron crear y mantener una línea o ‘cortina’ de defensa que se extendió desde Cunday hasta Prado (Tolima), gracias a la cual lograron mantenerse en resistencia entre 1955 y 1957.32

Los combates librados durante ese tiempo fueron cruentos y permanentes, y aunque el número de hombres caídos por efecto de la confrontación nunca se precisó, lo que si se denunció fue la dimensión de los desmanes cometidos por cada bando. Mientras los militares acusaban a los guerrilleros de matar traicioneramente a los uniformados, estos eran acusados de cometer vejámenes contra los guerrilleros que capturaban y contra la población civil que era acusada de colaborar con los insurgentes.³³ En medio de esa caótica situación, y según los testimonios de quienes protagonizaron esa historia, hacia 1957 los insurgentes se vieron obligados a iniciar un nuevo desplazamiento (‘Comando de Marcha’ le denominaron los guerrilleros a su traslado) hacia Riochiquito, El Pato y El Guayabero en el sur del Tolima, desde donde iniciarían una lenta pero paulatina reorganización y reorientación política y armada.³⁴

Pero el repliegue de los guerrilleros comunistas y el afianzamiento que las fuerzas militares y de policía efectuaron en la región no significarían, en modo alguno, el fin del conflicto y el fin de la confrontación armada. Al cabo de un tiempo de ‘relativo apaciguamiento’, y revestida de nuevos elementos ideológicos, políticos y contextuales, la confrontación armada sostenida entre las guerrillas y las fuerzas militares retomaría su cauce en aquellas y en otras regiones del país. En el interregno, y debido a que la violencia bipartidista y el conflicto librado entre guerrilleros y militares, policías, ‘contrachusmeros’ y ‘guerrillas de paz’ no solo habían dejado un fuliginoso rosario de cadáveres sino que había engendrado a los nuevos ‘hijos y progenitores’ de esa nueva fase de violencia que vivió el país durante los últimos años de la década de 1950 y los primeros de la década de 1960, en aquella época, y sin que el fenómeno guerrillero dejara de ser importante, los militares y policías centraron su atención en la lucha contra aquellos individuos a los que popularmente se les conoció como bandoleros, peyorativa denominación mediante la cual se pretendió destacar el carácter vandálico, criminal y delincuencial con que aquellos hombres actuaban en vastas regiones de los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Santander, y mismo apelativo con que los militares y políticos colombianos continuarían denominando a los integrantes de las diversas organizaciones guerrilleras que se conformaron posteriormente en Colombia.

Ya fuera que actuaran por iniciativa e interés particular, o bien que lo hicieran por favorecer los intereses de los gamonales y jefes políticos locales y regionales que se valían de sus ‘favores’ para obtener determinados objetivos, o bien que acometieran sus acciones en defensa o retaliación contra sus adversarios por razones políticas, personales o lucrativas (el robo de ganado, el asalto a almacenes o el robo de las cosechas de café que tanto valor tenían en aquella época, pues este era el bien más preciado que el país exportaba), los bandoleros estuvieron inmersos en esa desbordada violencia que se suscitó en diversas regiones del país y se convirtieron, en algunos casos, en sus más emblemáticos protagonistas. Sus sonoros sobrenombres (‘Sangrenegra’, ‘Venganza’, ‘Avenegra’, ‘Suicida’, ‘Desquite’, ‘Tarzán’, ‘Chispas’, etc.) fueron suficientemente conocidos entre los pobladores rurales que les conocieron, ya que fue en ese escenario en donde aquellos generalmente se movieron y refugiaron. Sus fotografías no solo ocuparon las páginas de la prensa local y nacional, sino que se ofrecieron recompensas cuantiosas por delatar su paradero. Contra ellos se descargó el accionar de las fuerzas militares y de policía durante los últimos años de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, y no obstante la captura o la muerte a la que muchos de ellos fueron conducidos, el país no logró sellar el capítulo de violencia en el que se hallaba inmerso.³⁵ Los acontecimientos y procesos subsiguientes así lo ratificarían.

1.3. La restauración del orden bipartidista y el resurgimiento de la lucha guerrillera

En 1958, y luego de haber vivido bajo la impronta del gobierno militar durante cinco años, el país retornaba por los fueros del régimen bipartidista. Temerosos de que el general Rojas Pinilla se perpetuara en el gobierno del Estado —como en efecto este lo había concebido—, los dirigentes liberales y conservadores decidieron limar las asperezas que antaño los habían dividido, y en su lugar optaron por cerrar filas frente a un proyecto de común interés: retomar la regencia del Estado y reencauzar el orden político a virtud de sus intereses, concepciones y propósitos políticos y burocráticos.

Bajo el liderazgo de los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez, y con la ayuda de los gremios económicos que contribuyeron a boicotear la administración y los propósitos de Rojas, liberales y conservadores lograron proscribir al general y retomar el control del Estado. La paridad burocrática en los cargos ministeriales, la alternancia partidista en el gobierno del Estado y la consensuada discusión de la política fiscal y presupuestal fueron las principales bases sobre las cuales se erigió el mentado acuerdo.

Al margen de las objeciones planteadas por otras fuerzas políticas —incluida la disidencia liberal (Movimiento Revolucionario Liberal) dirigida por Alfonso López Michelsen— y más allá de las reformas que se le hicieron a ese pacto, liberales y conservadores empezaron a tutelar nuevamente el gobierno del Estado.³⁶ Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo León Valencia (1962-1966), Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), Misael Pastrana Arango (1970-1974), Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se sucederían en la Presidencia de la República en un tiempo en que el país experimentaba una importante serie de cambios económicos y sociales.

A más del paulatino aumento poblacional, del gradual proceso de industrialización, del notorio crecimiento urbano y de la mentada ‘modernización del Estado y la economía’, durante aquellos años el país fue epicentro de la activa y creciente movilización social protagonizada por obreros, empleados públicos, sindicalistas, maestros, estudiantes, organizaciones cívicas y comunidades indígenas y afrocolombianas que, además de reivindicar el reconocimiento y la garantía de sus particulares derechos y peticiones, también demandaron la apertura del régimen político instaurado por la dirigencia bipartidista.³⁷

Fueron tiempos en que la política y la acción colectiva saltaron a las calles luego de haber estado proscritas durante tantos años, pero también fueron tiempos en que la represión oficial, efectuada al amparo del estado de sitio, se convirtió en una cuestión recurrente debido al señalamiento y a la criminalización de la que fueron objeto esos sectores sociales luego de que se les sindicara de estar asociados, o cuando menos permeados, por las organizaciones guerrilleras que había en el país.³⁸ Magra suerte fue entonces la que tuvieron esos actores sociales en su propósito de reivindicar y hacer valer sus derechos, y magra suerte fue la que tuvo el país tras la expansión del conflicto armado librado entre las fuerzas gubernamentales y las viejas y nuevas organizaciones guerrilleras que se conformaron durante aquella histórica época. Pero ¿de qué organizaciones guerrilleras se trataba?

Pues bien, se trataba de las guerrillas comunistas que habían sobrevivido al asedio y al accionar que las fuerzas militares habían desplegado en los departamentos de Cundinamarca y Tolima durante los años cincuenta y comienzos de la década de 1960, y de las nuevas organizaciones insurgentes que se habían conformado a virtud de las vicisitudes y las influencias políticas internas e internacionales. En efecto, hacia mediados de la década de 1960, y luego de haber sostenido combates durante varios años, de haber acopiado una formidable experiencia en el campo de batalla y de haber eludido la famosa ‘Operación Marquetalia’ —oficialmente llamada ‘operaciones Libertad, Soberanía y Soberanía-Gama’— que las fuerzas militares desplegaron contra sus campamentos, los guerrilleros comunistas que durante los últimos años de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960 se habían replegado hacia los departamentos del Tolima, Huila y Cauca, pasaron a una nueva fase de lucha y organización insurgente. Habiendo conformado inicialmente el autodenominado ‘Bloque Sur’ en 1964, y habiendo realizado diversas discusiones orientadas a redefinir la proyección del movimiento armado, en lo sucesivo, los insurgentes pasaron a autodenominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con una base de combatientes conformada por alrededor de 350 hombres.³⁹

Era 1966 cuando esto ocurría, y a dicha organización guerrillera se sumarían el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado entre 1964 y 1966 bajo la inspiración de la Revolución cubana; el Ejército Popular de Liberación (EPL), fundado al año siguiente bajo la inspiración de la Revolución china; el M-19, fundado en 1974 a virtud —o por lo menos con la formal y mediática excusa— del señalado fraude electoral que cuatro años atrás le había dado la Presidencia de la República al conservador Misael Pastrana; el Movimiento Armado Quintín Lame y la guerrilla del Partido Revolucionario de los Trabajadores, dos pequeñas organizaciones armadas que luego, a comienzos de la década de 1980, irían a imprimirle su particular sello a la lucha armada que se vivió en el país durante, y desde, aquellos años.⁴⁰

Aunque relativamente ‘lento’, desde su surgimiento y hasta comienzos de la década de 1980, cada una de esas organizaciones guerrilleras fue incrementando la cantidad de sus integrantes, militantes, combatientes y simpatizantes. Desde su mismo nacimiento, las FARC, por ejemplo, diseñaron un efectivo plan de organización y acción política y militar que se tradujo en la creación de nuevos frentes de combate y en una efectiva expansión territorial. Además de hacer presencia en las regiones en donde surgieron como organización de resistencia campesina (Tolima, Huila y Cauca), los insurgentes farianos expandieron sus fuerzas hacia el suroccidente del departamento del Meta y, tras realizar su tercera conferencia en 1969 (la primera se realizó en 1964 y la segunda en 1966), determinaron formar un frente guerrillero en el Magdalena Medio —extensa región situada entre los departamentos de Boyacá y Santander—, y correlativamente con tal determinación, en su cuarta conferencia realizada en 1971, decidieron crear otro frente en la región del Urabá, al noroccidente del país.

Posteriormente, y luego de haber redefinido cuestiones organizativas y de mando (quinta y sexta conferencias llevadas a cabo en 1974 y 1978), las FARC dieron un vertiginoso salto cuantitativo y cualitativo que se expresó en los planes trazados en su séptima conferencia realizada entre 1981 y 1982. A más de adoptar el calificativo Ejército del Pueblo, que desde entonces las identificaría como FARC-EP, sus dirigentes y comandantes decidieron implementar una efectiva y sofisticada estrategia político-militar: desdoblar sus frentes y hacer presencia en la mayor parte del territorio nacional. Los resultados obtenidos con dicho plan mostraron la incontestable efectividad alcanzada en esa materia. De los nueve frentes armados con que contaban hacia finales de la década de 1970, las FARC-EP pasaron a tener alrededor de 30 frentes guerrilleros al finalizar la década siguiente, y a un número cada vez mayor durante los años subsiguientes.⁴¹

El planeamiento de objetivos a largo plazo y la capacidad para convocar y vincular nuevos combatientes (no obstante que al cabo de la primera década de existencia ‘solo’ alcanzó a tener alrededor de mil hombres en armas) valiéndose de la propaganda política y de la creación de un sistema de ingresos económicos —que en su momento incluyó la imposición de gravámenes sobre los cultivos de hoja de coca que se producían en las regiones en donde aquella guerrilla operaba— fueron algunos de los determinantes factores que contribuyeron e hicieron posible la efectiva expansión territorial alcanzada por esta organización guerrillera. La premisa de que los resultados políticos perseguidos se darían en el marco de una ‘guerra popular prolongada’ y de que correlativamente a ella debía efectuarse una ‘estrategia centrífuga’ consistente en desdoblar los frentes de combate signó, pues, el accionar de esta organización insurgente desde su mismo nacimiento.⁴²

En otro escenario geográfico, pero en el mismo contexto político, surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fundado en el Magdalena Medio santandereano por estudiantes universitarios, sindicalistas, obreros y campesinos que tenían una importante trayectoria en la lucha y la agitación política en esa región, esta organización guerrillera se convirtió, por lo menos durante el primer quinquenio de su existencia, en el foco de atención del gobierno y de las fuerzas militares. Con la perpetración de un asalto armado al municipio de Simacota —población ubicada en la región meridional del departamento de Santander—, los insurgentes se dieron a conocer como movimiento guerrillero.

Fundamentado en la teoría insurreccional del foquismo y enarbolando un discurso nacionalista y antiimperialista nutrido por la propaganda y la experiencia revolucionaria cubana, el ELN se lanzó a la lucha armada persuadido de que la vanguardia revolucionaria era el movimiento armado, y que desde los campos ese movimiento debía transitar hacia las ciudades, generando la insurrección de los sectores populares. Empero, y al margen de que inicialmente hubiera cobrado cierto renombre luego de que el sacerdote Camilo Torres se vinculara a sus filas, tanto la radicalidad y divergencia con que sus mentores y dirigentes asumieron la organización, la orientación política y el régimen de disciplina interna del movimiento guerrillero, como las equivocaciones cometidas en cuanto a las acciones armadas y al encubrimiento que debían desarrollar para evitar el asedio de las fuerzas militares, llevaron a que la organización insurgente quedara virtualmente desarticulada a comienzos de la década de 1970.43

A más de las divisiones y fusilamientos perpetrados por y entre sus mismos integrantes, el ELN entró en una etapa de sistemático declive en razón de la persecución militar de la que fue objeto. Tradicionalmente conocida como la ‘Operación Anorí’ en virtud de la toponimia en donde fue consumada, hacia mediados de la década de 1970, y luego de haber desplegado un efectivo asedio sobre esa guerrilla, el accionar de varias unidades militares desembocó en un duro revés para los insurgentes. Tras la muerte de muchos de sus combatientes y tras la fragmentación de sus mandos, el Ejército de Liberación Nacional, que se había fundado una década atrás, virtualmente había fenecido. Pero, si bien es cierto que las adversidades padecidas presagiaban su total extinción, aquellas, en efecto, no sepultaron al movimiento insurgente.

Contario a ello, y luego de una permanente tarea política y social realizada en distintas regiones por parte de algunos de sus antiguos y nuevos integrantes, ese movimiento guerrillero no solo logró recomponerse, sino que inició un proceso de crecimiento y cualificación política y militar. Valiéndose del acopio de recursos provenientes de distintas fuentes, especialmente de la extorsión efectuada a las compañías petroleras que operaban en el nororiente del país, desde comienzos de la década de 1980, el ELN experimentó un notable crecimiento en cuanto a hombres y frentes de combate. Desde entonces, su radio de acción se amplió hacia Arauca, Antioquia, sur de Bolívar, Cauca, Huila, Norte de Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba y Casanare, en donde fueron establecidos los frentes Domingo Laín, Camilo Torres, José Antonio Galán, José Solano, Manuel Vásquez, Efraín Pabón, Armando Cácua, Luis Carlos Cárdenas, Capitán Parmenio, Carlos Alirio Buitrago, Seis de Diciembre, Che Guevara, Hernán Jaramillo, Los Libertadores, José Manuel Martínez, Jaime Bateman y Astolfo González.⁴⁴ Su renacimiento marcó, en efecto, un hecho de notorio significado histórico para este movimiento guerrillero.

Creado como el brazo armado del Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista, el Ejército Popular de Liberación (EPL) se convertiría en la tercera organización guerrillera que el país vio nacer en la década de 1960. Tras la realización de su X Congreso, llevado a cabo en 1965, el PC-ML se propuso iniciar la marcha hacia el socialismo mediante el fomento de una revolución democrática y mediante la lucha revolucionaria sustentada en la ‘guerra popular prolongada’. Su centro de acción se estableció en una vasta región selvática del noroccidente de Colombia y dos años después, esto es, en 1967, se formalizó la fundación del EPL con la creación de un destacamento armado que llevó por nombre ‘Francisco Garnica’ en honor a un fallecido líder de ese movimiento. Así las cosas, y no obstante las escisiones internas que se suscitaron, el EPL logró adelantar un importante trabajo político con los campesinos de la región que, al mismo tiempo, despertó la atención del gobierno y el accionar de las fuerzas militares.

Durante el año de 1968 los enfrentamientos armados fueron recurrentes y los resultados para esa organización armada fueron francamente adversos. Muchos combatientes y algunos de sus comandantes murieron tras el asedio de las fuerzas militares. Sin embargo, ello no fue óbice para que los sobrevivientes y otros hombres que se vincularon al movimiento armado continuaran desarrollando trabajo de formación y movilización política con el campesinado en distintas regiones del país. En adelante, la organización interna fue diversificándose y, a su vez, complejizándose en su accionar y en la toma de decisiones. Empero, la adopción de los lineamientos maoístas de la lucha revolucionaria acercó a unos de sus integrantes y alejó a otros. La consecuencia de tal situación fue la virtual fragmentación y un distanciamiento entre la dirigencia política del partido y la comandancia militar del EPL.⁴⁵ Esa, pues, fue la dinámica política y militar en que se mantuvo esa organización guerrillera desde que fue fundada y hasta comienzos de la década de 1980 cuando inició un proceso de integración y fortalecimiento militar que le permitió ampliar su radio de acción con sus frentes y comandos urbanos en los departamentos de Antioquia, Sucre, Santander, La Guajira, Atlántico, Nariño y la ciudad de Bogotá.⁴⁶

Catalogada como una de las organizaciones guerrilleras de ‘nueva generación’,⁴⁷ y creado a comienzos de la década de 1970, el movimiento insurgente M-19 sería la cuarta organización subversiva que surgiría en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Su surgimiento, dijimos, se suscitaría a virtud —o por lo menos con la formal y mediática excusa— del señalado fraude electoral que cuatro años atrás le había dado la Presidencia de la República al conservador Misael Pastrana cuando este compitió por la primera magistratura del Estado con el general Gustavo Rojas Pinilla, mismo que en 1953 había encabezado el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Laureano Gómez, y que ahora, enarbolando las banderas de su propio movimiento político, la Alianza Nacional Popular (Anapo), había estado cerca de alzarse con la primera magistratura del país. Tanto la contienda electoral como su resultado habían sido hechos políticamente significativos. Que un candidato formalmente desvinculado del bipartidismo figurara con posibilidades de éxito era, de suyo, una cuestión que desafiaba el monopólico poder que liberales y conservadores habían detentado como regentes del Estado, y el hecho de que los resultados electorales terminaran favoreciendo al candidato conservador luego de que los reportes de prensa y de la Registraduría Nacional dieran como favorito al candidato anapista, indicaba, en efecto, el carácter oligárquico y excluyente del régimen político impuesto por la dirigencia bipartidista.

Esta, justamente, fue la bandera de lucha que enarbolaron los fundadores e integrantes del M-19. Aun cuando algunos de ellos venían de militar en las filas de las FARC y otros en las de la Anapo,⁴⁸ aquel movimiento logró constituirse y operar de manera autónoma y con una propuesta de lucha armada propia. Sin desechar el discurso y la teoría política marxista, leninista, maoísta y castrista que las otras organizaciones insurgentes propugnaban, los dirigentes del M-19 levantaron y popularizaron un discurso reivindicador de corte nacionalista que anclaba sus raíces en el pensamiento bolivariano. De hecho, el acto simbólico con que se dieron a conocer públicamente fue, precisamente, el de sustraer la espada del Libertador que reposaba en la casa-museo Quinta de Bolívar ubicada en Bogotá (enero de 1974) y el de relievar la vigencia del pensamiento de Bolívar.

Desde entonces, y hasta comienzos de la década de 1980 cuando se generó la apertura de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Betancur, el M-19 fue, sin duda, el movimiento insurgente más popular, mediático y efectista en la exposición de sus proyectos y en la perpetración de sus acciones. Además de organizar células y comandos urbanos que operaban principalmente en Bogotá y Cali, el M-19 recurrió a la planeación y consumación de una serie de actos de enorme resonancia mediática y política. Actuando inicialmente con una postura notoriamente radical, los insurgentes del M-19 secuestraron, enjuiciaron y ejecutaron a un dirigente sindical (José Raquel Mercado), acusándolo de haber traicionado la causa y los intereses del movimiento obrero, y, posteriormente, secuestraron a un empresario de la agroindustria colombiana con el fin de exigir el reconocimiento del pliego de peticiones laborales que habían hecho los trabajadores de ese sector de la economía. Los resultados de dichos actos fueron política y socialmente contrarios al interés de los alzados en armas y ello, en efecto, influyó en el cambio de su accionar en los años venideros.

En diciembre de 1978 acometieron una de las acciones más temerarias y comentadas por la prensa y la opinión pública nacional. Luego de cavilar un sesudo plan, uno de sus comandos logró ingresar por un túnel a una de las guarniciones militares más custodiadas del ejército colombiano y sustraer más de cinco mil fusiles que, aun cuando fueron posteriormente recuperados por el ejército, mostraban el horizonte de acción y decisión que tenían los insurgentes. Posteriormente, a comienzos de 1980, otro de sus comandos protagonizó un hecho de enorme resonancia internacional. Aprovechando la realización de una reunión de diplomáticos que se llevaba a cabo en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, los insurgentes tomaron como rehenes a los diplomáticos y en tal condición los mantuvieron durante dos meses. Sus exigencias eran básicas, pero política y jurídicamente muy significativas: además de reivindicar el carácter político de su movimiento y de buscar el reconocimiento como una fuerza insurgente, en aquel momento los dirigentes del M-19 centraron sus esfuerzos en denunciar la sistemática violación de derechos humanos que estaba teniendo lugar en el país y en exigir garantías jurídicas para los guerrilleros que se hallaban detenidos en diversas cárceles colombianas.

Sus exigencias, desde luego, no eran cosa baladí. Luego de que realizaran el asalto a la guarnición militar de la que sustrajeron el mencionado armamento, las fuerzas militares y de policía habían iniciado y ejecutado una sistemática redada que culminó en la captura de muchos integrantes y simpatizantes del M-19 y en la arbitraria detención de personas que nada tenían que ver con la situación. Asímismo, y al amparo del polémico estado de sitio, y luego del Estatuto de Seguridad promulgado por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), los guerrilleros detenidos estaban siendo enjuiciados y condenados de manera sumaria y colectiva, hecho que no solamente resultaba inaudito jurídicamente, sino que iba en contra de las garantías de los derechos humanos. De acuerdo con las denuncias proferidas por varios organismos defensores de derechos humanos,⁴⁹ lo mismo que por muchos líderes políticos de izquierda, periodistas, juristas, líderes sindicales, intelectuales, escritores, artistas, académicos y estudiantes, tanto la permanente declaración del estado de sitio como la implementación del Estatuto de Seguridad no solo había conducido a una sistemática y creciente violación de los derechos humanos, sino que había llevado a una virtual militarización del país y a la institucionalización de una serie de prácticas políticas represivas elaboradas y legitimadas al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional que servía de manto ideológico para la ejecución de la guerra sucia que se llevaba a cabo contra los opositores y críticos del establecimiento.

Crítica, ciertamente, era la situación política y social que se había configurado en el país durante las dos últimas décadas, y críticos también eran los mecanismos que los actores del conflicto habían utilizado para defender sus particulares concepciones e intereses. Las guerrillas, como dijimos, no solo habían crecido en cantidad de hombres y frentes de combate, sino que se habían diversificado y sofisticado en sus maneras de proceder. El Estado, por su parte, había contestado con el fortalecimiento y el accionar judicial y militar de las fuerzas armadas, y en ello, aunque no exclusivamente, los insurgentes hallaron motivos y razones para justificar su permanencia en las armas. Sin excepción, todos los gobernantes habían destinado considerables recursos para el fortalecimiento de las fuerzas armadas, y el ejército, en particular, no solo se había fortalecido en cuanto al pie de fuerza y al número de unidades militares (batallones) creados en diversas regiones del país, sino que había acopiado una considerable experiencia en la guerra irregular luego de tantos años de confrontación armada. Así, de los 10 000 uniformados con que contaba el ejército en 1948, se pasó a 28 000 en 1952, a 36 840 en 1953, a 42 067 en 1958, a 46 644 en 1962, a 46 982 en 1966, a 50 675 en 1974 y a 68 912 en 1982.50 Durante este mismo período, se adquirieron varios helicópteros para el traslado de tropas, se modernizó parte del armamento del ejército mediante la adquisición de un arsenal de fusiles G3, se fomentó una incipiente, pero muy importante, industria militar nacional e, incluso, se adquirieron sofisticados aviones de guerra pensando en la prevención de eventuales ataques externos.⁵¹

Así las cosas, tanto las guerrillas como las fuerzas militares hicieron uso de la fuerza armada que tenían a su disposición para librar una confrontación bélica de baja intensidad, pero de grandes lecciones militares y políticas. Los enfrentamientos armados sostenidos entre las guerrillas y las fuerzas militares se habían desarrollado con sistematicidad durante la última década y media, y ello, ciertamente, era cosa de preocupación, pues esa contienda no solo seguía produciendo víctimas, sino que no daba visos de conducir a un triunfo perentorio. Tanto los insurgentes como los militares habían radicalizado su postura frente a la contienda armada y frente a los proyectos políticos que buscaban y defendían, y ello, desde luego, era un factor que limitaba las posibilidades para que se gestara una pronta solución negociada al conflicto. Sin embargo, y cuando muy pocos lo esperaban, esa posibilidad empezó a explorarse y a promoverse políticamente. En el marco de las elecciones presidenciales que se realizaron en 1982, un candidato, el conservador Belisario Betancur Cuartas, enarbolaría esa bandera y a virtud de ella sería elegido como nuevo presidente de la República. Pero ¿en qué términos se llevó a cabo esa exploración y cuáles fueron sus alcances y limitaciones? ¡Veamos!

Notas

1 Hacia 1951 el país tenía alrededor de once millones y medio de personas, y hacia finales de la década de 1990 la población había aumentado a alrededor de 40 millones. Cfr. BUSHNELL, David. Colombia. una nación a pesar de sí misma. Nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy. 17ª ed. Bogotá: Planeta, 2007. p. 443.

2 Cfr. OCAMPO, José Antonio. comp. Historia económica de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo-Siglo XXI Editores, 1991, especialmente el capítulo VII: “La consolidación del capitalismo moderno”, p. 243-336.

3 Al respecto ver Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. En: Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado (II: 2001: Bogotá).

4 Sobre la naturaleza y alcance de esos conflictos, ver LEGRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988.

5 Al respecto ver SÁNCHEZ, Gonzalo y AGUILERA, Mario. eds. Memoria de un país en guerra. Los Mil Días 1899-1902. Bogotá: Planeta, 2001.

6 Sobre el particular discurso sectario elaborado por la dirigencia política colombiana, ver los ilustrativos trabajos elaborados por PEREA, Carlos Mario. Porque la sangre es espíritu. Cultura política y violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009; ACEVEDO CARMONA, Darío. La mentalidad de las élites sobre la violencia en Colombia, 1936-1949. Bogotá: El Áncora Editores-IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, 1995.

7 Algunos autores calculan que la cantidad de muertos generados por la violencia durante aquella época osciló entre 200 y 300 000, pero oficialmente no se conoce un registro exacto de víctimas. Al respecto ver GUZMÁN CAMPOS, Germán; FALS BORDA, Orlando y UMAÑA LUNA, Eduardo. La violencia en Colombia. 2 tomos. Bogotá: Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara, S.A., 2010.

8 La llamada ‘policía chulavita’ recibió su nombre por su origen, esto es, porque eran hombres provenientes de una vereda llamada Chulavita, localizada en Boavita, municipio de Boyacá, a los cuales los dirigentes locales del Partido Conservador habían armado y adoctrinado en defensa de los intereses y los ideales del partido. Los llamados ‘pájaros’ eran también hombres armados por los mandos políticos conservadores locales y regionales del Valle del Cauca, y recibieron ese nombre en razón de la ‘rapidez’ con que actuaban al momento de cometer sus crímenes y luego fugarse. Sobre esos y otros tantos aspectos de la violencia, ver los ilustrativos trabajos realizados por GUERRERO BARÓN, Javier. Los años del olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia. 2ª ed. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2007; BETANCOURT ECHEVERRY, Darío y GARCÍA, Martha. Matones y cuadrilleros: origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, 1946-1965. Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores, 1991; ORTIZ, Carlos Miguel. Estado y subversión en Colombia: la violencia en el Quindío años 50. Bogotá: Cider-Cerec, 1985.

9 Al respecto ver la obra del coronel SIERRA OCHOA, Gustavo. Las guerrillas de los Llanos Orientales. Manizales: s. n., 1954; y el trabajo del dirigente guerrillero FRANCO ISAZA, Eduardo. Las guerrillas del Llano. Bogotá: Colección Lista Negra, 1994, ambos protagonistas directos de los hechos.

10 Según versiones expresadas en la época, tanto las desavenencias personales existentes entre el general Gustavo Rojas Pinilla y el presidente Laureano Gómez como las aspiraciones presidenciales que tenían Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño, dos de los más connotados dirigentes del Partido Conservador, se entremezclaron para consumar el golpe militar. Por una parte, se decía que el general Rojas Pinilla se había convertido en un personaje incómodo para el gobierno dada la soterrada conducta deliberante que había asumido frente a muchos temas que no eran de su jurisdicción; y, por otro lado, se afirmaba que tanto Ospina como Alzate buscaban proscribir políticamente a Gómez, ya que este no solo se había posicionado como el jefe máximo del conservatismo, sino que deseaba promover una reforma constitucional que le permitiera reelegirse en la Presidencia de la República. Al respecto ver TIRADO MEJÍA, Álvaro. Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio. En: Nueva historia de Colombia. Vol. II. Bogotá: Planeta, 1989. p. 105-126.

11 Discurso pronunciado por el general Gustavo Rojas Pinilla al tomar posesión de la Presidencia de la República el 13 de junio de 1953. En: VALENCIA BENAVIDES, Hernán. comp. Discursos y mensajes de posesión presidencial. Volumen VII, tomo II. Bogotá: Colección Presidencia de la República, Administración Turbay Ayala, 1983. p 236.

12 Al respecto ver PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. La profesionalización militar en Colombia (II): el período de La Violencia”. En: Análisis Político. Septiembre-diciembre, 1987. no. 2, p. 25 y ss.; RUIZ NOVOA, Alberto. Enseñanzas de la campaña de Corea aplicables al ejército de Colombia. Bogotá: Antares Editores, 1956.

13 Mensaje publicado en el Diario Oficial el día 22 de agosto de 1953, citado en RAMSEY, Russell W. Guerrilleros y soldados. 1ª ed. en español. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1981. p. 220.

14 Cfr. TIRADO MEJÍA, op. cit., p. 113 y ss.

15 Aunque los hombres que las conformaban tenían ideas y propósitos comunes, hasta tiempos recientes los guerrilleros habían actuado de manera considerablemente fragmentada, guiados no por un orgánico y unificado plan de acción política y militar, sino por las consideraciones que a ese respecto tenían sus respectivos jefes.

16 Cfr. SÁNCHEZ, Gonzalo. Ensayos de historia social y política del siglo xx. Bogotá: El Áncora Editores, 1985. p. 252-253.

17 GUZMÁN CAMPOS, FALS BORDA y UMAÑA LUNA, op. cit., p. 117 y ss.

18 Sobre el proceso de tecnificación y adoctrinamiento recibido por las fuerzas militares colombianas durante aquella época, ver RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Saúl Mauricio. La influencia de los Estados Unidos en el Ejército colombiano, 1951-1959. Medellín: La Carreta Editores-Universidad Nacional de Colombia, 2006.

19 Al respecto ver el testimonio de MARULANDA VÉLEZ, Manuel. Cuadernos de campaña [en línea], [citado en 2016-11]. Disponible en internet: <p. 26 y ss.

20 Al respecto ver SÁNCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora Editores, 2002.

21 Las llamadas ‘guerrillas de paz’ estaban integradas por antiguos guerrilleros, hombres civiles de la región y en algunas ocasiones por miembros de la policía y/o el ejército que las comandaban y entrenaban para la lucha contraguerrillera.

22 Ver SÁNCHEZ, Ensayos de historia social y política del siglo XX, op. cit., p. 270 y ss.

23 Sobre la lucha armada desarrollada en Villarrica, ver APRILE, Jacques. La crónica de Villarrica [Biblioteca Virtual], [citado en 2016-11]. Disponible en internet: <

24 Cfr. TIRADO MEJÍA, op. cit., p. 111.

25 Ver PIZARRO LEONGÓMEZ, La profesionalización militar en Colombia, op. cit., p. 25 y ss.

26 Ni las fuentes militares ni los testimonios de los guerrilleros dan cuenta fehaciente del número de combatientes que tenía en aquel momento la guerrilla.

27 RAMSEY, op. cit., p. 237 y ss.

28 Cfr. ibid., p. 245 y ss.

29 Cfr. RUIZ NOVOA, op. cit., p. 336 y ss.

30 Testimonio de Manuel Álvarez, ‘Charro Negro’. En: APRILE, op. cit., p. 111 y ss.

31 Testimonio del general Álvaro Valencia Tovar. En: ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Bogotá: Planeta, 1985. p. 181-185.

32 Testimonio de Manuel Álvarez, ‘Charro Negro’. En: APRILE, op. cit., p. 110 y ss.

33 Aun cuando no hay cifras exactas sobre el número de víctimas que dejó esa serie de enfrentamientos, algunos historiadores indican que el ejército le causó la muerte a cerca de 200 campesinos señalados de ser guerrilleros. Ver SÁNCHEZ, Gonzalo. Violencia, guerrillas y estructuras agrarias. En: Nueva Historia de Colombia, op. cit., p. 140 y ss.

34 Testimonio de ‘Baltasar Garzón’. En: APRILE, op. cit., p. 23 y ss.

35 Con respecto a ese histórico fenómeno social y político, ver el clásico trabajo de SÁNCHEZ y MEERTENS, op. cit.

36 Para detalles más específicos del acuerdo y de la gestión gubernamental adelantada por esos hombres, ver HARTLYN, Jonathan. La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores-Ediciones Uniandes-CEI, 1988.

37 Cfr. ARCHILA NEIRA, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1953-1990. Bogotá: IEPRI-Cinep, 2003.

38 Al respecto ver GALLÓN, Gustavo. Quince años de estado de sitio en Colombia, 1958-1978. Bogotá: Editorial América Latina, 1978.

39 Cfr. ARENAS, Jacobo. Diario de la resistencia de Marquetalia. 3ª ed. Montañas de Colombia: Bloque José María Córdoba, Bloque Caribe, FARC-EP, 2001.

40 Para más detalles sobre el origen y trasegar de esas organizaciones guerrilleras, ver PIZARRO, Eduardo. La insurgencia armada: raíces y perspectivas. En: SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo. eds. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Medellín: La Carreta, 2007.

41 Cfr. ECHANDÍA, Camilo. La expansión territorial de las guerrillas colombianas. En: DEAS, Malcolm y LLORENTE, María Victoria. comps. Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá: Cerec-Uniandes-Norma, 1999. p. 99 y ss.

42 Cfr. PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En: Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: IEPRI-Norma, 2005. p. 175.

43 Cfr. AGUILERA PEÑA, Mario. ELN: entre las armas y la política. En: Nuestra guerra sin nombre, ibid. p. 209 y ss.

44 Cfr. ECHANDÍA, op. cit., p. 110 y ss.

45 Cfr. VILLAMIZAR, Darío. Un adiós a la guerra. memoria histórica de los procesos de paz en Colombia. Bogotá: Planeta, 1997. p. 63 y ss.

46 Cfr. ECHANDÍA, op. cit., p. 118 y ss.

47 La categorización de guerrillas de primera y segunda generación alude al momento y a las banderas ideológicas y doctrinarias que enarbolaron y promovieron, por una parte, las primeras guerrillas que se organizaron durante la década de 1960 —FARC, ELN y EPL—, y, por otro lado, a las organizaciones insurgentes que surgieron en las décadas de 1970 y 1980 amparadas en nuevos discursos y referentes políticos —M-19, Quintín Lame, PRT—.

48 Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Luis Otero, Carlos Pizarro en el primero de los casos, y Carlos Toledo, Israel Santamaría y Andrés Almaráles en el segundo. Cfr. VILLAMIZAR, op. cit., p. 51.

49 Especialmente Amnistía Internacional y la Procuraduría General de la Nación.

50 Cfr. SANTOS PICO, Manuel José. Historia militar del Ejército de Colombia. Bogotá: Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2007. p. 282. Las cifras incluyen el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles adscritos al ejército.

51 Ver GRANADA, Camilo. La evolución del gasto en seguridad y defensa en Colombia, 1950-1994. En: DEAS y LLORENTE, op. cit., p. 537 y ss.

Capítulo 2
En camino hacia los procesos de diálogo

Luego de que el general Gustavo Rojas Pinilla hubiera promovido una política de desarme y desarticulación de las organizaciones guerrilleras que se habían conformado en los Llanos del Meta y Casanare, y de las que se habían organizado como resistencia campesina en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, el país no había vuelto a presenciar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y los alzados en armas que permitiera alcanzar esa esquiva paz que anhelaban los colombianos. Contrario a ello, durante las décadas de 1960 y 1970, tanto el gobierno colombiano como las guerrillas habían procedido con una lógica similar, esto es, el fortalecimiento militar y el sostenimiento de la confrontación armada. La virtual derrota militar propinada al ELN durante la década de 1970 había convencido al establecimiento de sus posibilidades de hacer lo mismo con las demás organizaciones insurgentes, y estas, a su vez, habían avanzado en un proceso de cualificación y cuantificación de sus frentes de guerra.

Sin embargo, y en tanto que la creciente escalada de acciones armadas solo había conducido a una agudización del conflicto, a comienzos de la década de 1980 el gobierno colombiano se vio obligado a prestarle especial atención al asunto, y, en consecuencia, a buscarle una pronta solución. Aunque el diálogo fue la herramienta y la negociación el propósito, dicha empresa no tendría el éxito esperado. La oposición política, el discurso sectario y la guerra sucia saltaron de un lado para impedir, o para estropear, las negociaciones, y la falta de real y mutuo compromiso para cumplir los acuerdos hicieron que las partes entraran en una fase de permanente y recíproca desconfianza y descalificación política. Sustentar esta afirmación recurriendo a la descripción y el análisis de las vicisitudes que tuvo ese proceso es, pues, el objetivo del presente capítulo.

2.1. La paz como bandera política

El 30 de mayo de 1982, y luego de haber adelantado una activa gira nacional mediante la cual publicitó su campaña política, el abogado antioqueño Belisario Betancur Cuartas fue elegido presidente de la República de Colombia. Aunque la abstención electoral había sido alta, ello no impidió que aquel político conservador lograra sacarle una considerable ventaja a su principal contendiente: 3 189 278 sufragios fueron emitidos a su nombre frente a los 2 797 627 votos que se emitieron a favor del liberal Alfonso López Michelsen. Su elección constituía un hecho significativo para aquel hombre, pues luego de haber competido en tres oportunidades por la obtención de ese honroso cargo, Betancur por fin llegaba a ocupar la primera magistratura del Estado.1 La celebración de los conservadores, como era de esperarse, no se hizo esperar. La prensa nacional editorializó en extensas páginas la victoria política de Betancur y los elogios proferidos en su nombre llovieron por doquier. Los conservadores, por obvias razones, exaltaron su nombre y trayectoria política, y los liberales, que esperaban seguir disfrutando de las mieles de la burocracia bipartidista, no tuvieron problema alguno al momento de reconocer el triunfo de su adversario.

Pero el festejo sería de corta duración. La desbordante y crítica situación política, económica y social en la que se hallaba sumergido el país no era cosa que pudiera celebrarse. El descontento ciudadano que se manifestaba contra un pétreo régimen político bipartidista, desprestigiado, por demás, por su señalado carácter represivo y excluyente, compaginaba con el pululante descontento social que se había generado a raíz de los altos índices inflacionarios y de las crecientes tasas de pobreza e indigencia que había en el país. Como si fuera poco, la histórica confrontación armada que desde la década de 1960 sostenían las organizaciones guerrilleras contra el establecimiento colombiano no solo se había radicalizado, sino que se había expandido hacia buena parte del territorio nacional. Además de las extensas zonas rurales en que las FARC, el ELN y el EPL hacían presencia,2 el M-19 había extendido una red de milicias en varias ciudades del país y realizado una resonante ola de sabotajes en Bogotá.

En ese contexto, y a virtud de lo que había planteado durante la campaña electoral, en su discurso de posesión presidencial el nuevo mandatario trazó el horizonte de lo que iba a ser su principal proyecto político: la apertura de un proceso de diálogo y negociación con los alzados en armas que condujera a la consecución de la paz:

Levanto, ante el pueblo entero de Colombia, una alta y blanca bandera de paz; la levanto ante los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados en armas, levanto la blanca bandera de la paz ante mis compatriotas de todos los partidos y de los sin partido, de todas las regiones y de todas las procedencias.

[…] Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro, porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional!3

Sin embargo, y a pesar de la favorable atmósfera de paz y reconciliación que el presidente Betancur logró construir a partir de sus elocuentes, floridos y persuasivos discursos,4 y no obstante la pronta y positiva respuesta que los comandantes guerrilleros le dieron al llamado presidencial, la apertura, el desarrollo y el desenlace de los diálogos de paz con las organizaciones insurgentes estarían atravesados por una compleja serie de dificultades. A las controversias que inicialmente se presentaron a propósito de la determinación de los lugares en los que debía darse el encuentro de los negociadores y en los que debían instalarse las mesas de diálogo, se sumaron los impasses acaecidos a raíz de las polémicas e intransigentes posturas asumidas y expresadas por los distintos sectores políticos, sociales e institucionales que no estuvieron de acuerdo con el indulto, la amnistía, la tregua y la cesación de fuego que el gobierno concedió y pactó con los insurgentes.

A propósito de la tensa y preocupante situación social y humanitaria que existía en el país, signada por el creciente número de atentados, confrontaciones armadas, asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, persecuciones e intimidaciones ejecutadas tanto por las distintas organizaciones guerrilleras como por las diversas organizaciones criminales, paraestatales y paramilitares que actuaban al margen de la ley, y en muchos casos con la complicidad de varios miembros y organismos de seguridad estatales, el nuevo gobierno se manifestó abierta y decididamente en favor de la promoción y proyección de un proceso de diálogo de paz con la insurgencia, esperando que este fuera más allá de lo que en esa misma materia se habían propuesto hacer los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982).

Según lo mencionó en su discurso de posesión y en las sucesivas manifestaciones públicas que realizó en distintas regiones del país durante los primeros años de su administración, la apertura de los diálogos de paz con las organizaciones guerrilleras debía ser entendida como una oportunidad para alcanzar la reconciliación nacional y como un mecanismo a partir del cual podría promoverse la ampliación de la democracia, la garantía de los derechos de los ciudadanos y el fomento del desarrollo económico nacional. Se trataba, según su parecer, de una oportunidad para superar los estrechos marcos de la democracia electoral y para redefinir las excluyentes relaciones políticas, sociales y económicas que tanto afectaban a la nación y que habían conducido a un creciente distanciamiento entre el régimen político y los ciudadanos.

Consecuente con esa postura, y comprometido con la empresa de ‘pacificación nacional’, Betancur empezó a preparar el camino legal e institucional, gestionando ante el Congreso de la República una ley de amnistía e indulto, no solo porque así lo esperaban los insurgentes y porque ella era una de las herramientas fundamentales y necesarias para iniciar la negociación, sino porque la liberación de la considerable cantidad de insurgentes detenidos y conminados en las cárceles colombianas era la más idónea e inteligente carta de presentación con que el presidente podía publicitar y legitimar su propuesta y su voluntad de paz ante las organizaciones subversivas. De igual manera, Betancur decidió crear una Comisión de Paz, presidida en principio por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y, posteriormente, por el abogado Otto Morales Benítez, a la cual se le encargó un amplio conjunto de tareas encaminadas a establecer contacto y diálogo con los subversivos, y a impulsar y legitimar la política social del gobierno mediante el diseño de distintos programas orientados a promover el desarrollo económico y la integración social en las distintas regiones del país.5

Al tiempo que el gobierno se ocupaba de impulsar las medidas antes señaladas, las distintas organizaciones guerrilleras también fueron dando a conocer sus concepciones frente a las condiciones y los propósitos de las eventuales negociaciones. Para Jaime Bateman Cayón, comandante del M-19, el diálogo no podía iniciarse mientras el gobierno y los sectores militaristas del país siguieran expresando públicamente que la insurgencia estaba derrotada y que los guerrilleros no tenían otra salida que deponer y entregar sus armas y aceptar los términos que impusiera el Estado. A su juicio, y de acuerdo con los objetivos político-militares de esa organización subversiva, antes de discutir el desarme y la desmovilización de los insurgentes, el diálogo debía empezar debatiendo las causas de la lamentable situación social por la que atravesaba el país y los mecanismos y acciones concretas que debían implementarse para solucionar los problemas fundamentales que padecía el pueblo colombiano, discutiendo, al mismo tiempo, la manera de fomentar y establecer la apertura democrática y el aseguramiento de las libertades públicas de los ciudadanos.6

Por su parte, y como en repetidas ocasiones lo habían manifestado, los principales comandantes de las FARC adujeron que la apertura de diálogos tampoco tenía como fin principal el desarme o la desmovilización, sino la creación de las condiciones necesarias para la implementación de las estrategias y mecanismos que hicieran posible los cambios sociales, políticos y económicos de orden estructural que la sociedad colombiana demandaba. De acuerdo con sus planteamientos, los parámetros y los elementos constitutivos de una eventual negociación de paz debían ampararse en la proscripción del estado de sitio, la derogación del Estatuto de Seguridad, el replanteamiento de la denominada Seguridad Nacional, la recuperación de la autonomía y la soberanía nacional, la promoción y fomento de la reforma agraria, el ajuste de salarios de los trabajadores, las garantías de la seguridad social y todos los demás aspectos que condujeran al establecimiento de un régimen realmente democrático.7

Pero no obstante las divergencias suscitadas, el proceso de diálogo empezó a encauzarse desde que el gobierno y el Congreso de la República expidieron y sancionaron la Ley de Amnistía (Ley 35 del 19 de noviembre de 1982), mediante la cual se concedía

amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos con anterioridad a su expedición, tipificados, según el Código Penal, como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos, exceptuando de dicha medida los homicidios cometidos fuera de combate y llevados a cabo con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación.8

Muchas y muy vehementes críticas recibiría el gobierno por la expedición de dicha medida, pero a ella, ciertamente, se acogerían centenares de guerrilleros de las FARC, del ELN, del EPL y, especialmente, del M-19, que se hallaban detenidos. Además de los ‘mensajes de paz’ que enviaba el gobierno con la expedición de dicha medida, su propósito era el de comprometer políticamente a las organizaciones guerrilleras para que dieran muestras de voluntad de diálogo y para que iniciaran una pronta y efectiva negociación de paz.

La respuesta no se hizo esperar. Con la expedición de un comunicado conjunto elaborado por las FARC-EP y los voceros de la Comisión de Paz del gobierno, los insurgentes expresaron su satisfacción con la postura pacifista y negociadora que el presidente Betancur había asumido,9 con la sanción de la Ley de Amnistía y con los propósitos con que se había conformado la Comisión de Paz,10 y manifestaron sus opiniones sobre la eventual y pronta participación que los altos mandos militares debían tener en las mesas de diálogo. A su juicio, dicha participación debía contribuir a armonizar las conversaciones y a afianzar la voluntad y el compromiso de paz que conjuntamente debían expresar los combatientes de la guerrilla y del Estado.11

Según lo señalado por la comandancia de las FARC-EP, la participación de los mandos militares colombianos en la negociación era determinante para asegurar que los pactos firmados entre las partes, y especialmente el de un eventual cese al fuego y el de la tregua, fueran acogidos, cumplidos y respetados por las fuerzas armadas, ya que hasta el momento los militares no solo habían mantenido una actitud ofensiva contra las organizaciones subversivas que se hallaban en proceso de iniciar la negociación, sino que se mostraban abiertamente reacios a aceptar los despejes de las zonas que las guerrillas solicitaban para efectuar las reuniones con los emisarios del gobierno.12

El asunto, desde luego, revestiría mucha controversia. En contraste con lo planteado por los comandantes y voceros de las FARC, los miembros de la Comisión de Paz se manifestaron en rotunda oposición argumentando que los uniformados debían mantenerse al margen de una discusión que, por su naturaleza política, estaba constitucionalmente proscrita para los militares.13 El hecho, ciertamente, no pasó a mayores, pero sí dio cuenta de las desavenencias que había con respecto a ese tema y de las que también se suscitaron con respecto al cese del fuego.

Sobre esta última cuestión, el Estado Mayor de las FARC-EP hizo una singular propuesta. A su juicio, el cese al fuego debía ser declarado simultáneamente por las partes, lo mismo que por cuenta de las demás organizaciones guerrilleras que a bien tuvieran sumarse a ese esfuerzo. Esa medida, adujeron, debía estar acompañada por la formación de comisiones integradas por miembros del gobierno y las guerrillas con el ánimo de verificar el cumplimiento de los acuerdos que fueran pactándose. Asimismo, los insurgentes argumentaron que tanto la creación como la instalación de las comisiones debían contar con un tiempo prudente a fin de verificar el cumplimiento del cese al fuego para posteriormente dar curso a la firma de la tregua. Los guerrilleros creían que la tregua debía ser concebida como el retorno de los militares a sus cuarteles y como la conversión de las organizaciones guerrilleras en movimientos agrarios y de autodefensa. Enfatizaron, de igual manera, en la necesidad de acordar los términos en los que debía fomentarse la apertura democrática, la reforma agraria y las demás medidas orientadas a resolver los problemas sociales que aquejaban a la sociedad colombiana.14

Los criterios de la negociación estaban, pues, formalmente planteados, y a virtud de ellos debía girar el diálogo. Sin embargo, y según lo denunciaron los miembros de las FARC-EP y los propios integrantes de la Comisión de Paz, el inicio de las conversaciones tendría que sortear varios y trascendentales escollos. Para empezar, era preciso sobreponerse a las sectarias críticas que los opositores políticos del gobierno habían comenzado a fomentar con el propósito de desacreditar la política de paz impulsada por el presidente Betancur, y, por otro lado, era necesario ‘sortear’ la negligencia que algunos altos mandos militares habían asumido con respecto a la desmilitarización de las zonas en las que debían llevarse a cabo los encuentros entre los delegados del gobierno y la guerrilla. La situación, pues, parecía marchar en contra de lo que esperaban los negociadores y el tiempo se encargaría de ratificar los temores que aquellos habían incubado.

Por una parte, y en un momento en el que diversos sectores políticos y sociales propugnaban por la promoción de reformas políticas e institucionales que condujeran a la apertura política y electoral y a la descentralización administrativa, gamonales, ‘caciques’ y líderes políticos regionales profirieron una sectaria ola de críticas contra el presidente y su política de paz, aduciendo que con ella aquel estaba abriendo el camino para que los insurgentes se hicieran con el poder político y administrativo en diversas regiones y departamentos del país. Por otro lado, muchos militares consideraron que, con la aprobación e implementación de la Ley de Amnistía, el gobierno desconocía y despreciaba el esfuerzo que los uniformados habían realizado con el ánimo de detener el avance de la subversión.

La animadversión expresada por aquellos grupos de interés desembocaría en una de las más nefastas experiencias que el país tuviera que afrontar: la configuración, expansión y consolidación del paramilitarismo, esa funesta estrategia contrainsurgente que prontamente descargó su delictivo y desmedido proceder contra líderes políticos de izquierda, sindicalistas, dirigentes populares, estudiantes, educadores y otros tantos grupos sociales y políticos bajo el argumento de que simpatizaban con la insurgencia.15 Con semejante situación de por medio, y con el creciente inconformismo expresado por diversos sectores políticos, económicos y gremiales, lo mismo que por los militares y simpatizantes del estamento castrense, el proceso de diálogo no avizoraba posibilidades de éxito. Las declaraciones proferidas en contra del indulto y la amnistía así lo ratificaban.

2.2. Las tensiones frente al indulto y la amnistía

Aun cuando la comandancia de las fuerzas armadas, en cabeza de los generales Fernando Landazábal Reyes y Bernardo Lema Henao, pública y formalmente se había manifestado en favor del proceso de diálogo,16 y no obstante que estos mismos generales mostraron cierta simpatía con que en la Comisión de Paz participaran los generales retirados Gerardo Ayerbe Chaux y Guillermo Pinzón Caicedo, dicha postura paulatinamente fue matizándose durante los meses y años que siguieron a la apertura y al desarrollo del proceso de negociación. En virtud de la amnistía, de la tregua pactada con las insurgencias, de las investigaciones y los señalamientos que se suscitaron contra miembros de la fuerza pública por la comisión de delitos violatorios de los derechos humanos, y, sobre todo, en razón de las dinámicas que asumió la confrontación armada durante aquellos años, los militares fueron radicalizando su postura y sus opiniones frente al diálogo de paz. La consecuencia de tal situación no tardó en manifestarse: tanto las guerrillas como las fuerzas militares arreciaron sus acciones armadas y la confianza entre las partes negociadoras fue minándose sin posibilidad de solución.

Aduciendo que los guerrilleros habían aprovechado la amnistía para fortalecerse militarmente, los uniformados empezaron a asumir una postura cada vez más deliberante. Por una parte, instaron al presidente a que tomara la iniciativa política a fin de reorientar los diálogos para evitar que la insurgencia siguiera usufructuando réditos políticos y militares a costa de la negociación. A su juicio, el presidente no debía permitir que la amnistía fuera utilizada por los insurgentes para configurar algún tipo de estrategia que facilitara y acelerara sus propósitos de tomar el poder político por medios distintos a los establecidos en el sistema electoral colombiano. Adujeron, igualmente, que Betancur debía circunscribir los beneficios de la amnistía solamente a delitos políticos y lo instaron a no ceder ante la insurgencia cuando “la estabilidad del Estado y los intereses nacionales se vieran comprometidos”. Lo persuadieron, igualmente, para que se asegurara de que quienes no se sometieran a la amnistía fueran objeto de la acción militar por parte de las fuerzas del Estado y le instaron a que no accediera a negociación alguna que comprometiera el prestigio y la institucionalidad de las fuerzas armadas. A su parecer, cualquier reforma que pretendiera establecerse con respecto a la institución castrense debía circunscribirse exclusivamente a la normatividad constitucional y a las reglas ya establecidas en el código de justicia penal militar.17

La posición de los militares frente a la manera como estaba llevándose a cabo el diálogo de paz estaba, pues, fijada. Sus críticas frente a tal situación continuarían manifestándose y tornándose cada vez más incisivas. A más de indicar que su lucha continuaría en los campos de batalla, los militares adujeron que ahora también debían librar una guerra jurídica en virtud del señalamiento y las denuncias que varios medios de comunicación, Amnistía Internacional y la Procuraduría General de la Nación habían estado realizando ante la señalada complicidad que varios militares —activos y retirados— tenían en la comisión de varios delitos que el autodenominado grupo Muerte a Secuestradores (MAS)18 había perpetrado durante los últimos meses en los departamentos de Antioquia, Santander, Huila y Valle del Cauca.19

Como era de esperarse, los militares desmintieron esas sindicaciones.20 Tanto el comandante de las fuerzas militares, general Gustavo Matamoros D’Costa, como el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, se pronunciaron categóricamente. Señalaron que esas acusaciones eran obra de la campaña de desprestigio que algunos sectores de la izquierda colombiana estaban orquestando contra los uniformados a fin de enlodar el buen nombre de la institución castrense. El “espíritu de cuerpo y el cierre de filas”, junto con el respaldo recibido por parte de los gremios económicos,21 fueron expresados con contundencia. Además de indicar que todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías donarían un día de su salario para atender la defensa de los implicados, los comandantes de las fuerzas armadas dijeron que los generales y almirantes actuarían como defensores de los sindicados.22

El asunto, en efecto, revestía enorme trascendencia y aparejaría considerables consecuencias. Por una parte, resultaba realmente significativo que por primera vez decenas de militares activos fueran inculpados por la comisión de diversos delitos, y, sobre todo, por el señalado vínculo que sostenían con el MAS. Por otra parte, y en tanto que el informe producido por la Procuraduría se había efectuado a petición del presidente de la República, los militares buscaron responsabilizar a Betancur por el agravamiento del orden público y por la expansión de la criminalidad que estaba presentándose en distintas regiones del país. Adujeron que el clima de violencia e inseguridad que se vivía en el país no obedecía a la incapacidad de las fuerzas militares, sino a la decisión de suprimir el Estatuto de Seguridad y el estado de sitio que en otros tiempos había sido de enorme efectividad para combatir la inseguridad y la violencia que las organizaciones guerrilleras generaban con su accionar criminal y bandoleril.23

Un manifiesto e inocultable clima de animadversión se había suscitado entre el gobierno y los militares. Aduciendo que la amnistía solamente había servido para satisfacer los intereses y objetivos de los guerrilleros, el general Landazábal Reyes no solo continuó criticando dicha situación, sino que hizo un llamado para que la sociedad colombiana y los distintos grupos políticos y económicos del país proporcionaran el apoyo que los militares requirieran cuando tuvieran que proceder para asegurar la estabilidad, la tranquilidad y el orden interno nacional amenazados, según su criterio, por el accionar y los propósitos políticos de la subversión. A propósito de un homenaje rendido por la organización Ardila Lülle a las Fuerzas Militares, el citado general señaló:

Ante el rechazo a la paz, frente al chantaje que se les hace a las autoridades y a la sociedad entera, con la persistencia de la extorsión, el secuestro, el asesinato y el crimen en campos y ciudades, el proceso de cambio se detiene y con él tiene que modificarse la postura magnánima del legislador de ayer [la del presidente de la República] para asumir la imagen severa del custodio del orden social establecido [las fuerzas armadas] […]. Tremenda equivocación cometerían quienes trataran buscar acomodarse dentro de la opinión, con un modus vivendi con la subversión, pues se estaría entregando la vigencia de los principios democráticos y representativos, la motivación de las aspiraciones de libertad de nuestras gentes y se asumiría la pobre postura de tratar de compartir con los enemigos del orden, lo que por legítimo derecho y por sagrado deber tiene que preservar todo colombiano. Esa la razón por la cual las fuerzas armadas continuarán el cumplimiento de su misión y no se dejarán disuadir por la tendencia de quienes quieren verlas en la orilla opuesta rindiendo en el paso del río las insignias de su honor y la banderas de su dignidad.24

Aferrándose a sus convicciones, los militares pasaron de los ‘mensajes cifrados’, mediante los cuales habían expresado su inconformidad,25 a la radicalización de su posición frente a la política de paz implementada por el gobierno del presidente Betancur. Así lo hizo, por ejemplo, el general Bernardo Lema Henao. A su juicio, ante la continuidad de las acciones violentas ejecutadas por la guerrilla “no se [podía] continuar con esa amnistía de bandoleros que matan y secuestran y que luego, tranquilamente, se acogen a esa ley para luego buscar nuevamente reincorporarse a la lucha armada”.26 Las opiniones y declaraciones proferidas por los militares habían asumido un tono tan deliberativo que al presidente Betancur no le quedó otra opción que salirles al paso. Su diplomática y persuasiva estrategia consistió en recordarles el carácter subordinado y apolítico que debían tener frente al gobierno y el apego irrestricto que debían mantener frente a las leyes y a las instituciones establecidas:

Ante el mundo podemos presentarnos como una de las más antiguas y firmes repúblicas: “tierra estéril para las dictaduras” y “fecunda para la democracia” porque la supremacía está en la norma y nadie puede sobrepasarla. Ninguno de los tres poderes puede invadir los linderos de cualquiera de los otros, pues se estaría colocando al margen de la juridicidad. Y tampoco puede exceder sus propias limitaciones constitucionales: es bien sabido que el funcionario público sólo puede hacer aquello que le permite la norma escrita y no más, bajo ningún pretexto. El país reposa tranquilo en el profesionalismo de las fuerzas armadas, en su identidad con el pueblo raso, al cual le está llevando progreso mediante los comandos de desarrollo […] El pueblo las mira con respeto y sabe que son garantía de rectitud y de profesionalismo, que son su apoyo, que son amigos suyos. El gobierno tiene fe y esperanza de su accionar en la búsqueda inminente de la paz, en el mantenimiento del orden, en la defensa del Estado de derecho.27

Mensajes fueron y mensajes vinieron. Las elaboradas disertaciones y declaraciones que Betancur paulatinamente pronunciaba con respecto al lugar, a la posición y al papel que las fuerzas armadas debían ocupar y cumplir dentro del marco del régimen político y democrático del Estado colombiano se publicitaban por doquier en la prensa nacional. Las manifestaciones de lealtad y subordinación que los militares le expresaban al primer mandatario también ocupaban las páginas de los periódicos.28 Empero, ello no fue óbice para que la cúpula militar continuara expresando sus reparos frente al proceso de diálogo y para que reafirmara su postura cada vez que se hacían públicas las denuncias que venían profiriéndose contra militares activos por la señalada comisión de graves delitos violatorios de los derechos humanos.

El asunto, desde luego, era de suma relevancia. Mientras que varios organismos estatales y no gubernamentales indicaban que decenas de militares debían ser investigados por el asesinato de más de 150 civiles, por la desaparición forzada de más de una decena de personas y por la connivencia que tenían con las organizaciones paramilitares que operaban en la región del Magdalena Medio,29 los altos mandos militares insistían en la necesidad de desenmascarar a las organizaciones guerrilleras a fin de mostrar que sus propósitos no estaban orientados hacia la consecución de la paz, sino que se orientaban a poner en entredicho la legalidad y la legitimidad de la institución castrense.30

Los ánimos se caldearon y en sus opiniones los militares fueron mucho más allá de lo que les estaba permitido. Siendo quizá la más polémica de sus declaraciones, el general Landazábal señaló que, al amparo de la misión institucional que las fuerzas militares estaban llamadas a cumplir, “el país tenía que acostumbrarse a escuchar a sus generales”,31 y cosa similar expresaría el general Matamoros al indicar que, al margen de los alcances que tuviera la Comisión de Paz en la consecución de sus propósitos, las fuerzas armadas mantendrían una acción decidida frente a la subversión, amparándose en los principios legales e institucionales que los uniformados defendían.32 La copa se rebosó y, al margen de las interpretaciones y opiniones que la prensa, los sectores políticos, los dirigentes gremiales y los militares retirados les dieron a las citadas declaraciones,33 lo señalado por el general Landazábal desembocó en su llamado a calificar servicios. Más allá de reconocerle sus méritos y su labor como militar y como ministro de Defensa,34 el propio presidente Betancur se encargó de consumar su destitución.

En un enfático discurso pronunciado ante el Consejo Nacional de Seguridad, Betancur enfatizó en el carácter apolítico y no deliberante que debían tener las Fuerzas Armadas y destacó, en clara crítica a la actitud asumida por el polémico general, que, gracias a la fortaleza democrática y republicana que históricamente había tenido el sistema político colombiano, en el país no había lugar para la instauración de gobiernos totalitarios o autoritarios que solo servían para cometer abusos de poder en aras de satisfacer los particulares intereses de determinados grupos de poder: “No se acomoda a nuestra tradición, ni corresponde a los anhelos de nuestro pueblo un esquema que, alimentado por ideologismo simplistas, a la hora de la verdad exalta el abuso de poder en detrimento de los derechos ciudadanos. De igual estirpe que la dictadura, el autoritarismo se identifica por ello a través de la versátil piel de camaleón que suele vestirle por temporadas los intereses de grupo”.35

Pero la salida del general Landazábal y la renovación de la cúpula castrense36 no significarían, en modo alguno, que los militares dejaran de manifestar sus consideraciones frente al proceso de paz. En contraste con la visión y la postura que el presidente tenía y asumía frente a los diálogos,37 el nuevo ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros, indicaría que, ante la ola de violencia desatada por los guerrilleros, la amnistía concedida a los insurgentes ya no tenía vigencia y que un eventual indulto para los guerrilleros no tenía asidero alguno en razón de la conducta criminal que aquellos habían asumido contra la sociedad colombiana.38

Consecuente con esa postura, en lo sucesivo, y a propósito de las acciones armadas adelantadas por las organizaciones guerrilleras, el general Matamoros, lo mismo que varios altos oficiales retirados, continuaría pronunciándose enfáticamente sobre las negociaciones. Como también lo había hecho su antecesor, Matamoros consideraba que la amnistía y la tregua solo habían servido para satisfacer los deseos de la guerrilla. A su parecer, como también en opinión del general Vega Uribe, el gobierno no debía pactar treguas con unos “delincuentes que únicamente estaban empeñados en desplegar su furia contra las fuerzas armadas y contra la población civil”.39

Tiempos difíciles transcurrían para el proceso de diálogo de paz y a cada tanto los militares, los políticos, los gremios económicos y hasta los diplomáticos encontraban nuevos y persuasivos motivos para expresar su oposición a la amnistía, a la tregua y a la negociación en general. Además de sindicarlas de cometer toda clase de delitos conexos con el terrorismo, la extorsión, el robo de ganado y el asalto a entidades bancarias, las guerrillas empezaron a ser señaladas y responsabilizadas de dos delitos de gran impacto social y político: el secuestro y el narcotráfico. Fue esa, en efecto, la más resonante y publicitada denuncia proferida por el Ministerio de Defensa, por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, y por otros tantos funcionarios del Estado colombiano.

Desde entonces, los calificativos de secuestradores y narcoguerrilleros40 no solo se utilizarían estratégicamente para desvirtuar el carácter político que las insurgencias reivindicaban y reclamaban para sí, sino que se convertirían en dos poderosos argumentos que habrían de servir para confrontarlas por todos los medios.41 Con semejantes denuncias, sindicaciones y oposiciones de por medio, el fracaso de los diálogos de paz parecía tornarse inminente. Sin embargo, y en medio de esos y de otros tantos impasses, el proceso continuaría desarrollándose con la promesa de superar esos escollos y de consumar los anhelados acuerdos de paz. Pero… ¿se lograría?

2.3. Las vicisitudes de los diálogos

Después de haber sorteado los escollos y las complejas vicisitudes que se habían presentado en torno a la declaración de la Ley de Amnistía y a la formal apertura del proceso de diálogo, tanto el gobierno como las organizaciones guerrilleras, y especialmente las FARC-EP, ratificaron su compromiso de encauzar esa empresa política. Una conjunta y simultánea declaración de tregua y cese al fuego rubricó ese compromiso.42 En respuesta a la postura de diálogo que el presidente Betancur había expresado a través de la Comisión de Paz, las FARC-EP ratificaron su voluntad de conversar el tiempo que fuera necesario a fin de debatir las reformas estructurales que demandaba el país. La reforma agraria integral, las políticas laborales y salariales, la organización y los derechos sindicales, la soberanía nacional, la apertura democrática y la manera como las organizaciones guerrilleras debían transitar hacia la legalidad política constituirían el eje central de las conversaciones.43

Al amparo de lo explorado durante los meses previos,44 y en virtud de lo pactado entre los integrantes de la Comisión de Paz y la dirigencia de la guerrilla de las FARC-EP, en once extensos puntos denominados Acuerdos de La Uribe, las partes pactaron cesar el fuego y suspender los operativos militares a partir de las cero horas del día 28 de mayo de 1984; declarar públicamente, por parte de las FARC-EP, el rechazo y la condena del secuestro, la extorsión y el terrorismo; clarificar que el cese al fuego solo cobijaría a los actores armados insurgentes comprometidos y respetuosos de los acuerdos pactados; conformar una comisión nacional designada por el presidente de la República encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos, y crear subcomisiones regionales con el fin de hacer lo propio en las distintas regiones.

Asimismo, y atendiendo a las dinámicas del proceso, se propuso que las FARC-EP determinarían si sus integrantes se acogerían a la Ley de Amnistía y que, si al término de un año la cesación real del fuego se había verificado, las FARC-EP empezarían un proceso de transición hacia la organización política legal. De acuerdo con las sustanciales reformas que los grupos armados habían peticionado ante el Estado colombiano, también se enfatizó en la pronta y efectiva responsabilidad que el gobierno debía asumir con respecto al fomento de la reforma política, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación del estatuto de la oposición, la eficiencia administrativa, la efectiva administración de justicia, la organización de los trabajadores campesinos e indígenas y el fortalecimiento del sistema educativo nacional.45

Ambiciosas, y ciertamente necesarias, eran las reformas que se habían planteado como fundamento para llevar a cabo la negociación. A más del cierre del sistema político e institucional, de las nulas condiciones que las terceras fuerzas políticas habían tenido para participar políticamente y de la estancada reforma agraria que desde comienzos del siglo xx los colonos y campesinos habían demandado, la sociedad colombiana había aumentado los índices de pobreza e indigencia. En tal virtud, los puntos planteados en esa agenda no podían menos que despertar el interés de amplios sectores de la sociedad colombiana que estaban esperanzados en que se consuman las reformas que el país requería para salir de su ostracismo. Sin embargo, y dada la situación de beligerancia y de radical oposición que otros tantos sectores políticos, sociales, económicos y corporativos habían asumido frente a los diálogos de paz, la posibilidad de llegar a una efectiva negociación con las guerrillas nuevamente fue puesta en entredicho.

Junto con las deletéreas críticas expresadas por varios políticos y dirigentes gremiales —y a propósito del anuncio de los acuerdos de cese al fuego y tregua pactados con la guerrilla—, los altos mandos militares expidieron un amplio pronunciamiento mediante el cual reafirmaron sus consideraciones sobre ese delicado asunto. Partiendo de lo estipulado en la Constitución Nacional, y amparándose en las funciones y competencias que el Ministerio de Defensa debía cumplir en términos de la organización y administración de las tropas y en la elaboración de los planes y operaciones de defensa nacional, los militares ratificaron la postura que tradicionalmente habían asumido frente al tema en cuestión, y al mismo tiempo instruyeron a sus subalternos sobre las acciones por seguir.46

Según las directrices oficiales, las tropas debían intensificar las operaciones de inteligencia, control y combate contra la insurgencia, por lo menos hasta cuando esta tomara la determinación de cesar el fuego; una vez cesado el fuego por parte de los insurgentes, las tropas debían dedicarse a ejecutar acciones de control en las zonas donde las guerrillas tenían injerencia. Ante la comisión de delitos relativos al porte ilegal de armas y estupefacientes, las tropas debían proceder capturando a los implicados y poniéndolos a disposición de las autoridades competentes. Frente a la imposibilidad de distinguir a los insurgentes que se habían acogido al cese al fuego y los que no lo habían hecho, las tropas debían proceder sin vacilaciones para reprimir a los grupos armados. Tanto en las zonas en donde se identificaran actividades relacionadas con el narcotráfico como en donde operaban las organizaciones subversivas el ejército debía intervenir de manera perentoria. Ante las actividades relacionadas con el secuestro o la extorsión adelantadas por cuadrillas subversivas, las tropas debían actuar sin vacilación en asocio con las demás autoridades, y con esa misma determinación debía actuarse frente a los grupos paramilitares y frente al porte ilegal de armas.47

Valorada la situación en esos términos y amparados en la mentada misión constitucional que les correspondía adelantar, los militares no solo continuaron adelantando acciones armadas contra las guerrilleras, sino que siguieron poniendo en discusión la pertinencia de la amnistía, el cese al fuego y la tregua que el gobierno les había ofrecido a las insurgencias.48

Mediaba el año de 1984, y el ambiente político y militar que rodeaba los diálogos se tornaba cada vez más enrarecido. A más de las intransigentes posturas asumidas por diversos sectores económicos y políticos, las conversaciones empezaron a quedar signadas por el beligerante accionar de las guerrillas y de las fuerzas armadas, lo mismo que por la guerra sucia que por aquella época empezó a cobrar la vida de varios líderes del movimiento insurgente.49

Formales y sugerentes declaraciones se profirieron con el ánimo de mantener el diálogo y de encauzar la negociación. Aunque la tregua y el cese al fuego fueron formalmente ratificados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP —importante acuerdo al cual se sumaron la Autodefensa Obrera (ADO), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)—, las desavenencias surgidas entre las partes no tardaron en aparecer,